Discurso de aceptación del premio Schlarbaum de Robert Higgs, pronunciado el 12 de octubre de 2007 en la celebración del 25º aniversario del Instituto Mises].
El poema «Canto de sirena» de Margaret Atwood comienza:
Esta es la canción que todo el mundo
le gustaría aprender: la canción
que es irresistible:
la canción que obliga a los hombres
para saltar por la borda en escuadrones
aunque vean los cráneos varados.
Nuestros gobernantes saben cómo cantar esa canción, y la cantan día y noche. Los cráneos varados son los de nuestros padres y nuestros hijos, nuestros amigos y nuestros vecinos, para quienes la canción resultó no sólo irresistible, sino fatal.
El Estado es la institución más destructiva que el ser humano ha ideado, un fuego que, en el mejor de los casos, puede ser controlado sólo por un corto tiempo antes de que supere sus confines improvisados y extienda sus llamas a lo largo y ancho.
Todo lo que promueve el crecimiento del Estado también debilita la capacidad de los individuos de la sociedad civil para defenderse de las depredaciones del Estado y, por lo tanto, aumenta la victimización multifacética del público a manos de los funcionarios del Estado. Nada fomenta tanto el crecimiento del Estado como la emergencia nacional: la guerra y otras crisis comparables a la guerra en cuanto a la gravedad de las amenazas que plantean.
Los Estados, por su propia naturaleza, están perpetuamente en guerra, no siempre contra enemigos extranjeros, por supuesto, sino siempre contra sus propios súbditos. El propósito más fundamental del Estado, la actividad sin la cual ni siquiera puede existir, es el robo. El Estado obtiene su propio sustento del robo, al que disfraza ideológicamente dándole un nombre diferente (impuestos) y esforzándose por santificar su crimen intrínseco como permisible y socialmente necesario. La propaganda estatal, las ideologías estatistas y la rutina establecida desde hace mucho tiempo se combinan para convencer a muchas personas de que tienen una obligación legítima, incluso un deber moral, de pagar impuestos al Estado que gobierna su sociedad.
Caen en este razonamiento moral erróneo porque se les dice incesantemente que el tributo que entregan es en realidad una especie de precio pagado por los servicios esenciales recibidos, y que en el caso de ciertos servicios, como la protección contra los agresores extranjeros y nacionales contra sus derechos a la vida, la libertad y la propiedad, sólo el gobierno puede proporcionar el servicio de manera efectiva. Sin embargo, no se les permite poner a prueba esta afirmación recurriendo a proveedores competidores de la ley, el orden y la seguridad, porque el gobierno impone un monopolio sobre la producción y distribución de sus supuestos «servicios» y ejerce la violencia contra los posibles competidores. Al hacerlo, revela el fraude que hay en el fondo de sus impúdicas afirmaciones y da pruebas suficientes de que no es un auténtico protector, sino un mero chanchullo de protección.
Todos los gobiernos son, como no podía ser de otra manera, oligarquías: sólo un número relativamente pequeño de personas tiene una discreción efectiva sustancial para tomar decisiones críticas sobre cómo se ejercerá el poder del Estado. Más allá de la propia oligarquía y de las fuerzas policiales y militares que componen su guardia pretoriana, hay grupos algo mayores que constituyen una coalición de apoyo. Estos grupos proporcionan un importante apoyo financiero y de otro tipo a los oligarcas y buscan en ellos recompensas compensatorias -privilegios legales, subsidios, puestos de trabajo, franquicias y licencias exclusivas, transferencias de ingresos financieros y riqueza, bienes y servicios en especie y otros botines- que se canalizan hacia ellos a expensas de la masa del pueblo. Así, la clase política en general -es decir, los oligarcas, los guardias pretorianos y la coalición que los apoya- utiliza el poder gubernamental (lo que significa, en última instancia, la policía y las fuerzas armadas) para explotar a todos los que no pertenecen a esta clase ejerciendo o amenazando con ejercer la violencia contra todos los que no pagan el tributo que exigen los oligarcas o no obedecen las normas que ellos dictan.
Las formas y los rituales políticos democráticos, como las elecciones y los procedimientos administrativos formales, disfrazan esta explotación de clase y engañan a las masas con la falsa creencia de que el funcionamiento del gobierno les reporta beneficios netos. En la forma más extrema de malentendido, el pueblo en general se convence de que, debido a la democracia, ellos mismos «son el gobierno».
Sin embargo, las idas y venidas a través de la frontera entre la clase política y la clase explotada no son más que el testimonio de la flexibilidad y la apertura astutamente concebidas del sistema. Aunque el sistema es intrínsecamente explotador y no puede existir de ninguna otra forma, permite cierto margen de maniobra en los márgenes para determinar qué individuos concretos serán los explotadores y cuáles los explotados. En la cúspide, un modesto grado de «circulación de élites» dentro de la oligarquía también sirve para enmascarar el carácter esencial del sistema político.
Sin embargo, es una regla interpretativa sólida que cualquier cosa que no pueda lograrse si no es con la ayuda de amenazas o el ejercicio real de la violencia contra las personas que no son parte de ella no puede ser beneficiosa para todos. La creencia masiva en la beneficencia general de la democracia representa una especie de síndrome de Estocolmo en sentido amplio. Sin embargo, por mucho que este síndrome se extienda, no puede alterar el hecho básico de que, debido al funcionamiento del gobierno tal y como lo conocemos —es decir, el gobierno sin un consentimiento individual genuino y expreso—, una minoría vive a expensas del resto y, por tanto, el resto pierde en el proceso, mientras los oligarcas (elegidos o no, apenas importa) presiden la enorme red de organizaciones criminales que conocemos como Estado.
A pesar del encanto ideológico con el que los sumos sacerdotes oficiales y los intelectuales estatistas han engatusado a la clase saqueada, muchos miembros de esta clase conservan la capacidad de reconocer al menos algunas de sus pérdidas, y por ello a veces se resisten a nuevas incursiones en sus derechos expresando públicamente sus quejas, apoyando a los aspirantes políticos que prometen aligerar sus cargas, huyendo del país y, lo que es más importante, evadiendo o evitando los impuestos y violando las prohibiciones legales y las restricciones reguladoras de sus acciones, como en la llamada economía sumergida, o «mercado negro».
Estas diversas formas de resistencia componen una fuerza que se opone a la presión constante del gobierno para ampliar su dominación. Estas dos fuerzas, trabajando una contra la otra, establecen un lugar de «equilibrio», un límite entre el conjunto de derechos que el gobierno ha anulado o confiscado y el conjunto de derechos que la clase saqueada ha conseguido conservar de alguna manera, ya sea mediante restricciones constitucionales formales o mediante la evasión diaria de impuestos, las transacciones en el mercado negro y otras violaciones defensivas de las normas opresivas del gobierno.
La política, en su sentido más amplio, puede verse como la lucha por empujar esta frontera hacia un lado u otro. Para los miembros de la clase política, la pregunta crucial es siempre: ¿cómo podemos empujar la frontera, cómo podemos aumentar el dominio y el saqueo del gobierno, con una ganancia neta para nosotros, los explotadores que no viven de la producción honesta y el intercambio voluntario, sino de desplumar a los que lo hacen?
La emergencia nacional —la guerra o una crisis igualmente amenazante— responde a la pregunta crucial de la clase política con más eficacia que cualquier otra cosa, porque una crisis de este tipo tiene una capacidad singularmente eficaz para disipar las fuerzas que, de otro modo, obstruirían o se opondrían a la expansión del gobierno.
Prácticamente cualquier guerra servirá, al menos durante un tiempo, porque en los Estados-nación modernos el estallido de la guerra lleva invariablemente a las masas a «reunirse en torno a la bandera», independientemente de su postura ideológica previa en relación con el gobierno.
Recordemos la situación en 1941, por ejemplo, cuando las encuestas de opinión pública y otras pruebas indicaban que una gran mayoría del pueblo estadounidense (aproximadamente el 80 por ciento hasta el otoño) se oponía a participar directamente en la guerra mundial, un compromiso que Franklin D. Roosevelt y su administración habían buscado implacablemente por las buenas y por las malas desde el principio. Cuando la noticia del ataque japonés a Pearl Harbor llegó al público, la oposición masiva a la guerra se disolvió de la noche a la mañana casi por completo. No es de extrañar que los intrigantes neoconservadores, en un informe de septiembre de 2000 del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, expresaran su anhelo de «algún acontecimiento catastrófico y catalizador, como un nuevo Pearl Harbor».
Aunque otros tipos de grandes crisis pueden no provocar la misma sumisión inmediata al programa anunciado por el gobierno para la salvación del pueblo, pueden resultar igualmente eficaces si son suficientemente amenazantes y persistentes. Así, la Gran Depresión, que empujó a millones de estadounidenses a la desesperación económica a principios de la década de los treinta, fue vista finalmente por casi todo el mundo como, en palabras del juez Brandeis, «una emergencia más grave que la guerra» Otras crisis embarazadas han sido las huelgas nacionales o los disturbios laborales generalizados, las llamadas crisis energéticas, como las de la década de 1970, las olas de delincuencia percibidas, las grandes epidemias o los sustos sanitarios y, últimamente, incluso el falso miedo al calentamiento global.
En 2001, los atentados del 11-S respondieron a la perfección a la plegaria neoconservadora de «un nuevo Pearl Harbor»: una administración que había estado revolcándose sin viento en sus velas se vio de repente investida de un abrumador apoyo público a la acción militar agresiva en el extranjero. En una encuesta de Gallup realizada entre el 7 y el 10 de septiembre de 2001, el 51% de los encuestados aprobaba «la forma en que George W. Bush [estaba] manejando su trabajo como presidente», el 39% lo desaprobaba y el 10% no tenía opinión, lo que arrojaba un «balance de opinión» de + 12% (= 51-39). Unos días más tarde, mientras las ruinas de las torres gemelas del World Trade Center seguían ardiendo, el 86 por ciento lo aprobaba, el 10 por ciento lo desaprobaba y sólo el 4 por ciento no tenía opinión - un balance de opinión de + 76 por ciento, es decir, más de seis veces mayor que el de unos días antes. A pesar de que Bush no había hecho absolutamente nada para demostrar una mejora abrupta de su trabajo como presidente, casi toda la población, a la que muchos miembros le desagradaban rotundamente, de repente se volcó en la aprobación de su actuación en el cargo. Una semana después, el balance de opinión había subido aún más, hasta el 84%, gracias a una respuesta de aprobación del 90%.
Después, el índice de aprobación del desempeño del trabajo de Bush siguió una larga tendencia a la baja, interrumpida sólo por breves repuntes, hasta llegar a su rango actual. En la encuesta de Gallup del 6 al 8 de julio de 2007, el balance de opinión era negativo en un 37 por ciento, y sólo el 29 por ciento de los encuestados calificaba favorablemente la actuación del presidente. (En encuestas más recientes, el balance se ha mantenido unos puntos más alto a favor del presidente, pero esas pequeñas diferencias tienen poca importancia). Durante la larga cuesta abajo, el índice de aprobación de la actuación de Bush se mantuvo sorprendentemente bien entre los republicanos, pero cayó cada vez más entre los demócratas y los independientes, una expresión de cómo el partidismo político normal se reafirmó a medida que la crisis inicial y unificadora se deslizaba cada vez más hacia el fondo.
Pueden observarse movimientos similares en las encuestas de Gallup en las que se preguntaba a los encuestados si veían al propio George W. Bush de forma favorable o desfavorable: en este caso, el balance de opinión pasó de un + 25 por ciento en agosto de 2001 a un + 76 por ciento en noviembre de 2001 -un aumento del triple- antes de iniciar una larga tendencia a la baja y volverse cada vez más negativo después de mediados de 2005.
Cuando la aprobación pública de las acciones del presidente se desglosa por temas específicos, vemos que su mayor salto relacionado con el 11-S se produjo en el área de —milagro dictu— los asuntos exteriores. En la encuesta de Gallup realizada entre el 10 y el 11 de julio de 2001, el balance de opinión en este ámbito era de + 21% (54% favorable menos 33% desfavorable), pero en la encuesta realizada entre el 5 y el 6 de octubre de 2001, el balance de opinión había saltado al 67%, es decir, más del triple (81% favorable menos 14% desfavorable).
La lección es clara: si el presidente lleva a cabo una política exterior que antagoniza a los extranjeros y los provoca para que lancen ataques masivos y destructivos contra este país, el público estadounidense responderá con una enorme avalancha de aprobación de sus acciones, como para demostrar que en nuestro sistema político ningún fracaso queda sin recompensa.
Bertrand Russell ya expuso hace tiempo la condición subyacente de este tipo de reacción pública perversa cuando señaló que «no se puede confiar en que un hombre, una multitud o una nación actúen humanamente o piensen con cordura bajo la influencia de un gran temor». De hecho, la condición fundamental de todo el proceso por el que el gobierno lleva a la gente a su propia destrucción es el miedo público generalizado, que hace que la gente deje a un lado su desconfianza normal hacia el Estado y se dirija a él, especialmente a su jefe, como un niño se dirige a un padre, en busca de seguridad y de la tranquilidad de que todo irá bien si la gente hace lo que se le dice.
Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 no sólo hicieron que la opinión pública estadounidense viera con mejores ojos al presidente como persona, como presidente y como principal artífice de la política exterior de Estados Unidos, sino que, al parecer, esos acontecimientos también hicieron que el público expresara más confianza en el gobierno federal en general en su gestión de los asuntos internacionales y nacionales.
En la encuesta de Gallup del 7 al 10 de septiembre de 2001, el 68% de los encuestados expresó «mucha» o «bastante» confianza en la gestión de los problemas internacionales por parte del gobierno, mientras que el 31% expresó «poca» o «ninguna», lo que implicaba un equilibrio de opinión de + 37% (= 68-31). Un mes más tarde, en el sondeo realizado entre el 11 y el 14 de octubre, este balance de opinión había subido al 67 por ciento (= 83-16), casi el doble. El aumento perverso de la confianza del público en el gobierno también se había extendido inexplicablemente a su gestión de los problemas internos, aumentando este equilibrio de opinión del 22% (= 60-39) en la encuesta de principios de septiembre al 56% (= 77-21) en la encuesta de octubre.
Una última medida de la opinión pública, la «confianza en que Washington hará lo correcto», que normalmente es un indicador bastante estable, también aumentó de forma inusual debido al 11-S. En la encuesta de Gallup del 6 al 9 de julio de 2000, el 42% de los encuestados expresó su confianza en que el gobierno hará lo correcto «casi siempre» o «la mayoría de las veces», mientras que el 58% respondió «sólo algunas veces» o «nunca», lo que implica un balance de opinión negativo del 16%. Sin embargo, cuando los encuestadores volvieron a formular esta pregunta, entre el 5 y el 6 de octubre de 2001, el balance de opinión había aumentado a + 21% (= 60-39), lo que indica un cambio completo hacia una mayor confianza que desconfianza en el gobierno.
Cuando se produjeron estos acontecimientos, al considerar todo lo que estaba sucediendo, me sentí consternado por lo que me parecía una estampida pública totalmente injustificada hacia los brazos protectores del gobierno federal -el mismo gobierno que había estado robando y abusando de la mayoría de la gente de innumerables maneras desde que podían recordar. Casi nadie se preguntó si las acciones del gobierno en el extranjero podrían haber provocado realmente los atentados del 11-S -por supuesto, la mayoría era tan ignorante de esas acciones que no tenía ni idea de cómo el gobierno podría haber creado tal provocación. Mucha gente parecía consumida por una combinación de miedo y rabia que se manifestaba en un deseo de «bombardear» a alguien, a cualquiera, que pudiera haber tenido algo que ver con los ataques. Los estándares de prueba cayeron precipitadamente. La gente no quería una investigación cuidadosa; no quería «llegar al fondo» de lo que había sucedido. En cambio, querían que se actuara, y en particular querían que el gobierno «devolviera el golpe» inmediatamente a todos los objetivos plausibles.
Para buscar la causa de esta tremenda e injustificada «concentración en torno a la bandera», no tenemos que ir muy lejos. Este tipo de reacciones públicas son siempre impulsadas por una combinación de miedo, ignorancia e incertidumbre en un contexto de intenso nacionalismo patriotero, una cultura popular predispuesta a la violencia y una incapacidad general para distinguir entre el Estado y el pueblo en general.
Dado que el gobierno canta incesantemente el canto de la sirena, propagandizando implacablemente al público para que lo vea como su protector -siendo esa supuesta protección la principal excusa para robarles y violar sus derechos naturales de forma rutinaria- y dado que los medios de comunicación magnifican y difunden incesantemente la propaganda del gobierno, no podemos sorprendernos si esa propaganda resulta haber entrado profundamente en el pensamiento de muchas personas, especialmente cuando se encuentran en un estado de casi pánico. Incapaz de pensar con claridad de manera informada, la mayoría de la gente vuelve a caer en un estilo infantil de «nosotros contra ellos» para entender la amenaza percibida y lo que debería hacerse al respecto.
Si surge alguna resistencia a la guerra de los gobernantes, el Estado dispone de un medio de eficacia probada para deshacerse de los resistentes. Tal vez la descripción clásica de esta táctica la dio el mandamás nazi Hermann Göring cuando estaba en prisión durante los juicios de Nuremberg en 1946. Este relato nos llega de Gustave M. Gilbert, el psicólogo de la prisión de habla alemana que tenía libre acceso a todos los prisioneros durante los juicios y hablaba con ellos frecuentemente en privado. La noche del 18 de abril de 1946, Gilbert visitó a Göring en su celda y posteriormente describió su conversación de la siguiente manera:
Volvimos a tocar el tema de la guerra y le dije que, en contra de su actitud, no creía que el pueblo llano estuviera muy agradecido a los dirigentes que les traen la guerra y la destrucción.
«Por supuesto, el pueblo no quiere la guerra», dijo Göring encogiéndose de hombros, «¿Por qué querría un pobre vagabundo en una granja arriesgar su vida en una guerra cuando lo mejor que puede conseguir es volver a su granja de una pieza? Naturalmente, la gente común no quiere la guerra; ni en Rusia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni tampoco en Alemania. Eso se entiende. Pero, al fin y al cabo, son los dirigentes del país los que determinan la política y siempre es sencillo arrastrar al pueblo, ya sea una democracia o una dictadura fascista o un Parlamento o una dictadura comunista».
«Hay una diferencia», señalé. «En una democracia el pueblo tiene algo que decir a través de sus representantes elegidos, y en Estados Unidos sólo el Congreso puede declarar la guerra».
«Oh, eso está muy bien, pero, con voz o sin ella, el pueblo siempre puede someterse a la voluntad de los dirigentes. Eso es fácil. Basta con decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Funciona de la misma manera en cualquier país. (Diario de Nuremberg, pp. 278-79)
Göring tenía razón, y las cosas no han hecho más que empeorar en este sentido durante los últimos sesenta años. Bajo el régimen de posguerra en Estados Unidos, por supuesto, el Congreso nunca declara la guerra —no ha hecho ninguna declaración de este tipo desde el 5 de junio de 1942, cuando declaró la guerra a Rumanía, Bulgaria y Hungría- y el presidente ahora hace la guerra únicamente a su antojo y capricho, como si fuera el César.
«Arrastrar al pueblo», como dijo Göring, sigue siendo tan fácil como siempre, porque, como hemos visto, un incidente inicial, incluso uno que el propio gobierno haya provocado o inventado, provoca invariablemente que las masas se unan en torno a la bandera. Sin embargo, también hemos visto que el ardiente entusiasmo y el apoyo sin sentido a las acciones bélicas del gobierno comienzan a erosionarse poco después. Cuando la gente va entrando en razón, a medida que se acumulan las bajas y otros costes y que se van filtrando fragmentos de la verdad, ¿por qué el sistema no vuelve al statu quo ante bellum?
La respuesta es que las medidas tomadas durante los primeros días de la crisis, cuando el gobierno responde prácticamente sin oposición al miedo y al deseo de retribución del público ampliando enormemente sus poderes (Etapa II del fenómeno del trinquete), adoptan la forma de cambios políticos, legales e institucionales que sientan precedentes o se arraigan tan profundamente que no todos ellos se abandonan durante la etapa posterior a la crisis de retracción incompleta (Etapa IV del fenómeno del trinquete).
Por ejemplo, poco después del ataque a Pearl Harbor, el gobierno promulgó la Primera Ley de Poderes de Guerra (18 de diciembre de 1941) y la Segunda Ley de Poderes de Guerra (27 de marzo de 1942). Estas amplias delegaciones facultaban al presidente para reorganizar el poder ejecutivo a su antojo, le daban vía libre para contratar con los proveedores de municiones casi a su antojo, y le otorgaban un control de gran alcance sobre las transacciones financieras internacionales y poder de censura sobre todas las comunicaciones entre Estados Unidos y cualquier país extranjero; ampliaron los poderes del gobierno para confiscar propiedades privadas con fines bélicos, facultaron al presidente para establecer prioridades en la entrega de bienes y servicios designados, y le otorgaron un poder efectivamente irrestricto sobre la asignación de recursos en la economía nacional, poder que delegó en la Junta de Producción de Guerra bajo su supervisión directa. Con toda esta autoridad, el presidente y sus lugartenientes se convirtieron en planificadores centrales de una economía dirigida durante la guerra.
Del mismo modo, sólo seis semanas después de los atentados del 11-S, el gobierno promulgó la Ley USA PARTIOT, que cercenó en gran medida las libertades civiles y los derechos establecidos desde hace tiempo, demolió de hecho la Cuarta Enmienda y dio un poderoso impulso al Estado policial estadounidense. Poco después se adoptaron otras medidas en la misma dirección, como la nacionalización de la industria de la seguridad aérea y la creación de la monstruosidad burocrática conocida como el Departamento de Seguridad Nacional, una organización tan amenazante en sus fundamentos ideológicos como insensata y absurda en su funcionamiento cotidiano.
Una vez que el gobierno se ha expandido en gran medida al comienzo de una guerra u otra crisis y luego ha empleado sus nuevos poderes durante un período prolongado, deshacerse de todas las nuevas armas en el arsenal de poder del gobierno es prácticamente imposible, incluso cuando la emergencia termina y la gente clama por un retorno a los acuerdos normales. Por lo tanto, muchas de las medidas de crisis se convierten en partes permanentes del aparato gubernamental para dominar y robar a quienes no pertenecen a la clase política.
Las organizaciones en tiempos de guerra pueden mantenerse para llevar a cabo nuevas funciones, como, por ejemplo, la Corporación Financiera de Guerra de la Primera Guerra Mundial se mantuvo en funcionamiento durante seis años después de la guerra, proporcionando créditos subvencionados a los exportadores, las cooperativas agrícolas y los bancos rurales. Después de haber sido finalmente interrumpida en 1925, fue revivida en 1932 como la Corporación Financiera de Reconstrucción, un enorme prestamista para los ferrocarriles, bancos y compañías de seguros políticamente favorecidos durante la Depresión, y más tarde la principal agencia del gobierno para la financiación de una variedad de empresas militares-industriales durante la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945, la RFC continuó concediendo préstamos subvencionados a prestatarios privilegiados hasta que se hundió en una tormenta de escándalos en 1953, para ser sustituida -como contrapartida política- por una agencia igualmente atroz, la Administración de Pequeñas Empresas, que ha continuado con su mala asignación del dinero de los contribuyentes desde entonces.
Casos como el de la War Finance Corporation y sus descendientes directos ejemplifican cómo la emergencia nacional solidifica los llamados triángulos de hierro: alianzas de burócratas gubernamentales, supervisores del Congreso y beneficiarios privilegiados del sector privado. Estos acuerdos se llaman «de hierro» porque son muy difíciles de romper. Sus beneficiarios tienen grandes incentivos para luchar por el mantenimiento e incluso la expansión de las actividades del triángulo, mientras que el público en general rara vez tiene muchos incentivos para luchar contra ellos, incluso cuando es consciente de ellos, porque la carga pública per cápita es normalmente demasiado pequeña para justificar el gasto de mucho tiempo o esfuerzo de nadie en la política requerida.
En las condiciones modernas, los elevados impuestos en tiempos de guerra siempre se mantienen en cierta medida, dejando el importe del saqueo del gobierno mucho mayor después de la guerra que antes de la misma. En la actual llamada guerra contra el terror, el gobierno ha ocultado parcialmente este aumento de la incautación de la propiedad privada mediante el aumento de la deuda nacional, en lugar de aumentar los tipos impositivos ordinarios o imponer nuevos tipos de impuestos, pero este truco financiero no altera el hecho crudo de que el gobierno ha estado utilizando más recursos del pueblo para sus propios fines, como lo demuestra el rápido aumento de su gasto, dejando al público en el anzuelo para pagar el aumento de los intereses y, eventualmente, para reembolsar el principal, o para sufrir las consecuencias si el gobierno intentara en efecto repudiar sus obligaciones con los acreedores inflando la masa monetaria. Durante la actual administración Bush, la deuda del Tesoro en manos del público ha crecido de 3,3 billones de dólares (a finales del año fiscal 2001) a unos 5,1 billones (a finales del año fiscal 2007), es decir, un 53% en sólo seis años.
Durante la Gran Depresión, los gobiernos de todos los niveles aumentaron en gran medida sus ingresos fiscales, imponiendo nuevos tipos de impuestos: impuestos sobre las ventas estatales y locales, por ejemplo, y un impuesto sobre los beneficios no distribuidos a nivel federal. En el año fiscal 1940, con la Depresión aún persistente, el gobierno federal recaudó un 57% más de ingresos totales que en el próspero año 1927. Los impuestos federales en relación con el PNB se duplicaron entre 1933 y 1940.
Aparte de los legados financieros que agravan la carga del gobierno sobre el público, las emergencias nacionales dejan legados institucionales de diversa índole que aumentan el poder del gobierno a expensas de las libertades del pueblo. Los controles de alquiler de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, nunca terminaron aquí en la ciudad de Nueva York. Durante más de sesenta años, han negado a los propietarios y a los inquilinos la libertad de contratar en cualquier condición mutuamente aceptable, y han creado incentivos que fomentan la evitación del mantenimiento de los apartamentos alquilados y desalientan la construcción de las nuevas estructuras que se construirían si el mercado de la vivienda estuviera libre de estos grilletes de la guerra.
Los legados institucionales del New Deal, por supuesto, son legión incluso ahora, casi setenta años después de que el impulso político de FDR se agotara: un vasto sistema de subsidios a la agroindustria; intrincadas regulaciones de los mercados financieros, de las relaciones sindicales y de los intermediarios financieros; el seguro federal de los depósitos bancarios, de las hipotecas de las viviendas y de otros pasivos financieros; la participación directa del gobierno federal en la producción y distribución de electricidad; la lista es interminable.
Tal vez lo más importante es que la crisis tiene efectos en la ideología dominante que actúan a favor del poder gubernamental duradero y de la reducción permanente de las libertades públicas. En tiempos de guerra u otras crisis, los gobiernos adoptan muchas medidas que serían más o menos impensables en una sociedad razonablemente libre en tiempos normales, porque la gente no las toleraría. Sin embargo, al haberlas tolerado durante una emergencia nacional, la gente puede llegar a considerarlas no sólo como permanentemente tolerables, sino incluso como deseables.
Por ejemplo, casi todo lo que hizo el gobierno estadounidense durante la Gran Depresión tuvo un precedente bélico evidente en la Gran Guerra. El presidente Herbert Hoover declaró: «Usamos esos poderes de emergencia para ganar la guerra; podemos usarlos para luchar contra la depresión» Todo, desde los controles de precios agrícolas de la era de la Depresión hasta el programa de cartelización industrial, el programa de vivienda pública, los planes para controlar los precios del petróleo y el carbón, las subidas de impuestos y la promoción de la sindicalización laboral, tenían un precedente durante 1917-18. Obviamente, muchas de estas políticas públicas inspiradas en la guerra se convirtieron en permanentes después de la década de los treinta, al igual que, posteriormente, el complejo militar-industrial creado de 1940 a 1945. La gente puede acostumbrarse a casi todo, especialmente si tiene una justificación plausible. La guerra y otras grandes crisis gestionadas por el gobierno ablandan a las personas que antes eran libres y las habitúan a los controles y abusos gubernamentales a los que se resistirían si no fuera por su supuesta necesidad de emergencia. De este modo, las medidas de emergencia del gobierno cambian el carácter mismo de las personas que antes eran libres, al quebrantar su voluntad de serlo y su determinación de resistirse a la tiranía de su país.
Es importante tener en cuenta que todos los efectos sobre la libertad de los que he hablado se producen independientemente de la justificación de la guerra o de cualquier otra intervención de crisis. Uno puede considerar que una guerra, por ejemplo, es necesaria y deseable o no, pero estos efectos se producirán en cualquier caso. La lógica de un gobierno en guerra se impone más o menos de la misma manera, independientemente de la provocación y el propósito de la guerra, porque cada guerra importante requiere que el gobierno tome un bocado mucho más grande de los recursos del pueblo rápidamente, y no puede hacerlo con éxito sin suprimir muchas libertades y derechos normales, especialmente aquellos que podrían ejercerse para obstruir los programas y políticas de guerra del gobierno o para persuadir a la gente a resistir la guerra o exigir su interrupción o solución.
Por ello, como señaló Göring, el gobierno y sus partidarios denuncian enérgicamente a todos los que se interponen en el camino como traidores, y el estado anima a las masas a actuar como hombres G aficionados, identificando a los ciudadanos «desleales», acosándolos para que se dobleguen y denunciándolos a las autoridades gubernamentales. Las grandes iniciativas en tiempos de paz funcionan de forma similar. Muchos historiadores han señalado los paralelismos entre los esfuerzos públicos intimidatorios del gobierno para atraer o intimidar a la gente para que coopere con la Administración de Recuperación Nacional y las extravagancias nazis que se escenificaban en Alemania en la misma época.
Hoy en día, por ejemplo, el gobierno nos anima con frecuencia a todos a denunciar cualquier persona o acción «sospechosa» a la policía o al FBI, aparentemente para prevenir el terrorismo. No hace falta decir que no puede existir una sociedad libre cuando todo el mundo se ha alistado como informante del gobierno, especialmente cuando el carácter de las personas y acciones amenazantes es tan vago que está destinado a dar lugar a abusos. No es raro que ahora se denuncie a personas por el mero hecho de parecer árabes o por hablar un idioma extraño a compañeros de aspecto extraño. Este insidioso reclutamiento de informantes, que tanto recuerda a la atroz Liga Protectora Americana durante la Primera Guerra Mundial, está convirtiendo a nuestra antaño abierta sociedad en una especie de Alemania del Este redux. Abundan las historias de terror de personas perfectamente inocentes que han sido detenidas para ser interrogadas o algo peor.
Mientras que el gobierno promueve el apoyo sin sentido a su guerra y puede inducir una especie de histeria patriótica en las personalidades más frágiles mentalmente, muchos ciudadanos entran en acción como falsos patriotas por motivos estrictamente oportunistas. Los contratistas de guerra, por ejemplo, pueden posicionarse para hacer una matanza, por así decirlo, a partir de la matanza real; además, pueden convertir su negocio en tiempos de guerra como proveedores del gobierno en un negocio rentable de posguerra que sobrevive a la propia guerra. Las empresas de aviación que se beneficiaron repentinamente durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se convirtieron en alimentadores permanentes y muy exitosos del gobierno, donde algunos de ellos se están dando un lujoso festín incluso ahora, ya que la acumulación militar de la actual administración ha demostrado ser una bendición para ellos y una bendición para sus accionistas. Otros simplemente quieren un trabajo cómodo en la burocracia de guerra ampliada del gobierno.
La llamada guerra contra el terrorismo ha dado lugar a una enorme industria que ha surgido casi de la nada durante los últimos años. Según un informe de Forbes de 2006, el Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias predecesoras pagaron a contratistas privados al menos 130.000 millones de dólares después del 11-S, y otras agencias federales han gastado una cantidad comparable. Así, además del complejo militar-industrial-congresual (MICC), ahora tenemos un complejo paralelo de seguridad-industrial-congresual (SICC).
Entre 1999 y 2006, el número de contratistas federales de seguridad nacional pasó de nueve empresas a 33.890, y ha surgido una industria multimillonaria de venta de bienes y servicios relacionados con la seguridad, con boletines especializados, revistas, sitios web, consultores, ferias comerciales, servicios de colocación y un verdadero ejército de grupos de presión que trabajan sin descanso para ampliar el río de dinero que fluye hacia estos oportunistas. Como escribió Paul Harris, «Estados Unidos está en las garras de un negocio basado en el miedo». Lo último que quieren estos buitres, por supuesto, es una disminución de la amenaza terrorista percibida, y podemos contar con ellos para exagerar cualquier señal de un aumento de tales amenazas y, por supuesto, para abarrotar el comedero, sorbiendo felizmente el dinero de los contribuyentes.
¿Qué posibilidades tiene la paz cuando millones de oportunistas adinerados y con conexiones políticas de todo tipo dependen de la continuación de un estado de guerra para su éxito financiero personal? Para los miembros del Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional se ha convertido rápidamente en el más magnífico dispensador de carne de cerdo y patrocinio que se ha producido en décadas. Todo el mundo es feliz aquí, excepto los asediados ciudadanos de a pie, cuyos bolsillos están siendo robados y cuyas libertades están siendo anuladas por políticos y depredadores del sector privado con total desprecio por la inteligencia y los derechos de la gente. Sin embargo, mientras el pueblo siga consumido por el miedo y caiga en el viejo engaño de que el gobierno sólo busca protegerlo, estos abusos nunca terminarán.
A lo largo de la costa del Golfo durante los últimos dos años, una legión de oportunistas se ha apresurado a aprovechar las sumas sin precedentes de dinero federal que llegan a la zona con el pretexto de financiar la recuperación de los daños causados por los huracanes Katrina y Rita. Las cuentas bancarias se han llenado con este botín, sin duda, pero poco ha surgido de él en cuanto a la recuperación y reconstrucción genuinas. No importa: en las inmortales palabras del presidente Bush, «Brownie, estás haciendo un gran trabajo».»El ridículo Brownie fue destituido posteriormente como jefe de la FEMA, por supuesto, pero el «tremendo trabajo» continúa como antes, todo a expensas de los contribuyentes y con gran beneficio para los compinches corporativos, los favoritos políticos y otras partes privilegiadas que se están apropiando del dinero del pueblo después de que haya sido debidamente blanqueado a través del tesoro federal.
Recordemos el poema de Margaret Atwood «Canto de sirena», con el que he precedido mis comentarios. Comienza,
Esta es la canción que todo el mundo
le gustaría aprender: la canción
que es irresistible:
la canción que obliga a los hombres
para saltar por la borda en escuadrones
aunque vean los cráneos varados.
Y el poema termina,
Ay
es una canción aburrida
pero funciona siempre.
En la actualidad, funciona siempre porque el pueblo cree falsamente que quienes lo cantan son sus protectores, en lugar de sus explotadores. Hasta que la gente no aprenda a ignorar los cantos de sirena del Estado de beneficencia y protección, seguirá sufriendo y muriendo como víctima de las guerras del Estado, extranjeras y nacionales. La gente anhela la seguridad, y mira al Estado para que se la proporcione, pero están llamando a un lobo para que guarde a las ovejas.
El Estado no puede abstenerse de delinquir porque es una empresa intrínsecamente criminal, que vive del robo (que rebautiza con el nombre de impuestos) y conserva su territorio mediante el asesinato en masa (que rebautiza con el nombre de guerra). Cantando constantemente el canto de la sirena, seduce al pueblo devolviéndole una parte de lo que previamente le ha extorsionado y afirmando incesantemente que le protege de todo tipo de amenazas contra su vida, sus libertades, su propiedad e incluso su autoestima. Sin embargo, si los protege, lo hace sólo como un pastor protege a su rebaño cautivo: no porque reconozca y respete los derechos naturales de sus ovejas, sino sólo para mantenerlas sin molestias en su única posesión y control hasta que considere conveniente esquilarlas o sacrificarlas.
Un Estado pacífico es un imposible. Incluso un Estado que se abstiene de luchar contra los extranjeros sigue luchando contra sus propios súbditos, para mantenerlos bajo su control y para suprimir a los competidores que podrían intentar irrumpir en el dominio de su tinglado de protección. El pueblo pide seguridad a gritos, pero no se responsabiliza de su propia protección y, como los marineros de la mitología griega, salta inmediatamente por la borda en respuesta al canto de sirena del Estado.
Cuando los israelitas huyeron de su cautiverio en Egipto, se las arreglaron durante siglos sólo con jueces, pero no estaban satisfechos, y finalmente exigieron un rey, gritando:
tendremos un rey sobre nosotros; para que también seamos como todas las naciones, y para que nuestro rey nos juzgue, y salga delante de nosotros, y pelee nuestras batallas. (1 Samuel 8:19-20)
Pues bien, tuvieron un rey, al igual que nosotros, los estadounidenses, hemos adoptado uno propio, aunque llamemos al nuestro presidente. Sin embargo, los israelitas, como había advertido el profeta Samuel, no estaban mejor por tener un rey: El rey Saúl sólo los condujo de una matanza a otra (1 Samuel 14: 47-48). Del mismo modo, nuestros gobernantes nos han llevado de una matanza innecesaria a otra; y, para empeorar las cosas, han aprovechado cada una de esas ocasiones para apretar más sus cadenas a nuestro alrededor. Al igual que los antiguos israelitas, los estadounidenses nunca tendremos una paz real y duradera mientras demos nuestra lealtad a un rey, es decir, en nuestro caso, a todo el conglomerado de explotadores y asesinos institucionalizados que conocemos como Estado.
