Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, muchos gobiernos de todo el mundo han aprovechado la crisis, extendiendo el alcance del Estado a niveles que erosionan la libertad individual y sobrepasan los derechos civiles.
América Latina no ha sido una excepción. Las administraciones hambrientas de poder han recibido con gratitud poderes de emergencia y a menudo los han utilizado para socavar las protestas, la prensa y la propiedad privada.
En un artículo para Reason, Joshua Collins destaca los recientes casos de abuso de poder en toda América Latina. Por ejemplo, en Honduras, el gobierno ha suspendido temporalmente las protecciones constitucionales de la libertad de expresión. En Bolivia, el gobierno provisional ha puesto en vigor un decreto que permite el encarcelamiento por un período de hasta diez años de quienes «informen mal» o «promuevan el incumplimiento» de las medidas gubernamentales. Como de costumbre, el régimen venezolano ha reprimido violentamente las protestas y ha detenido a los periodistas y políticos que se atrevieron a ejercer sus derechos. En Brasil, el Presidente Jair Bolsonaro ha impedido el acceso a los datos de salud pública. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández ha anunciado un protocolo de «ciberpatrulla» que no fue bien recibido por los ciudadanos y las ONG. El gobierno argentino también ha amenazado con expropiar una gran empresa agroindustrial para lograr la «soberanía alimentaria». En Cuba, el régimen ha continuado con sus ataques a los derechos de los ciudadanos y los activistas de derechos humanos han denunciado el «aumento de las detenciones, el acoso y las prohibiciones» de su movimiento, «a pesar de que no han violado ninguna norma de salud».
Todo esto ocurre en el contexto de largas y severas restricciones de movimiento que se aplican con «multas, detenciones e incluso deportaciones», dice Collins. Como añade, «si los disturbios civiles vuelven a estallar durante el actual estado de emergencia, los manifestantes de muchos países pueden encontrarse frente a las fuerzas del Estado con poderes extralegales y una prensa amordazada».
La crisis económica
Los largos períodos de graves restricciones gubernamentales a la circulación y la actividad económica pueden impedir la sobrecarga de los sistemas de salud, pero tienen efectos económicos perjudiciales. En un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Constantino Hevia y Andrés Neumeyer explican que los cierres extensos causan quiebras, despidos masivos y una pérdida de eficiencia en las cadenas de suministro y las redes de producción, entre otros efectos.
Además, en las naciones pobres con cuentas públicas desordenadas (como varios países de América Latina) estas medidas tienen repercusiones más profundas en el empleo y la inversión. Además, los gobiernos no suelen tener las herramientas para hacer frente a la crisis. En consecuencia, los disturbios civiles pueden ser más intensos a medida que aumenta la desesperación y la pobreza.
Un vistazo al pasado
La actual combinación de gobiernos depredadores y una profunda recesión se suma a una larga historia de autoritarismo y desastres económicos en la región.
A pesar del progreso de naciones como Chile y Uruguay, la corrupción, el autoritarismo y la pobreza siguen siendo comunes en la vida de muchas personas. Desde Castro a Videla, y desde Pinochet a Maduro, la tiranía ha tomado muchas formas y colores durante las últimas décadas. Sin embargo, la pobreza estructural, la debilidad de las instituciones y el crimen de estado nunca han dejado de estar al acecho de una gran parte de los latinoamericanos.
Hoy, durante una profunda crisis económica, los ciudadanos de muchos países de América Latina sufrirán la asfixia de un Estado violento que ha utilizado la emergencia para aumentar su poder. La historia de los líderes hambrientos de poder que se aprovechan de los acontecimientos desafortunados no es nueva, y este calvario se añadirá a una larga lista de ataques a la libertad en la región.
