Desde el siglo XIX, los americanos hoscos se han burlado de los políticos por gastar el dinero de los impuestos «como marineros borrachos». Hasta hace poco, eso se consideraba una grave falta de carácter. Pero la Ley del Plan de Rescate Americano de Joe Biden demuestra que el gasto ebrio es ahora el camino hacia la salvación nacional.
Era un dicho común en Estados Unidos en la década de 1930 que «no podemos despilfarrar nuestro camino a la prosperidad». Pero eso era antes de que la última cosecha de «mejores y más brillantes» tomara el timón del gobierno federal.
La ley de rescate se basa en la fe ciega en el gasto gubernamental—el renacimiento de la «Escuela de Economía Política de las Habichuelas Mágicas». Cuando firmó la ley el 12 de marzo, Biden declaró: «Tenemos que gastar este dinero para asegurarnos de que tenemos crecimiento económico, sin tener en cuenta cuánto va a ayudar a la gente». El precio de la ley, de 1,9 billones de dólares, es una prueba de su beneficencia. Biden se jactó de que enviaría cheques federales de «estímulo» a más de 100 millones de americanos en los siguientes diez días. La Casa Blanca calificó el proyecto de ley como «la pieza legislativa más progresista de la historia».
El mayor temor en Washington es que las agencias federales no sean capaces de lanzar el dinero de los impuestos a los ciudadanos, las empresas y los gobiernos locales y estatales con la suficiente rapidez. El Washington Post se preocupa de que «el gran volumen de nuevos programas amenaza con inundar las agencias federales». Este es el sexto rescate federal del covid desde la primavera pasada, y «una serie de otros esfuerzos para ayudar a las empresas en dificultades ... han quedado atrapados en la burocracia federal».
El propósito de este acto de rescate es rescatar la fe en el Gran Gobierno. En su discurso televisado, Biden declaró que para «vencer a este virus», los americanos deben «confiar y tener fe en nuestro gobierno para que cumpla su función más importante, que es proteger al pueblo americano.... Tenemos que recordar que el gobierno no es una fuerza extranjera en una capital lejana. No, somos nosotros. Todos nosotros. Nosotros, el pueblo». En el momento del discurso de Biden, el Capitolio de Estados Unidos estaba rodeado de altas vallas rematadas con alambre de espino. Miles de tropas de la Guardia Nacional merodeaban por los terrenos del Capitolio y otros lugares del Distrito de Columbia para disuadir de cualquier malestar a los ciudadanos sublevados. Por suerte, la mayoría de los medios de comunicación de Washington siguieron dando fe de que la clase política estaba sirviendo debidamente a los americanos a puerta cerrada.
Supervisión
Biden prometió una «supervisión rigurosa para garantizar que no haya despilfarro ni fraude» en la bonanza multimillonaria. Pero los políticos definen el «despilfarro» de forma diferente a como lo hacen los contribuyentes. Cualquier dádiva que produzca gratitud política es una inversión fructífera, según la puntuación de Washington. El senador Ron Wyden (demócrata de Oregón) prometió: «Vamos a vigilar esto en todo momento». Sin embargo, la asistencia de los senadores a las audiencias de supervisión del Congreso está a la par con la asistencia a los partidos de béisbol durante los confinamientos del covid. La mayoría de los miembros del Congreso prestarán poca atención a los detalles de la ley mientras sus electores sean inundados con dinero gratis.
El proyecto de ley de Biden incluye barriles de nuevas dádivas que el Congreso se apresuró a convertir en ley sin un examen cuidadoso. Cuando las prestaciones federales superan lo que alguien podría ganar en el trabajo, pueden convertirse en una tasa de penalización del trabajo. El economista de la Universidad de Chicago, Casey Mulligan, estimó que los pagos adicionales por desempleo y otras prestaciones del proyecto de ley Biden podrían dar lugar a la contratación de 8 millones de americanos menos este año. Pero los daños colaterales no importan mientras los políticos reciban contribuciones de campaña y aplausos por programas que causan estragos económicos con incentivos perversos.
El gobierno de Biden está trayendo a Estados Unidos la misma solución que anteriormente fracasó en Afganistán. Después de que Barack Obama decidiera «aumentar» las tropas de EEUU en Afganistán, el Christian Science Monitor señaló en 2010 que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) «creó una atmósfera de frenética urgencia sobre la “tasa de consumo”—una medida de la rapidez con la que se gasta el dinero. Se hace hincapié en gastar rápido para hacer sitio a la siguiente partida del Congreso». Un empleado analista con sede en Kabul se lamentaba: «Mientras se gaste dinero y se pueda dejar constancia en papel, es un trabajo bien hecho. Es un sistema perverso». El Washington Post señaló en 2019: «Muchos trabajadores de la ayuda culparon al Congreso por lo que consideraban una prisa sin sentido por gastar». John Sopko, el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), arremetió contra un sistema en el que parecía que «solo se promocionaba y recompensaba a aquellos que podían sacar el dinero por la puerta o cumplir con el “ritmo de gasto” requerido». El «índice de desgaste» produjo un sinfín de absurdos en Afganistán, como escuelas colapsadas, carreteras intransitables, proyectos de electrificación fallidos y una clínica de salud inexistente.
En su discurso televisado del 11 de marzo, Biden prometió: «Estoy utilizando todo el poder que tengo como presidente de Estados Unidos para ponernos en pie de guerra». Pero, ¿contra quién iba a ir a la guerra Biden?
Por desgracia, los derechos y libertades de los americanos podrían estar en el punto de mira del último intento del gobierno de Estados Unidos de comprar la sumisión. Poco después de que Estados Unidos invadiera Irak en 2003, llegaron a Bagdad palés repletos de billetes de 100 dólares recién impresos. Los oficiales militares de EEUU entregaron fajos de dinero a los residentes locales para comprar influencia y socavar la resistencia a la ocupación de EEUU. El programa «Dinero como Sistema de Armas» (MAAWS, por sus siglas en inglés) desparramó 10.000 millones de dólares con poca o ninguna supervisión. Las dádivas eran valiosas para «demostrar una intención positiva o buena voluntad» y ayudaban a «ganar acceso o influencia», según un análisis del Pentágono de 2012. Estos pagos resultaron especialmente útiles después de que las tropas de EEUU mataran inadvertidamente a niños u ovejas. MAAWS subvencionó los alardes de la administración Bush sobre Irak y, posteriormente, los de la administración Obama sobre Afganistán.
Los presidentes y los miembros del Congreso no están llevando a cabo formalmente una campaña de contrainsurgencia contra el pueblo americano. Pero los políticos de ambos partidos llevan mucho tiempo recurriendo a los MAAWS para comprar votos o apuntalar su poder. El año pasado, Donald Trump se aseguró de que los cheques federales por el covid que recibían los americanos tuvieran su firma. Los demócratas se hicieron con el control del Senado de Estados Unidos gracias a la promesa de Biden de que los votantes recibirían cheques federales de 2.000 dólares si los demócratas ganaban la segunda vuelta de las elecciones de enero en Georgia.
¿Pueden los políticos convertir los grandes cheques que envían a los votantes en un cheque en blanco para obtener más poder para ellos? Biden dijo recientemente a los demócratas del Congreso que «los americanos están de acuerdo con cada elemento importante» de su ley de rescate. Los observadores preocupados siguen esperando que Biden revele hacia dónde ordenará marchar a los americanos.
Interrupciones
Mientras los federales lanzaban el diluvio de nuevas dádivas, Biden declaró: «Tenemos que seguir creando confianza en el pueblo americano de que su gobierno puede funcionar para ellos y cumplir». Pero ni Biden ni otros políticos demócratas ni sus aliados de los medios de comunicación admitirán que los pagos de «ayuda» del covid son una respuesta a los horrendos daños infligidos anteriormente por los políticos.
Tras el inicio de la pandemia de covid-19, los políticos apretaron los torniquetes que supuestamente iban a vencer al virus cortando el suministro de sangre de la economía. Los gobernadores de un estado tras otro pusieron a cientos de millones de ciudadanos bajo arresto domiciliario—dictámenes que el ex fiscal general Bill Barr comparó acertadamente con «la mayor intrusión en las libertades civiles» desde el fin de la esclavitud. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, marcó la pauta cuando declaró efectivamente que tenía derecho a infligir cualquier carga a los residentes de su estado para «salvar una sola vida».
Pero los decretos gubernamentales de mano dura fueron más eficaces para destrozar vidas que para vencer un virus. Se destruyeron más de 10 millones de empleos. Casi el 40% de los hogares que ganan menos de 40.000 dólares al año tienen a alguien que perdió su trabajo en los últimos meses, según la Reserva Federal. La prohibición de llevar una vida normal provocó un aumento de las tasas de suicidio, abuso de drogas y depresión. La Disaster Distress Helpline, una línea telefónica federal para casos de crisis, recibió casi un 900% más de llamadas telefónicas en comparación con el año anterior. Una organización sanitaria de California estimó recientemente que setenta y cinco mil americanos podrían morir de «desesperación» como consecuencia de la pandemia, el desempleo y las restricciones gubernamentales. ¿Tal vez los campeones del cierre resuelvan ese problema haciendo que los antidepresivos sean obligatorios para todos los ciudadanos?
Uno de los mayores trastornos continuos de la pandemia es el continuo cierre de las escuelas del gobierno. Durante su campaña presidencial, Biden prometió inundar las escuelas con suficiente ayuda federal para que pudieran reabrir con seguridad en cien días. Esos cien días llegaron y pasaron, y muchos de los sistemas escolares más grandes del país siguen cerrados con candado a pesar de las pruebas de que podrían reabrir con seguridad. Los sindicatos de profesores consideran que sus miembros tienen derecho a recibir el salario completo y a no correr ningún riesgo, y la administración Biden se está doblegando ante uno de sus mayores partidarios políticos. Mientras que muchos padres que dependían de las escuelas públicas están viendo cómo sus hijos se quedan muy atrás académicamente, muchas escuelas privadas han reabierto sin apenas problemas. El éxodo de las escuelas públicas es uno de los puntos positivos de la pandemia.
Adiccionar a los ciudadanos a las dádivas del gobierno podría ser la forma más fácil de engendrar la docilidad de las masas y permitir a los políticos estirar su poder. Cuanto más grande sea el gobierno, más votos podrá comprar. En algún momento, el aumento del gasto público y los impuestos para financiar las dádivas se convierten en una espada de Damocles sobre todo el sistema político. Como advirtió el economista Warren Nutter, «cuanto más toma el gobierno, menos probable es que la democracia sobreviva».
Los políticos no pueden socavar la autosuficiencia sin subvertir el autogobierno. Thomas Jefferson advirtió: «La dependencia... prepara herramientas adecuadas para los designios de la ambición [política]». Plutarco observó sobre los últimos días de la República Romana: «El pueblo estaba entonces extremadamente corrompido por las dádivas de los que buscaban un cargo, y la mayoría hacía un comercio constante de la venta de sus voces». Montesquieu escribió: «Es imposible hacer grandes generosidades al pueblo sin una gran extorsión: y para conseguirlo, el Estado debe ser subvertido. Cuanto más grandes son las ventajas que parecen obtener de su libertad [de voto], más se acercan al momento crítico de perderla». Como señaló el economista Friedrich Hayek, «la concepción de que el gobierno debe guiarse por la opinión de la mayoría sólo tiene sentido si esa opinión es independiente del gobierno».
Cualquier cosa que anime a la gente a ver a los políticos como salvadores pone en peligro la libertad. Cuanta más gente dependa de Washington, más difícil será controlar a los políticos. Pero la profusión de dádivas permitirá a los políticos tirar de las riendas de los ciudadanos medios. El Tribunal Supremo dictaminó en 1942: «No es una falta de proceso que el gobierno regule lo que subvenciona». Los controles gubernamentales han seguido un paso corto detrás de las subvenciones; como resultado, cada vez más actividades de nuestra sociedad y economía dependen ahora de la aprobación política. Las subvenciones representan intrínsecamente una transferencia de soberanía y poder de los ciudadanos privados a los políticos y burócratas.
Puede que Biden confíe en que inundar a los americanos con cheques del gobierno puede volver a poner al gobierno federal en un pedestal. Pero como se lamentaba un alto funcionario del gobierno de EEUU en relación con Afganistán, «no teníamos legitimidad si no inundábamos la zona con dinero en efectivo». En algún momento, la capacidad del gobierno federal de bombardear a los ciudadanos con dinero gratis se desvanecerá. Mientras tanto, el mayor error que podrían cometer los americanos es permitir que los políticos se absuelvan regalando más dinero de otras personas.
Este artículo se publicó originalmente en la edición de junio de 2021 de Future of Freedom.
