Los analistas internacionales no nos están dando la historia completa de Venezuela.
Los comentaristas políticos han dado su giro en el tema de la crisis económica de Venezuela. Para su crédito, algunos de ellos obtienen los detalles del nivel superficial correctos sobre los factores que contribuyen al colapso de Venezuela: la destrucción de las libertades civiles y los derechos de propiedad.
Sin embargo, las menciones de las nacionalizaciones de campos petrolíferos de Hugo Chávez, aunque correctas, omiten un componente histórico clave: Venezuela tenía una industria petrolera nacionalizada antes de que Chávez llegara al poder. La industria petrolera venezolana fue nacionalizada durante 1976 bajo los auspicios del entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
Chávez solo amplió los proyectos intervencionistas previos que se presentaron mucho antes de llegar al poder.
Y esto no es solo ser quisquilloso. Para comprender el colapso actual de Venezuela, debemos tener una idea clara de los últimos 60 años de la historia política de Venezuela.
No se puede negar que Venezuela fue más estable en las últimas décadas, pero las semillas de su ruina fueron plantadas durante esos años de gloria. En última instancia, la creación del petro-estado ayudó a facilitar este declive.
Del libre mercado petrolero al petróleo de propiedad estatal
Contrariamente a la creencia popular, la prosperidad previa de Venezuela no se basó solo en sus dotaciones petroleras. Desde principios de 1900 hasta la década de 1960, Venezuela gozó de altos grados de libertad económica: bajas regulaciones, bajos impuestos, sólidos derechos de propiedad y una política monetaria estable. Estos factores jugaron un papel importante en consolidar el Estado de Venezuela como uno de los países más ricos en la década de 1950 sobre una base per cápita.
Pero varias tendencias preocupantes surgieron después de 1958, cuando Venezuela regresó a la democracia. Primero, el gobierno de Venezuela estableció una nueva constitución que otorgaba al Estado considerables poderes sobre los asuntos económicos. Este orden político se consolidaría a través del Pacto de Punto Fijo, un acuerdo bipartidista entre los dos partidos políticos Acción Democrática (Acción Democrática) y COPEI (Demócratas Cristianos).
Ambas partes creían que el Estado podría tomar los ingresos derivados del petróleo y canalizarlos hacia generosos programas de asistencia social. Para ellos, Venezuela no sería un país verdaderamente independiente hasta que el gobierno tenga control total sobre sus reservas de petróleo.
Nacionalización petrolera: El comienzo del fin
Los nacionalistas petroleros finalmente obtuvieron su deseo en la década de 1970.
El gobierno de Carlos Andrés Pérez aprovechó la afluencia masiva de rentas petroleras causada por la crisis energética de los años 70 y tomó medidas concretas para nacionalizar la industria petrolera.
Esto finalmente se logró en 1975, cuando el gobierno de Pérez firmó una ley nacionalizando el sector petrolero. La creación de un petroestado fue completa y las bases institucionales de Venezuela nunca serían las mismas.
En lugar de depender de los ciudadanos para pagar impuestos a cambio de la protección de sus derechos de propiedad y libertades civiles, el gobierno venezolano sobornaría a sus ciudadanos con donaciones del gobierno derivadas de los ingresos petroleros para mantener su poder.
Pérez no perdió el tiempo usando esta toma de poder para gastar un montón de dinero. Aunque políticamente popular, el extravagante programa de gastos de Pérez dio como resultado la extrema centralización del poder político y la influencia burocrática fugitiva.
Otra característica sobresaliente del petro-estado fue el capitalismo clientelista. El Estado con frecuencia distribuía rentas de petróleo a corporaciones conectadas políticamente. Cuando el Estado selecciona activamente ganadores y perdedores, las empresas pasan más tiempo presionando al gobierno en lugar de producir bienes que el mercado desea.
Los dominós comienzan a caer
Aunque la nacionalización petrolera no resultó en un colapso inmediato, abrió la puerta para el declive económico de Venezuela.
A comienzos de la década de 1980, la fiesta había terminado. Con una economía estancada y una mayor deuda pública causada por la borrachera de gasto de la década anterior, el gobierno de Venezuela sintió que necesitaba tomar medidas para reactivar la economía.
El 18 de febrero de 1983 (notoriamente conocido como el Viernes Negro en Venezuela), el gobierno Venezolano implementó la mayor devaluación de su moneda nacional, el Bolívar, hasta la fecha. Esto marcó el comienzo de la llamada “década perdida” de malestar económico en Venezuela.
Reformas sensibles, pero insuficientes
A fines de los años ochenta, Carlos Andrés Pérez regresó a la presidencia, haciendo campaña para revivir la bonanza del gasto venezolano de los años setenta. Pero su retórica de campaña cambió abruptamente una vez que asumió el cargo en 1989. Pérez reconoció que Venezuela estaba agobiada por la deuda y económicamente encadenada por su gobierno.
Pérez recurrió inicialmente al FMI en busca de ayuda, recomendando varias reformas sensatas como la privatización, los recortes de gastos y las reducciones arancelarias. Tristemente, estas reformas no se implementaron completamente gracias a la oposición masiva del propio partido de Pérez, Acción Democrática. A medida que avanzaba la segunda administración de Pérez, la tensión política aumentó como se vio en los fallidos intentos de golpe de Estado del teniente coronel Hugo Chávez en 1992.
Pérez finalmente sería acusado por cargos de corrupción en 1993, dejando el orden político de Venezuela en ruinas.
¿Hugo Chávez lo tuvo bien?
La coalición política de Hugo Chávez tenía todo el derecho a quejarse en los años noventa. El orden político bipartidista de Venezuela de 1958 a 1988 arrojó resultados mediocres. En este período, el PBI per cápita de Venezuela creció a un insignificante -0.13%, lo que significa que la población venezolana creció más rápido que la riqueza creada durante este período.
En Introducción al crecimiento económico de Charles Jones clasificó a Venezuela como un “desastre de crecimiento”. Solo un puñado de países subsaharianos y Nicaragua, un país bajo el régimen socialista y víctima de una sangrienta guerra civil, se unieron a esta sala económica de la vergüenza.
Tristemente, Chávez usó la misma estructura de petro-estado para sus propios fines tiránicos. Redobló los errores de las décadas anteriores y puso al país de rodillas con dinero fácil, controles económicos, confiscación de tierras y compra de votos.
Aunque Chávez amplió rápidamente lo que el gobierno de Pérez en la década de 1970 había instituido, este hecho histórico nos recuerda que las intervenciones bien intencionadas pueden ser utilizadas por la próxima ronda de operativos políticos con fines nefastos.
Las burocracias no son defectuosas porque no son elegidas o carecen de personas calificadas. El problema radica en las propias instituciones, que destruyen el afán de lucro y carecen de cualquier sistema significativo en el que se pueda realizar un cálculo económico adecuado.
Todas las reformas genuinas deberían comenzar y terminar con planes para reducir y finalmente eliminar la participación del gobierno de todos los sectores de la economía.
El tumor canceroso de la intervención estatal no requiere una curita; necesita una eliminación completa.
