En 2006, pregunté si Ken Lay era realmente un criminal después de su condena en la corte federal por crímenes supuestamente cometidos mientras era el CEO de la desafortunada Enron. Mi conclusión de que no había cometido crímenes reales no resonó exactamente con algunos lectores y ciertamente no con los medios de comunicación en general.
De hecho, su condena, junto con la de Jeffrey Skilling, fue bastante popular en los medios de comunicación y en otros lugares. Un amigo me escribió con consternación para preguntarme cómo podía guiñar el ojo a las prácticas fraudulentas de las corporaciones. Por decirlo suavemente, mi opinión era bastante minoritaria. Sin embargo, en mi opinión, el caso de Enron no se trataba de un fraude corporativo sino más bien de cómo los fiscales federales, ayudados por los políticos y los medios de comunicación, fueron capaces de criminalizar un fracaso empresarial.
Hoy no he cambiado mi opinión ni un poco, sobre todo teniendo en cuenta que los fiscales federales mintieron durante todo el juicio y que el principal fiscal federal estaba teniendo una relación sexual con uno de los periodistas más prominentes que cubría el evento. (Se casaron poco después). Uno puede estar en desacuerdo con la estrategia de Enron de «el efectivo es basura», en la que la compañía estaba altamente apalancada y se derrumbó después de que la Reserva Federal cambió el curso de las políticas de tipos de interés, permitiendo que estas subieran. De hecho, las políticas de Enron eran bien conocidas por los inversionistas y por Wall Street, pero después de que la compañía se hundió, los federales tuvieron que culpar a alguien, y Lay y Skilling fueron los blancos más fáciles.
Por lo menos cuando Enron se hundió, la gente perdió los ahorros de toda su vida y cosas peores, y la desaparición de la compañía causó un gran daño financiero. En el caso del gobierno federal contra la actriz Lori Loughlin y su esposo, Mossimo Giannulli, el daño es un término relativo. Sin embargo, sospecho que las acusaciones contra Loughlin son más populares para gran parte del público y la prensa que las acciones contra Enron, y me doy cuenta de que es una batalla cuesta arriba presentar un punto de vista que contradice la sabiduría actual.
Primero, permítanme presentar algunos antecedentes del caso. Loughlin y su esposo se involucraron en un plan para que sus hijas ingresaran a la Universidad del Sur de California, una prestigiosa universidad privada de Los Ángeles también conocida por los locales como la Universidad de los Niños Mimados. El plan supuestamente implicaba que los padres pagaran miles de dólares a una fundación cuyo director luego dirigía los pagos a los entrenadores y funcionarios de admisión de la universidad, quienes afirmaban que los solicitantes estaban siendo reclutados para los deportes (cuando no eran atletas en absoluto) o manipulaban los resultados.
No estaban solos, ya que este esquema aparentemente estaba muy difundido y un gran número de familias estaban involucradas, usando varios medios para llevar a sus hijos a universidades prestigiosas. Estos medios supuestamente estaban incluidos:
- Sobornar a los administradores de los exámenes para facilitar hacer trampa en los exámenes de ingreso a la universidad;
- Sobornar a los entrenadores y administradores de las universidades de élite para que nombraran a los solicitantes no cualificados como atletas de élite reclutados, facilitando así la admisión de los solicitantes; y
- Usar una asociación caritativa para ocultar la fuente y la naturaleza de los pagos de sobornos lavados.
El American Conservative explica más detalladamente lo que pasó:
el FBI y los fiscales federales anunciaron que 50 personas habían sido acusadas en, como dijo Sports Illustrated, «una esquema de admisión universitaria a nivel nacional que usaba sobornos para ayudar a estudiantes potenciales a hacer trampa en los exámenes de ingreso a la universidad o para hacerse pasar por potenciales reclutas deportivos para ser admitidos en universidades de alto perfil». Treinta y tres padres, nueve entrenadores universitarios, dos administradores de exámenes SAT/ACT, un supervisor de exámenes y un administrador de atletismo universitario estuvieron entre los acusados. El hombre que supuestamente dirigía el plan, William Rick Singer, se declaró culpable de cuatro cargos de conspiración de chantaje, conspiración de lavado de dinero, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y obstrucción de la justicia.
Como parte de la estafa, los padres «donarían» dinero a una falsa organización benéfica dirigida por Singer. Los fondos serían lavados para pagar a un administrador del SAT o el ACT para que tomara los exámenes o sobornar a un empleado de atletismo universitario para que nombrara como reclutas a los niños ricos que no son atletas. Prácticamente todos los escenarios se basaban en múltiples capas de corrupción, todo lo cual eventualmente permitió a los estudiantes ricos hacerse pasar por «merecedores» de las plazas universitarias basadas en el mérito para las que pagaron hasta medio millón de dólares para «calificar».
Si las acusaciones son ciertas, es evidente que los empleados involucrados en el esquema actuaron en contra de las políticas de sus empleadores, y si lo hicieron para recibir un pago, entonces estamos ante un caso de soborno. Sin embargo, el que estas supuestas acciones se conviertan en un delito o no, depende de cómo se defina el comportamiento criminal.
En primer lugar, y lo más importante, ninguna de estas acciones están directamente cubiertas por los estatutos penales, federales o estatales, al menos cuando se trata de empleados de organizaciones privadas. Por ejemplo, tuve un compañero de equipo en la universidad (cuando corría en la pista) que hizo que alguien tomara el examen por él, y lo atraparon. Aunque la NCAA lo declaró inelegible para su primer año (aún así logró que lo aceptaran en la universidad, no preguntes), no enfrentó ningún peligro de cargos penales federales a pesar de que lo que hizo no fue diferente de lo que los fiscales están alegando en contra de varios padres.
Los cargos criminales, en cambio, caen dentro de las categorías típicas de la ley federal, incluyendo el fraude de servicios honestos, el fraude por cable, el fraude por correo y el lavado de dinero. Los varios empleados nombrados en el esquema enfrentan cargos de fraude de servicios honestos, que es una categoría de crimen «catch-all», y una de las armas más devastadoras que los fiscales federales tenían en su arsenal hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos estrechó el enfoque de la ley. (Hace una década, el juez Andrew Napolitano esta ley y cómo los fiscales federales abusan de ella en su programa de radio).
Todos los «crímenes» ligados a este caso (que el FBI ha llamado «Varsity Blues») son lo que Candice E. Jackson y yo hemos llamado «crímenes derivados», esencialmente cargos ficticios que se derivan de alguna otra acción del acusado. Por eso Singer se declararía culpable de «chantaje», que no es más que una combinación de otros actos en un «crimen», con penas draconianas para los condenados. (El chantaje se inventó en 1970 como parte de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje, mejor conocida como RICO).
Debido a que casi todas las universidades privadas reciben fondos federales, los fiscales federales tienen un vínculo que pueden utilizar para llevar a cabo estos juicios. Con miles de leyes penales federales en el libro, los fiscales pueden elegir a quiénes se dirigirán y cuáles serán los cargos. Como Harvey Silverglate señaló en Three Felonies a Day, cualquier persona que lea este artículo probablemente viola al menos una ley federal cada día. El siguiente relato de Slate explica esto:
En la oficina del fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, el personal, mientras tomaba cerveza y comía pretzels, solía jugar un juego de humor oscuro. Los fiscales junior y senior se sentaban y alguien nombraba a una celebridad al azar, por ejemplo, la Madre Teresa o John Lennon.
Luego dependía de los fiscales menores el descubrir un crimen plausible por el cual acusarlo o acusarla. Los crímenes no eran normalmente violaciones, asesinatos u otros delitos que se verían en La Ley y el Orden, sino más bien los increíblemente amplios pero oscuros crímenes que pueblan el Código de los Estados Unidos como una especie de campo minado jurisprudencial: Crímenes como «declaraciones falsas» (un delito grave, hasta cinco años), «obstruir el correo» (cinco años), o «falsas pretensiones en alta mar» (también cinco años). El truco y la habilidad consisten en encontrar los delitos más oscuros que se ajustan al carácter de la celebridad y que conllevan las sentencias más duras. El resultado, sin embargo, era inevitable: «tiempo en prisión».
En segundo lugar, el hecho es que la mayoría de los padres que participaron en este esquema son blancos, ricos, prominentes y totalmente desconocidos en cuanto a cómo funciona el derecho penal federal. Por eso los federales pueden amenazar a Loughlin y a su marido con hasta cuarenta y cinco años de prisión si son condenados. Eso es más de lo que la mayoría de los asesinos, violadores y ladrones armados reciben por sus crímenes. Sin embargo, Loughlin no hizo daño a nadie. Sí, se puede argumentar que si sus hijas hubieran sido aceptadas en la USC inmerecidamente, a otras dos estudiantes quizás más prometedoras se les habría negado la entrada. Sin embargo, eso sería claramente un asunto civil, no criminal, y cualquier estudiante que fuera excluido puede buscar un remedio en la corte.
Desafortunadamente, la mayoría de los americanos en estos días parecen creer que como las hijas de Loughlin son «privilegiadas», la ley debería convertirlas en huérfanas enviando a sus padres a la cárcel por el resto de sus vidas. (Los federales están pidiendo penas que serían efectivamente de cadena perpetua para los condenados). Al igual que Martha Stewart, que fue condenada por «delitos» cuestionables en 2004, estos padres son «ricos más allá de toda duda razonable», y la idea de que pueden usar su riqueza para «romper las reglas» para llevar a sus hijos a lugares como Harvard o la USC es irritante para muchos. Declara el American Conservative:
Engañar. El soborno. Mentir. Los ricos y privilegiados compran lo que estaba reservado para los merecedores. Todo está ahí en una exhibición vívida. La sociedad americana moderna se ha vuelto cada vez más y más banalmente corrupta, tanto en la forma en que se imparte la «justicia» como en quién puede acceder a la educación de la élite y al poder que ésta conlleva.
Los Estados Unidos es ahora un país donde la corrupción es desenfrenada y el dinero compra tanto el acceso como los resultados. Pretendemos ser mejores que Rusia y otras oligarquías, pero también estamos dominados por una élite rica y poderosa.
La idea de que meter a Loughlin y Giannulli en la cárcel para el resto de sus vidas de alguna manera derrocará a la supuesta oligarquía que está arruinando nuestras vidas es una exageración, por decirlo suavemente. Pero ese parece ser el sentimiento entre muchos americanos. Como tantos otros que ignoran la gran cantidad de armas que los fiscales federales pueden usar en su contra, muchos de los padres que están luchando contra los cargos no tienen ni idea de a qué se enfrentan.
Como Jackson y yo señalamos, el derecho penal federal no tiene que cumplir con la norma de mens rea que durante siglos ha sido la base del derecho penal angloamericano. Escribimos:
muchas leyes federales imponen sanciones penales por los llamados delitos de bienestar público. Estas leyes a menudo no requieren una «mente culpable», o mens rea, que históricamente ha sido un elemento esencial en los delitos de derecho común. De hecho, los «delitos» de bienestar público, como las violaciones de las normas ambientales o las leyes de uso de información privilegiada, no tienen por qué implicar ni siquiera un daño no intencional a terceros. El alcance excesivo del derecho penal federal es especialmente preocupante porque las características institucionales y procesales del sistema federal invitan a cometer abusos en el procesamiento, hacen que las condenas sean más fáciles de obtener que en los sistemas estatales, imponen duras sentencias obligatorias incluso para los actos no violentos y dan lugar a un tratamiento dispar de los acusados que se encuentran en situaciones similares.
La segunda desventaja es que los medios de comunicación americanos, que dicen ser un «perro guardián» que protege nuestros derechos, apoyan a los federales. Cuando Martha Stewart fue condenada, los fiscales federales ya habían infringido la ley al filtrar ilegalmente el testimonio del gran jurado a la prensa, un delito grave que se castiga con cinco años de prisión. Uno de los jurados mintió para poder entrar al jurado y quedó claro que su único propósito era votar culpable.
En otras palabras, el gobierno hizo trampa y le negó a Stewart el derecho fundamental a un juicio justo, pero lo único que la mayoría de los periodistas podían hacer era ser porristas de los fiscales federales y comentar sobre el vestuario de Stewart cada vez que ella se presentaba en el tribunal. Aunque lo que Loughlin y Giannulli supuestamente hicieron estuvo mal desde el punto de vista social y moral, difícilmente merecen ser arrojados en jaulas por el resto de sus vidas. Me doy cuenta de que la mía es una opinión impopular en estos días, así como mi cuestionamiento de los cargos criminales contra Ken Lay y Jeffrey Skilling sacó a relucir los cuchillos largos. Dicho esto, no me disculpo por mis súplicas para que la cordura vuelva a la forma en que las autoridades llevan a cabo la ley.
