La llamada Ley de emergencia económica anunciada por el nuevo gobierno de Argentina es simplemente otro conjunto masivo de aranceles y cargas sobre el sector privado para financiar el hinchado gasto público en un país donde la política monetaria y fiscal confiscatoria es la norma.
¿Cuál es el mayor problema de la reciente Ley de emergencia económica? Que no aborda los enormes desequilibrios monetarios y fiscales del país. Peor aún, la ley y, en particular, las decisiones de aumentar las retenciones sobre el sector agrícola tienen por objeto aumentar el carácter confiscatorio de la política fiscal argentina.
Con esta ley de emergencia, Argentina aumenta los impuestos –una vez más, en el país con la tasa impositiva más alta de la región– y agrava la carga de los exportadores al aumentar el porcentaje de ingresos en dólares estadounidenses que el gobierno mantiene.
Los representantes de los productores de la mayoría de las regiones lo han confirmado: Son medidas que llevan a los productores y exportadores a la quiebra, ya que con los actuales niveles de retención para la soja, el maíz y el trigo, la rentabilidad ya es nula o negativa en los campos arrendados. En el caso de las semillas oleaginosas, el margen bruto será negativo a 105 dólares por hectárea. Es una política ruinosa.
En realidad, el llamado plan de emergencia económica funciona como un enorme conjunto de aranceles contra los productores argentinos y el sector privado.
La visión extractiva y confiscatoria de la economía, que ha persistido a través de diferentes gobiernos argentinos durante varias décadas, ha empeorado aún más.
El gobierno argentino comienza con un error de análisis. Piensan que poner mayores retenciones a los exportadores mejorará las maltrechas reservas de la Argentina, lo cual es simplemente falso, y proviene de esa visión extractiva que asume que los ajustes sólo pueden llevarse a cabo destruyendo la economía y el ahorro de las exportaciones. La evidencia de que no funciona es clara, pero los sucesivos gobiernos de Argentina creen que el problema es la fortaleza del dólar estadounidense y no su destrucción del poder adquisitivo del peso argentino. Sin embargo, el colapso de la demanda de pesos dentro y fuera del país es la causa directa de una política monetaria insensata. La introducción de mayores impuestos, retenciones y trampas para el desarrollo económico no fortalece la demanda de pesos ni mejora la economía. Estas son medidas que conducen a la hiperinflación venezolana.
Ningún país ha fortalecido la demanda de su moneda local mediante la confiscación de ahorros y salarios a través de aumentos masivos de la oferta monetaria y medidas fiscales confiscatorias. Es una doble expropiación de la riqueza.
La idea de que la economía se relanzará con una fuerte emisión de pesos debe ser descartada. En los últimos diez años la base monetaria de Argentina se ha incrementado en un 1.414,31%, es decir, Argentina es el país que más ha aumentado la emisión de moneda local después de Venezuela e Irán, provocando una disminución de la demanda de pesos y un deterioro general de la economía, que ha pasado de la estanflación a la depresión.
Aumentar los impuestos y las retenciones equivale a demoler uno de los pocos sectores competitivos, exportadores y eficientes que quedan en Argentina, y todo ello por la negativa a tocar el desproporcionado gasto público.
Argentina no fortalecerá su crecimiento, productividad y reservas de divisas con una política fiscal confiscatoria y una política monetaria extractiva e inflacionaria. En cambio, destruirá la capacidad de la economía para generar empleo y atraer inversiones.
Es muy triste ver a un país con el potencial de Argentina caer en la trampa de pensar que los desequilibrios monetarios y fiscales se resuelven aumentando los impuestos e imprimiendo más pesos. El presidente Fernández declaró recientemente que «debemos terminar con el hábito de ahorrar en dólares», al tiempo que anunció una gran emisión de pesos «para fortalecer el crecimiento». Muestra la negativa a entender que los ciudadanos no ahorran en dólares estadounidenses porque sean malvados o ignorantes, sino porque saben que sus pocos ahorros y salarios reales serán confiscados a través de la política monetaria, diluyendo la riqueza del país en un océano de pesos cada vez menos valorados e inútiles para la mayoría de los agentes económicos locales y mundiales.
Los gobiernos argentinos no pueden seguir engañándose pensando que el problema es externo. No es casualidad que el país tenga la segunda inflación más alta de la región, que también es diez veces más alta que el promedio. Y no es casualidad que tenga un crecimiento económico mucho más pobre que el de los países vecinos, a pesar de los desafíos que estos últimos sufren.
El problema de Argentina no es que los impuestos sean bajos –extrae la mayor cuña de la región– ni de la política monetaria de los halcones –el aumento de la base monetaria anual es más de siete veces mayor que el promedio de la región en los últimos diez años. Es todo lo contrario. Argentina sólo va a despegar cuando reconozca que sus desequilibrios fiscales y monetarios no son culpa de los ciudadanos y sus pequeñas empresas, sino de un gobierno que sigue decidido a creer que dos más dos es igual a veintidós.
