Uno de los aspectos más perniciosos de la legislación sobre derechos civiles es que ha abolido la presunción de inocencia. El motivo y la intención son irrelevantes para establecer la responsabilidad por discriminación.
Según el concepto de impacto dispar establecido en el famoso caso Griggs v. Duke Power (1971), cualquier política o práctica de empleo que opere para excluir a las personas de raza negra «está prohibida, a pesar de la falta de intención discriminatoria del empresario». Como se sostuvo en el caso Griggs: «El Congreso dirigió el empuje de la Ley a las consecuencias de las prácticas de empleo, no simplemente a la motivación. Más aún, el Congreso ha hecho recaer sobre el empleador la carga de demostrar que cualquier requisito dado debe tener una relación manifiesta con el empleo en cuestión.»
Cualquier práctica que tenga un impacto dispar, como los exámenes que suspenden desproporcionadamente los negros, está prohibida a menos que pueda justificarse como necesaria para el desempeño del trabajo. Demostrar tal justificación es oneroso y costoso. La justificación dada en Griggs es que el Congreso, y no el empleador, debe decidir qué pruebas son necesarias para un puesto de trabajo basándose en lo que se describe como un enfoque de sentido común: «Los diplomas y los exámenes son útiles servidores, pero el Congreso ha ordenado la proposición de sentido común de que no se conviertan en maestros de la realidad». Sin embargo, esta noción de «sentido común» no se confía al empresario, sino que la impone el Congreso a través de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC).
Además, como se afirma en el caso Griggs, la carga de la prueba se invierte del acusador al acusado. Una vez que se establece un caso prima facie —por ejemplo, mediante estadísticas que muestren una diferencia en los resultados del grupo— la carga de demostrar que no hubo discriminación recae en el empresario.
Aunque las pruebas y otras medidas de mérito no están absolutamente prohibidas, son costosas de justificar, entre otras cosas porque están sujetas al escrutinio de la EEOC. Esto va en contra del concepto básico de libertad contractual y libertad de asociación: no es libertad si existe el deber legal de motivar una decisión que debe contar con la aprobación de la EEOC. La obligación de motivar y justificar convierte la libertad de asociación del empresario en una mera licencia sometida a la voluntad del Estado. Este deber de motivar y justificar las decisiones contractuales o las decisiones sobre con quién asociarse también viola el principio de la autopropiedad. Como señala Hans-Hermann Hoppe en su «Introducción» a La ética de la libertad,
En La ética de la libertad, Rothbard da la siguiente respuesta a la pregunta de qué está justificado que yo haga aquí y ahora: cada persona es propietaria de su propio cuerpo físico, así como de todos los bienes que la naturaleza le ha dado y que pone en uso con la ayuda de su cuerpo antes de que lo haga cualquier otra persona; esta propiedad implica su derecho a emplear estos recursos como mejor le parezca, siempre y cuando uno no cambie con ello involuntariamente la integridad física de la propiedad de otro o delimite el control de otro sobre ella sin su consentimiento.
Incentivos perversos
El marco de los derechos civiles crea incentivos perversos para que los empresarios contraten por cuotas a fin de evitar incurrir en responsabilidad por discriminación. El peligro radica en que, a menos que se preste atención a factores como la raza y el sexo, el análisis estadístico podría revelar posteriormente lagunas que exigen una explicación. De este modo, la legislación en materia de derechos civiles —que pretende eliminar la discriminación— fomenta de hecho las prácticas discriminatorias porque desvía la atención de las decisiones basadas en el mérito hacia la elaboración de estadísticas de empleo que reflejen proporcionalmente todos los grupos. La creación de este incentivo perverso puede ilustrarse con el ejemplo de la discriminación por edad:
¿Ha discriminado por motivos de edad? En su opinión, no. Usted sólo piensa en las capacidades laborales y la rentabilidad. Pero desde la perspectiva de un planificador gubernamental con una agenda, es diferente. A la vista de los hechos, parece un caso claro de discriminación por edad.
Con esta nueva decisión judicial, la carga de la prueba recae sobre usted para demostrar lo contrario. Pero, ¿cómo puede demostrarse algo como la ausencia de motivación? Ahora bien, es posible o incluso probable que usted pueda demostrar que otros factores distintos de la edad constituyen la razón principal de la disparidad. Pero no es seguro que el tribunal o la EEOC le den la razón.
La única forma de librarse por completo es contratar a personas de más edad.
El efecto de la legislación sobre derechos civiles es, por tanto, sustituir la presunción de inocencia por una presunción de responsabilidad objetiva para pagar compensaciones por las lagunas en los resultados. Esto es realmente totalitario. Tiene efectos de largo alcance que van más allá de los hechos de casos específicos, creando un sistema en el que la inocencia y la culpabilidad son determinadas por funcionarios del Estado sin tener en cuenta los principios básicos de una adjudicación justa.
Esta doctrina de la responsabilidad objetiva de pagar indemnizaciones por cualquier brecha en los resultados de los grupos raciales también se está extendiendo para justificar la responsabilidad de pagar reparaciones globales. Existe una «brecha de riqueza» entre los países ricos y pobres, por lo que el primer mundo debe transferir riqueza al tercer mundo mediante reparaciones, independientemente de que los contribuyentes de los países ricos sean responsables de las condiciones económicas de los países más pobres:
El «proyecto constructivo» [exigir reparaciones globales] se basa en gran medida en la afirmación de que los antepasados de los blancos que viven hoy maltrataron a los antepasados de los negros que viven hoy. Pero, ¿por qué las personas son moralmente responsables de lo que sus parientes hicieron en el pasado? Táíwò ataja el problema. No importa, dice, si son responsables: siguen siendo responsables de los daños causados a los descendientes de los maltratados.
Una persona inocente no tiene ninguna obligación moral de someterse a esas obligaciones de responsabilidad objetiva. Obligar a las personas a pagar por daños de los que no son culpables va en contra de la presunción de inocencia y de la máxima de que la carga de la prueba recae siempre sobre el acusador. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat: la carga de la prueba recae sobre quien afirma, no sobre quien niega. Al violar la presunción de inocencia, la legislación sobre derechos civiles es incompatible con los principios básicos de la justicia.
Una persona inocente no tiene ninguna obligación moral de someterse a esas obligaciones de responsabilidad objetiva. Obligar a las personas a pagar por daños de los que no son culpables va en contra de la presunción de inocencia y de la máxima de que la carga de la prueba recae siempre sobre el acusador. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat: la carga de la prueba recae sobre quien afirma, no sobre quien niega. Al violar la presunción de inocencia, la legislación sobre derechos civiles es incompatible con los principios básicos de la justicia.
