Cuando el gobierno de Trump impulsó la limitación de la deducción fiscal federal por impuestos estatales y locales (SALT), el plan se presentó como una forma de castigar a los demócratas en los estados con altos impuestos. Pero la medida también aumentó los ingresos federales en hasta 100.000 millones de dólares. Ahora, el gobierno de Biden muestra poco entusiasmo por deshacer el tope de Trump. El límite significa más ingresos federales para ayudar a pagar el plan de infraestructura de Biden.
No obstante, los demócratas de estados con altos impuestos como California, Nueva Jersey y Nueva York amenazan ahora con frenar el plan del presidente Joe Biden con la esperanza de eliminar el tope de la deducción SALT. La deducción SALT divide al Partido Demócrata entre activistas socialistas como Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, que se oponen a la derogación de la deducción SALT por ser un «regalo para los multimillonarios», y otros representantes de Nueva York y Nueva Jersey, que quieren una eliminación del tope. Sin embargo, en el debate sobre si el SALT es una exención fiscal para los ricos o un salvavidas para las familias de clase media en los estados con altos impuestos, la mayoría de los políticos olvidan que un impuesto quita dinero a un individuo independientemente de sus ingresos. El límite de la deducción SALT también allana el camino para que el gobierno federal grave los ingresos dos veces.
La deducción fiscal SALT permite deducir los impuestos estatales y locales —como los impuestos sobre la propiedad— de los impuestos federales. Los impuestos estatales y locales, así como otros impuestos, han sido deducibles desde la creación del impuesto federal sobre la renta en 1913, con el fin de evitar la intromisión federal en las prerrogativas fiscales de los estados y permitir al gobierno federal gravar los ingresos que ya han sido confiscados a través de los impuestos de los niveles más locales de gobierno. Los cambios de 1964, 1978, 1986 y 2004 han eliminado en su mayoría la capacidad de deducir ciertos impuestos estatales y locales, con la excepción del cambio de 2004, que restableció la capacidad original de deducir los impuestos sobre las ventas. Sin embargo, el mayor cambio se produjo en 2017, cuando la deducción SALT se limitó a 10.000 dólares bajo el proyecto de ley de reforma fiscal del presidente Trump. Sin embargo, esa disposición de la ley está programada para expirar después de 2025.
Desgraciadamente, muchos conservadores argumentan a favor del tope y afirman que la deducción SALT beneficia a los estados con mayores impuestos, como Nueva York, Nueva Jersey y California, a costa de los que viven en estados con menores impuestos, como Texas, Nuevo Hampshire y Dakota del Sur. El Tax Policy Center ofrece un buen resumen de quiénes reclaman la deducción SALT y sus efectos. Del mismo modo, la Tax Foundation ofrece una visión general de los benefactores de la deducción SALT y sus consecuencias. Los políticos utilizan esta discrepancia en el impacto para justificar la eliminación de la deducción con el argumento de que es un subsidio injusto para los estados con altos impuestos.
Sin embargo, la mayoría de los analistas parecen fijarse en las consecuencias de la deducción SALT sin examinar la razón de la deducción SALT: los impuestos estatales y locales. Independientemente de lo que se piense sobre el impuesto federal sobre la renta original, al menos los estatutos originales del impuesto federal sobre la renta de 1913 respondían con bastante claridad a dos cuestiones sobre la deducibilidad de los impuestos estatales y locales. La deducción se introdujo para evitar la intromisión federal en las prerrogativas fiscales estatales y locales e, igualmente importante, para evitar la doble imposición. La pregunta que aún debe responderse es si es moralmente correcto gravar ingresos que no son realmente ingresos, sino fondos que deben pagarse para los impuestos estatales y locales. Seguro que a los progresistas, socialistas y comunistas les gustaría quitarles todo el dinero posible a los ricos, pero es problemático, como mínimo, gravar unos ingresos que ni siquiera están ya en manos de un contribuyente. Es decir, gravar fondos que ya han sido tomados por las autoridades estatales y locales es esencialmente gravar ingresos y ganancias hipotéticas. Esto sería similar a gravar el valor en papel de una cartera de inversiones en lugar de la ganancia realizada por la venta de una inversión.
El segundo argumento para eliminar el límite de la deducción SALT es que el límite aumenta el papel del gobierno federal a expensas de los niveles de gobierno más locales. En otras palabras, la deducción SALT reduce la cantidad de ingresos que debe gravar el gobierno federal, mientras que imponer un límite a la deducción SALT es aumentar los ingresos federales.
Esto es especialmente problemático, ya que los impuestos federales son ya una parte importante de la carga fiscal total de los hogares. Además, es menos probable que los impuestos federales se destinen a servicios que los contribuyentes podrían utilizar realmente, como las carreteras. El gasto federal se destina sobre todo a programas de bienestar social. Mantener el tope de la deducción SALT en realidad aumenta los ingresos fiscales federales y disminuye la descentralización. Y lo que es más importante, cualquier aumento de los impuestos federales reduce la posibilidad de que los contribuyentes «voten con sus pies», abandonando los estados y localidades con altos impuestos en favor de impuestos más bajos en otro estado o localidad. (Véase este artículo de Ryan McMaken).
Algunos defensores del mantenimiento del tope de deducción —pero que también se declaran partidarios de la baja fiscalidad— argumentan que, al exponer a los contribuyentes de los estados de alta tributación a niveles impositivos más altos, los contribuyentes entrarían finalmente en razón y se rebelarían contra la fiscalidad estatal. Se trata de un argumento de tipo «haz el mal para que el bien salga de él». Se trata de una posición extraña para alguien que pretende oponerse al poder del gobierno y a los impuestos.
El debate sobre la deducción SALT debe replantearse como un debate sobre la moralidad de gravar los ingresos no realizados. Además, es importante considerar las repercusiones de entregar más autoridad fiscal al gobierno federal. Mientras que la deducción SALT sin tope reducía los ingresos fiscales en unos 100.000 millones de dólares al año, el presidente Biden ha mantenido el límite de la deducción SALT porque aumentará los ingresos fiscales federales para pagar su ambicioso programa de gastos. El hecho de mantener la deducción SALT expone la verdadera agenda y ética del Presidente Biden. Al presidente Biden no le importa la moralidad de gravar los ingresos dos veces, le gusta la idea de más ingresos fiscales a costa de la ética y de transferir más poder y más dinero al gobierno federal.
