En su libro, The Big Fat Surprise, Nina Teicholz sostiene polémicamente que las guías nutricionales de Estados Unidos han contribuido enormemente a aumentar los niveles de enfermedades de corazón y obesidad entre la población estadounidense.
Desde que la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) relacionó el consumo de grasas saturadas con las enfermedades cardíacas en 1961, funcionarios y legisladores se han dedicado a una cruzada a favor de las grasas bajas.
A pesar del empeño de esta campaña a favor de una dieta baja en grasas, la obesidad está aumentando a tasas alarmantes y las enfermedades cardiacas siguen siendo una de las principales causas de mortalidad en Estados Unidos.
Esta entrevista ha llegado en un momento muy apropiado, ahora que la administración Trump ha anunciado su continuación de la política nutricional de la época de Obama.
Estas nuevas políticas consisten en el etiquetado obligatorio de calorías en los restaurantes y nuevos “datos nutritivos” en los productos alimentarios.
Aunque este artículo no dedicará mucho tiempo a tratar los méritos científicos del impacto de las dietas bajas en grasas sobre la salud, sigue persistiendo una pregunta esencial:
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos insiste en implicarse en los asuntos dietéticos?
De los descubrimientos científicos a la política alimentaria oficial
Cuando el nutricionista Ancel Keyes popularizó la “hipótesis dieta-corazón” en la década de 1950, los gobiernos de todo el mundo dieron los primeros pasos para crear guías nutricionales bajas en grasas. El punto de inflexión se produjo en 1961, cuando la AHA se convirtió en la primera organización nacional influyente en recomendar oficialmente que la gente rebajara su consumo de grasas saturadas para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Más adelante, burocracias como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) han actuado como instrumentos viables para la promoción de las guías bajas en grasas.
La burocratización de la política alimentaria: Un paraíso para los buscadores de rentas
Con la presencia constante de instituciones públicas como la FDA y el USDA regulando el sector alimentario, la tentación para las grandes empresas de alimentación de acercarse a la política para resolver sus problemas permanece fuerte.
La política alimentaria estadounidense no solo ha creado barreras de entrada en ciertos sectores de la economía alimentaria y dañado el bienestar del consumidor, sino que también ha incentivado intereses creados de empresas para controlar agencias regulatorias e impulsar políticas que les ayuden a conseguir sus fines.
Esta dinámica crea un escenario de inercia institucional. Primero, los científicos publican conclusiones que apoyan el programa del grupo de los intereses creados (las grandes azucareras en este caso). Luego el gobierno recompensa a los productores que cumplen, concediéndoles sustanciosas subvenciones y el sello de aprobación del gobierno.
Debido a la ignorancia racional del público y las ventajas organizativas de las que disfrutan lobbies como las grandes azucareras, este tipo de política nutritiva continúa aplicándose sin mucha resistencia organizada.
Teoría de la elección pública en su forma más cruda.
Además, desde que EEUU se implicó cada vez más en la política dietética en 1961, las tasas de obesidad de hombres y mujeres estadounidenses han aumentado sustancialmente. Esto no demuestra una relación causal, por supuesto, pero sí sugiere que la implicación del gobierno no ha hecho nada para mantener bajas las tasas de obesidad.
Fuente: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
El gobierno sigue sin escuchar
La continuación de la política dietética baja en grasas por la administración Trump no es una sorpresa debido a la inercia institucional antes mencionada. El programa incluye políticas que animan a la reducción de la ingesta de sal y nuevas órdenes públicas obligando a los restaurantes a indicar la cantidad de calorías en los menús.
A pesar de lo que dicen muchos expertos, la opinión de la ciencia sobre la dieta baja en grasas y la ingesta de sal está lejos de ser unánime. Análisis contrarios de investigadores como Nina Teicholz y James DiNicolantonio argumentan que el consumo bajo en grasas y sal puede en realidad tener efectos perjudiciales para la salud.
En el mismo sentido, el etiquetado nutricional hace muy poco por cambiar el comportamiento de las decisiones alimentarias de la gente.
Según Julie Downs, la principal autora de un estudio de 2016 de la American Journal of Public Health, poner “etiquetas de calorías de los menús en realidad tiene poco o ningún efecto sobre el comportamiento general de la gente al pedir”. El etiquetado obligatorio de calorías representa otro costo regulatorio que acabara recayendo sobre los restaurantes y los consumidores. Las cadenas de alimentación ya establecidas darán la bienvenida a estas medidas con los brazos abiertos, pero sus rivales más pequeños las lamentarán profundamente.
Los mercados libres son la solución
Aunque la investigación científica demuestre que los patrones dietéticos actuales del gobierno tienen defectos dañinos, el gobierno debería quedar fuera de los asuntos dietéticos.
Los críticos argumentan que el gobierno debe desempeñar un papel proactivo en vigilar las alternativas alimentarias y mantener sana la gente, porque el sector privado es sencillamente incapaz de hacerlo.
Pero esta opinión está sesgada por la arrogancia pública.
Ha aparecido un sector artesanal de alternativas dietéticas como la dieta de Atkins, la dieta South Beach, la paleodieta y la dieta Keto en la última década para tratar los supuestos defectos de las estrategias nutritivas convencionales.
Podemos discutir si estas estrategias de dieta es posible que produzcan personas más sanas, pero dado el historial del gobierno federal en esta materia, es difícil argumentar que lo que hay ofrezca opciones mejores.
Fuente: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
Los incentivos importan en estos casos. Cuando el gobierno ya no dicte la política alimentaria, organizaciones cívicas y nuevas empresas rellenarán este vacío nutricional para proporcionar a los consumidores la información y los recursos necesarios para tomar decisiones informadas sobre asuntos nutritivos.
No dejar espacio a estas iniciativas a través de la vía pública típica de subvencionar los intereses alimentarios creados, promocionar estudios cuestionables y erigir enormes barreras de entrada a potenciales consumidores, daña a la sociedad en su conjunto.
Donald Trump llegó a Washington con el objetivo de secar el pantano y acabar con muchas políticas de la época de Obama. Sin embargo, la decisión de Trump de continuar las políticas nutricionales de Obama es una decepción, como mínimo.
Trump todavía puede corregir las cosas reevaluando estas guías y aportando puntos de vista disidentes a estas discusiones.
Al final, la política nutricional más sana que puede seguir Estados Unidos es la de la limitación del gobierno.
