Los críticos del régimen comunista chino suelen señalar el sistema de crédito social del gobierno, en el que éste rastrea las trayectorias electrónicas de las personas, desde sus comentarios en las redes sociales hasta los artículos que compran, y emite premios y castigos en función de la información recogida. Por ejemplo, a un ciudadano chino que reciba una «mala» puntuación de crédito social puede que no se le permita montar en uno de los famosos trenes de alta velocidad, quedando relegado a los trenes más lentos para viajar, y puede que se le deniegue el transporte aéreo.
No es de extrañar que en Occidente se haya denunciado el sistema como de mano dura, incluyendo a CBS News, apenas una voz del antiprogresismo:
El temor es que el gobierno utilice el sistema de puntuación de crédito social para castigar a las personas que no son lo suficientemente leales al partido comunista, y tratar de limpiar tu nombre o luchar contra tu puntuación es casi imposible, ya que no existe un proceso real.
Human Rights Watch, que no es una entidad de derecha, es aún más mordaz en sus críticas al sistema chino:
El consejero delegado de Apple, Tim Cook, espera un «futuro común en el ciberespacio» con China, según dijo en la Conferencia Mundial de Internet del gobierno chino a principios de este mes. Este fue un gesto embarazoso hacia un Estado que censura agresivamente Internet y prevé un futuro distópico en línea.
Otras entidades progresistas, como el New York Times, también han criticado el sistema de crédito social de China, pero aparentemente no tienen ningún problema con el establecimiento de un sistema similar de facto aquí. El Washington Post fue aún más lejos, participando abiertamente en un esquema de crédito social al identificar públicamente a las personas que contribuyeron recientemente a los manifestantes de camiones canadienses y exigiendo saber por qué dieron dinero.
Hay que entender que el Washington Post accedió a un documento pirateado ilegalmente y luego lo utilizó como arma contra las personas que se atrevieron a contribuir a algo con lo que el personal del periódico no estaba de acuerdo, y el propósito no era ser informativo, sino más bien poner en peligro a los contribuyentes y hacerlos vulnerables a la pérdida de empleo, la vergüenza pública y otros tipos de ataques. No se trata de una interpretación de «La democracia muere en la oscuridad», sino de un intento de imponer una mayor oscuridad a todos nosotros.
No hace mucho tiempo, los liberales políticos habrían estado universalmente de acuerdo en que el uso de la vigilancia electrónica masiva para controlar el discurso y las contribuciones políticas era impensable. Hoy en día, ni una sola entidad periodística dominante ha planteado una pregunta sobre las acciones emprendidas por el gobierno de Canadá contra los disidentes o incluso ha cuestionado el doxing de esos contribuyentes por parte del Post. Uno supone que los editores del Post están de acuerdo con el Primer Ministro Justin Trudeau, ya que muchos manifestantes no comparten las opiniones políticas del personal del Post.
El Washington Post no es la única entidad que ha opinado que apoyar a los camioneros equivale a apoyar al Partido Nazi. El New York Times ha denunciado a los camioneros como terroristas violentos, en contraste con los manifestantes que en 2020 destruyeron «pacíficamente» grandes partes de las ciudades americanas, matando y saqueando a su paso. Escribe Paul Krugman:
Esto no es un levantamiento popular de camioneros. Es más bien un 6 de enero a cámara lenta, una interrupción causada por un número relativamente pequeño de activistas, muchos de ellos de extrema derecha. En su punto álgido, las manifestaciones en Ottawa sólo contaron con la participación de unas 8.000 personas, mientras que el número de personas en otros lugares ha sido mucho menor.
Sin embargo, a pesar de su escaso número, los manifestantes han causado un notable daño económico. Las economías de EEUU y Canadá están muy integradas. En particular, la fabricación norteamericana, especialmente pero no sólo en la industria del automóvil, depende de un flujo constante de piezas entre las fábricas de ambos lados de la frontera. Por ello, la interrupción de ese flujo ha perjudicado a la industria, obligando a recortar la producción e incluso a paralizar las fábricas.
No es que Krugman crea que los gobiernos deban siempre restringir las protestas violentas. Mientras que sus ataques a los camioneros los presentan como matones violentos, Krugman cambia de dirección con respecto a los disturbios en las ciudades americanas en 2020, afirmando que fueron «notablemente no violentos»:
Esta comparación sorprenderá, sin duda, a quienes se informan a través de los medios de derecha, que retrataron el B.L.M. como una orgía de incendios y saqueos. Todavía recibo correos de personas que creen que gran parte de la ciudad de Nueva York quedó reducida a escombros humeantes. De hecho, las manifestaciones fueron notablemente no violentas; hubo vandalismo en algunos casos, pero fue relativamente raro, y los daños fueron pequeños teniendo en cuenta el enorme tamaño de las protestas.
Por el contrario, las protestas canadienses han consistido en causar daños económicos —ya que bloquear los flujos esenciales de mercancías, amenazando el sustento de las personas, es tan destructivo como romper un escaparate. Y a diferencia de, por ejemplo, una huelga dirigida a una empresa en particular, este daño recae indiscriminadamente sobre cualquiera que tenga la desgracia de depender de un comercio sin obstáculos.
¿Y con qué fin? Las manifestaciones del B.L.M. fueron una reacción a los asesinatos policiales de personas inocentes; lo que está ocurriendo en Canadá es, en apariencia, un rechazo a las medidas de salud pública destinadas a salvar vidas. Por supuesto, incluso eso es principalmente una excusa: de lo que se trata realmente es de un intento de explotar el cansancio de la pandemia para impulsar la agenda habitual de la guerra cultural.
Krugman no está solo en el New York Times. La columnista Michelle Goldberg describió las manifestaciones como «aterradoras» y condenó rotundamente a los camioneros como nada más que manifestantes de «derecha», que es la jerga del NYT para referirse a personas que no deberían tener derechos. En cuanto a que las manifestaciones de 2020 sean pacíficas, la ex escritora del NYT Nellie Bowles escribió sobre cómo el NYT retuvo su relato de las consecuencias de los disturbios de Kenosha hasta después de las elecciones de 2020. Ella dijo lo siguiente sobre la mentalidad detrás de la decisión del NYT de ocultar la verdad:
Finalmente, las elecciones pasaron. Biden estaba en la Casa Blanca. Y mi historia de Kenosha se publicó. Sea cual sea la razón para retener el artículo, cubrir el sufrimiento tras los disturbios no era una prioridad. La realidad que llevó a Kyle Rittenhouse a las calles era una que los periodistas debíamos ignorar. Al anciano que intentó apagar un incendio en una tienda de Kenosha le rompieron la mandíbula. El principal editor del Philadelphia Inquirer tuvo que dimitir en junio de 2020 en medio de las protestas del personal por publicar un artículo con el titular «Los edificios también importan».
Si vivías en esos barrios en llamas, no debías coger un extintor. La respuesta adecuada—la única aceptable—era ver cómo se derribaba el ladrillo y la argamasa, ver cómo ardían los incendios y decir: gracias.
Pero, ¿qué tiene esto que ver con la visión americana y canadiense del crédito social? En primer lugar, como se ha señalado anteriormente, no se ha condenado la dura represión del gobierno canadiense contra los camioneros, al igual que nadie en la prensa dominante ha cuestionado el intento del Washington Post de avergonzar y difamar a los donantes de los camioneros. Cuando se les ha dado la oportunidad de condenar lo que claramente son medidas de crédito social, los políticos, académicos y periodistas americanos y canadienses de élite han guardado silencio.
En segundo lugar, al invocar los poderes de emergencia, Trudeau ha asumido poderes casi dictatoriales, lo que sería antidemocrático en el libro de cualquiera, sin embargo, una vez más, la multitud de «La democracia muere en la oscuridad» ha permanecido en silencio. No enlazo ningún artículo porque no hay ninguno que enlazar.
Más allá de la cuestión de clasificar como «terroristas» a personas que simplemente se manifiestan de forma no violenta, no hay forma de que una orden de este tipo pueda limitarse a un solo caso. Ahora que el gobierno progresista de Canadá ha criminalizado incluso la disidencia pacífica—con la aprobación de las élites progresistas tanto en Canadá como en Estados Unidos—será más fácil para los gobiernos cruzar esas líneas cuando la gente exprese su disidencia contra las medidas progresistas en el futuro.
Todo esto va mucho más allá de las habituales acusaciones de hipocresía política. Uno acusa a la gente de ser hipócrita para avergonzarla, pero la multitud de «La democracia muere en la oscuridad» está más allá de cualquier capacidad de ser avergonzada. Para ellos, todo lo que Trudeau y otros regímenes progresistas hacen a los que se atreven a disentir del gobierno progresista es legítimo porque no puede haber otra forma de pensar permisible, incluso mientras esas mismas personas defienden de boquilla protecciones constitucionales como la Primera Enmienda.
Estas protecciones no se aplican ni se aplicarán a las personas de los grupos que no apoyan los ideales progresistas y, como hemos visto en Canadá, los funcionarios recurrirán cada vez más a un sistema de crédito social respaldado por los «capitalistas woke» de los sectores tecnológicos, que aparentemente no tienen problemas en ser agentes primarios de la vigilancia patrocinada por el Estado. Por ejemplo, Twitter permitió gustosamente el doxing de personas que aportaron dinero a los camioneros a través de una plataforma supuestamente segura. Podemos esperar más de esto. Escribe Michael Rectenwald:
El capitalismo woke no puede explicarse suficientemente en términos de aplacar a los izquierdistas costeros, congraciarse con los legisladores liberales de izquierda o evitar la ira de los activistas. Más bien, a medida que el wokismo ha ido creciendo y se ha apoderado de las empresas y los Estados, se ha convertido en un dispositivo de demarcación, un shibboleth para que los miembros del cártel se identifiquen y distingan de sus competidores no woke, a los que hay que privar de inversiones de capital. El capitalismo woke se ha convertido en un juego de monopolio.
Al igual que los individuos no woke son cancelados de la vida cívica, también las empresas no woke son canceladas de la economía, dejando el botín a los woke. Las cancelaciones de empresas no son simplemente el resultado de las consecuencias políticas. Se están institucionalizando y llevando a cabo a través del mercado de valores. El índice medioambiental, social y de gobernanza (ESG) es una puntuación de crédito social al estilo chino para calificar a las empresas. Los planificadores woke utilizan el índice ESG para recompensar al grupo interno y expulsar del mercado a los actores no woke. La inversión woke aleja la propiedad y el control de la producción de los incumplidores. El Índice ESG sirve como billete de admisión para entrar en los cárteles de los woke.
Del mismo modo, podemos esperar que se ejerzan las mismas presiones sobre las entidades no empresariales, como los grupos de defensa sin ánimo de lucro y, especialmente, las iglesias conservadoras. A medida que los progresistas sigan derribando las barreras históricas entre el Estado y la vida privada, un sistema de crédito social llenará el vacío. Los individuos, las empresas y las organizaciones que promueven puntos de vista progresistas verán una interrupción mínima en sus vidas.
Sin embargo, las personas y entidades que mantienen puntos de vista «inaceptables» pueden esperar ver interrupciones diarias, desde sus finanzas hasta las simples comunicaciones por correo electrónico. Teniendo en cuenta el apoyo que las élites políticas y económicas americanas han mostrado a Trudeau y a sus medidas de represión contra los camioneros «terroristas», queda poca protección para los que no gozan de la simpatía de los progresistas.
Dado que la gobernanza progresista acaba chocando con la realidad, los progresistas deben desarrollar formas de hacer cumplir sus medidas, especialmente cuando se produce el inevitable rechazo. Como hemos aprendido de China, un sistema de crédito social es una forma de frenar la disidencia y de forzar a algunas personas a la marginalidad. Los progresistas americanos y canadienses se están dando cuenta de que el crédito social también puede golpear figurativamente a la gente para que se someta.
