Un jurado federal de la Ciudad de Nueva York ha hablado, y su mensaje es inquietante: los fiscales federales están facultados para penalizar acciones para las cuales no existe una prohibición legal. Para decirlo de otra manera, el gobierno ha retirado los cargos criminales de la nada y los periodistas lo están alentando.
Los medios noticiosos están enmarcando esto como un “caso de corrupción en el baloncesto universitario”, pero eso es un nombre inapropiado, para decirlo con suavidad, lo que explicaré más adelante. Primero, la noticia tal como se informa en el sitio web de CBS Sports:
NUEVA YORK - Los tres acusados en el primer juicio de corrupción de baloncesto de la universidad fueron declarados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico el miércoles.
Un jurado encontró a James Gatto culpable de sus tres cargos y Christian Dawkins y Merl Code fueron declarados culpables de ambos.
Gatto es un ex empleado de Adidas, Code un ex consultor. Dawkins es un ex agente deportivo aspirante. El resultado del juicio podría tener un impacto generalizado en los deportes universitarios en los próximos meses y años, ya sea en la reforma continua de los estatutos de la NCAA o mediante castigos contra entrenadores y/o escuelas en el futuro.
La Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Sur de Nueva York argumentó con éxito que el trío de hombres defraudó a la Universidad de Louisville y la Universidad de Kansas en el proceso de ayudar a canalizar dinero (y reclutar) a esas escuelas, con la intención de firmar más tarde prospectos a ofertas de avales.
Los tres fueron declarados culpables de fraude electrónico y conspiración específica para cometer fraude electrónico contra la Universidad de Louisville. El tercer cargo de Gatto fue una conspiración para cometer fraude electrónico contra la Universidad de Kansas.
(Agregó que el Distrito Sur de Nueva York que nos dio las depredaciones de Rudy Giuliani en la década de 1980, el caso de comercio no interno de Martha Stewart y la terrible condena de Frank Quattrone que más tarde fue anulada. Nombres como Giuliani, James Comey y Preet Bahara alinean el muro en el Salón de la vergüenza de los fiscales abusivos.
Los cargos suenan ominosos: fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y estafa a la Universidad de Louisville y la Universidad de Kansas. Pero cuando desglosamos los cargos reales y lo que significan, surge una imagen diferente. Sin embargo, antes de hacer eso, debo explicar cómo funciona la National College Athletic Association (NCAA).
A pesar de que la NCAA es una empresa multimillonaria en la que muchos entrenadores se convierten en multimillonarios, los factores más importantes de la producción (los propios atletas) reciben solo pagos en especie en forma de matrícula y cuotas, alojamiento y comida, y libros. Dado el alto costo de una educación universitaria, este tipo de pago para aquellos afortunados para ganar becas completas (y muchos atletas universitarios no están en viajes completos) no es una miseria, pero también está claro que una cantidad de atletas en los programas mejor clasificados crean valor para las universidades que en su mayoría se meten en los bolsillos de otros.
Con mis disculpas a Karl Marx, estamos considerando una forma de apropiación de plusvalía, aunque hablando como un ex atleta colegiado que estaba en dos equipos de campeonato de la División I de la NCAA, difícilmente creo que los atletas sean exactamente el proletariado marxista oprimido. Sin embargo, dicho esto, si estos programas deportivos de alto vuelo no aportaran miles de millones de dólares a los cofres de las universidades y de la propia NCAA, los entrenadores de fútbol y baloncesto no serían los empleados estatales mejor pagados en universidades públicas como la Universidad de Alabama y las personas mejor pagadas en el campus en instituciones privadas como la Universidad de Duke.
Según la NCAA, a pesar de que los entrenadores, directores atléticos y muchos oficiales de la NCAA están bien pagados, cualquier pago a los atletas que ayude a hacer posible esta generosidad financiera perturbaría el “aura” del “amateurismo” en los deportes universitarios, así como “corromper” la noción especial de “estudiante-atleta”. Además, algunos opinan que la presencia misma de atletas y entrenadores de alto perfil en un campus universitario de agosto se está corrompiendo en sí misma.
(La idea de que la educación superior, que ha sucumbido a la corrección política en extremo, y que ha adoptado la “ciencia” que reconoce solo resultados políticamente correctos, está “corrompida” por personas que realizan actividades para las que los resultados no son fijos, simplemente es ridícula. Basta de charla.)
Por lo tanto, tenemos la situación en la que los pagos a los propietarios de un recurso clave en una industria multimillonaria están severamente limitados y distorsionados por un órgano rector, y luego las personas se sorprenden cuando la competencia por ese recurso clave se derrama de otras formas. En la mayoría de las situaciones donde se produce algo de valor, se esperan pagos a los propietarios de recursos; los deportes universitarios, sin embargo, llaman a este pago una forma de corrupción, una situación que engendra hipocresía, cinismo y engaño absoluto.
Nick Saban, el exitoso entrenador de fútbol de la Universidad de Alabama, paga a sus jugadores. Urban Meyer de Ohio State paga a sus jugadores. Kirby Smart de Georgia paga a sus jugadores, Roy Williams, el entrenador de baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte, paga a sus jugadores, y así sucesivamente. Todos los entrenadores niegan lo obvio no porque sean mentirosos mentirosos por naturaleza, sino porque el sistema exige mentir para proteger la fachada académica que se ha convertido en educación superior. El sistema requiere que las personas mientan para apuntalar todo lo demás.
La entrada de los federales
El ingreso de los fiscales federales a esta situación es relativamente nuevo, ya que solo una vez antes, un abogado de los Estados Unidos trató de penalizar el paso de dinero para engrosar las ruedas de reclutamiento de los deportes universitarios. Esa fue la condena de Logan Young en 2005, un refuerzo para la Universidad de Alabama que vivía en Memphis, Tennessee.
Los fiscales federales afirmaron que Young sobornó a un entrenador de fútbol de una escuela secundaria en Memphis para dirigir a un preciado recluta a Alabama y el jurado condenó debidamente. Escribí un artículo condenando tanto los cargos como el veredicto, y noté que Young fue condenado por “delitos” que ellos mismos (cruzando las fronteras estatales y retirando dinero de un banco) no eran actos ilegales y que incluso el llamado acto subyacente de soborno en realidad, ni siquiera era un delito federal, sino más bien un delito estatal y Young ni siquiera había sido acusado de soborno en Tennessee, y mucho menos condenado en una corte de justicia. Los cargos federales reales consistían en lo que Candice E. Jackson y yo hemos llamado “delitos derivados“, que son los llamados actos ilegales que se derivan de otros actos “ilegales” y, finalmente, un crimen subyacente real.
Tomemos como ejemplo el “delito” de fraude electrónico. Supongamos que he ejecutado una estafa financiera que en realidad infringe la ley, y uso Internet o el sistema telefónico. Los federales me pueden acusar de “fraude electrónico”, que no es más que utilizar los “cables” en la comisión de un delito. No hay nada intrínsecamente delictivo en el uso de un sistema de telecomunicaciones, pero es más fácil condenar a alguien por usar una computadora o las líneas telefónicas que acusarlo del delito real de estafar a otros. Por lo tanto, cuando uno ve que alguien está acusado en una corte federal, es casi seguro que el cargo sea un fraude electrónico o una “conspiración” para cometer un fraude electrónico, que es incluso más fácil de probar. Lo que uno raramente verá es alguien condenado por un acto criminal real.
Las últimas convicciones en el llamado escándalo de corrupción encajan perfectamente en las categorías “derivadas” que he descrito. Tenga en cuenta que los jurados en realidad no condenaron a nadie por fraude, ni tampoco persiguieron a los atletas que supuestamente recibieron dinero por adelantado. En cambio, los fiscales afirmaron que al canalizar el dinero a los reclutas y sus familias, hicieron que esos atletas no fueran elegibles según los estándares de la NCAA, que luego “estafaron” a las instituciones con las que los jugadores de baloncesto habían firmado, la Universidad de Louisville y la Universidad de Kansas, ambas que son programas poderosos con varios campeonatos de baloncesto masculino de la NCAA en su haber.
El hecho de que estemos o no lidiando con un fraude criminal es un tema de debate, ya que ningún atleta o agente/refuerzo ha sido condenado en una corte de justicia real por el delito de estafar a una universidad. Además, esta es la primera vez que los estatutos de fraude se han utilizado de esta manera. Los fiscales federales hicieron del soborno el “delito” subyacente cuando lo acusaron de retirar dinero de su banco por montos inferiores a $10.000 (para evitar la detección por parte de las autoridades) y de cruzar los límites estatales. Nadie lo acusó, sin embargo, de estafar a nadie.
Las últimas convicciones son problemáticas porque involucraron una táctica completamente nueva en la interpretación cada vez más amplia de los estatutos federales de fraude. Los fiscales afirmaron (con éxito, al menos por ahora) que debido a que estas personas canalizaron dinero a prospectos presuntamente sin conocimiento de los entrenadores y oficiales de Kansas y Louisville, hicieron que los jugadores no fueran elegibles para pagar según las reglas de la NCAA. Sin embargo, tenga en cuenta que fueron los jugadores y sus familias los que eligieron aceptar el dinero, pero los fiscales no acusaron a ninguno de ellos a pesar de que fueron parte del supuesto engaño.
No es sorprendente que los entrenadores y funcionarios de ambas universidades negaran rotundamente que tuvieran conocimiento de los pagos, pero sus posiciones desafían la lógica. Primero, y lo más importante, las acciones de los acusados se dirigieron a llevar a estos atletas a Kansas y Louisville, y es muy dudoso que hayan elegido estos programas al azar. Segundo, el sistema subterráneo que involucra pagos a jugadores y familias no funciona independientemente de los entrenadores. De hecho, el sistema no tendría sentido a menos que los entrenadores estuvieran involucrados.
En cuanto a reclamar conductas delictivas, la NCAA es una organización privada y sus reglas no tienen, y no deberían tener, la fuerza de la ley y especialmente la ley penal. A lo sumo, cuestiones como esta pertenecen a cortes civiles, no penales. Un atleta o entrenador no debe ser encarcelado simplemente por violar una regla de la NCAA (y las reglas son legiones y han hecho metástasis como si fueran parte del Registro Federal, lo que hace casi imposible que cualquier programa atlético sea “limpio”). Sin embargo, para defraudar penalmente a una universidad, una persona acusada tendría que estar involucrada en algún tipo de relación con esa institución, y eso tendría que significar que los entrenadores estaban en contacto con los agentes y representantes aspirantes, algo que ya tienen negado.
De hecho, los futuros atletas y sus familias fueron los que realmente recibieron los pagos monetarios que comprometieron la elegibilidad de los jugadores de la NCAA, y fueron los que estuvieron en contacto con entrenadores y funcionarios universitarios. Comprendieron que les habían dado dinero que la NCAA dice que no pueden tener, por lo que si alguien está involucrado en un fraude, son ellos. Sin embargo, es mucho más fácil perseguir a los aspirantes a agentes y representantes de empresas de calzado que a jóvenes de 18 años y sus familias, que a menudo son negros y pobres. Los medios de comunicación se alegrarán cuando un adulto que le haya ofrecido dinero a un atleta adolescente que la NCAA dice que está fuera de los límites es condenado en un tribunal y se enfrenta a años de prisión, a diferencia de un joven afroamericano cuyo único “crimen” era una habilidad excepcional para practicar un deporte, o tal vez sus padres.
No es sorprendente que nadie en el periodismo haya examinado detenidamente las ramificaciones legales de lo que han hecho los fiscales federales. Durante la década de 1980, Rudy Giuliani, como abogado de los Estados Unidos en Manhattan, utilizó los estatutos de RICO para destruir empresas enteras, causando miles de millones de dólares en daños, pero los medios de comunicación que lo seguían adoraban a Rudy mientras luchaba contra los llamados demonios del capitalismo. Nadie preguntó si a la larga o no era prudente utilizar el derecho penal de una manera que nunca se había utilizado antes para lograr fines políticos que darían lugar a empresas productivas en ruinas y sus ejecutivos encarcelados. Sirvió las aspiraciones políticas de Giuliani y el periodista tuvo sus historias, por lo que todo estuvo bien.
Del mismo modo, tenemos personas que enfrentan prisión, personas que casi con seguridad tuvieron contacto con entrenadores universitarios que ahora niegan haber tenido conocimiento de esos contactos. Los acusados trabajaban en las regiones de sombra de los deportes universitarios, una situación creada por las reglas “amateur” arcanas de la NCAA que se rompen de manera rutinaria, y de repente los fiscales federales decidieron que estas personas son delincuentes.
Esto no va a terminar bien. Primero, y lo más importante, las reglas de la NCAA garantizan que los propietarios de los recursos clave buscarán un pago fuera de las pautas oficiales, lo que significa que habrá fiscales para los fiscales mientras esas reglas existan. Segundo, la popularidad de estos veredictos significa que otros fiscales van a querer participar en la acción, ya que las convicciones populares pueden ser un trampolín para el éxito político futuro. (Solo pregúntele a Rudy Giuliani de qué manera los juicios de Wall Street lo beneficiaron a pesar de que causó miles de millones de dólares en daños económicos). Podemos esperar una mayor torsión de la ley penal federal para beneficiar a los fiscales.
Y, finalmente, la tergiversación de la ley causa un daño social indecible. Cuando las acciones que una vez no fueron consideradas como criminales de repente se interpretan de manera diferente, aunque los estatutos subyacentes permanecen sin cambios, se crea una incertidumbre legal que beneficia a los animales políticos en el sistema de justicia penal federal. FA Hayek señaló que en el gobierno, los peores entre nosotros generalmente son los que llegan a la cima, y en el mundo de la ley federal, vemos que las advertencias de Hayek se hacen realidad.
