En Contra el Estado, Lew Rockwell subraya que el asalto a nuestras libertades por parte del Estado no es meramente «producto de disfunciones temporales. Al contrario, el Estado es malo por naturaleza». Rockwell demuestra que el Estado se basa en la coacción y mantiene su poder mediante el uso de la fuerza.
En los últimos años, tras el auge del ambientalismo, el «seguridadismo» de la salud pública y la guerra contra el «odio», las intervenciones estatales han invadido aún más la vida privada y familiar. Contra el Estado muestra que estas intervenciones no sólo son coercitivas, sino también antihumanas al priorizar sus objetivos por encima de la vida humana. Un ejemplo llamativo de ello fue la política de cierre de escuelas y patios de recreo, sobre la base de que los niños son resistentes y, por tanto, no hay razón para que el Estado no los mantenga bajo arresto domiciliario durante varios meses de sus vidas.
Otro ejemplo es la priorización de las necesidades de los behemoths de la medicina socializada, como el culto Servicio Nacional de Salud del Reino Unido: la periodista británica Sherelle Jacobs comenta que «con un gasto en el NHS ahora superior al de la educación, el transporte, el Ministerio del Interior y la defensa juntos, podría decirse que Gran Bretaña es ahora simplemente un servicio de salud con un Estado adjunto». Del mismo modo, en Canadá, la sanidad privada está prohibida, y a los ciudadanos que luchan contra la vida se les ofrece ayuda estatal para suicidarse.
Con el Estado desenfrenado imponiendo el «bien público», sus defensores no ven la necesidad de limitar el poder que se le confiere para lograr ese objetivo; después de todo, si el objetivo es noble y digno, ¿por qué debería haber límites al poder para lograrlo? De este modo, se extingue el ideal del gobierno limitado.
Rockwell también subraya el hecho de que el Estado crea los mismos problemas para los que luego se dice que necesitamos el poder del Estado para resolverlos:
El Estado no es un observador neutral. Aprobará leyes medioambientales. Regulará las relaciones entre razas y sexos. Acabará con esta religión para elevar la otra. En todos los casos, la intervención no hace sino exacerbar los conflictos, lo que a su vez crea la impresión de que realmente existe un conflicto irresoluble.
Un ejemplo de intervenciones estatales que alimentan los conflictos es el estatus de protección que se otorga a distintos grupos en función de su identidad, en particular la raza, el sexo, la religión y el género.
Conflicto identidad-grupo
La legislación sobre derechos civiles y derechos humanos ha conferido «derechos» mutuamente conflictivos a diferentes grupos de identidad, y esta legislación a su vez ha engendrado instituciones millonarias dedicadas a litigar y hacer cumplir estos derechos. Estas instituciones suelen estar financiadas por el Estado como parte de sus esfuerzos por promover la «igualdad de oportunidades». Las actuales guerras de género, por ejemplo, están impulsadas en gran medida por los «motivos protegidos» asignados tanto a las mujeres como a los hombres que han reasignado su identidad para convertirse en «mujeres» mediante un concepto legislativo conocido como «sexo legal». Ambos grupos están legalmente protegidos contra la discriminación y el acoso por su condición de protegidos, y la definición legal de acoso pone a cada grupo en conflicto directo con el otro. En Escocia, cada grupo tendrá ahora poder para hacer que el otro grupo sea encarcelado por acosarle, ya que el odio a los transexuales está incluido en la nueva ley de delitos de odio y se está debatiendo incluir la misoginia.
Tal como están definidos, los derechos legales conferidos a ambos grupos de mujeres (o mujeres putativas) son mutuamente excluyentes. En el Reino Unido, el acoso se define como una conducta no deseada relacionada con una característica protegida, que tiene el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo para esa persona. En los Estados Unidos, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo define el acoso como una «conducta no deseada» hacia miembros de grupos protegidos «que una persona razonable consideraría intimidatoria, hostil o abusiva», y se interpreta que las protecciones de los derechos civiles de EEUU basadas en la discriminación sexual incluyen el sexo, la orientación sexual y la identidad de género.
La política de igualdad en el Reino Unido confiere a las mujeres el derecho a que se designen los baños de mujeres como espacios exclusivos para mujeres y el derecho a ser protegidas contra el uso de los baños de mujeres por parte de los hombres, y al mismo tiempo, confiere a los hombres el derecho a reasignar su género, a recibir una certificación legal de que ahora son mujeres y a ser protegidos contra el acoso si intentan utilizar los baños de mujeres. El resultado de la guerra de los baños es inevitable: conflictos entre los dos grupos «protegidos» por el Estado, ya que cada grupo considera que el otro está creando un entorno hostil para su propio grupo y presiona al gobierno para que intervenga más en su favor. Las escuelas y las empresas se ven obligadas a pedir «orientación» al gobierno sobre la construcción y designación de cuartos de baño. El gobierno ordena que las oficinas gubernamentales deben tener «aseos de un solo sexo» para las mujeres y, al mismo tiempo, declara que los empleados del gobierno «podrían enfrentarse a medidas disciplinarias si se oponen a que sus colegas de sexo masculino utilicen aseos de un solo sexo». Esto se debe, por supuesto, a que tanto las mujeres como las «mujeres» nacidas varones tienen derecho a ir al baño que elijan.
¿A quién beneficia esta escalada del conflicto intergrupal? Rockwell demuestra que sólo gana el Estado. El poder del Estado ha crecido exponencialmente, ya que ahora nada, ni siquiera la más mundana de las funciones personales, puede llevarse a cabo sin la orientación del Estado. Esto sigue siendo cierto incluso para el grupo que se beneficia del resultado de una decisión concreta del Estado. Como observa Rockwell:
Pero, ¿quién es el verdadero ganador en este juego? El Estado y sólo el Estado. Al pretender ser el gran árbitro social, acumula más poder para sí mismo y deja a todos los demás con menos libertad para resolver sus propios problemas. Y aquí está el verdadero problema con el racismo o con cualquier tipo de racismo que no comprenda la capacidad de la sociedad libre para resolver sus propios problemas mediante el intercambio y el beneficio mutuo.
Anarquía
En Contra el Estado, Rockwell se pregunta: «En lugar de confiar nuestra protección a un Estado depredador, ¿por qué no confiar en la cooperación pacífica de las personas en un mercado libre?». Sostiene que «el Estado, por su naturaleza, no puede ser justo» y, por tanto, la justicia exige que se prescinda del Estado y de todas las instituciones estatales.
La reacción habitual a esta propuesta es que los escépticos se pregunten cómo podría funcionar la sociedad sin un Estado. La filosofía política de la anarquía aborda las preocupaciones sobre la inevitabilidad e indispensabilidad del Estado. Gerard Casey define la anarquía como «el rechazo de cualquier forma de dominación no voluntaria de una persona o grupo de personas por otra». Basándose en una investigación histórica, Casey rechaza el mito de que el Estado es una asociación voluntaria cuyo poder se justifica por el consentimiento de sus ciudadanos. Casey sostiene que, por el contrario, los Estados surgen de historias de violencia, guerra y conquista y se caracterizan por dos rasgos principales: «el monopolio de la violencia» y «la extracción coercitiva de impuestos». En ese contexto, observa que «la anarquía es la posición en la que se encuentran naturalmente los miembros de una sociedad cuando no están sometidos al poder de un Estado.» Además, Casey muestra cómo los individuos y las agencias privadas pueden lograr objetivos sociales que actualmente se supone que sólo puede lograr el Estado, argumentando que los servicios públicos, incluyendo «la justicia, la ley y el orden, pueden prestarse sin un Estado.»
Contra el Estado sostiene que, en una sociedad libre, la mayoría de los problemas los resolvería el mercado. Por ejemplo, el racismo o cualquier otra forma de «odio» sería evidentemente incapaz de proliferar por sí solo sin ser impulsado por una legislación impuesta por el Estado. Salvo en los casos en que la ley prohíbe a las personas interactuar entre sí, «el mercado siempre tiende a unir a las personas en paz, sin obligar ni prohibir los intercambios». Esto no significa que no habría racistas en una sociedad libre, sino que los racistas en una sociedad libre no tendrían poder para impedir que otras personas entablaran intercambios de mercado entre sí. Un racista puede negarse a comerciar pero no puede obligar a otros a negarse a comerciar. El hecho de que el racismo no pueda proliferar por sí solo, sin que lo imponga el Estado, explica por qué tanto los sistemas de Jim Crow como el apartheid se propagaron no por el «odio», sino por un sistema de legislación basada en la raza y respaldada por la fuerza del Estado. La segregación racial en estos sistemas era un requisito legal, no un movimiento orgánico propagado por los que odian. La noción que ahora anima a los «delitos de odio», a saber, que la proliferación del odio es una amenaza de la que todos necesitamos la protección del Estado, no es más que otra estrategia para maximizar el poder del Estado.
Por estas razones, Casey rechaza de plano el Estado, argumentando que «el único modo de organización social éticamente aceptable es el que respeta nuestra libertad, es decir, la anarquía . . la anarquía no es el caos, el desorden o el caos, sino el orden espontáneo que surge de las interacciones humanas libres y mutuamente aceptables».
