Desde que Dick’s Sporting Goods y bancos como Citigroup tomaron decisiones de negocio en línea con el posicionamiento de los grandes medios de comunicación a favor del control de las armas de fuego, algunos opositores a dicho control han debatido sobre si las empresas privadas suponen una amenaza mayor para los derechos sobre las armas de fuego que el propio estado. En el caso de Dick’s Sporting Goods, la empresa de actividades al aire libre decidió dejar de vender rifles como el AR-15 y prohibir la venta de armas de fuego a personas menores de 21 años. En respuesta al tiroteo en Parkland, Florida, bancos como Citigroup también elaboraron sus propias políticas contra las armas de fuego, como se informa en el New York Times:
Citigroup está estableciendo restricciones a la venta de armas de fuego para sus clientes empresariales, siendo el primer banco de Wall Street que adopta una postura en el polémico debate sobre el control de armas de fuego.
La nueva política, anunciada el jueves, prohíbe la venta de armas de fuego a clientes que no hayan pasado una verificación de antecedentes o sean menores de 21 años. También prohíbe la venta de recargadores automáticos y cargadores de gran capacidad.
No son solo los poseedores de armas de fuego los que están experimentando limitaciones en sus alternativas de compra. Los cabilderos de los derechos sobre armas de fuego, como la National Rifle Association se han enfrentado a la oposición de las corporaciones de Estados Unidos. Empresas de alquiler de vehículos como Avis y empresas de software como Symantec han eliminado sus programas para afiliados de la NRA tras la histeria del tiroteo de Parkland.
Parece que la próxima moda en señalamiento de virtudes en el mundo corporativo puede ser el control de las armas de fuego.
Por qué la respuesta no es tener más leyes
El senador de EEUU por Luisiana, John Kennedy, registró recientemente la propuesta de ley de la No Red and Blue Banks Act, que “prohibiría al gobierno federal contratar con bancos que discriminen a negocios legales basándose solo en consideraciones de política social”. Kennedy no da ninguna razón válida acerca de cómo debería el gobierno frenar el subsidio de empresas.
Por desgracia, Kennedy cae en la trampa conservadora actual de atacar los contratos públicos porque benefician a las corporaciones que defienden causas izquierdistas, en lugar de oponerse categóricamente a todas las formas de intervención pública. Para empezar, todos los contratos y privilegios estatales a las empresas deberían eliminarse, independientemente de su objetivo o propósito declarado. Sin embargo, muchos conservadores bienintencionados están atascados en un pensamiento miope y no se dan cuenta de la coacción estatal implícita de fondo. Para ellos, paradójicamente, el gobierno es la respuesta.
Pensando más allá de la primera etapa
La mayoría de la gente ve la fachada capitalista de la economía de EEUU, pero no aprecia las amenazas implícitas de la fuerza estatal. Las corporaciones hoy tratan de anticiparse al gobierno en lo que se refiere a desligarse de grupos políticamente degradados como los dueños de armas de fuego.
Si las corporaciones empiezan a remolonear, o bien recibirán amenazas veladas del gobierno, para prohibir estos negocios, o bien les impondrán leyes en este sentido. Esto quedó claro con el último escándalo de desplataformado social.
Justin Raimondo detallaba las amenazas del senador Chris Murphy a las empresas de los medios sociales durante la ola de desplataformado:
Todo esto no bastaba para el senador Chris Murphy (D-Connecticut), que reclamaba saber si el plan era solo acabar con “un sitio web”. Sin duda tenía una lista de sitios con que le gustaría acabar. Mas ominoso todavía fue que se reveló que se había lanzado una amenaza directa a estas empresas por parte del senador Mark Warner (D-Virginia), que envió un memorando listando todas las formas en que un gobierno podía tomar medidas sobre las grandes redes sociales si rechazan seguir limpiando Internet de material “divisivo”.
En muchos aspectos, las decisiones de las grandes empresas con contactos políticos de dejar de hacer negocios con ciertas organizaciones políticas dan coberturas a políticos obsesionados con el control. En lugar de tener que aprobar leyes ellos mismos, de las cuales pueden ser responsables en tiempo de elecciones, los políticos pueden conformarse con presionar e incluso extorsionar a una gran empresa para que asuma su programa. No son necesarias leyes o regulaciones polémicas, al menos de momento.
Volviendo a la cultura
Sería ingenuo creer que estas formas de disociación y censura iban a limitarse al sector privado. Al final, la política deriva de la cultura.
Lo que vemos ahora es una manifestación de este proceso degenerativo en tiempo real.
No importa lo que afirmen los negacionistas, la corrección política y el complejo estatal-lingüístico son herramientas de la comunidad política para legitimar el universalismo político. Una vez las empresas pican en el anzuelo, el sedal y el plomo del complejo estatal-lingüístico, este nuevo comportamiento se extenderá a otras partes de la sociedad. El ámbito político acabará siendo uno de los últimos sectores en adoptar estas tendencias. Esto resulta evidente en el Congreso, que ya está proponiendo un montón de propuestas de control de armas de fuego, que van del registro universal de armas a planes de confiscación de bandera roja.
Estados Unidos necesita despolitización
Sí, las decisiones de negocio para disociarse de los grupos de armas de fuego no son cualitativamente lo mismo que el control de armas de fuego basado en el estado. De hecho, el control de armas de fuego impuesto por el estado es más duro y más difícil de abolir debido a la inercia institucional del gobierno. Pendas en ello: ¿cuándo fue la última vez que vimos alguna legislación importante derogada a nivel federal?
A largo plazo, las organizaciones de armas de fuego pueden al menos recurrir a otros bancos y proveedores de servicios para sus operaciones cotidianas. En algunos casos, aparecerán ciertas entidades para atender las necesidades de organizaciones de nicho que se encuentren en el ostracismo por instituciones previas. El polémico negocio de medios sociales Gab se viene a la cabeza.
Otras alternativas como buscar soluciones legales a través de los tribunales podrían ser opciones válidas para los afectados por decisiones polémicas de negocio. Los demandantes podrían citar acciones de incumplimiento de contrato como violaciones de las condiciones de servicio o difamaciones personales si decidieran llevar a estas empresas a los tribunales. Hay una cosa segura: añadir más burocracia no es la respuesta para luchar con el programa corporativo de corrección política en Estados Unidos.
Estados Unidos necesita urgentemente una desintoxicación política y la descentralización podría ofrecer el remedio.
