Según las últimas encuestas, se espera que los europeos voten a fuerzas políticas que se inclinan hacia el lado derecho del espectro, a menudo con tendencias euroescépticas. Se trata de nueve Estados miembros en los que estas fuerzas podrían salir victoriosas, y otros nueve en los que se prevé que se aseguren la segunda y tercera posición.
Entonces, ¿qué camino ha tomado la Unión Europea para provocar un descontento tan importante y un deseo de cambio tan radical por primera vez? La respuesta parece sencilla y puede resumirse en una pérdida de libertad.
Según la Encuesta Otoño 2023 del Parlamento Europeo, realizada seis meses antes de las elecciones europeas de 2024, el 34 por ciento de los europeos cree que la Unión Europea debe mantener la paz, aumentar la seguridad y mejorar la cooperación entre los Estados miembros. Sin embargo, las desventajas señaladas por los Estados miembros en el mismo informe indican que el 32 por ciento cree que los ciudadanos tienen muy poca influencia en las decisiones que se toman a nivel europeo, incluidos sus gobiernos nacionales. Otra desventaja destacada en el informe es que el 24 por ciento de los europeos piensa que «ser miembro de la UE socava el control de las fronteras exteriores nacionales».
Es un hecho que los ciudadanos europeos se sienten desvinculados de la toma de decisiones. La gestión centralizada, con demasiados políticos, órganos y reglamentos, adoptando diversas políticas colectivistas, dando por supuesto que lo que es bueno para los que toman las decisiones será bueno para cada país, ha perjudicado sin duda al proyecto europeo. Los individuos y los países no son iguales y, por tanto, la unanimidad de posturas no es una garantía en democracia. No se puede ignorar ni anular el silenciamiento o la penalización de quienes tienen planes diferentes para sus naciones, elegidas a través de los votos de sus pueblos.
El Parlamento Europeo ha aprobado una ley que obliga a los Estados miembros a aplicar medidas de restauración para que al menos el 30% de los hábitats de los ecosistemas terrestres, costeros, de agua dulce y marinos que no estén en buen estado vuelvan a estarlo en 2030. Este compromiso forma parte del Pacto Verde Europeo y ha desatado la polémica entre los agricultores de la Unión, que rechazan colectivamente el aumento del impuesto sobre el gasóleo para los tractores de 2024 a 2030, los costes de adaptación a las normas medioambientales del pacto de transición ecológica de la Unión Europea y la competencia desleal de los productos de otros países no sometidos a estas normas.
Por si los europeos no estuvieran ya agobiados por los impuestos medioambientales (331.300 millones de euros en 2021), la producción de alimentos se ve aún más obstaculizada por estas nuevas medidas. ¿Qué pueden hacer los gobiernos nacionales ante estas imposiciones? Francia, por ejemplo, es probable que ejerza presión sobre la Unión Europea, ya que el país se encuentra bloqueado.
Y aquí nos preguntamos, ¿ha ido demasiado lejos la integración? Últimamente, las acciones emprendidas por la Unión Europea se han llevado a cabo mediante la coacción.
La cuestión de la inmigración ilegal se ha gestionado de forma ineficaz. Simplemente no saben qué hacer, entienden que deberían hacer algo y, una vez más, trasladan la carga de sus decisiones a los Estados miembros. Se ha impuesto la «solidaridad obligatoria» con multas de hasta 20.000 euros por cada refugiado que un país se niegue a aceptar. Esta medida es brutalmente autoritaria y coercitiva, ya que cada Estado miembro no puede decidir cuántos refugiados quiere o puede acoger mientras Europa se enfrenta a diversas crisis, como la escasez de viviendas.
La libertad de expresión se ha convertido en fuente de polémica. Debido al «Código de Conducta sobre Desinformación», abrir una red social nos expone a advertencias sobre posible «desinformación» o «noticias falsas» indicadas por «expertos» que creen que los ciudadanos no son lo bastante hábiles para hacer esa criba.
Elon Musk, propietario de Twitter, se niega a cumplir la Ley de Servicios Digitales y mantiene una guerra con la Unión Europea, que ahora investiga al medio social debido a «ciertas sospechas de infracción». En otras palabras, la Unión Europea trata de intervenir directamente tanto en la libertad de expresión como en la gestión que un propietario hace de su propiedad.
La Unión Europea debe ser una alianza de países libres que, a pesar de tener políticas comunes, deben ver respetadas sus culturas, su lengua y todas las dimensiones que definen su individualidad. La aplicación de medidas de «talla única» niega las diferencias entre países. Sólo respetando y no aboliendo estas diferencias por la fuerza podremos avanzar en un proyecto beneficioso y evitar la desintegración de la Unión Europea.
Si se cumplen los resultados previstos de las elecciones, ésta es la petición de los europeos: dar un paso atrás en una integración que se está volviendo agresiva. Es responsabilidad de los dirigentes escuchar humildemente esta petición y reconstruir una Unión Europea con más libertad.
