Pocas figuras históricas son tan infames y controvertidas como Nicolás Maquiavelo. A menudo vilipendiado por sus prescripciones de crueldad como medio de mantener el poder político, Maquiavelo nos dio quizá el primer tratado de teoría política práctica. De hecho, es la naturaleza puramente pragmática y no idealista de su obra lo que le ha granjeado a Maquiavelo tanto prestigio y credibilidad en el ámbito de la teoría política y la filosofía. Maquiavelo no era un utópico. Veía el mundo como era, no como deseaba que fuera.
Entonces, ¿qué consejos prácticos podemos extraer del llamado fundador de la ciencia política moderna? Aunque las motivaciones que le llevaron a escribir El príncipe, su obra más prolífica, son discutidas, tanto si se hace una lectura esotérica como exotérica del texto, no se puede argumentar que las ideas de Maquiavelo sobre la condición humana y las prescripciones para el arte de gobernar sean menos que proféticas e incisivas.
Uno de los peligros de los que advierte Maquiavelo es la excesiva «liberalidad» con los fondos gubernamentales. Este peligro está presente independientemente del tipo de régimen, y afecta tanto a principados como a repúblicas. Dada la montaña de deuda federal que los Estados Unidos soporta actualmente y la amenaza de impago a la que se enfrentaba Washington hace tan sólo unos meses, esta advertencia resulta especialmente pertinente para el actual debate nacional.
Maquiavelo escribe en El príncipe que un príncipe que es liberal con sus fondos «consumirá rápidamente todos sus recursos». Entonces, si desea seguir siendo liberal, un príncipe debe «gravar extraordinariamente al pueblo» y «ser riguroso con los impuestos». Esto se debe a que un príncipe dispone de medios limitados para obtener capital y, para gastar liberalmente, debe gravar con impuestos a la ciudadanía.
Lo mismo puede decirse de las repúblicas. Sólo hay unos pocos medios limitados por los que una república puede obtener fondos. Pueden pedir prestado a los prestamistas, crear moneda adicional o gravar con impuestos a su población. En el pasado, el gobierno federal de EEUU ha empleado todos estos métodos para adquirir el capital necesario para financiar sus gastos. En última instancia, sin embargo, los fondos prestados deben ser devueltos, lo que requiere un aumento de los impuestos, y los efectos de la simple impresión de dinero adicional han sido tan desastrosos que no merecen mayor discusión. Así pues, al igual que en el caso de los principados, una república que desee gastar liberalmente no tiene otra opción que gravar «extraordinariamente» a su población con impuestos.
Esto plantea varios dilemas. El primero se refiere a la producción económica. La parte de los ingresos privados que se grava no puede invertirse privadamente en la creación de empresas —las que demanda el mercado— que contribuyan a aumentar la producción económica. Además, los impuestos excesivamente gravosos o de naturaleza redistributiva pueden considerarse erosivos para los derechos de propiedad. Si los inversores, los empresarios y los trabajadores productivos no confían en que podrán recoger y conservar los frutos de sus inversiones, empresas y trabajos, tendrán menos incentivos para dedicarse a estas tareas tan necesarias para la producción económica y la prosperidad.
Otro dilema, relacionado con el anterior, es el resentimiento ciudadano. La relativa popularidad de comparar los impuestos con el «hurto» o el «robo legal» dice mucho sobre la forma en que gran parte de la población tiende a ver los impuestos. Para muchos, el acto de gravar es una violación de su derecho básico a la propiedad. Este sentimiento se exacerba cuando los impuestos son excesivos, desiguales o claramente innecesarios. Sobre este tema, Maquiavelo escribe: «si [un príncipe] quiere mantener un nombre de liberalidad, [debe] cargar al pueblo extraordinariamente, ser riguroso con los impuestos. Esto comenzará a hacerlo odiado por sus súbditos». En las repúblicas y en los principados, ese resentimiento puede conducir a la inestabilidad política y, a veces, incluso poner en peligro el régimen.
Por lo tanto, debido a la inestabilidad política y económica que engendra, la liberalidad con los fondos gubernamentales no es una misión sostenible.
Sin embargo, como señala Maquiavelo, retractarse del gasto liberal no es políticamente fácil. Porque cuando un príncipe reconoce los peligros de la excesiva liberalidad y «quiere apartarse de ella, incurre inmediatamente en la infamia de la mezquindad». De hecho, una vez que se implanta un programa gubernamental, especialmente un programa de derechos, los beneficiarios de ese programa sienten como si se les hubiera robado algo si ese programa se elimina o incluso se reduce incrementalmente.
Pensadores y políticos contemporáneos se han hecho eco de sentimientos similares. El presidente Ronald Reagan, en su destacado discurso «A Time for Choosing», opinó —aunque con cierta sorna— que «una oficina gubernamental es lo más parecido a la vida eterna que veremos en esta tierra». Milton Friedman, de forma similar, escribió en su potente clásico Capitalismo y libertad que los programas de gasto gubernamental «destinados a cebar la bomba» durante la Gran Depresión «todavía están con nosotros y, de hecho, suponen un gasto gubernamental cada vez mayor» y señaló que la «prisa con la que se aprueban los programas de gasto [durante una recesión] no va acompañada de la misma prisa por derogarlos o eliminar otros cuando se supera la recesión».
Una vez implantados los programas gubernamentales, rara vez se derogan. Esto se debe, como bien afirmaron Friedman y Reagan, en parte a la propia naturaleza del Leviatán. Sin embargo, a menudo no es políticamente viable ni siquiera sugerir, y mucho menos votar, un recorte del gasto público y de los programas de ayuda social.
Maquiavelo advierte que para que un príncipe sea considerado liberal, la magnitud de su gasto debe ser cada vez mayor. Del mismo modo, para que los defensores y beneficiarios del Estado benefactor estén satisfechos, el gasto federal en dichos programas debe ser cada vez mayor. Friedman y Reagan sabían que la expansión sin límites del Estado benefactor era insostenible y económicamente perjudicial en los años sesenta. ¿Por qué, entonces, no se ha reducido ese gasto?
Un factor que contribuye, o quizá incluso el principal, es sin duda el miedo de los políticos a adquirir la «infamia de la mezquindad». El año pasado, cuando el senador republicano Ron Johnson se limitó a sugerir que el gasto en Seguridad Social y Medicare fuera revisado por el Congreso antes de ser aprobado automáticamente, fue objeto de las críticas de personalidades de los medios de comunicación, adversarios políticos y grupos de interés. El ex presentador de Fox News Chris Wallace calificó la sugerencia de Johnson de «política suicida». Y ello a pesar de que las últimas proyecciones del Consejo de Fideicomisarios de la Seguridad Social muestran que su fondo se agotará en la próxima década.
Precisamente por la insostenibilidad de ese gasto liberal y de los impuestos que requiere, Maquiavelo aconsejó a cualquier príncipe que «no debería, si es prudente, preocuparse por el nombre de la mezquindad». Tampoco debería ningún político —si es valiente— preocuparse por los ataques y las condenas que, en última instancia, acompañan a cualquier petición de reducciones críticas del gasto público.
