La demarquía (también llamada insaculación) es una forma de gobierno que selecciona a los representantes del pueblo al azar de entre un grupo de candidatos. Ese gobierno seleccionando a los representantes del pueblo por lotería en lugar de por elecciones puede remontarse a una historia venerable.
Para Aristóteles, elegir a los representantes políticos del pueblo por sorteo en lugar de votación distingue a la democracia del gobierno oligárquico: “Así que es (…) democrático ocupar los cargos por sorteo y para la oligarquía por voto” (Aristóteles, Política, IV, 9, 1294b 7-9). Igualmente, para Montesquieu, en El espíritu de las leyes, el procedimiento de la lotería se corresponde con “la naturaleza de la democracia”.
En las antiguas polis griegas, tanto para el “Gran Consejo de los 500” como para los jueces y algunos cargos públicos, la selección se hacía por sorteo y todavía es así parcialmente en Suiza.
En la República de Venecia, el procedimiento de selección del gobierno y sus miembros usaba la lotería de muchas maneras, Hasta el siglo XVII, Inglaterra también practicaba el sistema del sorteo. Hoy, la tecnología moderna ofrece la posibilidad de aplicar procedimiento de selección al azar para grandes poblaciones.
Las siguientes ventajas de la demarquía son evidentes:
- Alto grado de legitimidad popular
- Independencia de los representantes
- Ausencia de corrupción
- No hay partidos políticos
- Representación por gente normal en lugar de buscadores de poder político
- Eliminación de los costes de las campañas electorales
- Reducción del coste general del aparato político
- Leyes comprensibles
- Fin de la inflación de leyes, normas y regulaciones
- Minimización del estado (menos gasto público, impuestos más bajos)
Los críticos de la demarquía afirman que un parlamento cuyos miembros sean elegidos al azar tiene menos pericia que un parlamento electo y que esto aumentaría el poder de la burocracia. Sin embargo, lo cierto es que el conocimiento específico que hay ahora presente en las asambleas se centra en saber cómo ganar y ejercitar el poder y no hay conocimientos fuera de la política. Más aún, el sistema actual de política de partido ha llevado a una enorme burocracia y una acumulación masiva de poder por el aparato estatal. Los partidos políticos y la burocracia cooperan para maximizar su poder, algo que logran teniendo más estado, no menos.
La revolución libertaria es una revolución suave sin violencia. Esto es y será la gran diferencia entre el orden anarcocapitalista y otras formas de gobierno. Para que la revolución libertaria tenga éxito, no hay que “tomar el poder”, sino conquistar la opinión pública mediante persuasión.
Con el apoyo del público para cambiar la estructura de la democracia de partidos, el primer paso sería complementar el sistema actual con una cámara adicional. En esta cámara (una especia de “Senado” o “Cámara Alta”) los miembros elegidos por sorteo poseerían derechos de veto sobre las decisiones tomadas por el parlamento (Congreso) y el gobierno (Presidencia), incluyendo el judicial (Tribunal Supremo). Ese “cuarto poder” es la “voz del pueblo”. Aunque no sea ni un gobierno ni un creador de leyes, el “Senado” compuesto por miembros elegidos por sorteo tiene derecho a detener las intrusiones del gobierno y la burocracia del estado debido al poder de veto que tiene.
El siguiente paso sería crear una “Asamblea General” que sirva como principal cuerpo legislador. La Asamblea debería ser lo suficientemente grande como para representar al pueblo. Para ese fin, debe comprender personas seleccionadas aleatoriamente de entre el electorado. Crear la Asamblea General requiere una reforma de la ley electoral. Para lograrla, los libertarios deben conseguir una mayoría en el parlamento existente (Congreso). El paso final en la reforma de la estructura del estado sería añadir un cuerpo supervisor y una rama ejecutiva de la Asamblea.
La disposición institucional resultante incluiría tres órganos: la Asamblea General como representante del pueblo y principal legisladora, el Cuerpo Supervisor como comité especial para supervisar al poder ejecutivo que gestiona los asuntos actuales de la política. El último paso sería encargar la función gubernamental a una empresa privada que gestione el gobierno bajo la supervisión de la Asamblea General.
