Esta misma semana, el Departamento de Justicia de Trump dijo al alcalde de Chicago que dejaría de conceder fondos al Departamento de Policía de Chicago que se habían aprobado durante la administración Obama porque los oficiales de la ciudad de Chicago no estaban cooperando con los oficiales federales de inmigración.
El Departamento de Justicia indicaba que los oficiales de Chicago estaban contribuyendo a la ilegalidad al rechazar informar a los federales sobre los paraderos de personas indocumentadas de origen extranjero, creando así lo que los federales llaman desdeñosamente una “ciudad santuario” y los oficiales de Chicago han argumentado que sus policías y administrativos no están obligados a trabajar para los federales.
¿Quién tiene razón?
El concepto de una ciudad santuario no significa que sea un lugar en el que la ley federal no es aplicada por los federales. Más bien es un lugar en el que las autoridades locales han decidido no gastar sus dólares en ayudar a los federales a aplicar el derecho federal. La expresión “ciudad santuario” no es una expresión legal, sino política. La administración Trump ha usado el término para caracterizar a los gobiernos de pueblos y ciudades que han creado refugios para quienes tienen caducados sus visados, al rechazar decir a los federales quiénes son estas personas y dónde pueden encontrarse.
¿Pueden las autoridades locales rechazar ayudar a los federales a aplicar el derecho federal? En una palabra, sí. No hay obligación legal por parte de las autoridades locales de ayudar a los federales con personal o recursos o datos para aplicar el derecho federal dentro de la jurisdicción de esas autoridades locales.
Durante la administración Clinton, cuando el Congreso aprobó legislación que requería aplicación legal local para un plan federal de registro de armas, el Tribunal Supremo invalidó la ley. Sentenció que los federales no pueden dar órdenes a los policías locales y estatales y obligarlos a aplicar leyes federales: los federales pueden aplicar sus propias leyes.
La obligación federal, sostenía el tribunal, violaba la Cláusula de Garantía de la Constitución, que garantiza una forma representativa de gobierno en cada estado. Si los federales pudieran entrar en un estado y anular la voluntad de los cargos estatales electos de no gastar sus dólares, eso perjudicaría inconstitucionalmente al gobierno representativo en esos estados.
¿Pueden los federales retener fondos federales a ciudades que rechacen cooperar en la aplicación de la ley federal? Sí y no. En la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Congreso empezó a comprar el cumplimiento estatal de sus deseos en áreas que la Constitución no le permitía regular. Dicho de otra manera, como el Congreso puede gastar dinero en lo quiera, mientras se demuestre que es supuestamente por el bien general, pero no puede regular por el bien general, ha usado el poder de su bolsa como forma de eludir las limitaciones constitucionales sobre sus poderes regulatorios.
Es un soborno legalizado a los estados.
En la administración Reagan, el Congreso ofreció cientos de millones de dólares a los estados para reasfaltar carreteras federales si los estados rebajaban sus límites máximos de velocidad a 55 millas por hora. Dakota del Sur protestó. Su gobierno quería el dinero federal para el reasfaltado de carreteras, pero no quería rebajar sus límites de velocidad.
El Tribunal Supremo sentenció a favor de los federales. Sostenía que Dakota del Sur era libre de rechazar los dólares federales, pero si los aceptaba, debía aceptar las obligaciones que los acompañaban, siempre que esas obligaciones estuvieran claramente explicadas antes de que se enviara el capital y estuvieran relacionadas de forma racional con el gasto de los fondos federales. Como el reasfaltado de las carreteras y las velocidades máximas a las que viajarían por ellas los vehículos estaban relacionados racionalmente, Dakota del Sur tenía que elegir entre sus deseados límites liberales de velocidad y los fondos federales. No es sorprendente que eligiera el dinero.
Volvamos a las ciudades santuario. Cuando la administración Obama ofreció a Chicago y otras ciudades dinero para comprar nuevos equipos policiales de comunicación, acompañaba estas ofertas, pero el cumplimiento con las autoridades federales de inmigración no estaba entre ellas. Las quejas de Chicago acerca de las amenazas del Departamento de Justicia son constitucionalmente sólidas porque solo el Congreso puede imponer acompañamientos federales y no pueden imponerse retroactivamente.
Así que los fondos federales concedidos por la administración Obama sin la obligación de cooperación con las autoridades migratorias no pueden verse afectados por la administración Trump. Si los federales sí retienen fondos comprometidos, un tribunal invalidaría esa retención.
¿Es el rechazo a cooperar con los federales una forma de anulación? En una palabra, sí. La ley federal es superior a la ley local en áreas que son principal o exclusivamente federales y la inmigración es inequívocamente federal. Pero tener zonas en todo el país sin cooperación local con los federales estimula lo que los tribunales han llamado “laboratorios de democracia”.
Dicho de otra manera, si el gobierno local de Manhattan o Chicago o Seattle protege agresivamente a inmigrantes indocumentados que viven ahí a cambio del poder adquisitivo y la diversidad local que traen dichos inmigrantes, pueden aliviar la presión social y legal sobre otros gobiernos y ser un experimento social (un laboratorio de democracia) digno de seguimiento cultural y político y tal vez de indiferencia en lo que se refiere a los federales.
Muchos seguidores de Trump ven al presidente como un campeón que librará al país de aquellos a quienes ven ilegalmente aquí y también ven a los alcaldes progresistas de las grandes ciudades indulgentes con los grupos de interés. Pero hay una interesante historia en el federalismo y hay dos caras en su moneda. La historia interesante es la de la resistencia estatal y local a la tiranía de la mayoría en Washington, una resistencia tan antigua como el propio país. El rechazo de las autoridades de Massachusetts a cooperar con los federales en la aplicación de la ley federal sobre esclavos fugitivos me viene a la mente.
El otro lado de la moneda es inconcebible para mis colegas conservadores. Si Hillary Clinton hubiera sido elegida junto con una Congreso demócrata y hubiera ofrecido a los gobiernos locales fondos acompañados de condiciones que requirieran que las ciudades facilitaran el aborto a demanda, estaría silbando una canción muy distinta y muy basada en el federalismo.
