Con un superávit presupuestario de más de 200 millones de dólares, la legislatura californiana está pensando a lo grande, realmente a lo grande, y eso significa una cosa: la sanidad pública de pagador único, que recientemente se presentó como AB 1400. Señala Los Angeles Times:
Esta medida... cambiaría por completo la cobertura sanitaria de los californianos. Las compañías de seguros serían apartadas. La gente pasaría de su actual cobertura—ya sea privada, Medicare federal o Medi-Cal para los pobres—a un nuevo plan estatal llamado CalCare.
El objetivo es cubrir a todo el mundo y reducir los costes sanitarios eliminando los gastos generales y los beneficios de los seguros privados—y negociando tarifas más bajas para los proveedores y los precios de los medicamentos. No habría primas, copagos ni franquicias. Y se añadirían muchos servicios, como los de odontología, oftalmología, audición y atención a largo plazo para los beneficiarios de Medicare.
Por supuesto, hay costos, y el costo proyectado de tal empresa siempre va a estar al frente y al centro. Cuando la legislatura del estado de California comenzó a debatir sobre el pagador único en 2017, Vox publicó un análisis que estableció la etiqueta de precio de esta empresa propuesta en 400 mil millones de dólares al año, o el doble de todo el presupuesto estatal en ese momento. Aunque citar los posibles costes en forma de desembolsos en dólares puede estar presente, sin embargo, ese análisis crea su propio conjunto de problemas y cuenta una historia muy incompleta, económicamente hablando. Cuando se promueven o proponen políticas gubernamentales, el debate se centra en los gastos monetarios propuestos, como si todo fuera «factible» siempre que los gobiernos puedan conseguir los fondos necesarios.
Una vez que los desembolsos monetarios proyectados o anticipados se convierten en el tema del debate político, las preguntas se desplazan a si los gobiernos pueden o no tomar el dinero necesario para que el proyecto funcione, sin mirar el panorama mucho más amplio de lo que significan realmente los costos. En el caso de traspasar por completo toda la atención médica de California a una agencia gubernamental, los defensores del pagador único en general intentan pregonar un supuesto ahorro de costes, que se enmarca en términos de lo que se gasta actualmente en el sistema actual en general.
El boletín legislativo CalMatters reportó recientemente:
Un análisis legislativo publicado el jueves estimó que el pagador único podría costar a California entre 314.000 y 391.000 millones de dólares anuales, financiados por una serie de subidas de impuestos a las empresas, los trabajadores y las rentas altas. Los partidarios del pagador único, sin embargo, dicen que esa suma es menor que lo que los californianos pagan por los seguros privados. (énfasis mío)
La implicación de los partidarios es que nada cambiaría en la creación y venta de servicios sanitarios, salvo que la forma de pago sería la fiscalidad y todo el mundo tendría todos los servicios que necesita sin precio. Todo lo que se necesita es «valor político» para votar «sí» y luego permitir que las burocracias de California instalen el nuevo sistema.
Sin embargo, esto no es así. El pagador único significaría que la atención médica sería un asunto puramente estatal, lo que significa que todos los factores de producción que van a la atención sanitaria en California estarían dirigidos por el sistema político. (Sí, los burócratas trabajan para el gobierno, y la última vez que lo comprobamos, el gobierno seguía siendo político). Si los políticos y los reguladores de California determinan los servicios que se pueden pagar—y las cantidades de los pagos—entonces controlan efectivamente todo el sistema.
Dicho plan se basa en un único supuesto: los sistemas de atención médica serían exactamente los mismos sin importar el método de pago, y el pagador único no es más que un medio para hacer que esta atención sea accesible a más personas, especialmente a las de menores ingresos. En términos suaves, esto es lo que los economistas podrían llamar una suposición heroica.
Cualquiera que crea que la atención médica dirigida políticamente sería una simple extensión del sistema actual—pero asequible—debería observar el comportamiento de los gobiernos estatales y federales durante los primeros seis meses de la pandemia de covid-19. Los gobiernos básicamente requisaron los recursos de los hospitales, ordenando que se dedicaran casi exclusivamente a tratar a los pacientes con covid.
En zonas muy pobladas, como la ciudad de Nueva York, los pacientes de covid se agolpaban en los hospitales, pero en las zonas rurales la historia era diferente. Los hospitales se vaciaron y muchos quebraron porque no podían admitir pacientes por otras dolencias:
Hace semanas, los hospitales de todo el país cancelaron los procedimientos electivos, enviaron a casa a los trabajadores no esenciales e intensificaron los preparativos para recibir a los pacientes con coronavirus. Algunos centros de las grandes ciudades se han visto desbordados por los enfermos y los moribundos.
Los hospitales rurales no. Muchos de los que se encuentran en las zonas rurales de Missouri e Illinois están casi vacíos, según afirman los responsables de los hospitales y los líderes del sector. Los residentes los evitan por miedo. Pero los pacientes con coronavirus tampoco han aparecido, al menos no en el número previsto.
Ahora, con muchas camas vacías, los administradores de los hospitales rurales se preocupan cada vez más por cómo van a pagar sus facturas.
En otros lugares, las personas que necesitaban una operación de corazón o tenían tratamientos programados contra el cáncer vieron pospuestas esas intervenciones. No importaba que tuvieran una necesidad imperiosa. Lo único que importaba —al menos para los burócratas médicos— era despejar los hospitales y redirigir otros recursos médicos para hacer frente al covid. El valor de todos los demás recursos médicos se redujo casi a cero, no porque la situación médica real requiriera medidas tan extraordinarias, sino porque los agentes del gobierno querían ser vistos como los que mandaban y lideraban la lucha contra la pandemia.
El coste real de la forma en que los gobiernos se enfrentaron a la pandemia de cólera no fue simplemente los desembolsos monetarios que procedieron en su mayoría del gobierno federal (pagados con dinero prestado y todo lo que ello implica), sino también los costes reales para los pacientes que se enfrentaron a sus propias calamidades médicas, incluidas las muertes prematuras, debido a los tratamientos denegados —a causa de las políticas impuestas por los gobiernos.
Aunque algunos afirman que el covid fue una circunstancia extraordinaria que requirió medidas radicales, no cabe duda de que si las autoridades de California imponen un modelo de pagador único, el ámbito de la atención médica cambiará y probablemente lo hará de forma significativa. Los políticos, a través de sus burócratas médicos, exigirán que los centros médicos, junto con los médicos y las enfermeras, dirijan los recursos hacia cosas que ganen puntos políticos con los grupos progresistas, como el aborto a demanda, el covid, la viruela del mono o cualquier cosa que esté en el horizonte y que acapare los titulares.
Los verdaderos costes de un programa californiano no son los desembolsos monetarios, sino la atención médica que se dejará de lado para satisfacer a los grupos de presión política. Además, el mayor control estatal que supondrá este tipo de sistema garantizará que las acciones administrativas sustituyan a la atención médica, ya que los políticos y reguladores actuarán como, bueno, políticos y reguladores.
Los progresistas californianos han convertido sus mayores ciudades de exhibición en cloacas de gente sin hogar y delincuencia, y su mala gestión de los recursos hídricos se ha convertido en algo legendario. Uno sólo puede esperar con temor como esos mismos progresistas se mueven para hacer con los recursos médicos lo que han hecho con todo lo demás que ha sido bueno en este estado.
