El lavado de dinero es el proceso de ocultar el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas para presentar un barniz de legitimidad. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, los flujos anuales de lavado de dinero representan el 2,7% del producto interior bruto (PIB) mundial. Por ello, los países están invirtiendo en normativas contra el lavado de capitales para despojar a los delincuentes de las oportunidades de beneficiarse de actividades ilegales. Algunos responden que las normativas contra el lavado de dinero facilitan a los funcionarios el seguimiento del botín del crimen y la persecución de los infractores.
Pero, ¿son eficaces estas normativas para frenar el flujo de transacciones ilícitas? Los gobiernos podrían pensar que sí, pero las investigaciones dicen lo contrario. Como señala el economista Aaron Klein, las instituciones financieras americanas incurren en 50.000 millones de dólares anuales en costes de cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero, a pesar de que captan menos del 1% de los 2 billones de dólares que, según se informa, generan los crímenes financieros. Las empresas financieras también tienen que cumplir requisitos que obligan a supervisar estrechamente las cuentas de los clientes y a informar de actividades mundanas que sugieren ilegalidad, como las transferencias bancarias.
La normativa contra el lavado de dinero ha desviado a los bancos de sus actividades principales para vigilar a sus clientes y descubrir actividades delictivas. Por ejemplo, en 2014 HSBC informó al mundo financiero de que gasta entre 750 y 800 millones de dólares al año para combatir el lavado de dinero. Los bancos están desembolsando sumas considerables para prevenir el lavado de dinero y, sin embargo, apenas son capaces de reprimir a los actores sin escrúpulos.
Un estudio realizado por Reuters muestra que, a pesar de los miles de millones invertidos por el sector, más del 95% de las alertas generadas por el sistema se descartan como «falsos positivos» en la primera fase de revisión, mientras que el 98% de las alertas nunca dan lugar a un informe de actividad sospechosa. De este modo, los controles contra el lavado de dinero no consiguen disuadir a los terroristas, los cárteles y los Estados delincuentes de aprovechar los beneficios de las empresas criminales. Los defensores de las leyes contra el lavado de dinero sostienen que los bancos necesitan una tecnología sofisticada para identificar las actividades delictivas; sin embargo, no entienden nada.
Actualizar la tecnología para rastrear la actividad delictiva no sólo es costoso, sino que no debería ser obligación de los bancos. Las pruebas recopiladas por Lanier Saperstein y sus colegas sostienen que las leyes contra el lavado de dinero son defectuosas a la hora de reducirlo e imponen un coste a los consumidores de los países pobres. Debido a la presión política, los principales bancos de América y el Reino Unido abandonaron las transferencias bancarias a Somalia para evitar la financiación de grupos terroristas.
Pero, como muestran Saperstein y sus coautores, esas políticas condujeron a una tragedia humanitaria:
Muchas familias de Somalia dependen de que sus parientes que trabajan en el extranjero les envíen dinero a casa para poder pagar la comida y las medicinas. Los somalíes que viven en los Estados Unidos contratan ahora a terceros para que lleven físicamente el dinero en maletas en los vuelos a Somalia. El dinero que sigue fluyendo hacia Somalia se ha convertido así en algo no regulado, imposible de rastrear y más caro para los somalíes que viven al día... también es más arriesgado para el lavado de dinero que si los bancos hubieran seguido prestando servicios de transferencia bancaria.
Los temores derivados de la gestión del dinero vinculado al narcotráfico han llevado incluso a los bancos americanos a cerrar sucursales en la frontera con México. La obsesión por el lavado de dinero está haciendo que los bancos sean más sensibles a la aplicación de la normativa y menos receptivos a atender a los clientes. Una encuesta indica que los elevados costes de cumplimiento han obligado a los bancos a limitar los servicios y aumentar las comisiones, reduciendo así el bienestar de los consumidores.
Además de limitar los servicios disponibles para los consumidores, las normativas contra el lavado de dinero dificultan la actividad comercial de los consumidores. Las investigaciones recogidas por el Banco Mundial plantean que la normativa contra el lavado de dinero exige a los clientes pobres la presentación de una documentación de la que a menudo carecen. Por ejemplo, se puede exigir a los autónomos que presenten pruebas de ingresos, lo que resulta oneroso para aquellos cuyos servicios no están formalizados.
Más alarmante aún es que se cargue a los clientes con la tarea de explicar el origen de los fondos cuando éste figura en las cuentas de los clientes. Los funcionarios del banco observarán que un cliente ha recibido 2.000 dólares de una organización y aún así le pedirán que identifique el origen de los fondos y, en el peor de los casos, podrían prohibirle el acceso a los mismos. Quien esto escribe ha tenido experiencias de este tipo. Los abogados y los contables también pierden un tiempo valioso porque la normativa contra el lavado de dinero les obliga a asistir a costosos seminarios de formación para cumplir la normativa.
Pocas personas se dedican a actividades ilícitas como el terrorismo y el fraude, pero los costes de las normas contra el lavado de dinero se difunden por toda la economía. Sólo en América, el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero le cuesta a la economía 8.000 millones de dólares al año.
Una alternativa mejor para combatir el fraude y otras actividades ilícitas sería que las empresas innovaran en tecnología a su costa, mientras que el Estado debería centrarse en la persecución. La verdad es que la gente siempre participará en actividades sin escrúpulos y, aunque dichas actividades pueden minimizarse, no pueden erradicarse por completo. En definitiva, pretender hacerlo persiguiendo con saña una normativa intrusiva contra el lavado de dinero sólo hará que las empresas y los consumidores salgan peor parados.
