Gobierno y Estado son términos que hoy en día suelen utilizarse como sinónimos. Pero si un Estado es una institución con un monopolio sobre el uso permitido de la agresión en un territorio determinado, ¿un gobierno es siempre también esto? Sabemos que el gobierno es necesario en muchas instituciones privadas no monopolistas, desde las grandes corporaciones manufactureras hasta los clubes de tenis locales. Así que si pensamos fuera del Estado, podemos encontrar formas de establecer y desarrollar gobiernos privados que sustituyan a la versión estatal del statu quo del gobierno actual.
El deseo de relacionarse y vivir con otros surge de los diversos beneficios económicos, sociales, de seguridad y espirituales que se derivan de ello. Dicho de otro modo, hacer muchas cosas solo es mucho más caro o simplemente no es posible y, a menudo, menos satisfactorio. Pero a medida que la gente empieza a interactuar más y a vivir más cerca, aumenta la complejidad de cómo vivir en armonía para garantizar resultados netos positivos.
La solución práctica para resolver tal complejidad ha consistido generalmente en que las comunidades de personas inviertan en determinadas infraestructuras y las mantengan mediante un esfuerzo común en lugar de individualmente. La infraestructura común a la que nos referimos aquí se concibe de forma muy amplia como bienes y servicios que pueden beneficiar a muchas personas simultáneamente y las normativas y reglas relativas a su uso común. Pensemos en todo, desde puentes hasta códigos de vestimenta.
Aunque la infraestructura común puede ser suministrada por el Estado con sus poderes tributarios y reguladores, también puede establecerse mediante la colaboración voluntaria. Históricamente lo hemos visto con el surgimiento de ciudades libres en la Europa medieval, que a menudo tuvo lugar sin o a pesar de los esfuerzos de la aristocracia terrateniente. Para encontrar ejemplos contemporáneos, basta con echar un vistazo a las modernas formaciones de propiedad, como los complejos de apartamentos residenciales, donde muchas personas pueden poseer y alquilar apartamentos mientras un órgano de gobierno contratado administra una serie de servicios comunes y sus condiciones de uso.
En ausencia de regulación y fiscalidad estatales, podrían utilizarse modelos similares de infraestructuras comunes voluntarias para abastecer a ciudades o distritos enteros de personas. Utilizando economías de escala, cuantas más personas y empresas se rijan bajo un organismo común, más bienes y servicios podrán suministrarse manteniendo el coste por residente en un nivel adecuado. Carreteras, ferrocarriles en superficie y subterráneos, reservas naturales, parques, policía, defensa, primeros auxilios y servicios de ambulancia, extinción de incendios, guarderías, códigos de construcción y desarrollo y normas de comportamiento público son sólo algunos ejemplos de lo que podría proporcionarse en función de las demandas y los medios de la población destinataria.
También merece la pena considerar la posibilidad de que coexistan órganos de gobierno superpuestos. Por ejemplo, mientras que un órgano de gobierno puede ocuparse de un conjunto concreto de calles y sus propiedades adyacentes, otro órgano de gobierno podría ocuparse de la ciudad más amplia en la que se encuentra el conjunto de calles, y otro órgano de gobierno formado por un conjunto de ciudades podría atender las necesidades de infraestructura regionales. Cada órgano de gobierno sería responsable de prestar los servicios adecuados a su escala y capacidades.
Generalmente, los servicios que necesitan mayores recursos, por ejemplo la defensa militar, incentivan el aumento del tamaño del gobierno y la coordinación entre gobiernos. Aunque una mayor escala conlleva una mayor capacidad, se ve compensada por una menor localización, una característica que puede ser más o menos importante según las circunstancias.
Otra posibilidad es que determinadas parcelas no formen parte de ningún órgano de gobierno más amplio. Por ejemplo, una familia que viva en una finca puede contentarse con pagar de forma independiente y unilateral toda la seguridad, los servicios públicos y las conexiones de transporte que necesite y existir por completo sin participar en ninguna solución de infraestructura común. Del mismo modo, un gran sistema de autopistas de peaje que discurra entre múltiples pueblos, ciudades y distritos puede no depender de ninguno de los gobiernos de estos respectivos núcleos de población y ser simplemente un gobierno en sí mismo.
Uniendo todas estas ideas, una región que no esté gobernada por un Estado y que, en su lugar, haya adoptado la opción libertaria con respecto al gobierno, es probable que esté formada por una combinación de diferentes tamaños y variedades de gobiernos privados con centros urbanos densamente poblados, con gobiernos muy activos que den paso a entidades menos activas a medida que disminuye la densidad y, por último, con ciertas propiedades de tierra que no estén sujetas a ningún tipo de órgano de gobierno. Los gobiernos ya establecidos que sean más capaces de satisfacer las necesidades de sus grupos de interés tendrán más éxito y se expandirán o serán emulados, mientras que los sistemas con peores resultados serán abandonados y, en última instancia, sustituidos. Con el tiempo, también cabe esperar que amplíen y reduzcan los servicios que prestan en función de las circunstancias cambiantes, especialmente las derivadas de acontecimientos importantes como amenazas militares, catástrofes naturales y cambios demográficos.
En general, podríamos esperar que la asequibilidad y la calidad de los servicios que los residentes reciben de sus gobiernos privados sean notablemente superiores a los que los ciudadanos reciben actualmente de sus autoridades estatales gobernantes, simplemente por la dinámica de las relaciones. En un Estado, cada persona es un súbdito obligado a pagar impuestos y obedecer las normas o arriesgarse a ser agredido por los encargados de hacerlas cumplir, mientras que para un gobierno privado sus residentes son sus clientes o empleadores.
Esta distinción adquiere todo su sentido cuando los gobiernos fracasan, ya sea por algo trivial, como que un residente descubra que su basura no se ha retirado a la hora prevista, o por algo bastante grave, como que el gobierno viole intencionadamente los derechos de propiedad del residente. En cada uno de estos casos, las opciones de recurso de un residente ante un gobierno estatal se limitan en gran medida a quejarse de una parte del Estado a otra parte del mismo.
Es posible que puedan llevar el problema que tienen con el gobierno de su estado a un tribunal estatal, y luego, con grandes gastos para ellos mismos, intentar ganar su caso contra los recursos casi ilimitados de que dispone el estado para defenderse. Sin embargo, en muchos casos el Estado no opera con arreglo a términos claramente contratados, e incluso si se ha producido una injusticia flagrante, a menos que el residente tenga buenas conexiones, esté bien financiado, sea influyente en general, o alguna combinación de las tres cosas, suele quedar en una posición un tanto indefensa, frustrada, empobrecida o incluso amenazada.
Con la opción de gobernanza privada libertaria, el residente no está limitado a acudir a su gobierno privado para hacer frente a una falta cometida por ese mismo gobierno privado, ya que el gobierno no tiene el monopolio de la determinación y aplicación de la ley; no es un monopolista de la agresión. Si la respuesta del gobierno no es satisfactoria, el residente podría recurrir a instituciones independientes especializadas en impartir justicia a sus clientes. En este caso, el gobierno privado y el residente no son más que dos entidades privadas libres con pretensiones contrapuestas.
El funcionamiento exacto de este sistema de justicia de libre mercado puede explicarse con gran detalle, pero baste decir que el éxito probable de una parte a la hora de hacer valer una reclamación frente a otra estaría mejor garantizado si contara con el respaldo moral de un árbitro ampliamente reconocido que dictara una sentencia a su favor, con las capacidades de una agencia de ejecución especializada que actuara en su nombre y con los medios financieros necesarios para pagar estos servicios a través del pago de un contrato de seguro.
Si un gobierno privado intentara resistirse a un intento de aplicación tan bien respaldado por uno de sus residentes, es probable que su reputación y autoridad se deterioraran rápidamente. Las contrapartes, como empleados, proveedores, proveedores de deuda y capital, bancos, proveedores de pagos, aseguradoras y arrendadores, podrían poner fin a sus relaciones por falta de confianza en el gobierno, lo que le privaría de recursos y capacidades críticos. Además, otros residentes y terratenientes del territorio del gobierno podrían utilizar procedimientos para destituir y reemplazar al ejecutivo del gobierno, no pagar sus honorarios e incluso lanzar sus propias demandas de indemnización y retribución a través de sus propias instituciones de justicia independientes. Sin el apoyo general de la comunidad, el gobierno delincuente tiene pocas posibilidades.
Este tipo de enfrentamientos, ya sea entre residentes y sus gobiernos o entre gobiernos diferentes, serían poco frecuentes en una sociedad libertaria, dado el coste de los conflictos y la tendencia de las personas a entablar relaciones contractuales únicamente con procesos de resolución previamente acordados.
Como puede verse, la autoridad necesaria para gobernar en una sociedad libre se sustentaría en una red de relaciones contingentes y mutuamente interdependientes, y no en un monopolio sobre el uso permitido de la agresión. La idea de un gobierno es que debe mejorar los resultados de sus electores, no sólo frente a la ausencia total de gobierno, sino también frente a opciones de gobierno alternativas que también podrían haberse elegido. Sólo a través de los procesos de libre mercado de la asociación voluntaria y el contrato privado puede producirse una optimización continua del gobierno.
En nuestro mundo actual, los gobiernos estatales se consideran en gran medida como algo que hay que tolerar o con lo que hay que trabajar, ya que su rendimiento, a menudo deficiente, es de esperar y la posibilidad de mejora se considera improbable. No cabe duda de que nos debemos a nosotros mismos aspirar a mejores resultados gubernamentales para nuestro futuro. Deberíamos pensar más allá del Estado.
ture. Surely we should think outside the state.
