El tamaño y el alcance del gobierno federal de los Estados Unidos es algo que probablemente Ludwig von Mises no podría haber imaginado, a pesar de haber escrito el libro que predijo los resultados de semejante behemoth, Burocracia. Al principio, Mises escribió: «El Congreso ha cedido en muchos casos la función de legislar a las agencias y comisiones gubernamentales, y ha relajado su control presupuestario mediante la asignación de grandes créditos para gastos, que la Administración tiene que determinar en detalle.» Eso fue en 1944.
Por ejemplo, el gobierno federal convierte el sencillo proceso de deshacerse de las propiedades del gobierno en una pesadilla kafkiana. «El gobierno federal posee desde hace mucho tiempo más bienes inmuebles de los que sabe qué hacer con ellos —edificios que están vacíos y terrenos sin desarrollar—, pero debe pasar por el aro antes de poder vender sus posesiones», escribe Jane Margolies para el New York Times. «Así que las propiedades excedentes languidecen mientras los contribuyentes pagan la factura del mantenimiento».
En 2016 se aprobó una ley para que el Gobierno se pusiera manos a la obra en la liquidación de su vasta y decadente cartera inmobiliaria. Se creó la Junta de Reforma de los Edificios Públicos para supervisar esta tarea. A la velocidad del gobierno, se necesitaron tres años para que cinco miembros de la junta tomaran posesión, mientras que dos puestos siguen vacantes.
Después de seleccionar finalmente una junta, la Oficina de rendición de cuentas del gobierno determinó que el grupo no documentó adecuadamente el modo en que seleccionó las propiedades para la venta. Luego, la junta fue demandada por intentar vender un edificio de Seattle que es un depósito de importantes registros tribales. Y resulta que la Administración de servicios del gobierno (GSA), la agencia que se encarga de la venta, no sigue los consejos de la junta.
Sólo se ha vendido una propiedad aprobada para la venta por la junta. Uno.
La GSA es el arrendador del gobierno. Sin embargo, la agencia que ocupa un edificio debe declararlo como «excedente» antes de que la GSA pueda venderlo. Pero, ¿qué gana una agencia con la venta de un edificio? No hay ningún incentivo económico. En la empresa privada, «no puede haber ninguna cuestión de aferrarse a líneas de negocio no rentables si no hay ninguna perspectiva de hacerlas rentables en un futuro no muy lejano», escribió Mises.
Pero, como explica la Sra. Margolies, en el mundo de la administración pública, «puede costar menos a un organismo mantener un edificio anualmente que reubicar a los empleados en un espacio más pequeño y preparar el antiguo edificio para su venta, aunque a largo plazo tenga sentido sacar la propiedad de sus libros. Y las agencias pueden no beneficiarse financieramente de una venta porque los ingresos suelen ir directamente al Departamento de Hacienda.»
Y la burocracia no termina ahí. Otros organismos son los primeros en acceder a los inmuebles vacíos. Si no hay interesados, los edificios deben ponerse a disposición de las personas sin hogar o de otros usos no lucrativos. Por supuesto, estas decisiones no se toman de la noche a la mañana, por lo que el proceso puede durar años.
»En el año fiscal 2015 del gobierno federal», escribe Margolies, «las agencias informaron de más de 7.000 propiedades excedentes o infrautilizadas, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.»
También en 2016 se aprobó la Ley de venta y transferencia de activos federales, conocida como (no te rías) FASTA. Alta velocidad y eludir los aros de procedimiento fueron las palabras de moda para FASTA. Se preveía que los ingresos totales previstos para un periodo de seis años serían de 7.000 millones de dólares. La junta directiva incluso recurrió a la contratación de una empresa de corretaje externa para vender las propiedades de alto valor al por mayor para lograr su objetivo.
Sin embargo, al tratarse de una agencia burocrática, los miembros de la junta directiva cambiaron de opinión y decidieron «vender las propiedades por sí mismas, una por una, en su sitio web de subastas, el mismo lugar donde descarga carretillas elevadoras usadas, muebles de oficina, clavos de ferrocarril y botas de combate», explica Margolies.
El año pasado, la GSA vendió cincuenta y nueve propiedades por 52,59 millones de dólares, es decir, menos del 1% del objetivo de la FASTA. Pero debe haber sido lo suficientemente cerca para el trabajo del gobierno, porque Christina Wilkes, una portavoz de la agencia, dijo al Times, «G.S.A. determinó que la oferta de propiedades basada en una venta de activos individuales, en lugar de en una venta de cartera agrupada, era el mejor curso de acción».
En lo que va de año, «se han subastado ocho de las propiedades del FASTA; de ellas, un aparcamiento en Idaho Falls (Idaho) se ha vendido por 268.000 dólares».
«Con frecuencia se afirma que la gestión burocrática es incompatible con el gobierno y las instituciones democráticas», escribió Mises. «Esto es una falacia».
El emprendimiento no se encuentra en ninguna parte del gobierno. «La gestión burocrática significa, en democracia, la gestión en estricta conformidad con la ley y el presupuesto», explicó Mises. «No corresponde al personal de la administración ni a los jueces indagar qué debe hacerse para el bienestar público y cómo deben gastarse los fondos públicos».
La Junta de Reforma de los Edificios Públicos está elaborando una lista de propiedades que se pondrán a la venta en diciembre. Al parecer, se ha aprendido la lección. Para que el proceso sea más eficiente, «la junta ha reforzado la documentación».
«Hemos aprendido una lección», dijo Angela Styles, miembro de la junta directiva. «La comunicación es absolutamente fundamental».
Está claro que esta burocracia, como todas las demás, es incapaz de aprender. La junta se ha dado de plazo hasta 2025 para alcanzar sus objetivos.
