En un reciente discurso sobre las medidas presupuestarias para 2022-23, el ministro mauriciano de Finanzas, Planificación Económica y Desarrollo, Renganaden Padayachy, se comprometió a proseguir los esfuerzos de descolonización del archipiélago de Chagos. Durante casi cincuenta y siete años, esta cuestión ha quedado enterrada bajo los rigores y la casuística tanto de Washington como de Westminster.
Originalmente una «dependencia» de la colonia británica de Mauricio, el archipiélago fue extirpado de la jurisdicción del país en 1965. Desde entonces, los EEUU y el RU han establecido y mantenido una base militar en Diego García, la mayor de las islas. Sin embargo, la decisión de hacerlo tuvo un coste extremadamente inhumano, pero que apenas supuso una carga para la díada angloamericana: la expulsión de los nativos chagosianos de una tierra que les pertenece por derecho.
Desde la independencia, el gobierno mauriciano se ha mantenido más o menos coherente en sus afirmaciones de que el archipiélago de Chagos les pertenece. Sin embargo, al igual que los gobiernos británico y americano, Mauricio no es totalmente inocente de la situación actual de los refugiados chagosianos. El discurso se ha tergiversado hasta el punto de excluir lo que realmente debería ser el meollo de la conversación: la historia de los habitantes de la isla, sus esfuerzos por establecerse en ella, y cómo un gobierno tras otro ha puesto el archipiélago en el punto de mira de sus propios intereses.
Los chagossianos como colonos
Los orígenes de los llamados chagosianos se remontan al establecimiento de la primera colonia exitosa en las islas por parte de los franceses en 1793. Bajo el dominio francés, los esclavos fueron traídos principalmente de Mozambique, Senegal y Madagascar para trabajar en las plantaciones de coco para la extracción de copra. Con la toma de Mauricio por los ingleses en 1810, las islas Chagos pasaron a ser también territorio británico.
Con la abolición de la esclavitud en 1835, se enviaron trabajadores contratados, principalmente del sur de la India, para trabajar en las plantaciones. Con el tiempo, los antiguos esclavos y trabajadores se casaron entre sí, lo que dio lugar a la creación de criollos chagosianos, conocidos como los ilois (isleños). El crecimiento de la población chagossiana continuó a un ritmo constante e impresionante.
A principios del siglo XX, los chagosianos nativos, el 60 por ciento de ellos de ascendencia africana y malgache y el 40 por ciento de ascendencia tamil, tenían acceso a la educación básica y a los servicios médicos, así como a un nivel de vida adecuado, sin la espada de Damocles de las fricciones intercomunitarias o, al menos, sin la misma magnitud de las luchas que se daban en Mauricio en aquella época. De ahí que el argumento de que la bandera de las barras y estrellas o la bandera de la Unión deben plantarse en territorios que no son los suyos en aras de la «seguridad» o el «desarrollo» no sólo está fuera de lugar en este caso, sino que casi carece de gracia.
El principio de propiedad, que es la base de los derechos de propiedad en el pensamiento libertario, sostiene que cuando se niega la libertad a los individuos o grupos y se explota su trabajo, la tierra que han formado con su esfuerzo físico les pertenece en última instancia, no a la parte que puede reclamarla por mero contrato. Al igual que esto se aplica a las tierras trabajadas por los esclavos en Estados Unidos, significa que el archipiélago de Chagos pertenece a los esclavos y a los trabajadores contratados que «mezclaron» su trabajo con la tierra.
Rayas y Saltires
En 1965, el Reino Unido retiró el archipiélago del control de la Mauricio colonial para la creación de una base militar americana. Hasta el día de hoy, las islas siguen siendo utilizadas como base para operaciones militares, vigilancia y entrega de prisioneros. En su relato de la impugnación de la expulsión de los chagosianos ante la Cámara de los Lores a finales de junio de 2008, David Vine proporciona los detalles de todo el acuerdo:
Entre 1968 y 1973, Gran Bretaña expulsó por la fuerza a los isleños, que entonces eran unos 2.000, a 1.200 millas de distancia, a Mauricio y las Seychelles. Por sus esfuerzos, Gran Bretaña recibió 14 millones de dólares en pagos secretos de Estados Unidos. Abandonados en el exilio, los isleños encontraron una vida de pobreza, enfermedad y desempleo. La mayoría sigue empobrecida hasta hoy, viviendo como los más pobres entre los pobres en Mauricio y las Seychelles.
Todo el fundamento del caso de los chagosianos se basaba en la premisa de que, como súbditos británicos en el momento de su expulsión, se les concedía el «derecho de residencia», lo que significaba que no podían ser exiliados de la tierra que era suya: el abogado Sir Sydney Kentridge argumentó que así era:
Un «antiguo derecho» firmemente arraigado en el derecho consuetudinario inglés, en el derecho internacional y en la declaración de la Carta Magna de que «ningún hombre libre será apresado o encarcelado... o exiliado, o destruido de cualquier otra manera».
Naturalmente, el gobierno británico empleó todos los tecnicismos posibles en su arsenal para argumentar lo contrario: el principal abogado del gobierno, Jonathan Crow, argumentó que como la expulsión de Chagosia se llevó a cabo como una «prerrogativa real», era inmune a la revisión de la Cámara de los Lores. Es casi una tragicomedia de proporciones brobdingnagianas, que en la defensa de los poderes de un jefe de Estado, indiscutiblemente un tesoro cultural de Gran Bretaña, el gobierno buscó todos los trucos disponibles para eludir la Carta Magna, un documento que han reclamado durante mucho tiempo como un tesoro cultural.
Por el contrario, los gobiernos británicos han recurrido incluso a farsas liberales para perpetuar su control sobre las islas: en abril de 2010, David Miliband, entonces secretario de Asuntos Exteriores del primer ministro Gordon Brown, del Partido Laborista, anunció que pretendía establecer una Zona Marina Protegida (ZMP) alrededor del archipiélago de Chagos. Aunque aseguró a los escépticos que no obstaculizaría el eventual reasentamiento de los chagosianos, los críticos consideraron, con razón, que esta proclamación de «administración medioambiental» por parte de un régimen liberal no era más que otra estrategia de afirmación de la soberanía británica en el océano Índico. Evidentemente, importa muy poco el extremo del espectro político que ostente el poder en una legislatura concreta: la inmoralidad y la complejidad de la maquinaria estatal-militar permiten que se tengan muy poco en cuenta los derechos de quienes se consideran víctimas aceptables de las cuestiones de «seguridad nacional».
Conclusión
El 14 de febrero de este año, el embajador de Mauricio ante la ONU, Jagdish Koonjul, izó la bandera cuadricolor mauriciana en el atolón de Peros Banhos, que forma parte del archipiélago de Chagos, y cantó el himno nacional mauriciano con varios funcionarios en un desafío formal a la autoridad británica sobre las islas. Por muy evocador y patriótico que fuera este gesto, lo único que hizo fue restar importancia a lo que debería haber sido el punto central de la cuestión desde el principio: las demandas de los chagosianos.
Tanto los que se han instalado en Mauricio como en Seychelles o en el Reino Unido, los chagosianos carecen de la confianza en Mauricio que ésta parece tener en sí misma como nación soberana. Han llegado a considerar huecas y sin sentido las lamentaciones de Mauricio sobre el archipiélago. El reasentamiento de los chagosianos tiene que ser decidido por los chagosianos; al igual que la tierra era suya desde el principio, así deben ser los términos de su retorno. No puede ser simplemente un objetivo o una meta escrita en un manifiesto bajo un escudo de armas glorificado.
