En noviembre de 2017, los españoles supieron que la Secretaría de Comercio de EEUU había decidido gravar la importación de aceitunas negras entre el 2,31% y el 7,25% porque se estaban vendiendo por debajo del precio de mercado. Es decir, la administración Trump decidió que los españoles eran culpables de hacer “dumping” con las aceitunas.
Como es habitual, el dumping se hizo posible por las subvenciones domésticas. Vino de los fondos (casi el 40% del presupuesto total) que la Unión Europea (UE) dedica a su Política Agraria Común (PAC). España recibe más de 5.000 millones de euros.
Según la UE, el PAC existe para estimular la producción agrícola, garantizando así cierto nivel de renta para la población agraria, “estabilizando mercados”, garantizando la seguridad del suministro y asegurando “precios razonables”. Sin embargo, esta estrategia intervencionista existe para blindar un sector que produce menos del 2% del PIB de la UE.
El coste de aranceles y subvenciones
La política del PAC ha sido problemática. Por un lado, las subvenciones han causado represalias en el exterior, llevando al arancel de Trump que daña a los productores españoles (las empresas españolas han perdido muchos contratos al acudir los compradores estadounidenses en su lugar a aceitunas de Egipto, Marruecos y Turquía). Pero otro efecto colateral del PAC ha sido el daño infligido a países de rentas bajas que ahora no pueden exportar sus productos a Europa.
Así que, gracias al PAC, las industrias españolas están en ambos lados de esta ecuación anticomercial.
Sin embargo, EEUU no es precisamente un ejemplo de libre comercio.
Después de todo, el Departamento de Agricultura de EEUU gasta 25.000 millones de dólares cada año en subvenciones a negocios agropecuarios desde la aprobación de la Ley Morrill de 1862. Algunas de estas subvenciones son para seguros, promoción de exportaciones y cobertura de pérdida por precios.
Una aproximación mejor sería pasar a un sistema sin prácticamente subvenciones agrícolas en absoluto, como es el caso de Nueva Zelanda. En 1984, el gobierno neozelandés aprobó una reforma para eliminar las subvenciones agrícolas. Al principio, causó alarma entre los granjeros.
Sin embargo, el sector agrícola neozelandés no ha sufrido y el número de granjas ha permanecido constante desde la reforma. Más del 10% de la población trabajadora está relacionada con la agricultura y en torno al 90% de la producción agropecuaria total se exporta. Contrariamente a la situación de la UE, la agricultura representa casi un 7% del PIB de Nueva Zelanda.
Necesitamos libre comercio unilateral
Los acuerdos comerciales bilaterales no deben revisarse, sino derogarse.
Los acuerdos comerciales bilaterales como el CETA y el NAFTA no son ejemplos reales de libre comercio y, aparte de ser solo lazos comerciales entre una serie de países o bloques continentales, tienden a promover la armonización de normas y el capitalismo de compinches.
Iniciar una “guerra comercial” en nombre del libre comercio, como está haciendo Trump con China (con respecto a los paneles solares) y la agricultura de la Unión Europea no es una buena solución, ni moral, ni económicamente. Los estadounidenses lo sufrirán.
En lugar de imponer nuevos aranceles sobre las aceitunas de España, ambos lados del Atlántico tendrían que pensar en un libre comercio real y unilateral.
Aunque es verdad que el presidente de EEUU se equivoca al imponer nuevos aranceles, el establishment de la UE también es hipócrita al denunciar el “proteccionismo de Trump”, porque la UE mantienen sus propias políticas proteccionistas, que están dañando especialmente a las economías en desarrollo.
