Para ser un medio de intercambio fiable y útil, el dinero debe ser duradero, portátil, divisible y reconocible, pero también escaso. El poder privilegiado del Estado para manipular la escasez de dinero ha tenido consecuencias desastrosas para los sistemas monetarios nacionales a lo largo de la historia. Aunque el dinero, como todo lo demás, está sujeto a las valoraciones subjetivas de los consumidores —como señaló Mises— el valor de cambio del dinero es «el tipo de valor más importante, porque rige el aspecto social y no meramente individual de la vida económica». Las leyes de curso legal y otras regulaciones impuestas a las monedas hacen que surjan discrepancias de valor.
De hecho, cuando los Estados intervienen para imponer un «valor oficial» al dinero, las verdaderas preferencias del mercado pueden observarse en parte en el funcionamiento de la ley de Gresham. La ley de Gresham se describe convencionalmente como que el dinero «malo» expulsa al dinero «bueno», pero una definición más precisa según Rothbard es que «el dinero sobrevalorado artificialmente por el gobierno expulsará de la circulación al dinero infravalorado artificialmente». Imaginemos una economía basada en la especie que emite una moneda que contiene una onza de oro. Ante las crecientes deudas, el gobierno sustituye el cobre por un metal más valioso en el proceso de acuñación, manteniendo el valor denominativo de la moneda. Según la ley de Gresham, una vez que los ciudadanos reconocen las incoherencias en el contenido del metal precioso, optarán por gastar sus monedas más nuevas, artificialmente «sobrevaloradas», mientras atesoran sus monedas más antiguas, artificialmente «infravaloradas».
Mientras que el dinero «sobrevalorado» se creaba en el pasado mediante el envilecimiento físico, el dinero «sobrevalorado» actual es el resultado de una política monetaria y fiscal imprudente. En el transcurso de la pandemia, la oferta monetaria, M2 según la Reserva Federal, aumentó un 29,7%, pasando de 15,405 billones de dólares en febrero de 2020 a 19,979 billones en marzo de 2021. Desde el advenimiento de la Reserva Federal, el poder adquisitivo del dólar ha caído más del 96 por ciento (es decir, un dólar hoy equivale a 26,14 dólares en 1913). La relajación cuantitativa desenfrenada ha ampliado aún más las preocupaciones sobre la inflación y las dudas mundiales sobre la estabilidad del dólar.
Las leyes de curso legal en Estados Unidos exigen que el público acepte el pago de deudas e impuestos a la denominación del dólar que aparece en el billete. Esta forma de control coercitivo de los precios ha establecido el dólar como la unidad de cuenta de la economía. Del mismo modo, las gravosas regulaciones fiscales refuerzan el dólar «sobrevalorado» construyendo barreras de uso para sus rivales.
El caso de las criptomonedas
Podemos ver los efectos de estas regulaciones en el uso de las criptomonedas.
Según el IRS, el bitcoin y otras criptodivisas se consideran bienes a efectos fiscales. Por lo tanto, el acto de comprar bienes y servicios con BTC se identifica como un evento de realización que requiere que el comprador declare cualquier ganancia reconocida de su base de costo de BTC. Sin tener en cuenta las preocupaciones de escalabilidad, los requisitos onerosos que obligan a los usuarios a rastrear las ganancias y las pérdidas de todas las transacciones, en última instancia, impiden que BTC sirva como un medio eficaz de intercambio.
Por otro lado, si existe una demanda real de mercado para varias criptomonedas, las regulaciones gubernamentales diseñadas para desalentar el uso de cualquier cosa que no sea el dinero «oficial» harán que los dineros «no oficiales» demandados se conviertan en moneda «infravalorada».
Así, de acuerdo con la ley de Gresham, las criptomonedas más demandadas se acapararían, en lugar de circular en general. En la comunidad bitcoin, por ejemplo, esta mentalidad se personifica en el meme Hodl, que anima a los usuarios de bitcoin a conservar, en lugar de gastar, el bitcoin. Se ha generado un bucle de retroalimentación en el que los mayores niveles de inflación fiduciaria han llevado a la riqueza a inundar BTC, reforzando aún más la percepción de que BTC es un almacén de valor fiable. Esta mentalidad ha sido adoptada últimamente por numerosas empresas, que han transferido parte de sus reservas de efectivo a BTC (por ejemplo, Tesla, MicroStrategy, Square y MassMutual).
Gracias a tantas restricciones gubernamentales sobre el uso de posibles monedas que no sean el dólar, sólo podemos adivinar cuál sería la relación entre los dólares y el bitcoin en un mercado que funcione. Para averiguarlo, lo mejor sería igualar el terreno de juego eliminando las leyes de curso legal y los onerosos requisitos fiscales. Esto permitiría a los individuos evaluar activamente las verdaderas diferencias de poder adquisitivo.
Sin embargo, esto es poco probable porque los funcionarios elegidos dependen mucho de inflar la oferta de dólares para obtener beneficios políticos. Ya sean Demócratas o Republicanos, los políticos de nuestro sistema actual perpetúan de forma abrumadora el estado de bienestar, y esto sería mucho más difícil con un dinero basado en el mercado que no estuviera sujeto a la inflación fácil de los bancos centrales.
Incentivados de forma perversa, estos políticos promueven políticas monetarias expansivas que benefician a grupos de interés especiales mientras complacen a su base electoral. Como señaló Hayek, «con la única excepción de los 200 años del patrón oro, prácticamente todos los gobiernos de la historia han utilizado su poder exclusivo de emitir dinero para defraudar y saquear al pueblo». Privar al Estado de este poder exclusivo obligaría, ante todo, a rendir cuentas. Si se eliminara la amenaza de la violencia y el encarcelamiento, el público podría evaluar libremente la calidad de las distintas monedas y actuar en consecuencia.
