Arthur Travers-Borgstroem, escritor finlandés, publica un libro titulado Mutualismo que aborda ideas de reforma social y culmina con un alegato a favor de la nacionalización del crédito. En 1923 apareció una edición alemana. En 1917, el autor había creado en Berna (Suiza) una fundación con su nombre, cuyo objetivo principal era la concesión de premios a los escritos sobre la nacionalización del crédito. El jurado estaba compuesto por los profesores Diehl, Weyermann, Milhaud y Reichesberg, los banqueros Milliet, Somary y Kurz, entre otros. El jurado premió un trabajo presentado por el Dr. Robert Deumer, director del Reichsbank de Berlín. Este trabajo fue publicado en forma de libro por la Asociación Mutualista de Finlandia.1
De los antecedentes del documento podemos saber por qué el autor no se ocupa de los fundamentos de la nacionalización del crédito, sino simplemente de los detalles de su realización. El Dr. Deumer presenta una propuesta, elaborada en sus insignificantes detalles, sobre la nacionalización de todas las instituciones alemanas de banca y crédito, y el establecimiento de un monopolio nacional de crédito. Pero su plan no puede ser de interés para nosotros, ya que nadie contempla su aplicación en un futuro previsible. Y si alguna vez se produjera tal movimiento, las condiciones podrían ser muy diferentes, de modo que la propuesta de Deumer no sería aplicable. Por lo tanto, no tendría ningún sentido discutir sus detalles, como el artículo I, sección 10, del «Proyecto de Ley de Nacionalización de la Banca y el Crédito», que dice,
«El que realice cualquier transacción bancaria y crediticia después de la nacionalización será castigado con una multa no superior a diez millones de marcos oro, o con una pena de prisión de hasta cinco años, o con ambas penas».2
La obra de Deumer nos interesa por sus motivos a favor de la nacionalización del crédito, y por sus afirmaciones sobre una reforma que preserve la superioridad de la gestión «lucrativa» sobre la gestión «burocrática». Estas declaraciones revelan una opinión que es compartida por una gran mayoría de nuestros contemporáneos - sí, que incluso es aceptada sin contradicción. Si compartimos esta posición Deumer-Travers-Borgstroem-mutualista, debemos dar la bienvenida a la nacionalización del crédito y a cualquier otra medida que conduzca al socialismo. De hecho, debemos estar de acuerdo con su realización e incluso con su urgente necesidad.
La opinión pública acoge con satisfacción todas las propuestas destinadas a limitar la esfera de la propiedad privada y la iniciativa empresarial porque acepta de buen grado la crítica del orden de la propiedad privada por parte de los Socialistas de la Cátedra en Alemania, los Solidaristas en Francia, los Fabianos en Gran Bretaña y los Institucionalistas en los Estados Unidos. Si las propuestas de nacionalización aún no se han realizado plenamente, no debemos buscar ninguna oposición en la literatura social y en los partidos políticos. Debemos fijarnos en el hecho de que la opinión pública se da cuenta de que siempre que se nacionalizan y municipalizan empresas o el gobierno interfiere de otro modo en la vida económica, se producen fracasos financieros y graves trastornos en la producción y el transporte en lugar de las consecuencias deseadas. La ideología aún no se ha dado cuenta de este fracaso de la realidad. Sigue aferrándose a la conveniencia de las empresas públicas y a la inferioridad de las empresas privadas. Y sigue encontrando sólo malicia, egoísmo e ignorancia en la oposición a sus propuestas, que todo observador objetivo debería aprobar.
En tales condiciones, parece oportuno analizar el razonamiento de Deumer.
1. Interés privado e interés público
Según Deumer, los bancos sirven actualmente a intereses privados. Sólo sirven a los intereses públicos en la medida en que éstos no entren en conflicto con los primeros. Los bancos no financian aquellas empresas que son más esenciales desde el punto de vista nacional, sino sólo aquellas que prometen producir el mayor rendimiento. Por ejemplo, financian «una destilería de whisky o cualquier otra empresa superflua para la economía».
«Desde el punto de vista nacional, su actividad no sólo es inútil, sino incluso perjudicial».
«Los bancos permiten el crecimiento de empresas cuyos productos no tienen demanda; estimulan el consumo innecesario, lo que a su vez reduce el poder adquisitivo de la población para bienes que son más importantes cultural y racionalmente. Además, sus préstamos malgastan el capital socialmente necesario, lo que hace que la producción esencial disminuya, o al menos que sus costes de crédito, y por tanto sus costes de producción, aumenten».3
Obviamente, Deumer no se da cuenta de que, en un orden de mercado, el capital y el trabajo se distribuyen por la economía de tal manera que, excepto por la prima de riesgo, el capital produce el mismo rendimiento, y un trabajo similar gana el mismo salario en todas partes. La producción de bienes «innecesarios» no paga ni más ni menos que la de «bienes esenciales». En última instancia, son los consumidores del mercado quienes determinan el empleo de capital y trabajo en las distintas industrias. Cuando aumenta la demanda de un artículo suben sus precios y, por tanto, los beneficios, lo que provoca la construcción de nuevas empresas y la ampliación de las existentes. Los consumidores deciden si tal o cual industria recibirá más capital. Si demandan más cerveza, se fabricará más cerveza. Si quieren más obras clásicas, los teatros añadirán clásicos a su repertorio y ofrecerán menos payasadas, bofetadas y operetas. El gusto del público, y no el del productor, decide que La viuda alegre y El jardín del Edén se representen más a menudo que Tasso, de Goethe.
Sin duda, los gustos de Deumer difieren de los del público. Está convencido de que la gente debería gastar su dinero de otra manera. Muchos estarían de acuerdo con él. Pero de esta diferencia de gustos Deumer extrae la conclusión de que debe establecerse un sistema de mando socialista mediante la nacionalización del crédito, de modo que pueda reorientarse el consumo público. En esto debemos discrepar con Deumer.
Guiada por la autoridad central según un plan central, una economía socialista puede ser democrática o dictatorial. Una democracia en la que la autoridad central depende del apoyo público a través de votaciones y elecciones no puede proceder de forma diferente a la economía capitalista. Producirá y distribuirá lo que le guste al público, es decir, alcohol, tabaco, basura en la literatura, en el escenario y en el cine, y adornos de moda. La economía capitalista, sin embargo, atiende también al gusto de unos pocos consumidores. Se producen bienes que son demandados por algunos consumidores, y no por todos. La economía dirigida democrática, con su dependencia de la mayoría popular, no necesita tener en cuenta los deseos especiales de la minoría. Atenderá exclusivamente a las masas.
Pero incluso si está gestionado por un dictador que, sin tener en cuenta los deseos del público, impone lo que considera mejor —que viste, alimenta y aloja al pueblo como le parece—, no hay ninguna garantía de que haga lo que a «nosotros» nos parece correcto. Los críticos del orden capitalista siempre parecen creer que el sistema socialista de sus sueños hará precisamente lo que ellos consideran correcto. Aunque no siempre cuenten con convertirse ellos mismos en dictadores, esperan que el dictador no actúe sin antes pedirles consejo. Así llegan a la popular contraposición de productividad y rentabilidad. Llaman «productivas» a las acciones económicas que consideran correctas. Y como a veces las cosas pueden ser diferentes, rechazan el orden capitalista, que se guía por la rentabilidad y los deseos de los consumidores, los verdaderos dueños de los mercados y la producción. Olvidan que también un dictador puede actuar de forma diferente a sus deseos, y que no hay ninguna garantía de que realmente intente lo «mejor», y, aunque lo busque, de que encuentre el camino hacia lo «mejor».
Es aún más grave preguntarse si una dictadura de los «mejores» o de un comité de los «mejores» puede prevalecer sobre la voluntad de la mayoría. ¿Tolerará el pueblo, a largo plazo, una dictadura económica que se niega a darle lo que quiere consumir y sólo le da lo que los dirigentes consideran útil? ¿No conseguirán al final las masas obligar a los dirigentes a prestar atención a los deseos y gustos del público y a hacer lo que los reformistas pretendían impedir?
Podemos estar de acuerdo con el juicio subjetivo de Deumer de que el consumo de nuestros semejantes es a menudo indeseable. Si creemos esto, podemos intentar convencerles de sus errores. Podemos informarles de los perjuicios del consumo excesivo de alcohol y tabaco, de la falta de valor de ciertas películas y de muchas otras cosas. Quien quiera promover los buenos escritos puede imitar el ejemplo de la Sociedad Bíblica, que hace sacrificios económicos para vender Biblias a precios reducidos y ponerlas a disposición en hoteles y otros lugares públicos. Si esto es aún insuficiente, no cabe duda de que hay que someter la voluntad de nuestros semejantes. La producción económica según la rentabilidad significa producción según los deseos de los consumidores, cuya demanda determina los precios de los bienes y, por tanto, el rendimiento del capital y el beneficio empresarial. Cuando la producción económica según la «productividad nacional» se desvía de la primera, significa una producción que hace caso omiso de los deseos de los consumidores, pero complace al dictador o al comité de dictadores.
Sin duda, en un orden capitalista una fracción de la renta nacional la gastan los ricos en lujos. Pero independientemente de que esta fracción sea muy pequeña y no afecte sustancialmente a la producción, el lujo de los acomodados tiene efectos dinámicos que parecen convertirlo en una de las fuerzas más importantes del progreso económico. Toda innovación hace su aparición como «lujo» de unos pocos acomodados. Una vez que la industria ha tomado conciencia de ello, el lujo se convierte en una «necesidad» para todos. Tomemos, por ejemplo, nuestra ropa, las instalaciones de alumbrado y baño, el automóvil y las facilidades para viajar. La historia económica demuestra cómo el lujo de ayer se ha convertido en la necesidad de hoy. Mucho de lo que la gente de los países menos capitalistas considera lujo es un bien común en los países más desarrollados desde el punto de vista capitalista. En Viena, poseer un coche es un lujo (no sólo a los ojos del recaudador de impuestos); en los Estados Unidos, uno de cada cuatro o cinco individuos posee uno.
El crítico del orden capitalista que pretenda mejorar las condiciones de las masas no debe señalar este consumo de lujo mientras no haya refutado la afirmación de los teóricos y la experiencia de la realidad de que sólo la producción capitalista asegura la mayor producción posible. Si un sistema de mando produce menos que un orden de propiedad privada, obviamente no será posible suministrar a las masas más de lo que tienen hoy.
Los malos resultados de las empresas públicas suelen achacarse a la gestión burocrática. Para que las operaciones estatales, municipales y otras operaciones públicas tengan el mismo éxito que la empresa privada, deben organizarse y dirigirse según criterios comerciales. Por eso durante décadas se ha intentado por todos los medios hacer más productivas esas operaciones mediante la «comercialización». El problema cobró mayor importancia a medida que se ampliaban las operaciones estatales y municipales. Pero ni por asomo nadie se ha acercado a la solución.
2. ¿Gestión burocrática o gestión de beneficios de la banca?
Deumer, también, considera necesario «gestionar el monopolio bancario nacional según criterios comerciales», y hace varias recomendaciones sobre cómo lograrlo.4 No difieren de muchas otras propuestas de los últimos años o de las que, dadas las circunstancias, podrían haberse logrado y se han logrado. Se habla de escuelas y exámenes, de promoción de los «capaces», de salarios suficientes para los empleados y de participación en los beneficios para los altos funcionarios. Pero Deumer no ve la esencia del problema con más claridad que cualquier otro que intente hacer más productivo el sistema inevitablemente improductivo de las operaciones públicas.
Deumer, en sintonía con la opinión dominante, parece creer erróneamente que lo «comercial» es una forma de organización que puede injertarse fácilmente en las empresas públicas para desburocratizarlas. Lo que se suele llamar «comercial» es la esencia de la empresa privada que sólo busca la mayor rentabilidad posible. Y lo que suele llamarse «burocrático» es la esencia de las operaciones gubernamentales que persiguen objetivos «nacionales». Una empresa pública nunca puede ser «comercializada», por muchas características externas de la empresa privada que se le superpongan.
El empresario actúa bajo su propia responsabilidad. Si no produce al menor coste de capital y mano de obra lo que los consumidores creen necesitar con mayor urgencia, sufre pérdidas. Pero las pérdidas conducen finalmente a una transferencia de su riqueza —y, por tanto, de su poder de control sobre los medios de producción— a manos más capaces. En una economía capitalista, los medios de producción siempre van a parar al gestor más capaz, es decir, a aquel que es capaz de utilizar esos medios de la forma más económica para satisfacer las necesidades de los consumidores. Una empresa pública, sin embargo, está gestionada por hombres que no afrontan las consecuencias de su éxito o fracaso.
Lo mismo se dice de los principales ejecutivos de las grandes empresas privadas que, por lo tanto, se gestionan de forma tan «burocrática» como las operaciones estatales y municipales. Pero tales argumentos ignoran la diferencia básica entre empresas públicas y privadas.
En una empresa privada con ánimo de lucro, todos los departamentos y divisiones están controlados por una contabilidad que persigue el mismo objetivo de beneficios. Los departamentos y divisiones que no son rentables se reorganizan o se cierran. Los trabajadores y ejecutivos que fracasan en las tareas asignadas son destituidos. La contabilidad en dólares y céntimos controla cada parte de la empresa. Sólo el cálculo monetario muestra el camino hacia la mayor rentabilidad. Los propietarios —es decir, los accionistas de una empresa— sólo dan una orden al gerente, que la transmite a los empleados: obtener beneficios.
La situación es muy distinta en las oficinas y tribunales que administran los asuntos del Estado. Sus tareas no pueden medirse y calcularse como se calculan los precios de mercado, y la orden que se da a los subordinados no puede definirse tan fácilmente como la de un empresario a sus empleados. Si se quiere que la administración sea uniforme y que todo el poder ejecutivo no se delegue en los funcionarios de menor rango, su actuación debe regularse hasta el más mínimo detalle para todos los casos imaginables. Así, se convierte en deber de todo funcionario seguir estas instrucciones. El éxito y el fracaso tienen menos importancia que la observancia formal del reglamento. Esto es especialmente visible en la contratación, tratamiento y promoción del personal, y se llama «burocratismo». No es un mal que surja de algún fallo o defecto de la organización o de la incompetencia de los funcionarios; es la naturaleza de toda empresa que no se organiza con ánimo de lucro.
Cuando el Estado y el municipio van más allá de la esfera de los tribunales y la policía, el burocratismo se convierte en un problema básico de la organización social. Ni siquiera una empresa pública con ánimo de lucro puede dejar de ser burocrática. Se ha intentado eliminar el burocratismo mediante la participación de los directivos en los beneficios. Pero como no se puede esperar que soporten las pérdidas eventuales, se ven tentados a volverse imprudentes, lo que entonces hay que evitar limitando la autoridad del gestor mediante directivas de funcionarios superiores, juntas, comités y opiniones de «expertos». Así, de nuevo, se crea más regulación y burocratización.
Pero normalmente se espera de las empresas públicas algo más que rentabilidad. Por eso son propiedad y están gestionadas por el gobierno. Deumer también exige al sistema bancario nacionalizado que se guíe por consideraciones nacionales y no privadas: que invierta sus fondos no donde la rentabilidad sea mayor, sino donde sirvan al interés nacional.5
No es necesario que analicemos otras consecuencias de tales políticas crediticias, como el mantenimiento de empresas antieconómicas. Pero veamos sus efectos sobre la gestión de las empresas públicas. Cuando el servicio nacional de crédito o una de sus sucursales presenta una cuenta de resultados desfavorable, puede alegar: «Sin duda, desde el punto de vista del interés privado y de la rentabilidad no hemos tenido mucho éxito. Pero hay que tener en cuenta que la pérdida que muestra la contabilidad comercial se compensa con servicios públicos que no son visibles en las cuentas. Por ejemplo, los dólares y centavos no pueden expresar nuestros logros en la preservación de las pequeñas y medianas empresas, en las mejoras de las condiciones materiales de las clases «vertebrales» de la población».
En tales condiciones, la rentabilidad de una empresa pierde importancia. Si se quiere auditar la gestión pública, hay que juzgarla con el rasero del burocratismo. La gestión debe estar reglamentada y los puestos deben ocuparse con personas dispuestas a obedecer las normas.
Por más que busquemos, es imposible encontrar una forma de organización que pueda evitar las trabas del burocratismo en las empresas públicas. No basta con observar que muchas grandes empresas se han vuelto «burocráticas» en las últimas décadas. Es un error creer que esto es el resultado del tamaño. Incluso la empresa más grande permanece inmune a los peligros del burocratismo mientras tenga como objetivo exclusivo la rentabilidad. Es cierto que si se le imponen otras consideraciones, pierde la característica esencial de una empresa capitalista. Fueron las políticas etatistas e intervencionistas imperantes las que obligaron a las grandes empresas a burocratizarse cada vez más. Se vieron obligadas, por ejemplo, a nombrar ejecutivos con buenas conexiones con las autoridades, en lugar de empresarios capaces, o a embarcarse en operaciones no rentables para complacer a políticos influyentes, partidos políticos o al propio gobierno. Se vieron obligadas a continuar operaciones que deseaban abandonar y a fusionarse con empresas y plantas que no querían.
La mezcla de política y negocios no sólo es perjudicial para la política, como se observa con frecuencia, sino mucho más aún para los negocios. Muchas grandes empresas deben dar miles de consideraciones a los asuntos políticos, lo que siembra las semillas del burocratismo. Pero todo esto no justifica las propuestas de burocratizar completa y formalmente toda la producción mediante la nacionalización del crédito. ¿Dónde estaría hoy la economía alemana si se hubiera nacionalizado el crédito ya en 1890, o incluso en 1860? ¿Quién puede ser consciente de los desarrollos que se evitarían si se nacionalizara hoy?
3. El peligro de la sobreexpansión y la inmovilización
Lo que se ha dicho aquí se aplica a cualquier intento de transferir empresas privadas, especialmente el sistema bancario, a manos del Estado, lo que en sus efectos equivaldría a una nacionalización total. Pero, además, crearía problemas de crédito que no deben pasarse por alto.
Deumer intenta demostrar que no se podría abusar del monopolio del crédito por razones fiscales. Pero los peligros de la nacionalización del crédito no residen aquí; residen en el poder adquisitivo del dinero.
Como es bien sabido, los depósitos a la vista sujetos a cheques tienen el mismo efecto sobre el poder adquisitivo de una unidad monetaria que los billetes de banco. Deumer propone incluso una emisión de «certificados garantizados» o «certificados de la cámara de compensación» que nunca serán reembolsados.6
La opinión pública siempre quiere «dinero fácil», es decir, tipos de interés bajos. Pero la propia función del banco emisor de billetes es resistirse a tales demandas, protegiendo su propia solvencia y manteniendo la paridad de sus billetes con respecto a los billetes extranjeros y al oro. Si se eximiera al banco del reembolso de sus certificados, sería libre de ampliar sus créditos de acuerdo con los deseos de los políticos. Sería demasiado débil para resistir el clamor de los solicitantes de crédito. Pero el sistema bancario debe ser nacionalizado, en palabras de Deumer, «para prestar atención a las quejas de las pequeñas empresas industriales y de muchas firmas comerciales que son capaces de obtener los créditos necesarios sólo con grandes dificultades y mucho sacrificio».7
Hace unos años habría sido necesario elaborar las consecuencias de la expansión del crédito. Hoy ya no es necesario. La relación entre la expansión del crédito y el aumento de los precios de los bienes y de los tipos de cambio es bien conocida hoy en día. Esto ha sido puesto de manifiesto no sólo por las investigaciones de algunos economistas, sino también por las experiencias y teorías americanas y británicas con las que los alemanes se han familiarizado. Sería superfluo extenderse más sobre este tema.
4. Resumen
El libro de Deumer revela claramente que el etatismo, el socialismo y el intervencionismo están agotados. Deumer es incapaz de apoyar sus propuestas con otra cosa que no sean los viejos argumentos etatistas y marxianos que han sido refutados cientos de veces. Simplemente ignora la crítica de estos argumentos. Tampoco tiene en cuenta los problemas surgidos de la experiencia socialista reciente. Sigue apoyándose en una ideología que ve todas las nacionalizaciones como un progreso, aunque en los últimos años se haya tambaleado hasta sus cimientos.
La política, por tanto, ignorará el libro de Deumer, lo que puede ser lamentable desde el punto de vista del autor porque invirtió trabajo, ingenio y experiencia en sus propuestas. Pero en interés de una sana recuperación de la economía alemana, es gratificante.
[En Notas y memorias, Mises reveló que tenía la intención de incluir este ensayo, escrito en 1926, en la edición original alemana de Crítica del intervencionismo (1929). Quedó fuera de ese volumen por error editorial, pero se incluyó en ediciones posteriores].
- 1Die Verstaatlichung des Kredits: Mutualisierung des Kredits (Nacionalización del crédito: mutualización del crédito), ensayo premiado por la Fundación Travers-Borgstroem en Berna, Munich y Leipzig, 1926.
- 2Ibídem, p. 335.
- 3Ibídem, p. 86.
- 4Ibídem, p. 210.
- 5Ibídem, p. 184.
- 6Ibídem, p. 152 y ss.
- 7Ibídem, p. 184.
