Durante más de tres años, la superviviente al cáncer de 58 años, Ethel Tari, había “sido una habitual en la clínica ambulatoria del Hospital de San José, llevando a pacientes que no están autorizados a conducir después de haber sido sedados para exploraciones como endoscopias y colonoscopias”. Pero el largo brazo de la ley finalmente atrapó a Ethel y recibió una multa de 2.260$ por poseer y operar un vehículo de alquiler sin permiso.
La acción del ayuntamiento despertó indignación y Tari recibió un amplio apoyo público, nacional e internacionalmente. Sin embargo, muchas de las críticas lanzadas contra el municipio por su aplicación exagerada de la ley se sosegaron cuando Tari, en una carta de disculpa, admitía que también había proporcionado servicios de transporte a no pacientes en la ciudad y que “había sido previamente advertida por el ayuntamiento”.
La confesión de Tari no le hace culpable
Tari confesaba haber proporcionado al periodista Jonathon Sher información incompleta y equivoca que “daba la clara impresión de que era una víctima inocente de un ‘golpe’ organizado, perpetrado por el departamento de las fuerzas de policía sin justificación”.
La carta de Tari era una respuesta a la reclamación de una disculpa y retractación del jefe de policía de Londres, Orest Katolyk. “Katolyk se siente satisfecho con la disculpa y retractación y no plantea otras acciones legales contra la mujer, salvo que comentarios adicionales por su parte puedan causar problemas”.
Como Katolyk expresó su satisfacción con las disculpas de Tari, podemos suponer con seguridad que acepta los contenidos de su carta. Ahí está el problema. Considerando su carta y el ímpetu por las leyes públicas de licencia, se puede defender firmemente que la disculpa de Tari (aparentemente obligada) no altera el hecho de que ella fuera en realidad una víctima inocente de un “golpe” organizado perpetrado por el departamento de las fuerzas de policía sin justificación moral. ¡Justificación legal, sí. Justificación moral, no!
El timo de las licencias
El gobierno dice que son la seguridad y el bienestar de los consumidores los que les hacen aprobar leyes de licencias, pero esta es, y siempre ha sido, una mala justificación. Cuando gobierno crea una ley de licencias, siempre es por deseo de los intereses creados dentro de la ocupación concreta a licenciar. Tras haber cabildeado con éxito ante el gobierno, se crean los requisitos de licencia por los propios grupos de intereses especiales y se aplican legalmente a quienes acaban de entran en la ocupación. Así, como he escrito anteriormente:
Los estudios han demostrado que las licencias reducen la cantidad de personas empleadas en las ocupaciones licenciadas, lo que, al haber suprimido coactivamente la competencia, a menudo genera una menor calidad de los servicios ofrecidos al público, que es exactamente lo contrario de lo que nos promete gobierno.
Por desgracia, las licencias legales también crean desempleo e infraempleo, lo que afecta desproporcionadamente a los pobres, produciendo al tiempo rentas superiores para los empleados en las ocupaciones protegidas, precios más altos para los consumidores, con menores opciones disponibles para estos, alejándonos así del objetivo público declarado.
La experiencia de Ethel Tari es coherente con esta explicación. Primero, parece ser una mujer de medios modestos a la que se le impide ganar una renta adicional debido al coste de obtener una licencia pública.
Segundo, la poco atractiva alternativa para pacientes (consumidores) es un precio más alto por un taxi con licencia o un conductor de Uber porque Tari no puede permitirse el coste de obtener una licencia pública.
Tercero, la cara licencia pública reduce la cualidad servicio ofrecido al público (pacientes). Como se informa en London Free Press:
La posible pérdida de su servicio [de Tari] ha enfadado a doctores y personal, dijo Chris Vinden, que realiza endoscopias y colonoscopias.
“Desde mi punto de vista, está proporcionando un servicio al hospital (…) Hace que el hospital funcione más eficientemente”, dijo.
Entre 40 y 50 personas vienen cada día que esta abierta la clínica, y aunque la mayoría hacen que otro adulto les lleve, algunos no, ya sea porque su cónyuge no pueden permitirse tomar un día libre, son ancianos y no tienen amigos que conduzcan o no tienen un amigo adulto al que pedírselo.
“(Ella) nos ha resuelto montón de problemas”, dijo Vinden.
Si no puede reanudar su servicio, algunos pacientes pueden tener que retrasar procedimientos que necesitan, dijo.
Las licencias no son protección al consumidor
La carta de Tari revelaba que el gobierno municipal le dijo que estaría violando la norma de las licencias solo si aceptaba dinero por transportar a una persona del punto A al punto B. En otras palabras, un conductor sin licencia puede legalmente proporcionar un trayecto gratuito a cualquiera, pero cuando se acepta dinero a cambio del servicio el gobierno dice que el conductor es un delincuente.
Si creemos en la justificación del gobierno para las leyes de licencia, debemos también creer que los conductores sin licencia plantean una amenaza importante a la seguridad y bienestar de consumidores inocentes, independientemente de si se cobra una tarifa por el servicio. Pero esa no es la opinión del gobierno. La verdad es que muy pocas personas pueden permitirse transportar gratis en coche a otras, lo que significa que no plantean una amenaza para la vida de los taxistas. Así que los taxistas no se quejan y el gobierno dice que el transporte “gratis” es legal. El gobierno no multa ni persigue de ninguna otra manera a los conductores “gratuitos”, porque el propósito de las leyes de licencias es restringir la competencia, no proteger al público.
Conclusión
El gobierno merece ser muy criticado por su trato a Ethel Tari y Tari merece nuestra simpatía.
Ya que Tari no revelaba todos los hechos cuando se informó por primera vez de su historia, debemos preguntarnos por qué no fue sincera. Parece que estaba tratando de eludir los intentos del ayuntamiento de aplicar una ley inmoral para continuar ganando una renta modesta y proporcionar un servicio valioso a los pacientes del hospital.
La postura adoptada por el jefe de policía de Londres, Orest Katolyk, así como la del secretario de la ciudad, Martin Hayward, es que siguieron las normas, es decir, no multaron sin advertirlo antes. Punto. Fin de la historia. Ningún comentario de estos burócratas o los políticos acerca a los efectos contraproducentes de la propia ley de licencias.
Más en concreto, si las leyes de licencias ayudaran a facilitar una sociedad que funcione bien, deberíamos esperar que el propio gobierno respete religiosamente sus propias leyes, pero a menudo no lo hace. Por ejemplo, una historia publicada el año pasado revelaba que el ayuntamiento no estaba cumpliendo con sus propias de leyes de licencias de las unidades de alquiler residencial. Antes de la publicación, seis funcionarios, incluyendo Orest Katolyk y Martin Hayward, tuvieron la oportunidad de comentar la historia. Nadie contestó.
No hay que confundir legalidad con moralidad. No podemos afirmar razonablemente vivir en una sociedad altamente civilizada cuando algunas personas (por ejemplo, el gobierno) están por encima de la ley. Tampoco podemos afirmar estar en una sociedad altamente civilizada cuando algunas personas (por ejemplo, el gobierno) se conceden a sí mismas autoridad legal para impedir por la fuerza que otras personas interactúen voluntariamente entre sí, como en el caso de Ethel Tari de sus clientes.
