La gente tiende a pensar que un sistema judicial justo es una de las piedras angulares de una sociedad libre y floreciente. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos resignamos a la idea de que sólo puede impartirla el Estado. En lugar de limitarnos a aceptar el statu quo, quizá deberíamos cuestionarnos si los Estados son los administradores de justicia apropiados, y considerar si podría funcionar un enfoque de la justicia libre de Estado o libertario.
La palabra «justicia» viene del latín jus, que significa «derecho» o «ley». El Oxford English Dictionary define a la persona «justa» como aquella que «hace lo que es moralmente correcto» y está dispuesta a «dar a cada uno lo suyo». Mientras tanto, la mayoría de la gente concibe el Estado como una organización soberana que ejerce el control sobre un territorio definido sin interferencias y en nombre de sus ciudadanos. A través de su soberanía, establece sus propias agendas, y a través de su control, es libre de reunir a la gente y los recursos dentro de su territorio para llevar a cabo estas agendas.
Independientemente del tipo de justicia que pretenda proporcionar un Estado, es importante comprender que en cualquier concepto de Estado está implícita su necesidad de ser la única entidad que utiliza la agresión dentro de su territorio. Por agresión entiendo el uso no provocado de la fuerza, o la amenaza de usarla, contra cualquiera que se resista a sus actividades. Este monopolio es fundamental, ya que en cuanto se imponen agresores contrarios (piense en criminales, invasores o revolucionarios), se pierde algún aspecto de la soberanía y el control y, por tanto, de la condición de Estado. Mientras que el uso de la fuerza para defenderse o recuperar objetos robados puede ser perfectamente coherente con un resultado justo, el uso de la agresión cuando no hay una mala acción previa —por ejemplo, cuando el Estado obliga al pago de impuestos o impone el uso de su sistema legal— muestra que es una fuente de decreto autocrático, situándose así por encima de la necesidad de estar obligado a hacer lo que es correcto y justo.
Con un enfoque libertario de la justicia, no habría ninguna autoridad estatal a la que recurrir. En su lugar, podrían existir múltiples opciones contratadas de forma privada para validar, hacer cumplir y financiar la reclamación de justicia de cualquier individuo.
Para ilustrar cómo podría funcionar esto, supongamos que John ha sido atacado y robado por Larry. John podría tratar de financiar los servicios de validación y ejecución necesarios presentando su reclamación a una aseguradora con la que tiene un contrato de seguro concertado previamente y diseñado específicamente para financiar litigios judiciales cuando se ha producido una infracción contra su persona y su propiedad.
Si la reclamación de John es sencilla y está bien probada, la aseguradora puede simplemente satisfacerla de inmediato con un pago en efectivo. Si la reclamación es más compleja, implica sumas importantes o es difícil de ejecutar, la aseguradora podría exigir primero una sentencia de un especialista jurídico o un juez independiente y bien considerado.
En un mercado abierto de jueces, aquellos que se forjen una reputación por cualidades tan buscadas como la objetividad, la imparcialidad, la previsibilidad, la rapidez y la asequibilidad tenderán a ser seleccionados frente a aquellos menos capaces de demostrar tales rasgos. Esta preferencia de selección también sería un factor importante que influiría en qué formas de jurisprudencia predominarían con el tiempo (véase Legal Foundations of a Free Society, de Stephan Kinsella, para un tratamiento más exhaustivo de los fundamentos de la teoría libertaria de los derechos y el castigo).
Si el juez elegido falla en contra de John, puede haber implicaciones establecidas en el contrato de seguro que le penalicen o al menos limiten su incentivo para hacer reclamaciones infundadas en el futuro. Sin embargo, si el juez falla a favor de John, la aseguradora tendrá que pagar los daños y perjuicios debidos a John y encargar un esfuerzo de ejecución para recuperar sus costes, además de cumplir cualquier castigo permitido en la sentencia contra Larry. Por lo tanto, la ejecución podría consistir en el embargo de activos financieros, el embargo de bienes inmuebles y, potencialmente, la imposición de cierto grado de castigo físico a Larry.
La aseguradora de John probablemente optaría por contratar los servicios de una agencia de ejecución para aportar sus capacidades especializadas al esfuerzo de ejecución, maximizando las posibilidades de éxito y minimizando los daños colaterales, que podrían desencadenar costosas contrademandas.
En caso de que Larry opte por resistirse al intento de ejecución, se enfrentará a los recursos y capacidades de una agencia de ejecución especializada, con el respaldo financiero de una aseguradora y la validación independiente de una sentencia de un árbitro ampliamente reconocido. La reputación de Larry y su acceso a los recursos probablemente se deteriorarían rápidamente si decidiera resistirse a tal combinación, a menos que pudiera construir su propia contrademanda con un juicio independiente creíble y encargar sus propios servicios de ejecución y seguridad.
Esa resistencia y esos enfrentamientos serían poco frecuentes en un sistema de justicia libertario, dado que las personas y las organizaciones tienden a preferir procesos de resolución preacordados en sus relaciones privadas para eliminar la incertidumbre y el riesgo en caso de que surjan disputas. Es poco probable que las aseguradoras, los jueces y los ejecutores quieran encontrarse en conflicto directo con sus iguales y competidores cada vez que dos partes presentan reclamaciones contradictorias entre sí. El conflicto físico suele ser costoso y, por lo general, no beneficia a ninguna de las partes. Lo más probable es que las aseguradoras hayan determinado previamente los protocolos que siguen cuando gestionan casos en los que sus respectivos clientes presentan reclamaciones contradictorias entre sí, como recurrir a jueces comúnmente acordados. Es posible que los ejecutores sólo quieran aceptar contratos en los que un juez reputado haya dictado una sentencia no impugnada y una aseguradora bien establecida financie la operación de ejecución. En general, estas medidas deberían garantizar que, cuando se validen las reclamaciones, se ejecuten rápidamente.
Si se determina que Larry ha cometido un error y que sus bienes son insuficientes para pagar todo lo que se le debe, se establecería una obligación de deuda de tal forma que John o, más probablemente, su aseguradora, podría reclamar los bienes futuros de Larry hasta que se pague la deuda.
Ya sea debido a las deudas pendientes o a la gravedad del delito cometido, es posible que Larry no pueda mantener relaciones y contratos clave en la comunidad, como los que tiene con caseros, empleadores, bancos y aseguradoras. Esto podría dar lugar a que Larry se viera obligado a abandonar y se le prohibiera la entrada en la mayoría de las propiedades privadas. Con pocas opciones, puede verse confinado a vivir en un lugar de refugio donde trabaje para pagar sus gastos de subsistencia y saldar las deudas pendientes hasta que la sociedad en general esté dispuesta a volver a relacionarse con él. Un refugio de este tipo sería, por tanto, lo contrario de una prisión, ya que el delincuente no sería condenado allí por decreto, sino que simplemente no sería aceptado en ningún otro lugar, lo que convertiría al refugio en su mejor opción. La razón por la que alguien querría establecer un refugio, más allá del altruismo, sería para acceder a la mano de obra barata de delincuentes convictos como Larry, que de otro modo podrían ser trabajadores productivos.
En un sistema de justicia libertario, mantener contratos y relaciones con instituciones clave sería fundamental para poder funcionar en general en la sociedad. Del mismo modo que Larry se enfrentaría a una vida muy restringida durante un tiempo si fuera condenado por atacar y robar a John, éste también podría haber acabado en el mismo tipo de vida si hubiera optado por tomarse la justicia por su mano. Por ejemplo, si John hubiera decidido simplemente asaltar la propiedad y los bienes de Larry para recuperar lo que creía que se le debía sin un juicio independiente y reconocido ni un esfuerzo de ejecución, entonces John podría fácilmente parecer que actúa como un agresor criminal y, en consecuencia, perder su posición con las contrapartes clave necesarias para mantener su vida y sus circunstancias.
Una vez esbozado brevemente el enfoque libertario de un sistema de justicia, podemos preguntarnos por qué sería mejor que los diversos sistemas de justicia estatales en los que vivimos actualmente. La mejor forma de entenderlo sería cómo enfocar cualquier solución de libre mercado frente a un monopolio impuesto con la amenaza de la violencia. Es decir, podríamos esperar que la competencia y el cálculo económico sin restricciones garantizaran que el coste de la justicia se redujera al tiempo que se maximizara la calidad de la justicia.
Esto podría traducirse en un mejor acceso a la justicia para los menos ricos, menos delincuencia sin víctimas, una administración de justicia más rápida, resultados más predecibles y resultados más coherentes con lo que se percibe como justo y moralmente correcto. Especialmente importante es la eliminación del concepto intrínsecamente erróneo de que el Estado sea el árbitro final en los conflictos entre él y la población dentro de su dominio, una construcción siempre destinada a favorecer al Estado en detrimento de la población y ser una fuente importante de corrupción y tiranía.
Debemos terminar señalando que un sistema judicial libertario no garantizará una justicia perfecta en todo momento. No es lo que se espera de un sistema de justicia estatal y, desde luego, nunca se ha conseguido. Sin embargo, lo que podemos esperar es un proceso que trabaje para optimizar y mejorar constantemente el sistema judicial, con innovaciones útiles que ganen terreno y procesos deficientes que sean descartados. Sin duda, esta perspectiva es mejor que la que tenemos. Sin duda, nos debemos a nosotros mismos pensar más en la consecución de la justicia fuera del Estado.
