No me da ninguna alegría escribir este artículo.
Incluso una revisión superficial de la versión redactada de la declaración jurada presentada en apoyo de la solicitud del gobierno de una orden de registro en la casa del ex presidente Donald Trump revela que pronto será acusado por un gran jurado federal por tres delitos: Sustracción y ocultación de información de defensa nacional (IDN), entrega de IDN a quienes no tienen derecho legal a poseerla, y obstrucción a la justicia al no devolver la IDN a quienes tienen derecho legal a recuperarla.
Cuando se enteró por una llamada telefónica de que treinta agentes del FBI estaban en la puerta de su residencia de Florida con una orden de registro y decidió revelarlo públicamente, Trump supuso que los agentes buscaban material clasificado de alto secreto que alegarían que poseía de forma delictiva. Al parecer, sus suposiciones se basaban en su instinto visceral y no en un análisis sofisticado de la ley. De ahí su jactancia pública de haber desclasificado todos los documentos anteriormente clasificados que se llevó.
Sin saberlo, los federales se habían anticipado a esa defensa y no se están preparando para acusarle de poseer material clasificado, aunque sí poseía cientos de materiales entregados voluntariamente y marcados como «alto secreto». Es irrelevante si los documentos fueron desclasificados, ya que los federales acusarán de delitos que no requieren prueba de clasificación. Le dijeron al juez federal que firmó la orden de registro que Trump todavía tenía NDI en su casa. Parece que tenían razón.
De acuerdo con la ley, no importa si los documentos en los que está contenido el NDI son clasificados o no, ya que es simplemente y siempre criminal tener NDI en una instalación no federal, hacer que los que no tienen autorizaciones de seguridad lo muevan de un lugar a otro, y ocultarlo a los federales cuando lo están buscando. Dicho de otro modo, la ausencia de clasificación —por la razón que sea— no es una defensa ante los cargos que probablemente se presenten contra Trump.
Sin embargo, al malinterpretar y subestimar a los federales, Trump en realidad les hizo un favor. Uno de los elementos que deben probar para cualquiera de los tres delitos es que Trump sabía que tenía los documentos. El favor que hizo fue admitirlo cuando se jactó de que ya no eran clasificados. Cometió un pecado mortal en el mundo de la defensa penal al negar algo por lo que no había sido acusado.
El segundo elemento que los federales deben probar es que los documentos realmente contienen información de defensa nacional. Y el tercer elemento que deben probar es que Trump puso esos documentos en manos de quienes no estaban autorizados a tenerlos y los almacenó en un lugar no seguro a nivel federal. Los expertos de la comunidad de inteligencia ya han examinado los documentos sacados de la casa de Trump y están preparados para decir a un jurado que contienen los nombres de agentes extranjeros que trabajan en secreto para EEUU. Se trata de la joya de la corona de los secretos gubernamentales. Además, la casa de Trump en Florida no es una instalación federal segura designada para el depósito de NDI.
El aspecto más novedoso del caso contra Trump que conocimos por la declaración jurada redactada es la acusación de obstrucción. Esta no es la obstrucción que Robert Mueller afirmó que encontró que Trump cometió durante la investigación de Rusia. Este es un estatuto de obstrucción más nuevo, firmado por el presidente George W. Bush en 2002, que pone muchas menos cargas en los federales para probar. El estatuto más antiguo es el que alegó Mueller. Caracteriza cualquier interferencia material con una función judicial como criminal. Así, quien miente a un gran jurado o impide que un testigo declare comete esta variante de obstrucción.
Pero el estatuto de la era Bush, el que los federales contemplan acusar a Trump de haber violado, convierte en delito de obstrucción el hecho de no devolver propiedad del gobierno o de enviar al FBI a una búsqueda inútil de algo que pertenece al gobierno y que usted sabe que tiene. Este estatuto no requiere la preexistencia de un procedimiento judicial. Sólo requiere que el acusado tenga la propiedad del gobierno, sepa que la tiene y se resista infundadamente a los esfuerzos del gobierno para recuperarla.
¿Dónde deja todo esto a Trump? La respuesta corta es: en agua caliente. La respuesta más larga es: se está enfrentando una vez más a las fuerzas de seguridad federales y a las comunidades de inteligencia por las que ha expresado, con razón, tal desprecio público. Tuvo puntos de expresión válidos durante la investigación sobre Rusia. Hoy tiene poco terreno en el que apoyarse.
A menudo he argumentado que muchos de estos estatutos que los federales han promulgado para protegerse son moralmente injustos y no se basan en la Constitución. Uno de mis héroes intelectuales, el gran Murray Rothbard, enseñó que el gobierno se protege a sí mismo mucho más agresivamente que a nuestros derechos naturales.
En una ironía monumental, tanto Julian Assange, el periodista de WikiLeaks que sacó a la luz los crímenes de guerra americanos durante las guerras de Afganistán e Irak, como Edward Snowden, el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional que sacó a la luz la vigilancia criminal masiva del gobierno sobre el público americano, están acusados de los mismos delitos que probablemente se presenten contra Trump. Tanto en el caso de Assange como en el de Snowden, Trump argumentó que deberían ser ejecutados. Afortunadamente para los tres, estos estatutos no prevén la pena capital.
Rothbard advirtió que los federales se protegen agresivamente. Sin embargo, tanto Assange como Snowden son defensores heroicos de la libertad con defensas morales y legales válidas. Assange está protegido por el caso de los Papeles del Pentágono, que aísla a los medios de comunicación de la responsabilidad penal o civil por revelar asuntos robados de interés para el público, siempre que el revelador no sea el ladrón. Snowden está protegido por la Constitución, que prohíbe expresamente la vigilancia sin orden judicial que reveló, que fue el mayor abuso de poder gubernamental en tiempos de paz.
¿Cuál será la defensa de Trump para tomar información de defensa nacional? No se me ocurre ninguna legalmente viable.
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