Nos enseñan desde muy pequeños: «El gobierno trabaja para ti», o «el gobierno es la encarnación de la población». Aceptamos estos eslóganes ciegamente y seguimos adelante día a día. Sin embargo, la realidad no concuerda con estas frases hechas. Esto queda dolorosamente claro al observar los incentivos a los que se enfrentan estos titulares de cargos públicos. Tras examinar sólo algunos, está claro que deberíamos adoptar eslóganes que se ajusten a la realidad como «el gobierno trabaja para sí mismo».
El gran error del gobierno
Antes de explorar estos incentivos, debemos darnos cuenta de que los incentivos son cruciales para comprender el comportamiento humano. Incluso el individuo más decidido no se esforzará por alcanzar un objetivo si no existe un incentivo para ello. Por lo tanto, es justo decir que los incentivos son los catalizadores de la motivación, que dirigen el esfuerzo individual hacia los objetivos más gratificantes. Todos los individuos sopesan de forma natural los incentivos disponibles (consciente e inconscientemente) y alinean sus acciones con los más fuertes. Los políticos y los burócratas no son diferentes en este sentido.
¿Cuáles son los incentivos?
Ganar votos
El principal incentivo de los políticos gira en torno a la obtención de votos. Este incentivo fundamental es la causa fundamental del pensamiento a corto plazo, y desplaza la atención hacia la priorización del ciclo electoral. Las decisiones y las políticas se elaboran ahora para obtener la aprobación inmediata de los votantes, mientras que la toma de decisiones y la aprobación de políticas lógicamente sólidas pasan a un segundo plano. Algunos ejemplos de políticas para la aprobación inmediata de los votantes son los controles de precios, la aplicación de subvenciones, préstamos o aranceles que favorezcan a determinadas industrias, y la impresión de dinero. Cada una de estas acciones busca obtener ganancias políticas a corto plazo en lugar de estabilidad económica a largo plazo.
Ganar votos controlando los precios
En la ciudad de Nueva York, los controles de precios campan a sus anchas, sobre todo en lo que respecta al alquiler. «Según la Encuesta de Viviendas y Vacantes (HVS) de NYC de 2021, hay unos 16.400 apartamentos de alquiler controlado y unos 1.048.860 apartamentos de alquiler estabilizado». La diferencia entre «alquiler controlado» y «alquiler estabilizado» no importa aquí. La cuestión es que la estabilización de alquileres, al igual que el control de alquileres, funciona como una forma de control de precios en el mercado de la vivienda. Cada política se promulga para limitar la cantidad que los propietarios pueden cobrar a los inquilinos. A corto plazo, el político ha ganado, los votantes están satisfechos y reelegirán a su «campeón». Sin embargo, lo que resulta difícil de ver para los votantes son los efectos a largo plazo de estas políticas.
Los propietarios no pueden hacer frente a los costes de mantenimiento de los edificios y, desde luego, no pueden pensar en mejorarlos para los inquilinos. Por lo tanto, los inquilinos viven ahora en edificios deteriorados y los propietarios tienen que hacer frente a tensiones financieras. Esta dinámica económica provocará una escasez de viviendas de alquiler en buen estado en el mercado, lo que agravará la crisis inmobiliaria de la ciudad. Estos controles de precios también desincentivan la construcción de nuevas unidades de alquiler. Esto reduce la oferta de vivienda, haciendo que la vivienda asequible sea aún más escasa. Aunque se dijo a los votantes que el control y la estabilización de los alquileres protegen a los inquilinos, producen el efecto contrario.
(Cabe señalar que los inquilinos superan en número a los propietarios, por lo que los políticos pueden ganar más votos si atienden a los intereses de los inquilinos).
Ganar votos mediante préstamos de productos básicos.
Un fenómeno similar puede observarse con el control de los productos básicos. El gobierno interviene en los mercados de productos básicos (ya sea mediante subvenciones, préstamos, aranceles o controles de precios) para «salvar» a los agricultores. Esta supuesta salvación significa fijar un «precio justo» superior al que habría en un mercado libre. Sin embargo, esto no es más que un intento de comprar los votos de los agricultores, mientras que los costes los soporta la población. Por ejemplo, se utiliza un préstamo del gobierno (dinero de los contribuyentes) para permitir a los agricultores mantener las cosechas fuera del mercado para conseguir el «precio justo» artificial.
Economics in One Lesson, de Henry Hazlitt, ofrece un convincente análisis de las consecuencias imprevistas de este tipo de intervención gubernamental, incluido el programa del algodón de los años cincuenta y sesenta. Hazlitt destaca cómo estos préstamos gubernamentales no sólo crean distorsiones temporales de los precios, sino que también conducen a desequilibrios más graves del mercado en el futuro. Esta política (destinada a asegurar un precio más alto para los agricultores creando una escasez artificial) da lugar a un excedente inevitable en el año siguiente, agravando así el problema que pretendía resolver. Este es otro ejemplo de manipulación de los precios de mercado (con el pretexto de apoyar a los agricultores) para servir principalmente a fines políticos, lo que resulta en ineficiencias económicas generalizadas y costes sociales.
Enriquecimiento personal
Una vez asegurada la victoria electoral, el incentivo secundario al que se enfrentan los cargos públicos es el enriquecimiento personal. Uno de los medios más eficaces de que disponen los políticos y burócratas para enriquecerse es el uso de información privilegiada, en particular mediante la aprobación de políticas que favorecen a las empresas en las que tienen acciones. Esto no sólo constituye una profunda infracción ética, sino que también ejemplifica cómo los funcionarios del gobierno pueden dar prioridad a la ganancia personal sobre el bien público.
Otra forma en que los burócratas, en particular, pueden enriquecerse es la conocida como «puerta giratoria». Este fenómeno se refiere al movimiento de individuos entre funciones como legisladores o reguladores, y luego a puestos en las mismas industrias afectadas por su legislación y regulación (o viceversa).
El New York Times comparó la puerta giratoria con «nombrar al zorro para guardar el gallinero». Esta práctica suscita preocupaciones válidas sobre los conflictos de intereses y la posible priorización de las ganancias privadas sobre el servicio público. La puerta giratoria también corre el riesgo de perpetuar un ciclo en el que las medidas reguladoras pueden beneficiar inadvertidamente a los mismos sectores que deben supervisar. Esto pone en peligro a los ciudadanos y distorsiona la competencia y la eficacia del mercado.
Perpetuación de los problemas
La inercia burocrática y la resistencia a mejorar la eficiencia son dos incentivos importantes en los organismos públicos. La inercia burocrática es la propensión de una burocracia a perpetuar su existencia. Esto se consigue manteniendo o incluso complicando los problemas, en lugar de encontrar soluciones a los mismos. Esto justifica su papel y su financiación (al fin y al cabo, nadie quiere ser despedido). La misma lógica puede aplicarse a la resistencia a adoptar procedimientos más eficaces, que agilizarían el rendimiento, pero también dejarían obsoletos ciertos puestos burocráticos. Al observar el funcionamiento de organismos como la Comisión Reguladora Nuclear (NRC), estas dos tendencias quedan claras.
La burocracia reguladora de la NRC ha perjudicado considerablemente al sector de la energía nuclear. Los datos históricos de la Universidad de Pittsburgh ponen de relieve una tendencia preocupante. «El tiempo transcurrido desde el inicio de las obras hasta las pruebas de funcionamiento pasó de 42 meses en 1967, a 54 meses en 1972, y a 70 meses en 1980».
En los últimos tiempos, la tendencia al exceso de regulación no se ha frenado. Un estudio del American Action Forum descubrió que «la central nuclear media debe soportar una carga reguladora de 60 millones de dólares anuales». En el mismo estudio descubrieron que, de media, el proceso completo desde que se recibe la aprobación de la licencia de la NRC hasta la construcción de una central nuclear dura aproximadamente 15,7 años. Otro estudio reciente publicado en Energy Policy señala que EEUU se distingue por su rápida escalada de costes y afirma que «no existe una tendencia inherente a la escalada de costes asociada a la tecnología nuclear». Dada esta ausencia de una tendencia inherente a la escalada de costes en la tecnología nuclear, resulta evidente que las cargas reglamentarias impuestas son un factor significativo que contribuye al aumento de los costes en el sector.
La inercia burocrática visible y la resistencia a adoptar prácticas más eficientes, ilustradas por el impacto de la NRC en el sector de la energía nuclear, revelan un problema sistémico más amplio con importantes costes sociales. Tales tendencias, aunque puestas de relieve en el sector nuclear, son indicativas de ineficiencias gubernamentales más amplias que no sólo obstaculizan el desarrollo de una energía asequible, sino que también imponen cargas financieras innecesarias en diversos sectores. En última instancia, esto priva a la sociedad tanto de innovación como de soluciones rentables para muchos ámbitos de su vida.
¿Cuáles son las soluciones?
Afortunadamente, los problemas señalados no representan un destino inalterable. Hay medidas sencillas que pueden aplicarse para remediar los incentivos perversos a los que se enfrentan estos cargos.
La imposición de límites a los mandatos abordaría directamente la cuestión del pensamiento a corto plazo, la concentración en la priorización del ciclo electoral y el enriquecimiento personal. La intención de estos límites es minimizar el atrincheramiento de titulares de cargos cuyas acciones podrían estar guiadas más por la ganancia personal que por los principios de un mercado libre y competitivo. Este enfoque pretende garantizar que quienes ocupan cargos públicos sigan comprometidos con políticas que apoyen la libertad económica, la eficiencia del mercado y la salud económica en general (en lugar de perseguir políticas que sirvan a sus intereses o aseguren su posición).
Otra solución sencilla es prohibir el comercio y la propiedad de acciones a los cargos públicos. Esto eliminaría las motivaciones para promulgar leyes que benefician injustamente a las inversiones personales, lo que llevaría a una reducción de las distorsiones del mercado y mejoraría la competencia y la eficiencia en toda la economía.
Por último, la reforma o incluso el desmantelamiento de ciertas agencias es esencial para abordar las ineficiencias sistémicas y alinear las operaciones gubernamentales más estrechamente con las necesidades del público. Estas agencias (a través de la inercia burocrática y la resistencia al cambio) a menudo sofocan la innovación y soluciones más rentables mediante la imposición de regulaciones innecesarias. En última instancia, es el público el que soporta la carga financiera de estas ineficiencias, pagando el precio de un sistema estructurado para preservar los puestos de trabajo burocráticos en lugar de fomentar un gobierno dinámico, receptivo y eficiente.
¡Malos incentivos, fuera!
