En las últimas décadas, el poder ejecutivo del gobierno federal ha adoptado un enfoque cada vez más autocrático para gobernar. Los anteriores presidentes han intentado eludir unilateralmente al Congreso debido al bloqueo partidista y al inevitable tira y afloja que supone gobernar una nación de 330 millones de personas. El presidente Joe Biden ha gobernado de forma similar, a pesar de la ira progresista contra él por no «hacer algo».
La pandemia del covid-19 provocó la aceptación pública de un fenómeno similar a nivel federal y en la mayoría de los cincuenta estados. La mayoría de los poderes ejecutivos estatales respondieron a la pandemia con acciones unilaterales. El poder ejecutivo federal se vio limitado en su enfoque de la pandemia porque los estados tienen más poder que el gobierno federal para responder a las emergencias declaradas. El Congreso podría haber aprobado leyes que otorgaran una autoridad estatutaria explícita al presidente, pero en las últimas décadas ha preferido diferir su autoridad de gobierno al presidente.
El senador republicano Ben Sasse resumió este fenómeno ya en 2018: «La verdadera razón por la que [el Congreso] cede la mayor parte de su poder a las agencias ejecutivas es porque es una forma conveniente de evitar la responsabilidad de las decisiones controvertidas e impopulares. Si tu mayor prioridad a largo plazo es tu propia reelección, entonces regalar tu poder es una estrategia bastante buena». Como escribe Rich Lowry en National Review, el Congreso ha sido un cómplice, si no un «participante ávido de su propia castración». Este principio ha sido especialmente cierto a lo largo de la pandemia.
Muchas de las medidas del gobierno federal contra la pandemia del covid-19 podrían haber sido autorizadas por el Congreso. Sin embargo, el Congreso se ha empeñado en trasladar sus responsabilidades, y por tanto la rendición de cuentas, al presidente. El Congreso ha delegado autoridad en el poder ejecutivo durante décadas, pero el Congreso actual está plagado de lealtad al partido político por encima de la lealtad a la institución. Como afirma Lowry, «lo nuevo es que el partidismo ha creado una lealtad para los miembros del Congreso que trasciende su apego al propio Congreso, mientras que cada vez más miembros consideran su cargo como una mera plataforma para llamar la atención».
En consonancia con la intromisión del poder ejecutivo en las actividades legislativas, el gobierno de Biden ordenó a numerosas agencias del poder ejecutivo que adoptaran políticas polémicas a nivel nacional. A menudo, estas directivas ampliaron la autoridad estatutaria de las distintas agencias. Desde la toma de posesión del presidente Biden, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su siglas en inglés) y la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo han emitido edictos de amplia aplicación, entre los que destacan una amplia moratoria de desahucios, mandatos de vacunas y mandatos de máscaras. Muchos estados y localidades han introducido por separado sus propias medidas para complementar la política federal. Aunque muchas, si no la mayoría, de estas restricciones contra el covid han terminado, es importante entender cómo el poder ejecutivo perdió estas tres grandes disputas legales.
La moratoria de desahucios del CDC
En marzo de 2020, el Congreso aprobó la Ley CARES. La Ley CARES proporcionaba ayuda a las personas y empresas afectadas negativamente por el covid-19, pero dentro del paquete de gastos bipartidista había una moratoria de 120 días para las solicitudes de desahucio. Sin embargo, la administración Trump no permitió que la moratoria expirara. En su lugar, el CDC de la administración «instauró el 4 de septiembre una moratoria sobre los desahucios por falta de pago del alquiler para los inquilinos», que debía expirar el 1 de enero de 2021. El gobierno de Biden siguió prorrogando la moratoria de desahucios del CDC hasta que el Tribunal Supremo se pronunció en contra de la legalidad de la medida el 26 de agosto de 2021.
Al criticar la autoridad legal de los CDC, la mayoría del Tribunal Supremo se preguntó: «¿Podría el CDC, por ejemplo, ordenar la entrega gratuita de comestibles a los hogares de los enfermos o vulnerables?» El Tribunal Supremo señaló por separado que la autoridad legal temporalmente ampliada del CDC «es una caña muy fina sobre la que descansar un poder tan amplio». La moratoria de desalojo de los CDC es sólo un ejemplo de una agencia del poder ejecutivo que se extralimita en su autoridad legal.
Mandatos de vacunación o prueba
A lo largo de los primeros meses del gobierno de Biden, la administración y los medios de comunicación corporativos presionaron a todos los americanos elegibles para que recibieran las vacunas contra el covid-19. A medida que los americanos ignoraban a la administración de Biden y a los «expertos» en salud pública, la Casa Blanca fue despreciando cada vez más a los escépticos de las vacunas contra el covid-19. Mientras que una escasa mayoría de los americanos que cumplían los requisitos optó por recibir voluntariamente las vacunas contra el covid-19, la minoría fue tachada de «antivacunas» a pesar de sus diversas razones para no vacunarse, entre las que se incluían afecciones médicas, dudas sobre las vacunas y la falta de estudios rigurosos a largo plazo sobre los efectos secundarios de las vacunas. El gobierno de Biden siguió enfureciéndose porque casi la mitad de los americanos con derecho a vacunarse ignoraron su experiencia.
En septiembre de 2021, la Casa Blanca anunció un requisito de «vacuna o prueba» mediante una maniobra legal. El requisito más amplio procedía de la norma temporal de emergencia (ETS por sus siglas en inglés) de la OSHA, que exigía a los empleadores determinar el estado de vacunación de cada empleado, obtener una prueba aceptable del estado de vacunación y mantener registros del estado de vacunación de cada empleado. La ETS exigía que cada trabajador no vacunado se sometiera a una prueba semanal de covid-19. En ese momento, un trabajador no vacunado se definía como un individuo sin dos dosis de las vacunas de ARNm (Moderna y Pfizer) o una dosis de la vacuna de Johnson y Johnson; la ETS no decía nada a propósito sobre los que tenían inmunidad natural (inmunidad por exposición previa al virus).
Como era de esperar, los grupos de intereses especiales impugnaron inmediatamente la HTA de la OSHA en los tribunales. Las impugnaciones legales terminaron el 13 de enero de 2022, con la sentencia de la Corte Suprema a favor de la Federación Nacional de Empresas Independientes frente a la OSHA. La Corte Suprema consideró que «permitir que la OSHA regule los riesgos de la vida cotidiana—simplemente porque la mayoría de los americanos tienen trabajos y se enfrentan a esos mismos riesgos mientras trabajan—ampliaría significativamente la autoridad reguladora de la OSHA sin una clara autorización del Congreso»
Mandatos de máscara
El 21 de enero de 2021, el presidente Biden emitió la Orden Ejecutiva 13998, que ordenaba a los funcionarios del poder ejecutivo que exigieran a las personas el uso de mascarillas durante los viajes nacionales e internacionales. El 3 de febrero de 2021, los CDC publicaron su mandato de mascarilla para viajes nacionales e internacionales, pasando por alto los procedimientos de notificación y comentario de la Ley de Procedimientos Administrativos. Los CDC defendieron sus acciones alegando que «sería impracticable y contrario a la salud pública» retrasar el mandato.
En marzo de 2022, el Senado votó 57-40 para «anular un requisito federal de que los pasajeros de los aviones y otros medios de transporte público lleven máscaras». Sin embargo, el Senado no alcanzó el requisito de sesenta votos, por lo que esta medida fracasó. En abril de 2022, el requisito de enmascaramiento para viajes interestatales de los CDC se mantuvo como la última reliquia visible del régimen de covida-19 del gobierno federal. El gobierno de Biden apoyó públicamente la continuación de la aplicación de este requisito y renovó el mandato por un mes más el 18 de marzo.
El 18 de abril de 2022, la jueza de distrito Kathryn Kimball Mizelle anuló el mandato de mascarilla de los CDC. Los progresistas se apresuraron a ridiculizar a la jueza Mizelle y su fallo. La crítica del Dr. Anthony Fauci a este fallo se asemejó a la de un sumo sacerdote: «el principio de que un tribunal anule un dictamen de salud pública de una organización cualificada como los CDC es inquietante por el precedente que podría sentar».
Después de dos años de gobierno por parte de un «experto» en salud pública, los tribunales han encontrado por fin el valor para enfrentarse a los abusos del poder de emergencia a nivel federal. Como escribió el juez Neil Gorsuch, «aunque la Constitución se haya tomado unas vacaciones durante esta pandemia, no puede convertirse en un año sabático.»
Conclusión
Después de más de dos años de un sabático constitucional, los tribunales federales han anulado los abusos más atroces del poder de emergencia covid-19. Desgraciadamente, el presidente sigue sin inmutarse a la hora de aplicar las políticas preferidas de su partido mediante acciones unilaterales. Los progresistas del Congreso han presionado al presidente Biden para que cancele unilateralmente la deuda de los préstamos estudiantiles. Su colega, el representante Jim Clyburn, explicó un enfoque que refleja el principio jurídico rector de la administración Biden: «Así que mi idea es utilizar su autoridad ejecutiva y dejar que los tribunales se encarguen de ello». El presidente Barack Obama gobernó de forma similar: «Me niego a aceptar un no por respuesta.... Cuando el Congreso se niega a actuar... tengo la obligación como presidente de hacer lo que pueda sin ellos».
Dado el historial jurídico de la administración Biden, cabría esperar que su enfoque jurídico cambiara; sin embargo, esto parece poco probable, dada la trayectoria del poder ejecutivo en las últimas décadas. «Haz lo que quieras hasta que los tribunales digan que es ilegal» no es un principio de gobierno legítimo o democrático en una república constitucional del siglo XXI. La solución más obvia a esta crisis de legitimidad es que el Congreso recupere su condición de órgano legislativo y acepte la responsabilidad de las cuestiones políticas controvertidas.
Por desgracia, no hay indicios de que el Congreso esté dispuesto a dar ningún paso positivo en esa dirección. Los dos principales partidos políticos se han opuesto abiertamente a la presidencia imperial, pero «cuando surge la necesidad de construir un consenso legislativo, los candidatos [presidenciales] simplemente prometen [aplicar la política] ellos mismos». Aunque la pandemia de extralimitaciones ejecutivas relacionadas con el covid ha llegado a su fin, es hora de que los defensores de la libertad se enfrenten a la mayor crisis de legitimidad que existe.
