En comparación con la población general, los defensores de un estado mínimo y los de una sociedad sin estado están abrumadoramente de acuerdo acerca de una enorme mayoría de asuntos políticos. Ahora quiero argumentar que debería haber al menos un acuerdo más entre ellos de los que ha habido tradicionalmente: los servicios de policía no tienen que estar monopolizados por el estado y se proporcionarían más eficazmente por parte del sector privado.
Casi toda persona que haya argumentado a favor de que es recomendable que los servicios de policía se proporcionen un mercado libre no se detiene aquí, sino que aplica el mismo razonamiento para otros servicios monopolizados por el estado mínimo tradicional y por tanto concluye que una sociedad sin estado es la solución óptima. Los libertarios minarquistas no convencidos, entre la alternativa de su estado mínimo ideal (uno que proporciona policía, tribunales y ejército) y una sociedad sin estado, tenderán a preferir lo primero.1
Sin embargo, una alternativa que pocas veces se considera es la de una empresa privada que compita para atender las preferencias de los consumidores como fuerza de policía dentro de un sistema estatal. Ese marco es inmune a las críticas de la estabilidad de una sociedad sin estado, como las de Tyler Cowen, en las que argumenta que las redes de arbitraje en una sociedad sin estado acabarían conspirando y pareciéndose a un estado.2
En este marco alternativo, en el que el estado sigue poseyendo un monopolio sobre la iniciación legítima de la fuerza dentro de un territorio geográfico, son irrelevantes preocupaciones como que las agencias de protección apliquen medidas legales diferentes. Estas agencias solo aplicarían derechos de propiedad generalmente reconocidos (es decir, las agencias corruptas que violen derechos de propiedad se opondrían tanto a otras agencias como al estado).
Un non sequitur realizado frecuentemente por los que definen un estado mínimo (incluyendo a Robert Nozick, que argumentaba que hay un monopolio natural del campo de la provisión de protección policial) es que un monopolio sobre el uso de la fuerza implica necesariamente un monopolio sobre la policía. Después de todo, el mercado ya proporciona numerosos servicios de policía como la vigilancia de barrios y servicios sustitutivos de emergencia como la PeaceKeeper App. Cuando consideramos que “ejercer de policía” incluye las cosas que muchos quieren que haga la policía pública así como los bienes y servicios comprados en el mercado de la seguridad, advertimos que tener una ventaja comparativa en el uso de violencia física no te hace necesariamente ser el mejor proveedor de servicios. La gente quiere que la policía sea amable, consciente y razonable: sencillamente no quiere que sean los mejores las artes marciales o que tengan una gran puntería.
También advertimos que la cantidad y calidad de la seguridad demandada supera con mucho la cantidad suministrada por la policía pública. No hace falta mucha imaginación para describir mundo en el que los servicios de policía sean suministrados por empresas privadas dentro de un estado: es un mundo en el que ya vivimos. Como he escrito anteriormente:
Se estima que hay tres personas empleadas en seguridad privada por cada policía público. (…) La policía privada no es una fantasía y no es sencillamente un lujo del que disfrutan los ricos: cada vez que entramos en un centro comercial, vamos a una tienda, visitamos un parque de atracciones, disfrutamos de un acontecimiento deportivo profesional en vivo o usamos PayPal, nos protegen personas que tratan de maximizar el beneficio.
Todo lo que necesitamos imaginar es que estos servicios se proporcionan a una escala más grande. Exactamente cómo se proporcionarían esos servicios estaría determinado por los empresarios en el proceso de competencia. Comparado con la policía centralizada y burocrática con la que estamos familiarizados, probablemente veríamos un énfasis mucho mayor en la prevención (en lugar de responder a los delitos después de que se hayan producido), las tácticas de apaciguamiento usando la violencia solo como último recurso (ya que los empresarios, en lugar de los contribuyentes, serían responsables de los daños civiles) y una responsabilidad mucho mayor (porque los clientes podrían llevarse sus negocios a otro lugar).
Además, un cambio institucional como este tendría un gran atractivo más allá de la gente que desea un estado pequeño. Los que están preocupados por el respeto de la policía por las libertades civiles y su trato a las minorías y los pobres, pero no están necesariamente a favor de un gobierno más pequeño, deberían apreciar el empoderamiento que producen la competencia y la elección para el consumidor. Las personas y comunidades capaces de despedir a la policía y remplazarla harían mucho más por asegurar una policía de alta calidad de lo que conseguirían nunca manifestaciones, consejos civiles de supervisión o decretos extrajudiciales federales.
En último término, el gobierno no tiene que estar en el negocio de la provisión de policía más de lo que tiene que estar en la provisión de zapatos. Para quienes creen que es necesario un estado para definir “las reglas del juego”, tomar las decisiones finales en disputas legales y asegurar que los derechos individuales están protegidos, un monopolio público de policía no solo es innecesario sino que puede ser incluso contraproducente.
- 1La única excepción que conozco es John Hasnas, que ha planteado un argumento similar acerca de cómo un estado verdaderamente mínimo sería más pequeño de lo que se concibe tradicionalmente.
- 2Cowen, T. (1992). “Law as a public good: the economics of anarchy”, Economics and Philosophy, 8(02): 249-267.
