El Estado de bienestar y la promesa de protección

[Se puede descargar un archivo de audio MP3 de este artículo, leído por Floy Lilley].

Nuestros predecesores trataban sus preocupaciones confiando en la fe religiosa. Para ayuda tangible, acudían a su parentela, vecinos, amigos, correligionarios o camaradas en logias, sociedades de beneficencia mutua, asociaciones étnicas, sindicatos y una amplia variedad de otros grupos voluntarios. Los que se encontraban entre las grietas de las sociedades voluntarias recibían ayuda de ciudades y condados, pero la ayuda suministrada por el gobierno se mantenía baja y sus receptores eran estigmatizados.

En el siglo XX, especialmente durante los pasados setenta años, los estadounidenses han puesto su fe en el gobierno—cada vez más en el gobierno federal. Desde que Franklin Delano Roosevelt asumiera la presidencia en 1933, el socorro voluntario ha quedado a rueda de la asistencia pública. Prácticamente ninguna fuente de preocupación ha acabado sin ser atendida por un programa público. Vejez, desempleo, enfermedad, pobreza, incapacidad física, pérdida de apoyo conyugal, necesidades de crianza, lesiones laborales, desgracia en el consumo, malas inversiones, errores al tomar prestado, accidentes de tráfico, riesgo medioambiental y pérdidas por inundaciones, incendios o huracanes, todos se han convertido en sujetos del socorro público.

Nuestros ancestros confiaban en sí mismos; nosotros confiamos en el estado de bienestar. Pero la «red de seguridad» que los gobiernos han extendido debajo de nosotros parece cada vez más una telaraña en que nos enredamos y de la cual debemos liberarnos si queremos conservar una sociedad próspera y libre.

Bismarck, soldados y madres

Se considera a menudo que el estado moderno del bienestar se originó en el Imperio Alemán en la década de 1880, cuando el Canciller de Hierro, el príncipe Otto von Bismarck, estableció el seguro obligatorio de accidentes, enfermedad y vejez para los trabajadores. Bismarck no era un altruista. Pretendía que sus programas sociales alejaran a los trabajadores del socialismo revolucionario y para comprar su lealtad al régimen del Káiser; en buena medida, parece que alcanzó sus objetivos.

A finales del siglo XIX, ningún aspirante estadounidense a científico social consideraba completa su educación sin una estancia en una universidad alemana y los jóvenes impresionables trajeron a Estados Unidos una visión favorable de las políticas sociales de Bismarck, absortos por las enseñanzas del profesorado adorador del estado en Alemania.1

Hombres como Richard T. Ely, Edward A. Ross, Henry Carter Adams y Simon Patten trasladaron ideas y visiones que persistieron durante varias generaciones. Consideremos, sólo como un ejemplo, que Edwin Witte, el principal autor de la Ley de Seguridad Social de 1935, era alumno de John R. Commons, que fue alumno de Ely (que fue descrito por Joseph Schumpeter como «ese excelente profesor alemán en la piel de un estadounidense»).2

Mientras Ely y los demás predicaban sus doctrinas germánicas, estaba apareciendo un incipiente estado del bienestar de forma bastante independiente en Estados Unidos mediante una expansión de largo alcance de las pensiones dadas a los veteranos de la Unión de la Guerra de Secesión. Originalmente las pensiones eran solo para hombres con probadas discapacidades relacionadas con el servicio y sus supervivientes dependientes.

Pero los políticos, especialmente los republicanos, se dieron cuenta de que podían comprar votos dispensando pensiones más liberalmente. Las normas de idoneidad se ampliaron cada vez más. Se acabó no necesitando probar ninguna discapacidad relacionada con el servicio, ni necesitando ninguna experiencia de combate y bastaba con ser viejo para que un veterano pudiera reclamarla. Algunos congresistas llegaron a cambiar los historiales militares de desertores para conseguirles pensiones mediante leyes especiales del Congreso.3

Entre 1880 y 1910, el gobierno federal dedicó aproximadamente un cuarto de su gasto a pensiones de veteranos. En esta última fecha, más de medio millón de hombres, en torno al 28% de todos los que tenían 65 o más años, estaban recibiendo pensiones, habiendo más de 300.000 supervivientes dependientes de veteranos. Además, miles de viejos soldados vivían en hogares mantenidos por el gobierno federal o los estados.4

«Nuestros antepasados dependían de sí mismos; nosotros dependemos del Estado del bienestar».

El que los políticos convirtieran el legítimo sistema de pensiones para veteranos lisiados y sus supervivientes en una máquina de clientelismo político no debería ser una sorpresa. Comprar votos y proporcionar clientelismo son cosas que hacen normalmente los políticos electos, salvo que se les limite rígidamente. Esta triste experiencia bien podría haber servido como advertencia, y lo fue durante un tiempo, pero la lección acabó olvidándose.

Durante las tres primeras décadas del siglo XX, cuando los movimientos políticos de la clase media en general rechazaban apoyar propuestas de programas integrales de gasto social, considerando que los políticos electos abusarían de ellos, las organización de mujeres, incluyendo la Federación General de Clubes de Mujeres y el Congreso Nacional de Madres, cabildearon con éxito para el establecimiento de pensiones estatales para madres.5 Estos estipendios pequeños y administrados localmente iban a «viudas respetables empobrecidas» para permitirles criar a sus niños en casa.

Entre 1921 y 1928, cuarenta y cuatro estados autorizaron dichos pagos.6 En 1935, con la aprobación de la Ley de Seguridad Social, el gobierno federal unió fuerzas con los estados para financiar la extensión de las pensiones de las madres: Ayuda para niños dependientes (ADC, por sus siglas en inglés)—posteriormente llamada Ayuda para Familias con Niños Dependientes—que acabó convirtiéndose en casi sinónimo de «bienestar».

También durante la segunda década del siglo XX, todos los estados salvo seis aprobaron leyes de indemnización para trabajadores, que eliminaban de los tribunales las demandas de daños en el lugar de trabajo y obligaban a los empresarios a tener seguros para pagar indemnizaciones para diversos tipos de lesiones bajo un sistema de responsabilidad estricta.7

El primer grupo, 1933-1938

Entre 1929 y 1933 la gran contracción económica dejó en la indigencia a millones de estadounidenses. Los gobiernos estatales y locales, tratando de proporcionar cantidades de socorro sin precedentes mientras disminuían sus propios ingresos, reclamaron ayuda del gobierno federal. El presidente Herbert Hoover se opuso a la implicación federal en los esfuerzos de socorro, pero aprobó con reticencias la Emergency Relief and Construction Act de 1932, que transfería fondos federales al estado en auxilio de los desempleados (bajo la ficción de que las transferencias eran préstamos).

Después de que Roosevelt asumiera el cargo, el gobierno federal inmediatamente se lanzó a vastas actividades de socorro. La Federal Emergency Relief Administration (FERA), dirigida por el jefe del bienestar, Harry Hopkins, canalizaba fondos a los estados—la mitad en concesiones tasadas (1$ de cada 3$) y la mitad a gastos discrecionales. El dinero iba a proyectos de ayuda al trabajo para la construcción de carreteras, alcantarillado y edificios públicos; a beneficiarios de cuello blanco, como maestros, escritores o músicos y a personas imposibles de emplear, incluyendo ciegos, tullidos, ancianos y madres con hijos pequeños.8

Las asignaciones discrecionales de Hopkins y su supervisión del dinero federal envolvieron a la FERA en polémicas políticas. Los políticos luchaban fieramente por controlar el clientelismo propio de determinar quién conseguiría el dinero y los empleos del socorro y ocuparían los 150.000 puestos administrativos. «El gobernador Martin Davey, de Ohio, tenía una orden de detención para Hopkins si ponía los pies en el estado y varios políticos, siendo el más notable el gobernador William Langer, de Dakota del Norte, fueron condenados por mal uso de fondos y estuvieron un tiempo en la cárcel».9

«Un programa nacional de pensiones de vejez disfrazado de seguro, pero que en realidad... es un plan de transferencia de ingresos corrientes de los trabajadores a los no trabajadores».

También en 1933, el Congreso creó los Civilian Conservation Corps, para poner a trabajar a jóvenes en proyectos al aire libre bajo disciplina casi militar; la Public Works Administration para emplear a gente en la construcción de obras públicas como presas, hospitales y puentes y la Civil Works Administration para operar los proyectos de empleo federal apresuradamente planeados para más de 4 millones de desempleados durante el invierno de 1933-1934.

En 1935, con 7,5 millones de trabajadores (más del 14% de la mano de obra) aún desempleados y otros 3 millones en trabajos de socorro de emergencia,10 el Congreso aprobó la Emergency Relief Appropriation Act, bajo cuya autoridad FDR creó la Works Progress Administration (WPA) para contratar desempleados. El presidente nombró a Hopkins como administrador. Para cuando se cerró, ocho años más tarde, la WPA había pagado más de 10.000 millones de dólares a 13,7 millones de personas–año de empleo, principalmente en proyectos de construcción, pero también en un amplio rango de trabajos de cuello blanco, incluyendo un apoyo polémico a actores, artistas, músicos y escritores.11

Como la FERA, la WPA aunaba las ambiciones de políticos estatales y locales en un acuerdo «administrado cooperativamente» que estableció un patrón para muchos programas sociales posteriores. Bajo las líneas maestras dictadas federalmente y principalmente con financiación federal, los cargos estatales y locales consiguieron un control clientelar importante. Los gobiernos locales normalmente diseñaban los proyectos, seleccionando trabajadores de sus listas de socorro y soportando una pequeña parte de los costes. Los republicanos veían correctamente a la WPA como un plan masivo demócrata de compra de votos. Los proyectos de la WPA eran ridiculizados frecuentemente, como en las siguientes estrofas de una canción contemporánea:

No somos simples chicos de cada día,

Oh, no, nosotros no.

Somos los tranquilos vividores

De la industria,

Esos famosos chiquillos de la WPA

De Franklin D.

Aquí dormimos todo el día

Mientras F.D. espanta las moscas

Solo nos levantamos para cobrar nuestra paga

¿Por qué? Por inclinarnos sobre una pala.12

El espíritu de esta canción perduró a partir de entonces, ya que muchos empleados privados pagadores de impuestos se han sentido agraviados por los empleados en proyectos públicos de creación de empleo (a menudo descritos posteriormente como programas «de formación»).

Durante los primeros dos años de su presidencia, Roosevelt sufrió una creciente presión de políticos más radicales. El senador de Louisiana, Huey Long, pregonaba su Share Our Wealth Plan para una completa redistribución de rentas y consiguió un seguimiento nacional en 1934 y 1935. Simultáneamente, el médico de California, Francis Townsend, reclutaba a millones de seguidores para su Plan Townsend, bajo el cual la gente con más de sesenta años se jubilaría y recibiría del gobierno un estipendio mensual de 200$, con la condición de que todo el dinero se gastara en 30 días. En 1934, para acabar con el atractivo masivo de esas estrafalarias propuestas, FDR formó un Comité sobre Seguridad Económica, cuyo director ejecutivo era Edwin Witte, para formular un plan para un sistema nacional de seguridad social.

El plan dio fruto en 1935, cuando el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Social, el fundamento del estado estadounidense de bienestar. La ley daba fondos federales tasados a los estados para ayuda a niños dependientes, ancianos pobres y ciegos. Establecía un impuesto en la nómina, el 90% del cual se entregaría a estados que establecieran sistemas aceptables de seguro de desempleo. (Todos lo hicieron). Y creaba un programa de pensión nacional para la vejez, disfrazado como un seguro, pero en realidad, especialmente después de las enmiendas en 1939, que añadían a los dependientes supervivientes como receptores, era un plan para transferir rentas actuales de trabajadores a no trabajadores.

A partir de entonces, los defensores del sistema de pensiones negaron que fuera un programa «social» para redistribuir rentas. «Por el contrario se mostraba con una enorme serie de huchas públicas en las que posibles ‘beneficiarios’ individuales pondrían ‘contribuciones’ para sus propias jubilaciones ulteriores».13

En las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, los miembros del Congreso hicieron del sistema de pensiones una fabulosa máquina de compra de votos; añadieron el Seguro de Incapacidad en 1956, indexaron las pensiones para protegerlas de la inflación en 1972 y aumentaron repetidamente las prestaciones y extendieron la cobertura. Solo en la década de los noventa una parte importante de la gente empezó a darse cuenta de que la imagen de las huchas era un mito y que el sistema afrontaba la quiebra al caer aún más el porcentaje de contribuyentes frente a receptores debido a los cambios demográficos.14

Mientras el New Deal estaba expirando en 1938, trajo la Fair Labor Standards Act. Esta establecía un salario mínimo nacional (originalmente de 25 centavos la hora para empleados cubiertos, pero planificado para aumentar hasta los 40 centavos en siete años), fijaba una jornada semanal máxima (originalmente 44 horas, planificado para disminuir hasta 40 en 1940), establecía una prima del 50% para las horas extraordinarias, prohibía el empleo de niños por debajo de los dieciséis años en la mayoría de los trabajos y autorizaba al Departamento de Trabajo a aplicar la ley.15

Posteriormente, el Congreso aumentó repetidamente el salario mínimo. Ahora es de 7,25$ la hora. Esta medida pseudosocial ha demostrado ser un medio eficaz para aumentar la tasa de desempleo de los trabajadores de baja productividad (jóvenes, sin formación o sin experiencia), pero el continuo apoyo de políticos de izquierdas y sindicatos ha impedido su derogación.

La Declaración del Soldado

En la primavera de 1944, con las elecciones a la vista y 11,5 millones de hombres en las fuerzas armadas—la mayoría reclutas—FDR y el Congreso tuvieron la sabiduría de aceptar las propuestas de la Legión Americana de crear unas prestaciones sin precedentes para los veteranos: de ahí la Servicemen’s Readjustment Act, conocida popularmente como la Declaración de Derechos del Soldado. Además de garantizar atención médica en hospitales especiales de veteranos, la ley preveía pensiones y rehabilitación ocupacional para veteranos discapacitados, ayuda laboral, prestaciones de desempleo de hasta 52 semanas, préstamos garantizados para la compra de viviendas, granjas o negocios y estipendios y salarios vitales de hasta cuatro años para que los veteranos continuaran con su educación.16

La mayoría de los 16 millones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial aprovecharon las prestaciones de desempleo y formación. Y en 1962 las Administración de Veteranos había garantizado más de50.000 millones de dólares en préstamos.17

A pesar de que el programa de veteranos se aplicaba sólo a una minoría de la población, ayudó a mantener la inercia del floreciente estado de bienestar. «Cuando parecía haberse perdido el vapor de la máquina del New Deal en 1945, las prestaciones para veteranos no incapacitados de la Segunda Guerra Mundial—por casualidad y a propósito—proporcionó nuevas fuentes de energía».18 La Declaración del Soldado fue un precedente irresistible y la posterior legislación proporcionó prestaciones semejantes a los veteranos de la Guerra de Corea, en 1966, incluso para los que sirvieron en las fuerzas armadas en tiempo de paz.19

El segundo grupo, 1964-1972

Con la sucesión del ambicioso «new dealer», Lyndon B. Johnson a la presidente, la tendencia a la construcción del estado del bienestar volvió a ser ascendente. Las elecciones de 1964 llevaron al cargo a una gran mayoría demócrata extraordinariamente estatista al Congreso. Los economistas keynesianos aseguraban a la gente que podían realizar un ajuste fino en la economía, dando por sentado un alto crecimiento económico, del que el gobierno podía conseguir un perpetuo «dividendo fiscal» para financiar nuevos programas. John Kenneth Galbraith, Michael Harrington y otros críticos sociales populares condenaban los fallos del sistema de mercado y ridiculizaban a sus defensores. La gente parecía dispuesta a apoyar nuevas medidas para iniciar una «Guerra contra la Pobreza», establecer una «justicia social» y acabar con la discriminación racial. He ahí la Gran Sociedad.20

El Congreso inició una inundación legislativa al aprobar la Ley de Derechos Civiles de 1964. Entre otras cosas, esta normativa emblemática dejaba de lado los derechos de propiedad privada y los derechos privados de libre asociación en un intento de acabar con la discriminación racial. Pero el ideal de una sociedad ciega al color murió prematuramente y tuvo éxito unos pocos años después con la «acción afirmativa»—unas disposiciones de preferencias raciales aplicadas por una enérgica Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y jueces federales activistas.21

El Congreso procedió a aprobar una serie de leyes incrustando más profundamente al gobierno federal en educación, formación laboral, vivienda y renovación urbana. La Food Stamp Act de 1964 dio lugar a uno de los programas de prestaciones públicas de más rápido crecimiento: En 1969 menos de 3 millones de personas recibían cupones de comida y los desembolsos federales totalizaban 250 millones de dólares. En 1918, 22 millones de personas recibían cupones y los desembolsos federales totalizaban 11.000 millones de dólares.22

El Community Action Program pretendía movilizar a los pobres y aumentar sus rentas. Cuando el Congreso asignó 300 millones de dólares para crear agencias de acción comunitaria, se produjo un tumulto salvaje para conseguir el dinero, liderado por políticos locales y, en algunas ciudades, por bandas criminales—como se retrataba vívidamente en el cuento tragicómico de Tom Wolfe, La Izquierda Exquisita de Mau-Mauandoal Parachoques (1970).

«Nuestros gobernantes siguen tan decididos como siempre a protegernos de nosotros mismos: a tratarnos como un pastor trata a su rebaño, y con similar consideración hacia nuestra inteligencia y nuestros derechos».

En 1965, Medicare se añadió al sistema de Seguridad Social, asegurando atención médica a todos por encima de los 65 años de edad. Medicaid, un programa (estatal y federal) administrado y financiado cooperativamente, aseguraba atención médica a receptores de ayuda social y personas médicamente indigentes.

Como es habitual, estos programas no fueron exactamente lo que pretendían ser. La mayoría de los pagos médicos del gobierno en favor de los pobres indemnizaban a doctores y hospitales por servicios antes prestados gratuitamente o a precios reducidos», ha observado el historiador Allen Matusow. «Así que Medicare-Medicaid principalmente transferían rentas de contribuyentes de clase media a profesionales de la atención sanitaria de clase media».23

Los programas sanitarios del gobierno federal también resultaron ser bombas fiscales de tiempo. Entre 1970 y 1994, en dólares constantes (1987), los desembolsos de Medicare aumentaron de 16.400 millones de dólares a 109.300 millones; la porción federal del Medicaid pasó de 7.700 millones a 63.500 millones.24 Como las antiguas pensiones de mayores, estos programas alcanzaron tasas de crecimiento que no podían sostenerse indefinidamente.

Otras medidas de la Gran Sociedad para proteger a la gente de su propia incompetencia incluían la Traffic Safety Act (1966), la Flammable Fabrics Act (1967) y la Consumer Credit Protection Act (1968).

Después de que Richard Nixon se convirtiera en presidente, continuaron apareciendo medidas muy importantes desde el Congreso: la National Environmental Policy Act (1969), la Clean Air Act Extension (1970), la Occupational Safety and Health Act (1970), la Consumer Product Safety Act (1972), la Water Pollution Control Act (1972) y la Equal Employment Opportunity Act (1972), por nombrar solo unas pocas. Nixon también utilizó su poder autorizado por el Congreso para imponer múltiples controles de salarios y precios entre 1971 y 1974, protegiendo así (falsamente) a la gente de la inflación creada por las políticas monetarias del Sistema de la Reserva Federal.

El Estado de bienestar sigue en marcha

Aunque el crecimiento del Estado de bienestar se ha ralentizado durante los pasados veinte años, no se ha detenido. Medidas tan recientes como la enmiendas a la Clean Air Act  (1990), la Nutrition Labeling and Education Act (1990), la Safe Medical Devices Act (1990), la Americans with Disabilities Act (1990), la Civil Rights Act (1991) y la incansable apropiación de poder de la Food and Drug Administration demuestran que nuestros gobernantes siguen tan decididos como siempre a protegernos de nosotros mismos, a tratarnos como un pastor trata a su rebaño y con similar consideración por nuestra inteligencia y nuestros derechos.

Si no nos preocupara nada nuestra propia libertad, podríamos inclinarnos por aceptar las ayudas del Estado de bienestar con gratitud. Pero incluso en ese caso nuestro contento se vería perturbado por el alto grado en el que el gobierno no consigue dar lo que promete. Para ser francos, la protección del gobierno es en buena medida fraudulenta.

Los políticos pretenden proteger a los ciudadanos y promover la armonía social pero realmente consiguen lo contrario. Así, los programas públicos de acción afirmativa en realidad han estimulado la acritud racial, en lugar de la armonía racial.25 Las leyes medioambientales han causado que se desperdicien muchos miles de millones de dólares en acciones obligatorias cuyos costes exceden enormemente sus beneficios.26 Y la Food and Drug Administration, lejos de mejorar la salubridad pública, ha causado (al menos) cientos de miles de muertes adicionales y sufrimiento humano inconcebible.27 Ya es bastante malo que los ciudadanos sean vistos como ovejas; peor es que sean esquilados y sacrificados.

Hace cincuenta años, Bertrand de Jouvenel escribió: «La característica psicológica esencial de nuestra época es la predominancia del miedo sobre la confianza en sí mismo. (…) Todos en todas las clases tratan de hacer descansar su existencia en el seno del estado y tienden a considerar al estado como el proveedor universal». Pero esta protección cuesta a la gente mucho más que los altos impuestos que financian su provisión: «si el Estado ha de garantizar a un hombre sean cuales sean las consecuencias de sus acciones, debe tomar control de sus actividades (…) para mantenerle alejados de riesgos».28

En el intervalo desde que escribía Jouvenel, la demanda de protección del gobierno ha alcanzado nuevas alturas y la correspondiente pérdida de libertades individuales ha seguido el mismo ritmo. Si queremos recuperar nuestra libertad, debemos reafirmar nuestra responsabilidad para con nosotros mismos, aceptando las consecuencias de nuestras propias acciones sin apelar al gobierno para que nos salve.

Continuar por el camino que hemos seguido los estadounidenses el siglo pasado es en definitiva ponernos completamente en manos de un gobierno ilimitado. No importa si los procesos democráticos nos llevan a este destino. Como se ha indicado antes, la creación del estado de bienestar ha sido desde el principio un asunto de corrupta compra de votos y dispensa de clientelismo por políticos—democracia en acción.

Y una triste servidumbre indica al tiempo

Al esclavo que trabaja y al esclavo que vota.29

Podemos tener una sociedad libre o un Estado de bienestar. No podemos tener ambos.

• 1Dorothy Ross, The Origins of American Social Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), pp. 104-106.
• 2Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis (Nueva York: Oxford University Press, 1954), p. 874. [Historia del análisis económico]
• 3Theda Skocpol, «America’s First Social Security System: The Expansion of Benefits for Civil War Veterans», en Theda Skocpol, Social Policy in the United States: Future Possibilities in Historical Perspective (Princeton: Princeton University Press, 1995), p. 63.
• 4Ibíd., p. 37.
• 5Theda Skocpol, «Gender and the Origins of Modern Social Policies in Britain and the United States», en Skocpol, Social Policy, pp. 114-129.
• 6Ibíd., pp. 74, 76.
• 7Herman M. Somers, «Workmen’s Compensation», International Encyclopedia of the Social Sciences 16 (Nueva York: Macmillan and The Free Press, 1968), pp. 572-576.
• 8Searle F. Charles, «Federal Emergency Relief Administration», en Franklin D. Roosevelt: His Life and Times, ed. Otis L. Graham, Jr., y Meghan Robinson Wander (Boston: G. K. Hall, 1985), pp. 132-133.
• 9Jeremy Atack y Peter Passell, A New Economic View of American History from Colonial Times to 1940, 2ª ed. (Nueva York: Norton, 1994), p. 670.
• 10Michael R. Darby, «Three-and-a-Half Million U.S. Employees Have Been Mislaid: Or, an Explanation of Unemployment, 1934–1941», Journal of Political Economy 84 (Febrero de 1976): 7.
• 11Lester V. Chandler, America’s Greatest Depression, 1929–1941 (Nueva York: Harper & Row, 1970), pp. 203-205.
• 12«Leaning on a Shovel», de John LaTollche, reimpreso en Richard D. McKinzie, «Works Progress Administration», en Franklin D. Roosevelt, ed. Graham y Wander, p. 462. Los historiadores econometras han tratado de determinar cuánto del gasto social del New Deal refleja juegos políticos. Ver John Joseph Wallis, «Employment, Politics, and Economic Recovery during the Great Depression», Review of Economics and Statistics 69 (Agosto de 1987): 516-520.
• 13Theda Skocpol con G. John Ikenberry, «The Road to Social Security», en Skocpol, Social Policy, p. 162.
• 14Comisión Bipartidista sobre Derechos y Reforma Fiscal, Interim Report to the President (Agosto de 1994), pp. 14-15, 18-19.
• 15Chandler, America’s Greatest Depression, p. 237; Gregory King, «Wages and Hours Legislation», en Franklin D. Roosevelt, ed. Graham y Wander, p. 438.
• 16Jack Stokes Ballard, The Shock of Peace: Military and Economic Demobilization after World War II (Washington: University Press of America, 1983), pp. 48-49.
• 17«G.I. Bill», en The Reader’s Companion to American History, ed. Eric Foner y John A. Garraty (Boston: Houghton Mifflin, 1991), p. 449.
• 18Davis R. B. Ross, Preparing for Ulysses: the Federal Government and Nondisabled World War II Veterans, 1940-1946 (Nueva York: Columbia University Press, 1967), p. 290.
• 19Ibíd.
• 20Robert Higgs, Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government (Nueva York: Oxford University Press, 1987), pp. 246-251.
• 21Nathan Glazer, Affirmative Discrimination (Nueva York: Basic Books, 1975); Thomas Sowell, Civil Rights: Rhetoric or Reality? (Nueva York: William Morrow, 1984), pp. 38-42.
• 22Edgar K. Browning y Jacquelene M. Browning, Public Finance and the Price System, 2ª ed. (Nueva York: Macmillan, 1983), p. 128.
• 23Allen J. Matusow, The Unraveling of America: A History of Liberalism in the 1960s (Nueva York: Harper & Row, 1984), pp. 231-232.
• 24Office of Management and Budget, Budget of the United States Government: Historical Tables, Fiscal Year 1996 (Washington: Superintendent of Documents), pp. 105, 108.
• 25Thomas Sowell, Preferential Policies: An International Perspective (Nueva York: William Morrow, 1990).
• 26William C. Mitchell y Randy T. Simmons, Beyond Politics: Markets, Welfare, and the Failure of Bureaucracy (Boulder: Westview Press, 1994), pp. 146-162.
• 27Dale H. Gieringer, «TheSafety and Efficacy of New Drug Approval», Cato Journal 5 (Primavera/Verano de 1985): 177201; Robert M. Goldberg, «Breaking Up the FDA’s Medical Information Monopoly», Regulation, Nº 2 (1995): 40-52; Hazardous To Our Health? FDA Regulation of Health Care Products, ed. Robert Higgs (Oakland, Calif.: The Independent Institute, 1995), passim.
• 28Bertrand de Jouvenel, On Power: The Natural History of Its Growth (Indianapolis: Liberty Fund, 1993; edición francesa original de 1945), pp. 388-389.
• 29Líneas de Peter Pindar citadas por Jouvenel, On Power, p. 353.