Hay un rumor desproporcionado acerca de la recién firmada legislación de Florida que permite a sus distritos escolares (cada uno a su propia discreción) autorizar el porte oculto de armas de fuego por parte de los maestros en sus escuelas.
¿Por qué desproporcionado? Porque la Ley de Seguridad Pública de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, firmada en marzo de 2018 poco después del tiroteo en masa en Parkland, ya había establecido el «Programa de Guardianes del Entrenador Aaron Feis», que lleva el nombre del entrenador que dio su vida tratando de proteger a los estudiantes con su cuerpo durante ese tiroteo. Ese programa dio a las juntas escolares la opción de permitir que el personal de la escuela portara armas de fuego, excluyendo a la mayoría de los maestros de aula que no eran maestros del JROTC, o a los miembros actuales del servicio, o a los agentes del orden público actuales o anteriores.
El proyecto de ley del año pasado estableció un estricto estándar de capacitación y dejó la decisión en manos de las juntas escolares locales, ambas cosas muy buenas. Y dado que el personal de las escuelas que no son maestros de aula a menudo representa el 50% del total, este enfoque fue racional, aunque demasiado cauteloso, ya que las juntas escolares todavía tendrían la autoridad para aprobar o desaprobar a cualquier solicitante, sin la disposición de que no hay maestros impuesta por la ley.
El único cambio con la nueva ley es que ahora todos los maestros de aula también son elegibles para ofrecerse como voluntarios para el programa Guardian. Note «elegible» y «voluntario» y entenderá por qué gran parte de la oposición casi histérica a esta ley es infundada.
Por supuesto, en realidad nadie está «armando» a ningún maestro -no hay una sala de armas donde se alinearán para recibir armas antes de archivarlas en las trincheras- y mucho menos a «todos» los maestros, que es como le gusta a la oposición enmarcar su argumento de paja. Se armarán, si su junta escolar vota para implementar el programa Guardian, y si se ofrecen como voluntarios individualmente, aprobarán una rigurosa selección, y completarán las 132 horas de capacitación exigidas por la ley. A nadie se le garantiza la aprobación, y los estándares que deben cumplir son altos.
El Miami New Times, que no es conocido por sus posiciones inteligentes o de principios sobre cualquier tema de armas de fuego, es uno de los medios de comunicación horrorizados de que la legislatura y el gobernador, elegidos por los ciudadanos para legislar y gobernar, no se hayan dejado gobernar por los sindicatos de maestros, los estudiantes de secundaria, y algunas juntas escolares y administradores. Todas esas personas muestran sus inclinaciones estatistas queriendo imponer sus propios temores de medidas de protección positivas a todo el mundo. Bajo la ley de Florida, si ellos (y, en particular, los votantes de sus distritos escolares) no quieren implementar el programa Guardian, no tienen que hacerlo. Pueden mantener los letreros de Zona Libre de Armas de Fuego en sus puertas y esperar lo mejor. Pero eso no es suficiente para ellos; piensan que saben mejor que nadie lo que es mejor para cada distrito escolar en Florida.
El control local sobre esta cuestión es un enfoque sólido y sensato, en consonancia con el principio de subsidiariedad, es decir, el concepto de que la toma de decisiones debe tener lugar al nivel más bajo apropiado para su finalidad. El control local es a menudo preferible a la toma de decisiones por parte de funcionarios muy alejados de la población afectada, menos sensibles a sus preferencias locales y regionales, y más propensos a imponer soluciones de talla única. Los votantes pueden influir o reemplazar más fácilmente a un funcionario electo local que no responde que sus contrapartes estatales o federales. Aquí significa lo que Florida y muchos otros estados han gobernado: dejar que los distritos escolares decidan por sí mismos.
Más allá de esa repugnante actitud estatista, los opositores de «armar» al personal de la escuela intentan reforzar su argumento con afirmaciones insostenibles y una «investigación» descuidada —ejemplos de libros de texto de sesgo de confirmación, la tendencia a considerar solamente la evidencia que apoya las nociones preconcebidas de uno. El Miami New Times cita un análisis de la organización antiarmas de Gabrielle Giffords que pretende mostrar lo peligroso que será introducir «más armas» en las escuelas. Es una investigación y un razonamiento tan descuidado que no puedo dejar que quede sin respuesta.
Esta larga pieza cita 67 «incidentes de armas mal manejadas en las escuelas» de toda América, desde 2014 hasta el presente, para apoyar su oposición a la portación oculta de armas de fuego por parte del personal de las escuelas que cumplen con los requisitos del programa Guardian de Florida. Pero aquí está el problema: sólo uno de estos 67 incidentes involucró a un miembro del personal de la escuela que llevaba un arma de fuego bajo requisitos similares. Esa involucró a una superintendente de Texas que dejó su arma de fuego autorizada encerrada en un vehículo del distrito cuando ella y su personal visitaron otro distrito donde no estaba autorizada a llevarla - y luego se olvidó de recuperar el arma y la dejó en la camioneta durante la noche, para ser encontrada en la mañana.
Cada otro incidente en esta lista realmente apoya las premisas detrás del programa Guardian de Florida, y programas similares en muchos otros estados con leyes similares en los libros. Ni un solo miembro del personal armado cuidadosamente investigado que portara un arma de fuego oculta con el conocimiento y la aprobación de su junta escolar, de acuerdo con normas estrictas, en más de 1.000 escuelas de todo el país, estuvo involucrado en ninguno de los otros 66 incidentes citados.
Quince de los incidentes en esta lista involucraron a sujetos que no eran miembros del personal en absoluto; algunos de ellos eran oficiales comisionados, mientras que otros eran meramente miembros de la familia u otros visitantes que llevaban armas de fuego en la propiedad de la escuela en violación de la ley. Otro incidente involucró a dos entrenadores, pero ocurrió fuera de la propiedad de la escuela. Desesperados por aumentar los números, ¿no?
(Para una tabulación de los incidentes que cita el artículo de Giffords, ver aquí.)
Lo que esta lista hace en realidad es demoler la afirmación que a menudo hacen los opositores del personal armado de las escuelas, de que las armas en la escuela deben dejarse en manos de los «profesionales armados». Aunque el Miami New Times cita a algunos que parecen creer que los oficiales armados hacen que las escuelas sean más seguras, Giffords no lo cree, y en este punto al menos, podemos entender el sentimiento. De los 67 incidentes en el estudio de Giffords, 27 involucran a «profesionales armados» - oficiales de policía comisionados o ayudantes asignados a una escuela, oficiales que responden a una llamada de ayuda o visitan por otras razones, u otros guardias de seguridad uniformados o oficiales de recursos escolares empleados en el lugar. Estos «profesionales armados» tuvieron descargas involuntarias (varios de los cuales se hirieron a sí mismos o a otros), dejaron sus armas en baños o en otros lugares sin vigilancia y, en dos casos atroces, no lograron impedir que un niño o niña apretara el gatillo de su arma envainada.
Se hacen llamar «profesionales armados» — nosotros, que somos profesionales armados, sabemos lo poco sostenida, realista y exigente que es la formación que reciben la mayoría de los oficiales, y lo fácil que resulta la autocomplacencia. Los guardias uniformados —comisionados o no— no miden ni tres metros de altura. Desafortunadamente, a veces son menos dedicados y a menudo menos competentes que los educadores que entienden sus responsabilidades «in loco parentis» y se someten a una formación rigurosa y frecuente exigida por la ley y la política del distrito escolar. ¿Quién no ha oído a los educadores decir: «sacrificaríamos nuestras vidas para proteger a los niños a nuestro cuidado»? Dé las herramientas y las habilidades a aquellos que estén dispuestos, y ellos pueden hacer algo mejor que sacrificarse a sí mismos como el entrenador Feis hizo en Parkland.
Esto no quiere decir que todos los oficiales sean deficientes en sus habilidades y juicio, lejos de eso, o que no puedan entrenar a un alto nivel; pero nosotros, que somos instructores, sabemos sin lugar a dudas que los civiles motivados pueden hacerlo igual de bien, con la capacitación adecuada. Tanto en las escuelas como en las calles, no se ofrecen como voluntarios para actuar como agentes del orden público, lo cual es un conjunto muy amplio de habilidades, sino sólo para proteger a los inocentes contra amenazas letales, un conjunto muy limitado de habilidades que comprende sólo una pequeña parte de las responsabilidades de un agente de policía.
De hecho, lo que sí sabemos es que la policía que responde -incluso cuando no tiene bajas involuntarias como varias en esta lista— no protege a las escuelas contra los tiradores activos, porque casi siempre llegan demasiado tarde; y que los oficiales uniformados en el lugar tienen un historial muy irregular. La incertidumbre en la mente de un agresor potencial que se crea por la posibilidad de que un número desconocido de miembros del personal entrenados lleven armas ocultas en varios lugares, pero impredecibles, a lo largo de una escuela, parece ser un mejor elemento disuasivo que un oficial uniformado, como lo demuestra la ausencia total de incidentes de tiradores activos en dichas escuelas. Podría decirse que si uno es influenciado por la lógica, también demostrará ser una defensa más efectiva y flexible, si ese día sin precedentes llega cuando ocurre un tiroteo en su escuela.
Una vez más, con la excepción de ese superintendente de Texas, ninguno de estos incidentes involucró a un miembro del personal escolar aprobado y entrenado que llevara un arma oculta. Lo más cercano es el caso anómalo de un profesor en Utah en 2014. La ley estatal permite que cualquier residente con un permiso de porte oculto pueda portar en las escuelas. No hay ningún requisito de notificar a la junta escolar o a la administración, mucho menos de ser investigado o aprobado, o de ser entrenado a cualquier estándar más allá de las 8 horas de entrenamiento, en su mayoría en el salón de clases, que se requieren para obtener un permiso. Esta maestra dejó caer su arma en un retrete (antes de la escuela, sin alumnos en el edificio); se descargó, rompiendo el cuenco y cortando su pantorrilla con un fragmento volador. Eso no es un asunto de risa, o no sólo un asunto de risa, sino que debe ser tomado en contexto. La ley de Utah ha estado en vigor durante 20 años, y de los 700.000 ciudadanos con permisos de porte oculto (¿14 millones de años-persona?), esta es la única ocasión reportada en la que alguien ha sido herido por un arma de fuego oculta de un portador legal en una escuela de Utah. Y ya no trabaja allí. También puede ser significativo que Utah no haya tenido tiroteos masivos en sus escuelas, pero sólo podemos especular. Un estado bastante seguro, Utah, a pesar de que su estatuto es mucho menos prescriptivo que el de Florida o el de muchos otros estados.
Gifford titula su obra «Every Incident of Mishandled Guns in Schools» y nos asegura que el suyo es un «análisis sistemático», y que esta lista de 67 incidentes es «exhaustiva» para el rango de fechas de 2014-2014. Pero en realidad, la suya es una lista de aquellos que violan la ley y/o manejan armas de fuego de manera incompetente — precisamente del tipo que es poco probable que se ofrezcan como voluntarios en primer lugar, o que aprueben un proceso cuidadoso de investigación y selección, o un exigente programa de capacitación basado en estándares, como lo exige la ley en Florida y muchos otros estados que autorizan el porte oculto por parte del personal de la escuela.
Las acciones de criminales e incompetentes no constituyen una base racional para criticar u oponerse a estos programas, que han tenido éxito en todas partes. Giffords ha fallado absolutamente en hacer un caso contra los miembros del personal armado de la escuela en los distritos que optan, bajo la ley estatal de autorización, con programas y requisitos bien redactados.
Los que se oponen a la protección de nuestras escuelas y de los niños con personal armado en el lugar tendrán que hacer algo mejor que esto, para hacer que valga la pena escuchar un caso.
