Hace poco tuve mi reunión mensual con mi jefe. Surgió el tema de la logística y las cadenas de suministro. Mi mente divagaba, ya que ha sido un tema candente tras los cierres de hace unos años. Pero también pensé en la cruzada ASG.
Entre otras cosas, nuestra empresa intenta resolver los problemas de la cadena de suministro de los clientes de la forma más eficaz y eficiente posible. Al hacerlo, les ayudamos a prosperar y, cuando lo consiguen, sus empleados prosperan, sus propietarios se benefician y nosotros también brillamos.
Y podría ser mejor.
Una de las cosas más perjudiciales a las que nos hemos enfrentado en los últimos años ha sido la escalada de los precios al consumo. La inflación es una de las causas de esta situación desde hace décadas.
Esto se debe a la deficiente política monetaria de EEUU. Hemos visto cómo se manifestaba en los elevados precios de las gasolineras y los supermercados (irónicamente, dos parámetros que la Reserva Federal excluye de algunas de sus estadísticas), en la vivienda, etc.
La otra parte ha sido una sacudida a las redes mundiales de suministro. Aunque esto empezó a notarse unos años antes debido a la tendencia proteccionista del expresidente Donald Trump, se disparó tras la reacción política al coronavirus.
Las autoridades políticas de todo el mundo cerraron empresas que consideraban no esenciales. Los trabajadores fueron enviados a casa y sometidos a arresto domiciliario, aparentemente por su propia seguridad.
Los funcionarios electos apenas pensaron en las consecuencias imprevistas de luchar contra un virus que tenía un par de víctimas demográficas bien definidas (ancianos y personas con otras afecciones médicas) y una tasa de supervivencia global de más del 99%.
En este caso, las cadenas de suministro se rompieron y los gobiernos se limitaron a repartir dinero en efectivo a las personas cuyos puestos de trabajo se evaporaron; fue una tormenta perfecta para que los precios se dispararan.
Durante la charla con mi jefe, me pregunté: si se supone que las decisiones de las empresas tienen en cuenta el bienestar de la sociedad (según ASG), más allá de lo que aportan a través del empleo, la innovación, etc., ¿debería incluirse la educación de sus empleados en este tipo de consecuencias?
¿Estar de acuerdo con las decisiones políticas que afectan más duramente a los pobres no encajaría aquí?
No se trata tanto de una cuestión política como de lógica y razón. El único momento en que la política entraría en el debate es si las empresas, sus asociaciones comerciales, etc. presionan para obtener un trato preferente. O si sus funcionarios o brazos políticos asociados (PAC) hacen donaciones de campaña.
Si la desinformación es una preocupación real, los empleados deben saber que no es la «codicia» lo que obliga a las empresas a subir los precios, por ejemplo. Es más probable que el coste de los insumos haya subido posteriormente, y/o que el dólar se haya dejado depreciar.
Además, lo que algunos denominan «codicia», otros lo llaman «afán de lucro», sin el cual vemos menos innovación, menos competencia. En consecuencia, soportamos menor calidad y precios más altos.
Si las empresas quieren organizar talleres sobre el cuidado de la Tierra o seminarios para sensibilizar a los grupos tradicionalmente oprimidos (ambos objetivos nobles), ¿no deberían también arrojar luz sobre las consecuencias de las malas decisiones de sus cargos electos?
