Desde las horribles atrocidades perpetradas por Hamás contra civiles israelíes el 7 de octubre de 2023, Israel ha llevado a cabo una devastadora operación militar en la Franja de Gaza. Más de 25.000 palestinos han muerto, el 70% de ellos mujeres y niños, y decenas de miles han resultado heridos. Alrededor del 85% de los 2,2 millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados internamente sin un lugar seguro al que ir.
Israel ha atacado sistemáticamente las infraestructuras civiles de Gaza, incluidos los hospitales. Más del 60% de las viviendas de Gaza han sido dañadas o destruidas. Como consecuencia del asedio israelí a Gaza, que ha bloqueado toda la ayuda humanitaria excepto un goteo, la mitad de los gazatíes pasan hambre y toda la población corre un riesgo inminente de hambruna. El gobierno de Sudáfrica ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a Israel del delito de genocidio.
Entonces, ¿cómo deberían ver los libertarios esta situación?
Los americanos tienen dos posturas básicas sobre esta cuestión. Una es que Israel tiene justificación para hacer lo que sea necesario para eliminar a Hamás en Gaza. La otra es que, aunque Israel tiene derecho a la autodefensa, debe ejercer ese derecho de acuerdo con la Ley Internacional Humanitaria.
El único punto de vista compatible con el ideal fundacional del libertarismo, el principio de no agresión, es este último.
Aunque gran parte del régimen de «seguridad colectiva» posterior a la Segunda Guerra Mundial en el marco de las Naciones Unidas, aplicado principalmente por el poder de EEUU, puede ser objetable desde un punto de vista libertario, el gobierno de Israel es signatario de la Carta de las NU, las Convenciones de Ginebra y la Convención sobre el Genocidio, por lo que en su caso es la ley, y ceteris paribus están obligados por ella.
Los apologistas de las políticas criminales del gobierno israelí defienden la naturaleza indiscriminada de los ataques de Israel eximiéndolo de responsabilidad alegando que Hamás utiliza a civiles como «escudos humanos». Este argumento, sin embargo, depende de un uso eufemístico de ese término que rechaza su definición según la ley internacional para referirse en su lugar a cualquier civil asesinado por el mero hecho de encontrarse en Gaza.
También existe el tropo popular de que Israel puso fin benévolamente a su ocupación de Gaza en 2005 sólo para sufrir los repetidos ataques de Hamás. Pero aunque Israel retiró las fuerzas militares y los colonos de Gaza, ha seguido siendo una Potencia Ocupante en virtud de su control continuado de la franja. Nada ni nadie entra o sale de Gaza sin permiso de Israel. Gaza sigue siendo, como la describió en 2004 el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Giora Eiland, «un enorme campo de concentración».
La retirada de 2005 formaba parte del «plan de retirada» del primer ministro israelí Ariel Sharon, que implicaba el abandono de los asentamientos judíos en Gaza manteniendo el control sobre el territorio y el avance del régimen de asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada con el objetivo de que Israel determinara unilateralmente sus fronteras aún no declaradas. En palabras del principal asesor de Sharon, Dov Weisglass, el plan de retirada proporcionó el «formaldehído» «necesario para que no haya un proceso político con los palestinos».
Otro elemento importante del contexto es cómo Israel apoyó inicialmente a Hamás como fuerza de oposición a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Yaser Arafat, que a finales de los 1980 había aceptado la solución de dos Estados basada en la aplicabilidad de la ley internacional al conflicto, incluida la aplicación de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las NU.
Aprobada tras la guerra de junio de 1967, esa resolución exige que Israel se retire a las líneas de armisticio trazadas tras la guerra de 1948, durante la cual 750.000 palestinos fueron limpiados étnicamente de sus hogares para establecer demográficamente el «Estado judío».
Cerca del 70% de la población de Gaza son refugiados de la limpieza étnica de 1948 y sus descendientes, y aproximadamente la mitad de la población son niños que han vivido toda su vida en este «enorme campo de concentración».
En 2004, el fundador de Hamás, el jeque Ahmed Yasin, anunció un cambio de política al declarar la disposición del grupo a aceptar un Estado palestino junto a Israel dentro de las fronteras anteriores a 1967, con una tregua a largo plazo para establecer intenciones mutuas. Israel respondió asesinándolo. No obstante, Hamás reiteró en varias ocasiones su oferta de tregua a partir de entonces, al tiempo que se implicaba en el proceso político participando en las elecciones municipales de 2005.
En 2006, aunque sólo obtuvo una mayoría de votos, Hamás derrotó a Al Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en las elecciones parlamentarias. En respuesta, Israel se confabuló con los EEUU y Al Fatah para derrocar al gobierno electo de Hamás. El intento fracasó y Hamás se hizo con el control total de Gaza, mientras que la AP seguía en el poder en Cisjordania.
La respuesta adicional de Israel fue intensificar el bloqueo de Gaza, en vigor desde 1967, hasta convertirlo en un estado de sitio destinado a castigar colectivamente a toda la población civil por vivir bajo el gobierno de Hamás, otra violación de la ley internacional.
Durante más de medio siglo, Israel ha desafiado la ley internacional manteniendo una ocupación beligerante de Cisjordania y Gaza que los organismos de las NU y las organizaciones internacionales de derechos humanos han calificado en los últimos años de régimen de apartheid. De hecho, no debería resultar controvertido afirmar que Israel existe como un Estado supremacista judío. Para demostrarlo, basta observar que la Ley del Estado Nacional Judío aprobada en 2018 define literalmente la autodeterminación en Israel como un derecho exclusivo de los judíos.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también ha mantenido durante mucho tiempo una política de utilización de Hamás como activo estratégico para bloquear el avance hacia las negociaciones de paz con los palestinos. Como dijo a sus compañeros del Likud en la Knesset, «cualquiera que quiera impedir la creación de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamás» como parte de la estrategia para mantener divididos a los dirigentes palestinos.
En su intervención ante la Asamblea General de las NU el 22 de septiembre de 2023, Netanyahu también iluminó el objetivo de los esfuerzos de Israel por «normalizar» las relaciones con los Estados árabes exigiendo de hecho que los palestinos aceptaran su sometimiento y mostrando un mapa del «Nuevo Oriente Próximo» en el que sólo aparecía Israel desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Los palestinos no tendrían igualdad de derechos como ciudadanos israelíes ni independencia en un Estado propio. Sólo tendrían que aceptar su derrota total y su sometimiento indefinido.
Como dijo una vez el presidente John F. Kennedy: «Quienes hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta». Si bien no hay justificación posible para la matanza y el secuestro de civiles por parte de Hamás el 7 de octubre, tampoco la hay para la violencia de represalia de Israel contra toda la población civil de Gaza, que se ha caracterizado por crímenes de guerra llevados a cabo con impunidad gracias al apoyo del gobierno de EEUU, que ha incluido el bloqueo de una resolución de alto el fuego en el Consejo de Seguridad de las NU.
Aunque el caso de Sudáfrica en la CIJ no plantea la cuestión de la complicidad de los EEUU, esta medida también pone sobre aviso a la administración Biden de que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 no sólo prohíbe a los EEUU apoyar el genocidio, sino que le obliga a actuar para impedirlo.
Mientras tanto, los autodenominados libertarios están obligados por el principio de no agresión a oponerse a los ataques indiscriminados contra civiles, independientemente de la etnia o nacionalidad de los autores o las víctimas.
