El GPS. Internet. Los airbags. Estas maravillas de la modernidad tienen algo en común. Sin el gobierno, sostienen muchos comentaristas, no existirían. Y quizás estas voces tengan razón. Por ejemplo, el GPS, desarrollado por el Departamento de Defensa para mejorar la coordinación entre las unidades militares. En un principio, el GPS era competencia exclusiva del gobierno, pero acabó llegando a manos de los civiles y, en la década de los noventa, la demanda del sector privado superó con creces el uso militar. Del mismo modo, Internet nació de los esfuerzos de la Guerra Fría por superar a los soviéticos en la Carrera Espacial. ¿Y los airbags? También son descendientes de los esfuerzos militares y espaciales del gobierno. (La tan citada trinidad —Tang, Teflón y Velcro— de las innovaciones del sector público que se trasladan con éxito al sector privado es, de hecho, un mito).
Dejando a un lado las mitologías, existen casos reales de éxito. Y si el gobierno puede colmarnos accidentalmente de tal beneficencia, ¿cuánto más eficaces podrían ser los esfuerzos de innovación pública dirigidos? Los defensores de la innovación pública, como Marianna Mazuccato, defienden este argumento. Sostiene que el gobierno tiene y debe desempeñar un papel importante en la «configuración» de los mercados, que no podrían generar innovaciones revolucionarias por sí solos. Un sentimiento similar se esconde detrás de la Ley de Innovación y Competencia de Estados Unidos de 2021, comúnmente conocida por su antiguo nombre, la Endless Frontier Act (EFA).
Patrocinado por los senadores Chuck Schumer (demócrata de Nueva York) y Todd Young (republicano de Nueva York), el EPT es un proyecto de ley bipartidista que proporciona 110.000 millones de dólares para investigación y desarrollo tecnológico (I+D) en un plazo de cinco años. Como era de esperar, Mazuccato es una fanática, tuiteando: «La Endless Frontier Act da en el clavo para una economía sostenible impulsada por la innovación: gran inversión en I+D de vanguardia + fabricación; configuración del mercado orientada a la misión a la @DARPA; potenciación de las regiones; preparación de la mano de obra para el futuro, especialmente de los desfavorecidos. Bravo». Sin duda, muchos americanos encontrarán convincentes los argumentos de Schumer, Young y Mazuccato.
Pero no pensarán como economistas si lo hacen. Por supuesto, es cierto, incluso obvio, que cuando el gobierno gasta montones (¡alerta de término técnico!) de dólares de los contribuyentes en X, tendemos a obtener más X. Los faraones dedicaron cantidades masivas de trabajo y capital a la construcción de las pirámides, y el resultado fue una serie de monumentos tan espectaculares que nos maravillamos de ellos milenios después. (El hecho de que no siempre obtengamos más X habla de la incomparable capacidad del gobierno para derramar el agua del proverbial cubo entre el pozo y el abrevadero).
Sin embargo, si algo saben los economistas es que hay que contar el coste. El GPS, Internet, los airbags, las pirámides y todo lo que pueda crear el EPT propuesto se ven fácilmente. ¿Pero qué es lo que no se ve? Cuando el gobierno gasta en mano de obra (científicos, ingenieros, etc.) y en bienes de capital (maquinaria, equipos científicos, etc.), elimina efectivamente estos insumos de la empresa productiva del sector privado. Las innovaciones que estos factores productivos podrían haber aportado nunca se materializan. Lo que renunciamos a desarrollar el GPS podría haber sido aún más valioso.
La innovación impulsada por el gobierno podría parecer, en el mejor de los casos, un lavado de cara. No es la bendición que alegan sus defensores, pero tampoco es un catalizador del empobrecimiento. Pero este punto de vista pasa por alto dos razones principales por las que dejar los recursos en manos privadas supera la asignación burocrática de recursos. (Esta perspectiva también pasa por alto la demostrada tendencia de los gobiernos a perder agua).
Los empresarios del sector privado deben negociar los mismos compromisos que sus homólogos burocráticos. Cuando los empresarios contratan mano de obra y bienes de capital, privan a otros usuarios de los beneficios de estos bienes. Sin embargo, a diferencia de sus homólogos del sector público, los empresarios privados tienen una guía que les permite identificar el uso más valioso de esos recursos. Esa guía es el sistema de precios.
Pensemos en el platino, un insumo productivo que cotiza a 1.153 dólares la onza en el momento de escribir este artículo. El hecho de que el platino tenga un precio elevado no es arbitrario. Más bien, es un reflejo del valor del platino en la producción de joyas y aparatos dentales. Cualquier empresario que quiera utilizar el platino en otros lugares debe identificar una demanda de los consumidores de platino que sea aún más urgente que el uso del metal para la decoración o la odontología. Privar al mundo de adornos y empastes sólo será rentable si el empresario utiliza el platino para satisfacer un deseo humano aún mayor.
En cambio, cuando el Tío Sam juega al mercado, no posee la misma guía que su análogo de la empresa privada. El burócrata no vende los resultados de su producción al público comprador. Y sus insumos se compran con los ingresos fiscales—no se obtienen de los inversores privados que ponen su capital en juego. Como los niños que juegan a las casitas, es poco probable que los burócratas sufran daños reales, incluso por malas decisiones de asignación. No se irán a la quiebra si malgastan el platino en empresas que no crean valor para los consumidores. Y lo que es peor, ni siquiera sabrán si sus proyectos favoritos crearon valor o no, ya que no se puede recurrir a un balance que informe de los beneficios y las pérdidas.
Un problema secundario es que los políticos no tienen los incentivos adecuados para seleccionar los proyectos más valiosos en primer lugar. En su lugar, se enfrentan a la presión de ser reelegidos, lo que a menudo significa asignar carne de cerdo a sus electores, incluso si sus electores no son los más adecuados para hacer un buen uso de esos recursos.
Por eso no es de extrañar que el historial real del Tío Sam jugando al mercado sea pésimo. Aunque es fácil fijarse en el puñado de historias de éxito, la letanía de fracasos de la innovación gubernamental debería bastar para hacer reflexionar incluso al más entusiasta defensor del emprendimiento respaldado por el Estado. El economista de Harvard Josh Lerner documenta estos fracasos en su libro Boulevard of Broken Dreams, mientras que mis coautores y yo señalamos otros en un artículo reciente. Un metaanálisis de la literatura revela que el capital riesgo privado casi siempre supera a las subvenciones públicas en la generación de innovación de impacto duradero.
En lugar de tirar el dinero en innovaciones potenciales que pueden no conferir beneficios netos, los políticos deberían pensar de forma más creativa sobre por qué la innovación de Estados Unidos parece ralentizarse. Podrían empezar por mirarse al espejo. En los últimos veinte años, el gobierno federal ha realizado un gasto sin precedentes (impulsado en gran medida por la guerra), así como una acumulación constante de regulaciones que han atascado los mercados laborales americanos. La reducción del gasto devolvería esos recursos al sector privado, que posee el marco institucional para administrarlos bien. La liberación de los mercados laborales facilitaría el despegue del innovador brillante.
Cuando los faraones jugaron al mercado, obtuvimos las pirámides—pero innumerables niños egipcios pasaron hambre. Cuando el Tío Sam juega al mercado, no te sorprendas si te da unos cuantos artilugios nuevos y elegantes. Pero no te distraigas sólo porque son brillantes y relucientes. Las hazañas tecnológicas o de ingeniería no son sinónimo de valor económico. ¿Cómo habrían sido nuestras vidas si el Tío Sam hubiera dejado la creación de mercados a los empresarios?
