Vengo a enterrar la reaganomía, no a alabarla.
¿Hasta qué punto ha logrado la reaganomía sus propios objetivos? Quizá la mejor manera de descubrir esos objetivos sea recordar los embriagadores días de la primera campaña de Ronald Reagan para la presidencia, especialmente antes de su triunfo en la Convención Nacional Republicana de 1980. En términos generales, Reagan prometió volver, o avanzar, hacia un mercado libre y «quitarnos el gobierno de encima».
En concreto, Reagan pedía un recorte masivo del gasto gubernamental, un recorte aún más drástico de los impuestos (en particular del impuesto sobre la renta), un presupuesto equilibrado para 1984 (ese derrochador, Jimmy Carter, había elevado el déficit presupuestario a 74.000 millones de dólares al año, y había que eliminarlo), y la vuelta al patrón oro, en el que el dinero es suministrado por el mercado y no por el gobierno. Además de un llamamiento al libre mercado interno, Reagan afirmó su profundo compromiso con la libertad de comercio internacional. No sólo las altas esferas de la administración lucieron lazos de Adam Smith, en honor a ese librecambista moderado, sino que el propio Reagan afirmó la profunda influencia que ejerció sobre él el economista laissez-faire de mediados del siglo XIX, Frederic Bastiat, cuyos devastadores y satíricos ataques al proteccionismo han sido antologados en las lecturas de economía desde entonces.
El patrón oro era la promesa más fácil de eliminar. El presidente Reagan nombró una comisión del oro supuestamente imparcial para estudiar el problema, una comisión abrumadoramente repleta de opositores de toda la vida al oro. La comisión presentó su previsible informe, y el oro fue rápidamente enterrado.
Repasemos las demás áreas importantes:
Gasto gubernamental. ¿Hasta qué punto consiguió Reagan recortar el gasto gubernamental, sin duda un ingrediente fundamental en cualquier plan para reducir el papel del gobierno en la vida de todos? En 1980, el último año de Jimmy Carter, el gobierno federal gastó 591.000 millones de dólares. En 1986, el último año registrado de la administración Reagan, el gobierno federal gastó 990.000 millones de dólares, un aumento del 68%. Sea lo que sea, no se está reduciendo el gasto gubernamental.
Los economistas sofisticados dicen que estas cifras absolutas son una comparación injusta, que deberíamos comparar el gasto federal en estos dos años como porcentaje del producto nacional bruto. Pero esto me parece injusto en el sentido contrario, porque cuanto mayor sea la cantidad de inflación generada por el gobierno federal, mayor será el PNB. Entonces podríamos estar felicitando al gobierno por un menor porcentaje de gasto logrado por la generación de inflación por parte del gobierno al crear más dinero. Pero incluso tomando estas cifras de porcentaje del PNB, obtenemos que el gasto federal como porcentaje del PNB en 1980 era del 21,6%, y después de seis años de Reagan, del 24,3%. Una mejor comparación sería el porcentaje del gasto federal sobre el producto privado neto, es decir, la producción del sector privado. Ese porcentaje era del 31,1% en 1980, y un escandaloso 34,3% en 1986. Así que, incluso utilizando porcentajes, la administración Reagan nos ha traído un aumento sustancial del gasto gubernamental.
Además, no se puede utilizar la excusa de que el Congreso aumentó masivamente las propuestas presupuestarias de Reagan. Por el contrario, nunca hubo mucha diferencia entre los presupuestos de Reagan y los del Congreso, y a pesar de la propaganda en contra, Reagan nunca propuso un recorte del presupuesto total.
Déficits. El siguiente fracaso de los objetivos reaganómicos, el más embarazoso, es el déficit. Jimmy Carter tenía habitualmente déficits de 40.000 a 50.000 millones de dólares y, al final, de hasta 74.000 millones de dólares; pero en 1984, cuando Reagan había prometido conseguir un presupuesto equilibrado, el déficit se había establecido cómodamente en unos 200.000 millones de dólares, un nivel que parece ser permanente, a pesar de los intentos desesperados de maquillar las cifras con reducciones puntuales.
Este es, con mucho, el mayor déficit presupuestario de la historia de Estados Unidos. Es cierto que los déficits de 50.000 millones de dólares de la Segunda Guerra Mundial representaban un porcentaje mucho mayor del PNB; pero la cuestión es que aquella fue una situación temporal y puntual, producto de la financiación de la guerra. Pero la guerra terminó en pocos años; y los actuales déficits federales parecen ser ahora una parte reciente, pero aún permanente, del patrimonio americano.
Uno de los espectáculos más curiosos, y menos edificantes, de la era Reagan fue ver a los reaganistas cambiar por completo su sintonía de toda la vida. Al principio de la administración Reagan, los Republicanos conservadores de la Cámara de Representantes, convencidos de que los déficits desaparecerían inmediatamente, recibieron una tremenda sacudida cuando la administración Reagan les pidió que votaran a favor del habitual aumento anual del límite legal de la deuda. Estos Republicanos, algunos literalmente con lágrimas en los ojos, protestaron que nunca en su vida habían votado a favor de un aumento del límite de la deuda nacional, pero que lo hacían sólo esta vez porque «confiaban en Ronald Reagan» para equilibrar el presupuesto a partir de entonces. El resto, por desgracia, es historia, y los Republicanos conservadores no volvieron a llorar. En cambio, se adaptaron con bastante facilidad a la nueva era de enormes déficits permanentes. La ley Gramm-Rudman, supuestamente concebida para erradicar los déficits en pocos años, se ha empantanado, como era de esperar, en una confusión duradera.
Menos edificante aún es el fantasma de los reaganomistas, que durante décadas han clamado contra los déficits, ese legado del keynesianismo. Pronto los economistas reaganistas, especialmente los que ocupaban puestos económicos en los poderes ejecutivo y legislativo, descubrieron que los déficits no eran tan malos después de todo. Se idearon ingeniosos modelos que pretendían demostrar que realmente no había déficit. Bill Niskanen, del Consejo de Asesores Económicos de Reagan, llegó al que quizá sea el descubrimiento más ingenioso: que no hay razón para preocuparse por los déficits del gobierno, ya que se equilibran con el crecimiento del valor de los activos del gobierno. Bien, hurra, pero es bastante extraño ver a economistas cuyo supuesto objetivo es una reducción drástica del papel del gobierno animando a un crecimiento cada vez mayor de los activos del gobierno. Por otra parte, el tamaño de los activos del gobierno es realmente irrelevante. Sólo sería interesante si el gobierno federal fuera una empresa privada más, a punto de entrar en liquidación, y cuyos deudores pudieran ser satisfechos por una parcelación de sus cuantiosos activos. El gobierno federal no está a punto de ser liquidado; no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, de que una institución entre en bancarrota o en liquidación que tenga el derecho legal de imprimir cualquier dinero que necesite para salir de cualquier agujero financiero, y de cualquier otra persona a la que favorezca.
También ha habido un ferviente resurgimiento de la vieja idea de la izquierda-keynesiana de que «los déficits no importan, de todos modos». Los déficits son estimulantes, podemos «salir de los déficits», etc. El giro más interesante, aunque previsible, fue el de los partidarios de la oferta, que, liderados por el profesor Arthur Laffer y su famosa «curva», habían prometido que si se reducían los tipos del impuesto sobre la renta, la inversión y la producción se estimularían tanto que una caída de los tipos impositivos aumentaría los ingresos fiscales y equilibraría el presupuesto. Cuando el presupuesto no se equilibró, y los déficits empeoraron, los partidarios de la oferta arrojaron a Laffer por la borda como chivo expiatorio, alegando que Laffer era un extremista, y el único propulsor de su famosa curva. Los partidarios de la oferta se replegaron entonces a su actual posición de repliegue, que es francamente keynesiana: los déficits no importan de todos modos, así que tengamos dinero barato y déficits; relajémonos y disfrutemos de ellos. La única frase keynesiana que todavía no hemos escuchado de los reaganomistas es que la deuda nacional «no importa porque nos la debemos a nosotros mismos», y estoy esperando que algún partidario de la oferta adopte esta famosa frase de Abba Lerner de los años 30 sin, por supuesto, molestarse en atribuirla.
Una de las formas en que Ronald Reagan ha tratado de tomar la sartén por el mango en la cuestión del déficit es divorciando su retórica de la realidad de forma aún más acusada que de costumbre. Así, el proponente de los mayores déficits de la historia de Estados Unidos ha pedido con vehemencia una enmienda constitucional que exija un presupuesto equilibrado. De este modo, Reagan puede liderar el camino hacia déficits permanentes de 200.000 millones de dólares, mientras se regodea en la virtud de proponer una enmienda al presupuesto equilibrado, e intenta convertir al Congreso en el chivo expiatorio de nuestra economía deficitaria.
Incluso en el improbable caso de que la enmienda al presupuesto equilibrado se apruebe alguna vez, sería ridícula su falta de efecto. En primer lugar, el Congreso puede anular la enmienda en cualquier momento con el voto de tres quintos. En segundo lugar, el Congreso no está obligado a equilibrar realmente ningún presupuesto; es decir, sus gastos reales en un año determinado no se limitan a los ingresos obtenidos. En cambio, el Congreso sólo está obligado a preparar una estimación de un presupuesto equilibrado para un año futuro; y, por supuesto, las estimaciones del gobierno, incluso de sus propios ingresos o gastos, son notoriamente poco fiables. Y en tercer lugar, no hay ninguna cláusula de aplicación; supongamos que el Congreso infringe incluso el requisito de un presupuesto equilibrado estimado: ¿Qué va a pasar con los legisladores? ¿Va a convocar el Tribunal Supremo a los alguaciles y meter en la cárcel a todo el Congreso de los Estados Unidos? Y, sin embargo, no sólo Reagan ha impulsado una enmienda tan absurda, sino que también lo han hecho muchos reaganomistas útiles.
Recortes de impuestos. Una de las pocas áreas en las que los reaganistas afirman tener éxito sin avergonzarse es la fiscalidad. Después de todo, ¿no fue la administración Reagan la que recortó drásticamente los impuestos sobre la renta en 1981, y la que proporcionó tanto recortes de impuestos como «equidad» en su tan cacareada ley de reforma fiscal de 1986? ¿Acaso Ronald Reagan, a pesar de la oposición, se mantuvo heroicamente en contra de todo aumento de impuestos?
La respuesta, por desgracia, es no. En primer lugar, la famosa «bajada de impuestos» de 1981 no redujo los impuestos en absoluto. Es cierto que se redujeron los tipos impositivos para los tramos de renta más altos; pero para el ciudadano medio, los impuestos aumentaron, en lugar de disminuir. La razón es que, en general, el recorte de los tipos impositivos sobre la renta se vio más que compensado por dos formas de aumento de los impuestos. Una de ellas fue el «bracket creep», un término para referirse a la inflación de forma discreta pero que efectivamente eleva a uno a tramos impositivos más altos, de modo que uno paga más impuestos y proporcionalmente más altos aunque el esquema de tipos impositivos haya permanecido oficialmente igual. La segunda fuente de impuestos más altos fue la tributación de la Seguridad Social, que siguió aumentando, y que ayudó a que los impuestos subieran en general. No sólo eso, sino que poco después, cuando el sistema de la Seguridad Social se percibía en general como al borde de la quiebra, el presidente Reagan trajo a Alan Greenspan, uno de los principales reaganistas y ahora presidente de la Reserva Federal, para salvar la Seguridad Social como jefe de una comisión bipartidista. El «salvamento», por supuesto, significaba que los impuestos de la Seguridad Social seguirían siendo más altos entonces y para siempre.
Desde la bajada de impuestos de 1981 que no fue realmente una bajada, además, los impuestos han subido todos los años desde entonces, con la aprobación de la administración Reagan. Pero para salvar la sensibilidad retórica del presidente, no se les llamó subidas de impuestos. En su lugar, se les pusieron etiquetas ingeniosas: aumento de «tasas», «tapar lagunas» (y seguramente todo el mundo quiere que se tapen las lagunas), «reforzar la aplicación del IRS» e incluso «aumentar los ingresos». Estoy seguro de que todos los buenos Reaganomistas dormían tranquilos por la noche sabiendo que, aunque los ingresos del gobierno estaban siendo «mejorados», el presidente había mantenido la línea contra las subidas de impuestos.
La tan cacareada Ley de «Reforma» Fiscal de 1986 debía ser económicamente saludable y «justa»; supuestamente «neutra en cuanto a ingresos», debía aportarnos (a) simplicidad, ayudando al público mientras hacía miserable la vida de los contables y abogados fiscales; y (b) recortes en el impuesto sobre la renta, especialmente en los tramos más altos y en los tipos impositivos marginales de todos (es decir, los tipos del impuesto sobre la renta sobre el dinero adicional que se pueda ganar); y compensada únicamente con la eliminación de esas infames lagunas. La realidad, por supuesto, era muy diferente. En primer lugar, la administración ha conseguido complicar tanto las leyes fiscales que incluso el IRS reconoce no entenderlas, y los contables y abogados fiscales se mantendrán desconcertados y felices durante años.
En segundo lugar, aunque los tipos del impuesto sobre la renta se redujeron en los tramos más altos, muchas de las lagunas fiscales supusieron enormes aumentos de impuestos para las personas de los tramos superiores y medios. El objetivo de los recortes del impuesto sobre la renta, y en particular de los tipos marginales, era el de reducir los impuestos para estimular el ahorro y la inversión. Pero un estudio del National Bureau realizado por Hausman y Poterba sobre la Ley de Reforma Fiscal muestra que más del 40% de los contribuyentes del país sufrieron un aumento de los impuestos marginales (o, en el mejor de los casos, el mismo tipo que antes) y, de la mayoría que sí disfrutó de recortes fiscales marginales, sólo el 11% obtuvo reducciones del 10% o más. En resumen, la mayoría de las reducciones fiscales fueron insignificantes. Y no sólo eso, sino que la Ley de Reforma Fiscal, según estos autores, reduciría el ahorro y la inversión en general debido a los enormes aumentos de los impuestos sobre las empresas y las ganancias de capital. Además, el ahorro también se vio perjudicado por la eliminación de la deducción fiscal de las aportaciones a las cuentas individuales.
No sólo se aumentaron los impuestos, sino que se elevaron enormemente los costes de las empresas al hacer que las comidas de los gastos empresariales sólo fueran deducibles en un 80%, lo que supone un gran gasto de tiempo y energía de las empresas en mantener y barajar los registros. Y no sólo se aumentaron los impuestos al eliminar los refugios fiscales en el sector inmobiliario, sino que las pretensiones de «equidad» de la ley se volvieron grotescas por el carácter retroactivo de muchos de los aumentos fiscales. Así, la supresión de la deducibilidad de los refugios fiscales se hizo retroactiva, imponiendo enormes sanciones a posteriori. Se trata de una legislación ex post facto proscrita por la Constitución, que prohíbe criminalizar retroactivamente acciones que fueron perfectamente legales. Un amigo mío, por ejemplo, vendió su negocio hace unos ocho años; para evitar los impuestos sobre las plusvalías, constituyó su empresa en las Islas Vírgenes Americanas, que el gobierno federal había eximido de los impuestos sobre las plusvalías para estimular el desarrollo de las Islas Vírgenes. Ahora, ocho años después, esta exención fiscal para las Islas Vírgenes ha sido eliminada (¡una «laguna» tapada!), pero el IRS espera ahora que mi amigo pague todos los impuestos retroactivos sobre las plusvalías más los intereses de esta venta de hace ocho años. ¡Un aplauso para la «equidad» de la ley de reforma fiscal!
Pero lo fundamental en la cuestión de los impuestos es lo que ocurrió en la era Reagan con los ingresos fiscales del gobierno en general. ¿Aumentó o disminuyó la cantidad de impuestos extraídos del pueblo americano por el gobierno federal durante los años de Reagan? Los hechos son que los ingresos fiscales federales fueron de 517.000 millones de dólares en el último año de Carter, 1980. En 1986, los ingresos ascendieron a 769.000 millones de dólares, un aumento del 49%. Sea lo que sea, eso no parece un recorte de impuestos. ¿Pero qué hay de los impuestos como porcentaje del producto nacional? En este caso, podemos admitir que, según un criterio porcentual, los impuestos globales disminuyeron muy ligeramente, manteniéndose más o menos igualados con el último año de Carter. Los impuestos cayeron del 18,9% del PNB al 18,3%, o, para medir mejor, los impuestos como porcentaje del producto privado neto cayeron del 27,2% al 26,6%. Un gran aumento absoluto de los impuestos, junto con el mantenimiento de los impuestos como porcentaje del producto nacional más o menos parejo, no es motivo para lanzar el sombrero al aire sobre una enorme reducción de los impuestos durante los años de Reagan.
Además, en los últimos meses, la administración Reagan se ha mostrado más receptiva que nunca a la hora de tapar las lagunas, las tasas y los ingresos. Citando la columna Tax Watch del New York Times (13 de octubre de 1987) «El presidente Reagan ha advertido repetidamente al Congreso de su oposición a cualquier nuevo impuesto, pero algunos ayudantes de la Casa Blanca han estado tratando de encontrar una manera de respaldar un proyecto de ley de impuestos que podría llamarse de otra manera».
Además de cerrar las lagunas jurídicas, la Casa Blanca está presionando al Congreso para que amplíe la definición habitual de «tasa de usuario», que no es un impuesto porque se supone que es una tasa para quienes utilizan un servicio gubernamental, por ejemplo los parques nacionales o las vías navegables. Pero, al parecer, la administración Reagan está ampliando la definición de «tasa de usuario» para incluir los impuestos especiales, en el supuesto, aparentemente, de que cada vez que compramos un producto o servicio debemos pagar al gobierno por su permiso. Así, la administración Reagan ha propuesto, no como un aumento de impuestos, sino como una supuesta «tasa de usuario», un mayor impuesto al consumo en cada billete de avión o barco internacional, un impuesto a todos los productores de carbón, y un impuesto a la gasolina y a las tasas de autopista para los autobuses. La administración también está dispuesta a apoyar, como una supuesta cuota de usuario en lugar de un impuesto, un requisito de que los empleadores, como los restaurantes, comiencen a pagar el impuesto de la Seguridad Social sobre las propinas recibidas por los camareros y otro personal de servicio.
Tras el desplome de la bolsa, el presidente Reagan está dispuesto a hacernos un regalo después del desplome: impuestos más altos que se llamarán abiertamente impuestos más altos. El martes por la mañana, la Casa Blanca declaró: «Vamos a mantenernos firmes. El presidente nos ha dado órdenes de marcha: ninguna subida de impuestos». El martes por la tarde, sin embargo, las órdenes de marcha aparentemente se habían evaporado, y el presidente dijo que estaba «dispuesto a estudiar» propuestas de aumento de impuestos. Saludar a una recesión inminente con una subida de impuestos es una forma maravillosa de hacer realidad esa recesión. Una vez más, el presidente Reagan sigue el camino abierto por Herbert Hoover en la Gran Depresión de subir los impuestos para intentar combatir un déficit.
Desregulación. Otro aspecto crucial para liberar el mercado y quitarnos al gobierno de encima es la desregulación, y la administración y sus reaganistas se han mostrado muy orgullosos de su historial de desregulación. Sin embargo, una mirada a los antecedentes revela una imagen muy diferente. En primer lugar, los ejemplos más conspicuos de desregulación; el fin de los controles de los precios del petróleo y la gasolina y el racionamiento, la desregulación de los camiones y las aerolíneas, fueron todos lanzados por la administración Carter, y completados justo a tiempo para que la administración Reagan reclamara el crédito. Mientras tanto, hubo otras desregulaciones prometidas que nunca tuvieron lugar; por ejemplo, la abolición de los controles del gas natural y del Departamento de Energía.
En general, de hecho, probablemente no ha habido desregulación, sino un aumento de la regulación. Así, Christopher De Muth, director del American Enterprise Institute y antiguo alto funcionario de la Oficina de Gestión y Presupuesto de Reagan, concluye que «el Presidente no ha montado una amplia ofensiva contra la regulación. No ha habido muchos cambios totales desde 1981. Ha habido una administración más equilibrada de las agencias reguladoras de lo que nos habíamos acostumbrado en los años 70, pero muchas normas reguladoras se han reforzado.»
En particular, ha habido un ferviente impulso, especialmente en el último año, para intensificar la regulación de Wall Street. A finales del año pasado, la Comisión de Valores y Bolsa y el Departamento de Justicia lanzaron un ataque salvaje y casi histérico contra el grave delito del «uso de información privilegiada». Distinguidos banqueros de inversión fueron literalmente sacados de sus oficinas con grilletes, y el más conspicuo operador con información privilegiada recibió como castigo (1) una multa de 100 millones de dólares; (2) la prohibición de por vida de cualquier otra operación con valores, y (3) una pena de cárcel de un año, suspendida por servicios a la comunidad. Y esta es la sentencia leve, a cambio de permitir que le echen un cable y se convierta en informante de sus colegas con información privilegiada. [Nota del editor: Ivan Boesky fue condenado a tres años de prisión].
Todo esto formaba parte de un impulso de la administración para proteger a los gestores ineficientes de las empresas de la temible amenaza de las ofertas públicas de adquisición, por las que los accionistas pueden deshacerse fácilmente de la gestión ineficaz y recurrir a nuevos gestores. ¿Podemos decir realmente que este frenético asalto a Wall Street por parte de la administración Reagan no tuvo ninguna repercusión en la caída de la bolsa [octubre de 1987]?
Y, sin embargo, la administración Reagan ha reaccionado al crash no cediendo, sino intensificando, la regulación del mercado de valores. El 19 de octubre, el jefe de la SEC consideró fuertemente la posibilidad de cerrar el mercado, y algunos mercados se cerraron temporalmente, un caso, una vez más, de resolver los problemas disparando al mercado, el mensajero de las malas noticias. El 20 de octubre, la administración Reagan colaboró anunciando el cierre anticipado del mercado para los próximos días. La SEC ya había tomado medidas, junto con la Bolsa de Nueva York, para cerrar el comercio de programas informáticos en el mercado, un comercio relacionado con los futuros de los índices bursátiles. Pero culpar a la negociación con programas informáticos del desplome es una reacción ludita; tratar de resolver los problemas cogiendo una palanca y destrozando las máquinas. Al fin y al cabo, en 1929 no había ordenadores. Una vez más, el instinto de la administración, especialmente en relación con Wall Street, es regular. Regular, e inflar, parecen ser las respuestas reaganianas a nuestros males económicos.
La política agrícola, por su parte, ha sido un desastre total. En lugar de poner fin a los apoyos y controles de los precios agrícolas y volver a un mercado libre en la agricultura, la administración ha aumentado enormemente los apoyos, controles y subsidios a los precios. Además, ha introducido una calamitosa innovación en el programa agrícola: el programa PIK [»Pagos en Especie»], en el que el gobierno consigue que los agricultores acepten recortes drásticos en la superficie, a cambio de lo cual el gobierno devuelve los excedentes de trigo o algodón que antes mantenía fuera del mercado. El resultado de todo esto ha sido que los precios agrícolas han subido mucho más que los del mercado mundial, han reducido las exportaciones agrícolas y han llevado a muchos agricultores a la quiebra. Sin embargo, todo lo que la administración puede ofrecer es más de la misma política desastrosa.
Política económica exterior. Si la administración Reagan ha hecho una chapuza en la economía nacional, incluso en lo que respecta a sus propios objetivos, ¿qué ha hecho en los asuntos económicos exteriores? Como era de esperar, su política económica exterior ha sido exactamente lo contrario de su proclamada devoción por el libre comercio y los mercados libres. En primer lugar, a pesar de los vínculos con Adam Smith y Bastiat, la administración Reagan ha sido la más beligerante y nacionalista desde Herbert Hoover. Los aranceles y las cuotas de importación se han elevado repetidamente, y Japón ha sido tratado como un leproso y denunciado repetidamente por el crimen de vender productos de alta calidad a precios bajos al encantado consumidor americano.
En todos los asuntos de la compleja y enmarañada economía internacional, la única manera de salir de la espesura es no perder de vista una cuestión primordial: ¿Es bueno o malo para el consumidor americano? Lo que el consumidor americano quiere son productos de buena calidad a precios bajos, por lo que los japoneses deberían ser bienvenidos y admirados en lugar de condenados. En cuanto al supuesto delito de «dumping», si los japoneses son realmente tan tontos como para malgastar dinero y recursos mediante el dumping —es decir, vendiéndonos productos por debajo de los costes—, deberíamos acoger esa política con los brazos abiertos; cada vez que los japoneses están dispuestos a venderme televisores Sony por un dólar, estoy más que encantado de quitárselos de las manos.
No sólo los productores extranjeros se ven perjudicados por el proteccionismo, sino también los consumidores americanos. Cada vez que la administración impone un arancel o una cuota a las motocicletas o a los productos textiles o a los semiconductores o a las pinzas de la ropa —como hizo para rescatar una planta ineficiente de pinzas de la ropa en Maine—, cada vez que lo hace, perjudica al consumidor americano.
No es de extrañar, pues, que incluso el reaganomista Bill Niskanen admitiera recientemente que «el comercio internacional está más regulado que hace 10 años». O, como declaró orgullosamente el mes pasado el Secretario del Tesoro, James Baker «El presidente Reagan ha concedido más desgravaciones a la importación a la industria de EEUU que cualquiera de sus predecesores en más de medio siglo». Bastante bien para un seguidor de Bastiat.
Otro objetivo original de la administración Reagan, bajo la influencia de los monetaristas, o friedmanitas, era mantener la mano del gobierno completamente fuera de los tipos de cambio, y permitir que estos fluctúen libremente en el mercado, sin interferencia de la Reserva Federal o del Tesoro. Un destacado monetarista, el Dr. Beryl W. Sprinkel, fue nombrado Subsecretario del Tesoro para Política Monetaria en 1981 para llevar a cabo esa política. Pero esta no intervención hace tiempo que desapareció, y el Secretario Baker, ayudado por la Reserva Federal, se ha dedicado a intentar persuadir a otros países de que intervengan para ayudar a coordinar y fijar los tipos de cambio. Tras ser destituido del Tesoro después de varios años, Sprinkel fue enviado a Siberia y se le ordenó guardar silencio, como jefe del Consejo de Asesores Económicos; y Sprinkel ha anunciado recientemente que dejará el gobierno por completo. [Nota del editor: Sprinkel fue rehabilitado más tarde, y se le concedió el estatus de miembro del gabinete, a cambio de que aceptara participar en la desastrosa política del dólar de Baker.
Además, la política de ayudas y préstamos extranjeros llevada a cabo o fomentada por el gobierno ha proseguido con mayor intensidad que incluso bajo las administraciones anteriores. Reagan ha rescatado al gobierno despótico de Polonia con préstamos masivos, para que Polonia pudiera pagar a sus acreedores occidentales. Una política similar se ha llevado a cabo en relación con muchos gobiernos del tercer mundo quebrados o en bancarrota. El espectro del colapso bancario por los préstamos extranjeros se ha evitado con rescates y promesas de rescate de la Reserva Federal, el único fabricante de dólares de la nación, que puede producir a voluntad.
Así pues, miremos donde miremos, en el presupuesto, en la economía doméstica o en el comercio exterior o las relaciones monetarias internacionales, vemos al gobierno aún más sobre nuestras espaldas que nunca. La carga y el alcance de la intervención del gobierno bajo Reagan ha aumentado, no ha disminuido. La retórica de Reagan ha pedido la reducción del gobierno; sus acciones han sido precisamente lo contrario. Sin embargo, ambos lados de la valla política han comprado la retórica y afirman que se ha puesto en práctica.
Los reaganistas y los reaganomistas, por razones obvias, intentan desesperadamente mantener que Reagan ha cumplido realmente sus gloriosas promesas; mientras que sus oponentes, empeñados en atacar el bogey de la reaganomía, están también, y por razones opuestas, ansiosos por afirmar que Reagan ha puesto realmente en marcha su programa de libre mercado. Así que tenemos la curiosa, y seguramente no saludable, situación en la que una masa de gente políticamente interesada está malinterpretando totalmente e incluso tergiversando el historial de Reagan; centrándose, como el propio Reagan, en su retórica en lugar de en la realidad.
¿Qué pasa con el futuro? ¿Hay vida después de la reaganomía? Para evaluar los acontecimientos venideros, primero tenemos que darnos cuenta de que la reaganomía nunca ha sido un monolito. Ha tenido varias caras; la reaganomía ha sido una coalición incómoda y cambiante de varias escuelas de pensamiento económico en conflicto. En particular, las principales escuelas han sido los keynesianos conservadores, los monetaristas de Milton Friedman y los partidarios de la oferta. Los monetaristas, devotos de una regla monetaria de aumento porcentual fijo del crecimiento del dinero, diseñada por la Fed, han salido mal parados. Creyendo fervientemente que la ciencia no es otra cosa que la predicción, los monetaristas se han autodestruido haciendo una serie de predicciones seguras de sí mismas pero desastrosas en los últimos años. Su destino ilustra el hecho de que quien vive de predicciones morirá por ellas. Aparte de sus puntos de vista sobre el dinero, los monetaristas creen en general en el libre mercado, por lo que su desaparición ha dejado la reaganomía en manos de las otras dos escuelas, ninguna de las cuales está especialmente interesada en el libre mercado o en la reducción del gobierno.
Los keynesianos conservadores —la gente que nos trajo la economía de las administraciones de Nixon y Ford— vieron cómo el keynesianismo perdía su dominio entre los economistas con la recesión inflacionaria de 1973-74, un acontecimiento que los keynesianos creían firmemente que nunca podría ocurrir. Pero aunque los keynesianos han perdido su antiguo eclecticismo, siguen teniendo dos preocupaciones: (1) una devoción por el New Deal-Fair Deal-Gran Sociedad-Nixon-Ford-Carter-status quo, y (2) un celo por los aumentos de impuestos para moderar el déficit actual. En cuanto al gasto gubernamental, nunca se les ha pasado por la cabeza la idea de recortar los gastos. Los partidarios de la oferta, que son débiles en el mundo académico pero fuertes en la prensa y en el ejercicio de una enorme influencia política per cápita, tampoco tienen interés en recortar el gasto gubernamental. Por el contrario, tanto los keynesianos conservadores como los partidarios de la oferta están dispuestos a reclamar un flujo creciente de beneficios por parte del gobierno.
Ambos grupos son también desde hace tiempo partidarios de la inflación monetaria. Los partidarios de la oferta han renunciado prácticamente a la idea de reducir los impuestos; su postura es ahora aceptar el déficit y oponerse a cualquier aumento de impuestos. En materia monetaria exterior, los keynesianos conservadores y los partidarios de la oferta han formado una coalición; ambos grupos abrazan el programa keynesiano del Secretario del Tesoro Baker de tipos de cambio fijos y una política coordinada internacionalmente de dinero barato.
Desde el punto de vista político, los candidatos presidenciales Republicanos pueden ser evaluados según sus diversas visiones preferidas de la reaganomía. El vicepresidente Bush es, por supuesto, un keynesiano conservador y un veterano archienemigo de la doctrina de la oferta, que denunció famosamente en 1980 como «economía vudú». El Secretario del Tesoro, James Baker, es un antiguo ayudante de campaña de Bush. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Howard Baker, también está en el campo conservador keynesiano, como lo estuvo Paul Volcker, y lo está Alan Greenspan. Dado que el anterior jefe de gabinete de la Casa Blanca, Donald Regan, era un compañero de viaje de los partidarios de la oferta, su sustitución por Howard Baker como resultado de la Iranscam fue un triunfo de los keynesianos conservadores sobre los partidarios de la oferta. Este año, de hecho, nuestra troika de gobernantes económicos, Greenspan y los dos Baker, se han situado directamente en el campo de los keynesianos conservadores.
El senador Robert Dole, el otro candidato Republicano a la presidencia, también es un keynesiano conservador. De hecho, Bob Dole siguió luchando por la subida de impuestos incluso cuando estaba relativamente fuera de moda dentro de la administración. De hecho, Bob Dole es tan partidario de la subida de impuestos que tiene fama de ser el candidato presidencial favorito de la Agencia Tributaria. Así que si te gusta el IRS, te encantará Bob Dole.
El congresista Jack Kemp, por su parte, ha sido el campeón político de los partidarios del lado de la oferta desde que se inventó el el lado de la oferta a finales de la década de 1970. El llamamiento de Kemp a favor de un mayor gasto gubernamental, y la aprobación de los déficits, la inflación monetaria y los tipos de cambio fijos, atestiguan su devoción por la oferta.
Sin embargo, Jack Kemp, por alguna razón, no ha prendido entre el público, por lo que la Sra. Jeanne Kirkpatrick está preparada para asumir la causa si Kemp no se anima. Confieso que no he sido capaz de entender los puntos de vista económicos del reverendo Pat Robertson, aunque tengo el presentimiento de que no son muy importantes en su visión del mundo.
Aunque hay muchos candidatos Demócratas, es difícil en este momento distinguir a unos de otros, en política económica o en cualquier otra cosa. Como escribió recientemente Joe Klein en un perspicaz artículo de la revista New York, los Republicanos están inmersos en un interesante choque de ideas diferentes, mientras que los Demócratas se mueven a tientas hacia el centro. Para aumentar la confusión, Klein señala que los Republicanos se afanan en hablar de «compasión», mientras que los Demócratas hacen hincapié en la «eficiencia». Una cosa está bastante clara: el congresista Gephardt es un proteccionista a ultranza, desechando por completo el viejo compromiso Demócrata con el libre comercio, y es el más ardiente estatista en política agrícola.
En cuanto a la política monetaria y fiscal, los Demócratas son el clásico partido del keynesianismo liberal, en contraste con la política Republicana del keynesianismo conservador. El problema es que, en la última década o dos, se ha vuelto cada vez más difícil distinguir la diferencia. Aparte de Kemp, partidario de la oferta, podemos esperar que el presidente de cualquiera de los dos partidos sea un keynesiano liberal/conservador de medio pelo. Así que podemos esperar que las políticas económicas de la próxima administración sean más o menos las mismas que ahora. Sólo que la retórica será diferente. Por lo tanto, podemos esperar percepciones y respuestas diversas a una realidad similar por parte del público y del mercado. Así, si Jack Kemp llega a la presidencia, el público lo considerará erróneamente un campeón del dinero duro, del recorte presupuestario y del libre mercado. Por lo tanto, el público subestimará la realidad salvajemente inflacionista de un gobierno de Kemp. Por otra parte, el público probablemente percibe a los Demócratas como derrochadores más salvajes en relación con los Republicanos de lo que realmente son. Así que si los Demócratas ganan en 1988, podemos esperar que el mercado sobrestime la medida inflacionista de una administración Demócrata.
Todo esto, junto con la errónea percepción universal de la reagnomía, ilustra una vez más la sabiduría de aquellos incisivos filósofos políticos, Gilbert y Sullivan: «Las cosas no son siempre lo que parecen; la leche desnatada se disfraza de crema».
Este memorando dirigido a los miembros del Instituto Mises fue escrito a finales de 1987 y publicado en The Free Market Reader: Essays in the Economics of Liberty, editado por Lewellyn H. Rockwell, Jr. (Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 1988), pp. 342-62.
