Los progresistas están celebrando el veredicto de ayer en Michigan en el que un jurado del condado de Oakland anuló de hecho un par de sentencias de la Corte Suprema de EEUU de principios del siglo XIX para permitir a los fiscales condenar a personas por delitos aunque no hayan infringido la ley. Según el New York Times:
El veredicto de culpabilidad dictado el martes contra la madre de un adolescente de Michigan que asesinó a cuatro estudiantes en 2021 en el tiroteo escolar más mortífero del estado es probable que se extienda por el panorama legal del país, ya que los fiscales se encuentran sopesando una nueva forma de buscar justicia en los tiroteos masivos.
Al condenar a Jennifer Crumbley por homicidio involuntario después de que su hijo Ethan Crumbley, que entonces tenía 15 años, matara a cuatro compañeros e hiriera a varios más en un tiroteo en una escuela, utilizando un arma que sus padres le habían comprado legalmente, el jurado (instado tanto por el fiscal como por el juez) amplió enormemente la ley penal utilizando el mecanismo de la ley consuetudinaria. Con ello se revoca una política largamente defendida por los gobiernos estadual y federal de dejar la ley penal como estatutaria:
La Ley Penal, sin embargo, no ha sido una verdadera materia de common law durante muchos años. La Corte Suprema, por ejemplo, anunció hace casi 200 años que no existen crímenes federales de common law. Como resultado del movimiento de codificación del siglo XIX, todos los estados americanos han aceptado durante décadas la noción de supremacía legislativa en Ley Penal, es decir, la idea de que son los legisladores y no los jueces quienes deben crear y definir las ofensas criminales.
Como señalaré en un próximo artículo que analiza en profundidad este caso y sus implicaciones, Jennifer y James Crumbley fueron padres negligentes y cometieron numerosos errores de juicio sobre cómo tratar a su problemático hijo. También son partidarios de Trump, lo que los sitúa en una categoría de personas a las que los progresistas creen que se les deben negar derechos básicos. Sin embargo, ninguno de ellos infringió ninguna ley estatutaria con la compra del arma para Ethan ni con la forma en que la guardaron en su casa. Tampoco infringieron la ley ni desafiaron las directrices médicas o legales en sus interacciones con Ethan.
(El mal juicio de los padres no es necesariamente ilegal. Si lo fuera, la mayoría de los que hemos criado niños problemáticos estaríamos en la cárcel).
En cambio, los miembros del jurado decidieron que la Sra. Crumbley debería haber sabido que su hijo iba a participar en un tiroteo en la escuela, y que no hizo lo suficiente como madre para impedir esta tragedia. Tal vez deberíamos señalar que los funcionarios de la escuela también sabían de algunos de los problemas de Ethan e incluso decidieron no registrar la mochila del niño en la escuela menos de dos horas antes de que empezara a disparar.
En otras palabras, los funcionarios del gobierno tenían tanto la información como la autoridad legal para intervenir, pero decidieron no hacerlo, aunque la madre es la que va a ir a la cárcel durante muchos años mientras que ningún funcionario del gobierno perderá nada. (Está previsto que el padre, James Crumbley, vaya a juicio el mes que viene).
En su artículo de hoy en la Conexión Mises, Connor O’Keeffe señala que los fiscales progresistas, por razones políticas, se niegan a aplicar la ley existente en muchas jurisdicciones, incluso cuando los autores participan en actividades delictivas violentas. Podemos añadir que la misma ideología política que anima a los fiscales progresistas a desatender la ley existente les animará a utilizar la ley penal para perseguir a cualquiera que caiga en el lado equivocado del espectro político izquierdista.
Cabe esperar que las cortes de apelación o el SCOTUS vean este veredicto tal y como es y lo anulen, pero dado que las cortes de EEUU están tan politizados como el resto de la sociedad, es dudoso que cumplan con su deber.
