[Este importante ensayo fue publicado en el Libertarian Forum (1969-1984), cuyos archivos completos están ahora en línea en el Instituto Mises. Apareció en el número de enero de 1971, antes de los controles de precios y salarios de Nixon y de muchas otras intervenciones a lo largo de su presidencia. Rothbard predijo el futuro estado de la economía nixoniana en todos los aspectos. El ensayo es importante por otra razón: ve correctamente que el socialismo republicano es de un tipo especial que beneficia al electorado del GOP, goza de la aprobación tácita de los órganos de opinión conservadores y, sin embargo, no es menos socialista que el realizado por los demócratas en el poder y probablemente incluso más].
Es tradicional, al final del año, analizar el estado de la economía e intentar pronosticar lo que nos espera. A pesar del coro de Pollyanna con el que hemos sido inundados durante el último año por los economistas «conservadores» y «de libre mercado» de la Administración Nixon, podemos afirmar rotundamente que el estado de la economía está podrido, y destinado a empeorar.
En la campaña de 1960 apareció por primera vez el curioso fenómeno de los «anarco-nixonitas», varios amigos míos que se habían convertido en ayudantes de Dick Nixon, y que me aseguraron que Tricky Dick les había asegurado que era «realmente anarquista de corazón»; una vez que las presiones de la campaña terminaran, y que a Nixon como presidente se le permitiera la cabeza, veríamos una avalancha hacia el libre mercado y la sociedad libertaria.
En la campaña de 1968, el anarco-nixonismo redobló su intensidad, y se nos aseguró que Nixon estaba rodeado de randianos, libertarios y gente de libre mercado que se esforzaban por poner en práctica sus principios.
Bien, hemos tenido dos años de nixonismo, y lo que estamos experimentando es una súper-Gran Sociedad -de hecho, lo que estamos viendo es el mayor empuje hacia el socialismo desde los días de Franklin Roosevelt. No es un socialismo marxiano, por supuesto, pero tampoco lo era el de Franklin Roosevelt; es, como J.K. Galbraith señaló ingeniosamente en Nueva York (21 de septiembre), un socialismo de las grandes empresas, o corporativismo estatal, pero eso es un frío consuelo.
Sólo hay dos grandes diferencias de contenido entre Nixon y Kennedy-Johnson (dejando a un lado las diferencias puramente estilísticas entre el estirado WASP, el tejano terrenal y el brillante bostoniano de clase alta): (1) que la marcha hacia el socialismo es más rápida porque se han sacado los dientes de la oposición republicana conservadora; y (2) que los antiguos conservadores del «libre mercado», regodeándose en los asientos del Poder, han traicionado cualquier principio que pudieran tener al servicio del Estado.
Así, tenemos a Paul McCracken y Arthur F. Burns, dedicados opositores al dictado de «directrices» de precios salariales y a los controles de precios salariales cuando estaban fuera del poder, que ahora se mueven rápidamente en la misma dirección que antes habían deplorado.
Y National Review, ácida opositora a la marcha hacia el estatismo bajo los demócratas, secunda alegremente una marcha forzada aún más rápida bajo sus amigos los Republicanos.
Enumeremos algunas de las características más destacadas de la campaña de Nixon, características que no han encontrado oposición alguna en la prensa conservadora. En 1970 se llevó a cabo la nacionalización de todo el servicio ferroviario de pasajeros en este país. ¿Dónde está el clamor conservador? Fue una nacionalización, por supuesto, que los ferrocarriles acogieron con beneplácito, ya que significaba cargar al contribuyente con la responsabilidad de una empresa perdedora, recordándonos así una perspicaz definición de la economía del fascismo: una economía en la que las grandes empresas cosechan los beneficios mientras el contribuyente asume las pérdidas.
También tuvo lugar la lucha de Nixon por el despilfarro del SST [Transporte Supersónico], en el que 300 millones de dólares van a seguir a los 700 millones anteriores del dinero de los contribuyentes por el agujero de la rata de la gigantesca subvención a un desastre antieconómico. Bill y Jim Buckley sólo pueden encontrar la contaminación ecológica como argumento contra el TSM: un auténtico saqueo al contribuyente sin ni siquiera una endeble cobertura de «seguridad nacional» como pretexto.
El único argumento parece ser que si no subvencionamos el TSM, nuestras aerolíneas tendrán que comprar el avión a —¡horror!— Francia; con este tipo de argumento, por supuesto, también podríamos prohibir las importaciones por completo, y pasar a un intento de autosuficiencia dentro de nuestras fronteras. El número de TSM que podrían comprarse en un mercado no subvencionado es, por supuesto, problemático; dado que las compañías aéreas están perdiendo dinero, es dudoso que obtengan ingresos de una tarifa aérea estimada en un 40% más alta que las actuales tarifas de primera clase.
Y luego está el regalo de 700 millones de dólares del gobierno de EEUU a Lockheed, para mantener indefinidamente a esa empresa flagrantemente submarina y antieconómica.
Y también hay agitación para la nacionalización amistosa de Penn Central Railroad. El senador Javits ya está murmurando sobre la legislación para el rescate federal de todas las empresas que sufren pérdidas, que es la conclusión lógica de la tendencia actual.
Tampoco se ha tomado nota del plan de la Administración Nixon para poner en orden la industria de la construcción. Mucha gente se ha burlado de la opinión revisionista (sostenida por historiadores de la Nueva Izquierda como Ronald Radosh) de que la legislación pro-sindical del siglo XX se ha puesto en marcha a instancias de las propias grandes empresas, que buscan un sindicato grande y unificado, aunque domesticado, en asociación con el gobierno estatal corporativo sobre la economía de la nación. Y, sin embargo, la Ley de Trabajo Ferroviario de 1926, que en efecto sindicalizó obligatoriamente a la industria ferroviaria a cambio de un arbitraje obligatorio y una política de no huelga, se introdujo a instancias de la industria ferroviaria, anticipando la posterior política laboral del New Deal.
Y ahora la industria de la construcción ha conseguido que la Administración Nixon respalde un plan similar; todos los miembros de los actuales pequeños pero molestos y poderosos sindicatos de la construcción van a ser arrastrados a un gran sindicato industrial que abarque toda la zona, y luego serán sometidos a un arbitraje obligatorio masivo. La fascistización de América avanza a buen ritmo.
Por si fuera poco, la Administración está preparando dos medidas socialistas de «bienestar» de gran importancia: una socializa aún más la medicina mediante un «seguro» médico de gran envergadura a nivel nacional que será pagado por los sufridos contribuyentes pobres y de clase media-baja de la Seguridad Social. Y seguramente es sólo cuestión de tiempo hasta que el desastroso esquema Friedman-Theobald-Nixon de un ingreso anual garantizado para todos sea forzado por el Congreso, un esquema que daría a todos un reclamo automático y fácil sobre la producción, y así paralizaría desastrosamente los incentivos para trabajar de la masa de la población.
En el ámbito del ciclo económico, debería ser evidente para todos a estas alturas, que la Administración, intentando sutil y cuidadosamente «afinar» para sacarnos de la inflación sin provocar una recesión, ha hecho justo lo contrario; trayéndonos una aguda recesión a nivel nacional sin tener ningún impacto apreciable sobre la inflación de los precios. Una continua recesión inflacionaria —combinando lo peor de ambos mundos de la depresión y la inflación— es la gran contribución de Nixon-Burns-Friedman a la escena americana.
Si bien es cierto que la recesión era inevitable si se quería frenar la inflación, la inflación continuada no era inevitable si la Administración hubiera tenido las agallas de instituir una política monetaria verdaderamente «dura».
En cambio, después de sólo unos meses de abstenerse de la inflación monetaria, la Administración ha ido abriendo cada vez más las compuertas monetarias en un intento muy problemático de curar la recesión, sin reconocer al mismo tiempo que un resultado seguro será redoblar el aumento crónico de los precios.
Pero ahora la Administración ha girado hacia la tesis liberal de la expansión monetaria y fiscal para curar la recesión, mientras grita y se queja a los trabajadores y empresarios para que no suban los salarios y los precios, una política de «directrices» o «ingresos» que está a un paso de los controles de salarios y precios. Se supone que esta intervención directa frenará la espiral de precios y salarios. En realidad, la intervención directa no puede frenar el aumento de los precios, que son causados por factores monetarios; sólo puede crear dislocación y escasez.
Introducir más dinero al tiempo que se impone un control directo de los precios y esperar así frenar la inflación es muy parecido a tratar de curar una fiebre manteniendo baja la columna de mercurio del termómetro. No sólo es imposible que los controles directos funcionen, sino que su imposición añade el último eslabón en la forja de una economía totalitaria, de un fascismo americano. Qué es sino totalitario prohibir cualquier tipo de intercambio voluntario, cualquier venta voluntaria de un producto, o la contratación de un trabajador.
Anatomía de una crisis
Pero, una vez más, Richard Nixon responde a su credo de liberalismo de las grandes empresas, ya que los controles directos satisfacen el credo ideológico de los liberales y, al mismo tiempo, son instados por las grandes empresas para tratar de contener la presión de los salarios sobre los precios de venta que siempre aparece en las últimas etapas de un auge.
Si bien podemos predecir firmemente la aceleración de la inflación, y las dislocaciones derivadas de los controles directos, no podemos predecir tan fácilmente si el expansionismo nixoniano conducirá a una pronta recuperación empresarial. Eso es problemático; seguramente, en cualquier caso, no podemos esperar ningún tipo de auge desenfrenado en el mercado de valores, que inevitablemente se verá frenado por los tipos de interés que, a pesar de la propaganda de la Administración, deben seguir siendo altos mientras continúe la inflación. En definitiva, ¿cuánto más de «anarquismo» nixoniano puede soportar la libertad?
