A partir de ahora, el Presidente Biden seguirá teniendo el privilegio de firmar y ejecutar tomas de más de 6 billones de dólares al año durante otros 1 año y medio a 5 años y medio. Esto sumaría entre 9 y 33 billones de dólares más.
Comparado con ese total, el probable soborno de 5 millones de dólares de Biden es menos de una millonésima parte de nuestra exposición actual a estas privaciones actuales y futuras de la propiedad. Y eso sin contar nuestra exposición actual a las privaciones actuales y futuras de la vida y la libertad.
El juicio político constitucional es una prevención de pérdidas
El juicio político, la condena y el castigo a lo sumo sólo privan al condenado de los privilegios para ocupar cargos públicos. Por lo tanto, aunque un acusado de destitución tiene derecho a un proceso constitucional de destitución, no tiene derecho a las protecciones constitucionales que se deben a los acusados penales o civiles que, si son castigados, podrían perder su vida, su libertad o su propiedad.
En el proceso de destitución, somos nosotros, el pueblo, quienes corremos el riesgo de perder la vida, la libertad o la propiedad a manos del acusado, si éste conserva el privilegio de ocupar un cargo gubernamental que le daría el poder de hacernos daño. El juicio político constitucional nos protege a nosotros, el pueblo.
La mayoría de los congresistas y presidentes de las cortes ignoran lo que está en juego para nosotros. No nos protegen a nosotros, protegen a sus colegas los acusados del impeachment. También ven esto como protegerse a sí mismos.
En el proceso de destitución, los representantes actuales son el gran jurado.
Cada gran jurado debería ser un «fugitivo». Los miembros del jurado deberían tomar cartas en el asunto y averiguar por sí mismos qué cargos deberían considerarse en el juicio. Deberían estar a favor de presentar una acusación amplia que abarque casi todos los delitos importantes.
En su acusación, los actuales representantes deberían dar prioridad a los cargos que indiquen hasta qué punto el hecho de seguir concediendo al acusado el privilegio de ocupar cargos públicos expondría a las personas a futuras privaciones de la vida, la libertad y la propiedad:
- Como presidente, Biden ha disminuido el uso de los útiles genéricos existentes y ha aumentado el uso de vacunas nocivas, privando a las personas de la vida.
- Como presidente, Biden no ha ejecutado fielmente los estatutos constitucionales de inmigración que habrían excluido a los delincuentes, lo que ha privado de la vida a las personas.
- Como presidente, Biden, sin declaración de guerra, ha desembolsado ayudas a Ucrania, privando de la vida a personas.
- Como presidente, Biden ha detenido y procesado a los manifestantes del 6 de enero, pero se niega a procesar a los alborotadores de la izquierda, privando de libertad a algunas personas mientras favorece a otros infractores de la ley.
- Como presidente, Biden ha desembolsado fondos inconstitucionalmente a organizaciones extragubernamentales y a agencias y departamentos administrativos, utilizando ingresos procedentes de impuestos y préstamos, privando de hecho a las personas de libertad, ya que la gente renunció a parte de su libertad para ganar los bienes que él tomó y utilizó.
- Como vicepresidente, las pruebas ya disponibles sugieren que, con toda probabilidad, Biden aceptó sobornos de gobiernos extranjeros y, a cambio, apoyó a esos gobiernos.
Una acusación adecuadamente amplia incluiría claramente muchos más cargos y más detalles. Los cargos anteriores son sólo aspectos destacados representativos que dan a nuestros representantes actuales un buen comienzo.
La tiranía administrativa es bipartidista
Un montón de cargos consecuentes podrían ser imputados a Trump como presidente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Trump aumentó la tiranía sanitaria y el gasto inflacionario. En realidad, desde 1897 todos los presidentes, salvo Warren Harding, Calvin Coolidge y Ronald Reagan, han tolerado o impulsado la tiranía administrativa lo suficiente como para justificar un juicio político.
Pero lo peor lo han hecho las supermayorías de legisladores progresistas. Las principales competencias legislativas son aprobar normas y sanciones y aprobar un único crédito presupuestario global. Este poder va acompañado de la posibilidad de ser destituido.
Los legisladores progresistas se las han ingeniado para eludir esta responsabilidad acaparando poderes ejecutivos no enumerados: creando departamentos administrativos, agencias y organizaciones constituidas por el gobierno, y organizándolas, presupuestándolas, dotándolas de personal y supervisándolas.
Los ejecutivos progresistas no se han interpuesto. Han firmado legislación inconstitucional habilitante y han ejecutado dicha legislación.
Dirigidos por comités legislativos progresistas, los legisladores y ejecutivos progresistas han normalizado que los administradores promulguen normas y sanciones, privando al pueblo de la responsabilidad tanto legislativa como ejecutiva. Los candidatos que utilizarían sus poderes para demoler el Estado administrativo se encuentran con que su nominación y elección se ven muy obstaculizadas por los procesos de definición de los dos grandes partidos.
La impugnación debe demostrar el apoyo a la Constitución
La destitución de ejecutivos actuales o pasados no cambiará la tiranía administrativa de los partidos actuales o de sus políticos. Lo que se necesita es cambiar las acciones futuras de los legisladores. Pero un juicio político por las razones adecuadas indicaría a los votantes que los legisladores están empezando a seguir fielmente la Constitución.
Nosotros, el pueblo, necesitamos una acusación contra Biden para reconocer adecuadamente los riesgos actuales y futuros a los que nos enfrentamos si nuestros representantes siguen permitiendo a Biden el privilegio de utilizar el poder del gobierno de forma abusiva contra nosotros. Y necesitamos que todo el proceso de acusación, juicio y castigo se complete rápidamente, para poner fin rápidamente a nuestras actuales pérdidas.
En los juicios de destitución, los senadores actuales son responsables de presentar la acusación y la defensa y de ser los jurados. Cuando se juzga a alguien que no es un presidente en ejercicio, el presidente del Senado en ejercicio, que es el vicepresidente en ejercicio, es responsable de actuar como juez. Cuando se juzga a un presidente en ejercicio, un presidente de la Corte Suprema en ejercicio es responsable de actuar como juez.
Las acciones de un senador y de un presidente de la Corte Suprema en un juicio de destitución presidencial serán más elocuentes a lo largo de la historia que cualquiera de las demás acciones o palabras de estas personas.
El hecho de que para muchos, sus acciones pasadas hayan apoyado muchas de las acciones de Biden es una cuestión aparte que, siendo realistas, claramente tendrá muchas menos consecuencias para estas personas personalmente. Tanto la historia como simples consideraciones prácticas establecen que estas personas se enfrentarán a pocos o ningún castigo, y no se enfrentarán a castigos proporcionales a la gravedad de esas acciones pasadas.
El mejor remedio que podrían ofrecernos ahora de buena fe como compensación parcial por sus acciones pasadas sería empezar a apoyar la Constitución a partir de ahora, simplemente haciendo lo correcto y dejando que las fichas caigan como puedan.
Un gran comienzo sería impugnar a Biden por todas las razones correctas.
