Las dietas basadas en vegetales, especialmente las dietas veganas, parecen hacer furor en estos tiempos.
Basado en la práctica de abstenerse de productos animales, el veganismo ha atraído a una amplia coalición de grupos de interés (que van de los activistas de los derechos animales a los ecologistas) que creen que el veganismo es la manera más ética y sostenible de promover la salud humana y el bienestar animal.
En principio, estas parecen ser premisas razonables para un estilo de vida alternativo que desafía al estatus quo de las dietas.
Pero cuando se ha puesto bajo el microscopio, el movimiento vegano moderno ha mostrado señales de una creciente politización y una tendencia a combinarse con causas socialistas.
El veganismo como recipiente para el intervencionismo
Acontecimientos recientes han puesto de manifiesto que el veganismo está avanzando, no solo en el ámbito cultural, sino también en la esfera política.
No es un secreto que muchas élites en organizaciones internacionales tienen aversión hacia la carne. De hecho, instituciones como la ONU han reclamado la reducción de consumo de carne basándose en la sostenibilidad medioambiental y las preocupaciones por la salud.
Y como cualquier buena institución globalista, creen que hay que usar la fuerza del Estado, en este caso los impuestos, para reducir el consumo de carne.
Pero los burócratas y sus soldados mexicanos no están solos. Grupos como el Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR), una red de iniciativas de inversión que monitoriza granjas industriales, ha lanzado el guante de impulsar los impuestos a la carne. Este grupo no funciona con manifestaciones agresivas: está respaldado por inversores que controlan más de cuatro billones de dólares en activos.
Las recientes discusiones sobre el impuesto a la carne muestran un cambio de paradigma en el asunto, en el que políticos, burócratas, nutricionistas e incluso poderosos intereses financieros están considerando activamente la idea de usar el poder estatal para desanimar el consumo de carne.
Es solo cosa de tiempo que gobiernos de todo el mundo empiecen a implantar impuestos a la carne, añadiéndolos a la siempre creciente lista de impuestos que deben soportar los ciudadanos.
¿Pero los impuestos a carne son una forma viable para reducir el consumo?
Los problemas de los impuestos al pecado
Los impuestos al pecado no son algo nuevo en la historia de EEUU. Políticos entrometidos han atacado todo tipo de actividades (consumo de alcohol y tabaco) que consideraban destructivas y han tratado de usar la mano dura del Estado para reprimir estos supuestos vicios.
En la mayoría de los casos anteriores los impuestos al pecado no redujeron el consumo de dichas actividades. Y en los pocos casos en los que los impuestos al pecado sí consiguieran rebajar el consumo, los problemas de la prohibición y los mercados negros entrarían en la ecuación.
Mark Thornton retrata con precisión los resultados de los impuestos prohibitivos o las prohibiciones directas de ciertos bienes o sustancias:
El azote del crystal meth es otro ejemplo del «efecto potencial» o lo que se ha llamado la «ley de hierro de la prohibición». Cuando el gobierno aprueba una prohibición, aumenta la fuerza en su aplicación o aumenta las sanciones en un bien como el alcohol o las drogas, inevitablemente genera una sustitución por drogas adulteradas, más potentes y más peligrosas.
La principal conclusión del análisis de Thornton es que cuando el gobierno pone sus garras sobre bienes y servicios, crea incentivos para que los mercados negros ofrezcan alternativas más peligrosas y de peor calidad.
Si la multitud anticarne se abriera paso, los impuestos propuestos sobre la carne tendrían un efecto similar, ya que proveedores turbios buscarían obtener beneficios de productos cárnicos de calidad inferior, que resultarían ser dañinos para los consumidores.
Al empezar a producir efectos negativos estas alternativas, los políticos naturalmente responderán con más intervenciones. Si no prevalecen las cabezas frías, les seguirán más intervenciones destructivas y consecuencias no pretendidas.
Además, justo cuando los proveedores de carne se están viendo dirigidos por la demanda de los consumidores hacia carnes más orgánicas, libres de jaulas y con “certificados de humanidad”, las intervenciones públicas adicionales sólo funcionarán en la dirección opuesta, poniendo estos productos fuera del alcance de más consumidores.
Se trata de control
Aparte de los argumentos saludables, de lo que se trata realmente en estas discusiones es de control. Siguiendo el ejemplo de su calaña ecologista, los veganos usan constantemente tácticas alarmistas para presentar su causa. Y este programa consiste en más que sólo campañas educativas: implica el uso de un fuerte Estado centralizado para llevar a cabo su visión dietista.
Para lograr este objetivo celoso basado en la verdura, estos actores tendrían que acabar controlando y regulando los medios de producción de carne. El gobierno de EEUU ya ostenta un enorme poder sobre los alimentos a través de la Food and Drug Administration (FDA) y el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés). Estas agencias, con la presión de los activistas contra la carne, pueden usarse como instrumentos para implantar políticas de talla única.
Una planificación centralizada de este tipo forma la base del socialismo y las últimas cruzadas contra la carne representan otro ámbito que los socialistas explotarán para cobrar impulso. Fundamentalmente, el veganismo político es la misma filosofía esencial, pero con características cosméticas distintas.
Todo se reduce a la libertad
Las personas deberían ser libres para elegir la dieta que deseen. La mejor dieta es la que una persona puede mantener constantemente el tiempo suficiente para lograr sus objetivos de composición corporal y salud.
Por desgracia, el veganismo ha seguido la estrategia del calentamiento global, proporcionándose una justificación para una mayor centralización y control estatales sobre los asuntos privados de los ciudadanos pacíficos. Las recientes propuestas de impuesto sobre la carne sirven como un importante recordatorio de por qué debe haber una completa separación de alimentación y Estado.
Igual que el Estado debería apartarse de nuestros bolsillos, el Estado debería apartarse de los supermercados y las cocinas.
