Muchos canadienses están satisfechos con la atención médica que reciben, pero también hay muchos que no sobreviven a largos tiempos de espera impuestos por el gobierno para el necesario tratamiento. Por lo tanto, el sistema universal de atención médica de Canadá debe describirse como un incumplimiento de la promesa del gobierno “de garantizar que las personas puedan recibir atención cuando sea necesaria sin tener en cuenta otras consideraciones” (ver Parte 2).
El monopolio de la asistencia sanitaria del gobierno suprime los impulsos capitalistas que producirían resultados muy superiores. Si los canadienses no pueden comprender esta realidad económica básica, las consecuencias mortales de la atención médica universal continuarán creciendo.
Causa y efecto económico
La atención médica no es diferente de cualquier otro producto o servicio en términos de las condiciones sociales que deben prevalecer para alcanzar el nivel más alto posible de satisfacción del consumidor. La atención médica se financia con dólares de impuestos, pero muchas personas mueren porque se ven obligadas a esperar la atención que supuestamente compraron. Sin embargo, observe cómo podemos comprar rápidamente, e inmediatamente recibir, necesidades tales como alimentos y ropa. La diferencia es que estos productos son suministrados por empresarios en el mercado libre, mientras que la atención médica es suministrada por un gobierno burocrático.
Las compras de alimentos y ropa son el resultado de las interacciones voluntarias entre solo dos partes, el consumidor y el productor (o minorista), donde los bienes se intercambian simultáneamente por dinero. En el mercado, hay muchos productores que están altamente incentivados para competir por la atención de los consumidores que no compartirán su dinero a menos que estén contentos con el producto ofrecido. Las empresas incurren en pérdidas y eventualmente cierran si los consumidores no están satisfechos con el precio y la calidad de los bienes y servicios que producen. Por lo tanto, son las preferencias de los consumidores, tal como se expresan a través de sus decisiones de comprar (o no comprar) lo que finalmente determina qué se produce.
En contraste, el gobierno canadiense monopoliza la provisión de servicios de salud al prohibir a los participantes del mercado ofrecer opciones alternativas a los consumidores, aunque la ley no se aplica estrictamente y ha sido sometida a un desafío constitucional en los tribunales. Los burócratas deciden arbitrariamente cuánto deben pagar las personas (impuestos) por la atención médica del gobierno, ya sea que tengan acceso o no. También deciden cuánto de este dinero conservarán para sí mismos, y cuánto se pagará a los productores reales de atención médica. Como William Gairdner (p 307) observa con razón:
Por lo tanto, el Estado mismo consume recursos que de otro modo podrían haber ido a los pacientes, obligándolos a esperar su cuidado, muchos de ellos con dolor, algunos de los cuales morirán.
El gobierno se ha interpuesto como un tercero entre los consumidores de atención médica (pacientes) y los productores de atención médica (por ejemplo, médicos, enfermeras). Esto evita que los consumidores expresen de manera efectiva sus preferencias y niega los incentivos de los productores para satisfacer esas preferencias. Son los comandos arbitrarios de los burócratas, no las interacciones voluntarias entre los consumidores y los productores, los que determinan la cantidad y calidad de la atención médica que se producirá. Y debido a que la atención médica es ‘gratuita’ en el punto de servicio, millones de ‘consumidores’ acuden al médico a cada pequeño dolor y resoplido. A un costo cero, los consumidores ya no se sienten incentivados a ser juiciosos, la demanda explota, la atención de la salud es racionada por burócratas irresponsables y miles mueren como resultado de la ineficiencia del gobierno.
Nadie tiene “derecho” a la atención médica
El economista / historiador Murray Rothbard escribió,
... el concepto de “derechos” solo tiene sentido como derechos de propiedad.
Todos naturalmente poseen su propio cuerpo, lo que significa que tienen derecho a conservar los frutos de su propio trabajo (salarios, es decir, propiedad), y el derecho a cambiar voluntariamente sus propiedades por la propiedad de otra persona en términos mutuamente aceptables para las dos partes.
En consecuencia, no tengo derecho a alimentos, ropa, atención médica ni a ningún otro bien material porque ese “derecho” obliga a otra persona a proporcionarme estas cosas, lo que constituye una clara violación de los derechos de propiedad de otra persona. Sin embargo, y esta es la distinción importante, tengo derecho a adquirir cualquiera de estas cosas a través de mis propios esfuerzos, incluidos intercambios voluntarios mutuamente aceptables con otros, siempre que no haga daño a otras personas o sus bienes. De esta manera, no estoy interfiriendo con los esfuerzos de otros para adquirir las cosas que desean.
No hay otra definición de derechos consistente con la moralidad. Sin embargo, constantemente se nos recuerda el llamado “derecho” a la atención de la salud por parte de políticos y burócratas que hablan con fluidez y tienen un gran interés en monopolizar su provisión. La duplicidad de estos charlatanes es dolorosamente clara. Durante décadas, sus burocracias se han dado un festín de miles de millones de dólares de impuestos, mientras que miles de canadienses muertos siguen esperando ejercer su “derecho” a la atención médica. Están muertos porque el gobierno les negó el derecho a usar su propio dinero para salvar sus propias vidas al comprar atención médica privada en el mercado canadiense.
Libertad del consumidor / médico
¡La única manera de garantizar la pronta disponibilidad de atención médica de alta calidad en la mayor medida posible es defender el derecho de cualquier consumidor y cualquier médico a participar en un intercambio voluntario sin interferencia de un tercero! Por lo tanto, se deduce que un médico puede ofrecer sus servicios a cualquier consumidor, independientemente de la opinión de un tercero en cuanto a las calificaciones del médico (es decir, la concesión de licencias).
La licencia es un privilegio otorgado por el gobierno al establecimiento médico destinado a limitar el número de médicos en ejercicio (ver Parte 1). Como escribió Ronald Hamowy (p. 125):
Por certificación me refiero a la firma, ya sea por examen o por algún otro método, de médicos que formen parte de un organismo semipúblico o privado que no esté legalmente facultado para restringir el ingreso a la profesión ni evitar la práctica de médicos no certificados.
... no hay pruebas contundentes de que la concesión de licencias, a diferencia de la certificación, mejore la calidad de la atención médica disponible para el público; de hecho, hay una buena cantidad de evidencia que sugiere que es verdad lo contrario. Y, sin duda, estos efectos explican por qué las leyes de licencias médicas se promulgaron originalmente a instancias de la propia profesión, y que rara vez sus supuestos beneficiarios hayan sido promovidos por los consumidores de atención médica.
El gasto anual en atención médica del gobierno en Canadá es de aproximadamente $ 4,000 per cápita. En los EE. UU., La cifra es aún mayor en un sistema muy regulado, con los costos correspondientes y la burocracia. Ansiosos por eliminar el “gobierno de terceros”, miles de médicos han optado por no participar de Medicare en los EE. UU., Prefiriendo tratar con consumidores que están dispuestos a pagarles directamente por el servicio, restableciendo así la relación tradicional entre dos pacientes y el médico (dos ejemplos, aquí y aquí, ambos ofrecen acceso las 24 horas, todos los días, hay muchos otros). Los precios de las visitas al médico de rutina parecen razonables y probablemente disminuirían con la afluencia de nuevos médicos si se derogaran las leyes de licencia.
Además, como se señaló en la Parte 1, antes de la legislación de Medicare, el seguro de salud privado y asequible para afecciones más graves estaba ampliamente disponible. Esto volvería a ser el caso con la derogación de la regulación gubernamental sofocante de la industria de seguros.
Medicare, las licencias y regulaciones de seguro deben ser derogadas. La oferta de médicos aumentaría, la calidad de la atención médica mejoraría y los consumidores recuperarían el control del mercado, tal como lo habían hecho en el siglo XIX (ver Parte 1). La libertad de competir agudizaría el enfoque de los médicos, que o bien satisfarían las preferencias de los consumidores o buscarían otra línea de trabajo. Las burocracias gubernamentales de atención de la salud serían abolidas, lo que significa que los ciudadanos se enriquecerían porque sus ahorros impositivos excederían sus costos de atención médica, que disminuirían considerablemente en un mercado sin obstáculos.
