Uno podría esperar que la reciente acritud en la política presidencial pudiera generar una reevaluación del poder desfavorable otorgado a ese cargo.
Pero ¿qué pasa con el Congreso? Incluso Keynes reconoció un punto central en el aclamado libro de Hayek, Camino de servidumbre: la inexorable tendencia del estado burocrático a la acumulación de poder. Ya no se puede negar que el Congreso tiene las cartas para tal poder en Washington. Las recientes concesiones marginales en impuestos, mandatos de seguros y excesos regulatorios casi no merecen mención contra el historial del Congreso de fomentar y acomodar la agenda plutocrática de Washington.
Lo más importante: aumentar los gastos más allá del nivel público de tolerancia a los impuestos, lo que genera una deuda acumulada que supera los 21 billones de dólares; sancionar una licencia ilimitada de la Reserva Federal para rescatar la irresponsabilidad financiera corporativa y facultar a la Reserva Federal para desestabilizar los mercados financieros y las tasas de interés; engendrando un florecimiento de agencias con letras intrusivas; no disminuir en lugar de aumentar las apropiaciones del Pentágono para continuar las intervenciones en el extranjero; y la incapacidad de revertir la captura de la búsqueda de rentas de las administraciones regulatorias de nuestro Estado.
Las voces de la razón no pueden escucharse por encima del clamor de los medios alineados con la oficialidad que evoca la división en el hogar y los enemigos en el extranjero. Estamos seguros de que las promulgaciones legisladas definen el progreso, cuando con mayor precisión definen los medios para ejercer el poder bajo la apariencia de una necesidad legal.
El Congreso, a instancias de intereses bancarios, promulgó la Ley de la Reserva Federal en 1913, por la supuesta necesidad de funciones de compensación central y de prestamista de última instancia, pero que condujo directamente a un aumento del apalancamiento bancario de reserva fraccionaria que derribó la economía en dos décadas. Bajo este régimen, los excesos procíclicos impulsados por el crédito en valores e inmuebles continúan sin cesar.
Entre los peores impuestos, el Impuesto sobre la renta realza el control estatal profundo de los ciudadanos con su contravención de la Quinta Enmienda, aprobada por el Congreso, en la que indiscreciones inocuas se convierten en incriminaciones delictivas, a discreción arbitraria del IRS. Sin contar los costos de la aplicación o los desincentivos económicos, según Tax Foundation, (2016) los costos de cumplimiento privado superaron los $400 mil millones para un ingreso de $1,6 billones.
Las promulgaciones tienen vida propia, incluso después de que se manifiesta su perniciosidad. Por ejemplo, el Procurador General revitalizó la desacreditada Ley de Sustancias Controladas de 1970, largamente vencida para su derogación. Pero atascado entre las entidades de aplicación empedernidas y entrelazado con sindicatos de delitos de drogas inmunizados por los amigos y otros intereses creados, como el complejo industrial de la prisión, se establece la postura federal. Debemos esperar a los Estados con su potencial de liberalización mediante la anulación: vea el mapa y un comentario relacionado.
El acuerdo alcanzado en 1787 por los delegados a la Convención Constitucional solo cedió poderes habilitados por la redacción de la Constitución. Pero ahora el Congreso, sin el consentimiento de la enmienda, toma licencia para exceder su autoridad. Por ejemplo, utiliza una Cláusula de Comercio mal interpretada para intervenir en asuntos reservados a los Estados. Peor aún, el Congreso accede a los actos de guerra, revocando el art. I. sec. 8 debido proceso de una declaración de guerra.
En 1973, al final de la debacle de la guerra de Vietnam, el Congreso aprobó tardíamente la Ley de poderes de guerra, invocando un límite de compromiso de tropas de 60 días. Es vergonzoso que, en los 45 años siguientes, el Congreso se haya degradado para financiar constantemente los desembolsos de las políticas frustradas de cambio de régimen y las guerras preventivas en el complejo industrial, de seguridad e industria. Y esto con una fría indiferencia ante el desconcertante número de víctimas civiles y una aparente indiferencia ante el retroceso.
Nuestro Congreso, ajeno al riesgo de un intercambio accidental por una creciente desconfianza, entrega a ciegas políticas que reavivan la Guerra Fría. Acomoda las casi 600 bases de ultramarinas de Tripwire. Refleja el compromiso de la integridad moral y judicial de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo (bajo su Autorización de uso de la fuerza militar de 2001). Invoca sanciones perjudiciales para los países que no representan una amenaza para los EE. UU, y acepta una política de interrupción del comercio del sector ejecutivo globalmente desestabilizadora.
En un proceso que lleva mucho tiempo pendiente de condena, el Congreso adopta de conformidad las leyes redactadas en las oficinas de K-street, seguido de una nueva promulgación de la agencia administrativa. Esto funciona para favorecer los intereses nacionales y extranjeros seleccionados y para obstaculizar la competencia, un proceso anticipado por los liberales clásicos del siglo XIX, como Adam Smith, y documentado por Rothbard (recientemente publicado) The Progressive Era.
La lista de graves fechorías del Congreso continúa, desde tolerar el escrutinio incorrecto del IRS de las organizaciones objetivo, hasta la reautorización en serie de la Ley Patriota, para la cual su vigilancia masiva y miles de registros sin orden judicial no revelaron prácticamente ninguna criminalidad relacionada con el terrorismo, ya que evisceró la primera y la cuarta enmienda.
Hemos tenido innumerables miles de estatutos aprobados por el Congreso desde 1789. Algunos realizan tareas rutinarias de limpieza entre agencias o aclaran leyes anteriores; rara vez los actos revocan o enmiendan medidas onerosas. Impulsados por un dogmata iliberal, los resultados netos se vuelven hacia un régimen legal importante que imparte un recóndito despotismo de poder.
Como advirtió Hayek, los elementos del Estado empeoran. En el centro de este proceso se encuentra el Congreso. Ya sea que uno espere o no, el Congreso de los Estados Unidos sigue siendo una vergüenza.
