Mientras todos conversaban sobre el cierre del gobierno de los Estados Unidos para 2018-2019, los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley universal de verificación de antecedentes H.R. 8 el 8 de enero de 2019.
Comercializado como un medio para combatir la violencia con armas de fuego, el proyecto de ley de UBC de este año es la legislación principal para los controladores de armas en la Cámara. Requeriría que casi todas las ventas y préstamos de armas de fuego sean realizados por un Licenciatario Federal de Armas de Fuego (FFL por sus siglas en inglés). A su vez, todas estas transacciones pasan por el Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Penales y Criminales (NICS, por sus siglas en inglés), cerrando la llamada «laguna del espectáculo de armas».
Las VAUs están presentes en once estados (California, Colorado, Connecticut, Delaware, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington) y el Distrito de Columbia. Estados como Maryland y Pensilvania exigen verificaciones de antecedentes para armas cortas, pero no para armas largas, como rifles y escopetas.
Sin embargo, los demócratas no están solos en esta batalla de control de armas. Pueden contar con el apoyo bipartidista de congresistas republicanos como Peter King, Brian Fitzpatrick, Brian Mast, Fred Upton y Chris Smith.
La indignación tras los tiroteos en Las Vegas, Sutherland Spring y Parkland ha dado nueva vida al control de armas. Con una ola de estados que están aprobando prohibiciones de los «bump-stock» y órdenes de confiscación de armas de bandera roja, el impulso del control de armas ahora está llegando al Congreso. Enfurecidos por las supuestas leyes estadounidenses sobre armas de fuego, los controladores de armas insisten en que los VAU son herramientas necesarias para reprimir la epidemia de violencia con armas de fuego que se está produciendo en los Estados Unidos.
Hype puro, pequeños resultados
¿Está justificado el bombo detrás de las VAUs?
Al analizar el caso de Missouri, la investigación de John Lott en la Guerra de armas determinó que la UBC de Missouri tuvo un impacto insignificante en las tasas de homicidios:
Entre 1981 y 2007, Missouri tuvo «verificaciones de antecedentes universales» además de las verificaciones de antecedentes federales de la «Ley Brady». Los cheques «universales» requerían que las ventas privadas de pistolas, a diferencia de las ventas realizadas a través de tiendas, también estuvieran sujetas a tales cheques.
En los cinco años posteriores a 2007, cuando se abandonaron los controles de antecedentes universales, la tasa de homicidios de Missouri aumentó en un 17 por ciento. Sin embargo, en los cinco años anteriores a ese cambio, en realidad había aumentado en un 32 por ciento. Missouri ya estaba en un camino siniestro y la tasa de aumento se desaceleró después de que se eliminara la ley.
Con los hallazgos de Lott tomados en consideración, los defensores del control de armas no pueden decir con total certeza que sus políticas son la solución al crimen. Las intervenciones gubernamentales, sin embargo, vienen con numerosas consecuencias no deseadas. El control de armas no se comporta de manera diferente.
Continuando con la descomposición de los VAU, Lott descubrió que este tipo de leyes irónicamente perjudican a las minorías, y los defensores del control de armas de los electores afirman estar protegiendo:
Hay costos reales de expandir la verificación de antecedentes a las transferencias privadas. En particular, las tarifas de las transferencias privadas reducen la posesión de armas de fuego, especialmente entre los negros pobres que respetan la ley y que viven en zonas urbanas de alto crimen y que se benefician más de protegerse a sí mismos; ellos serán los que tienen más probabilidades de tener armas para protección.
Al igual que las regulaciones económicas, las capas adicionales de control de armas se transmiten a los consumidores. Para los ricos, esto es un mero inconveniente. Sin embargo, para las minorías del centro de la ciudad y los menos afortunados, este es un costo elevado. En consecuencia, tienen un precio fuera del mercado de armas y deben depender de servicios policiales poco confiables para la defensa.
Las verificaciones de antecedentes siguen siendo un problema
Los controles de antecedentes ampliados son problemáticos, pero incluso el sistema federal actual no tiene mucho que decir. El sistema de verificación de antecedentes NICS ha existido durante aproximadamente dos décadas, pero la gente lo trata como si fuera un rasgo de la política estadounidense que ha durado un siglo.Esta aceptación de otra intrusión gubernamental ha cegado a muchos propietarios de armas de fuego los problemas con un sistema de verificación de antecedentes federal.
Las supuestas fortalezas de NICS se basan en un deseo de marketing que oculta algunas fallas desagradables. A pesar de sus elogios por realizar verificaciones de antecedentes rápidas, la producción de falsos positivos NICS está comenzando a hacer que las personas cuestionen su validez. Los falsos positivos involucran a personas que se mezclan y combinan con criminales que comparten el mismo nombre. Según las estimaciones del Centro de Investigación de Prevención del Delito, el 93 por ciento de los rechazos iniciales de NICS fueron falsos positivos en 2009.
Otro aspecto menos discutido de la falsificación positiva falsa de NICS es sus efectos perjudiciales sobre las minorías. El congresista Thomas Massie detalló esto en una entrevista con Conservative Review:
Si observa el porcentaje de hombres negros jóvenes que están encerrados y tienen nombres similares a los que no están encerrados, puede anticipar que muchos de ellos serían rechazados si intentan comprar un arma de fuego, basándose en las fallas. que vemos todos los días allí.
A pesar de estas preocupaciones, las NICS aún permanecen intactas incluso cuando las tasas de delincuencia ya estaban disminuyendo mediados de los años noventa, mucho antes de que las NICS aparecieran en escena en 1998.
Descentralizar la política de armas
Los UBC deben ser opuestos por su naturaleza intrusiva e ineficacia en la lucha contra el crimen. Los debates actuales sobre el último control de armas en DC tienen un lado positivo: han abierto la puerta a los debates sobre la validez del control de armas federal.
Si los programas de control de armas no pueden ser abolidos o eliminados de fondos, al menos deberían ser descentralizados.
Una alternativa más razonable al status quo del control de armas sería permitir que los estados decidan cómo van a administrar la política de armas. La talla única que se adapta a la naturaleza de la política de DC está empezando a pasar factura en el país en prácticamente todas las facetas de la política pública, por lo que es hora de considerar otras alternativas.
La descentralización sería un gran lugar para comenzar.
