La política de motosierra de Javier Milei ha sido sin duda uno de los temas de debate más interesantes e importantes de la política mundial. Argentina ha tomado importantes medidas desde que Milei asumió la presidencia para revertir la trágica situación económica que atravesaba el país. Quizás una de las medidas más importantes sean los ajustes y recortes en el Estado, la coloquialmente llamada «política de la motosierra».
Dos meses después de que Milei asumiera la presidencia, se habían eliminado nueve mil puestos de trabajo estatales, y a finales de marzo se habían ordenado quince mil despidos. Además, cuando Javier Milei habló en el IEFA Latam Forum, mencionó que setenta mil contratos de empleados públicos iban a ser cancelados. También mencionó que se eliminaron doscientos mil programas sociales y obras públicas.
No en vano, el Estado no sólo no se ha hundido, sino que ha experimentado su tercer superávit fiscal consecutivo, demostrando inequívocamente al mundo que las excesivas burocracias estatales no hacen más que perjudicar. No hay necesidad de un gigantesco aparato estatal que dirija todos los aspectos de nuestras vidas. No sólo es inútil, sino que tiene graves repercusiones morales y económicas.
En Burocracia, Ludwig von Mises escribe,
Es bastante correcto, como dicen los opositores de la tendencia al totalitarismo, que los burócratas sean libres de decidir según su propio criterio cuestiones de vital importancia para la vida del ciudadano individual. Es cierto que los funcionarios ya no son servidores de los ciudadanos, sino amos y tiranos irresponsables y arbitrarios. . . . También es cierto que la burocracia está imbuida de un odio implacable hacia los negocios privados y la libre empresa. Pero los partidarios del sistema consideran precisamente éste el rasgo más loable de su actitud. Lejos de avergonzarse de su política antiempresarial, están orgullosos de ella. Aspiran al control total de las empresas por parte del gobierno y ven en todo empresario que quiera eludir este control a un enemigo público.
El aumento constante del tamaño del gobierno y la burocracia ha sido una tendencia triste y terrible en todo el mundo desde los años 30, y los trámites burocráticos representan una gran carga de tiempo, esfuerzo y dinero para las empresas potenciales. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU muestran que alrededor del 20% de las nuevas empresas fracasan durante el primer año, y el 45% fracasan durante los primeros cinco años (en los Estados Unidos).
Y si esas son las cifras de éxito de las nuevas empresas en una economía enorme y comparativamente próspera, sólo podemos imaginar la dificultad de convertirse en empresario en naciones plagadas de constantes crisis económicas y gigantescas burocracias.
Iberoamérica es un excelente ejemplo de una región afectada negativamente por los efectos de los procesos burocráticos. El Centro Latinoamericano de la Red Atlas, junto con el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida, elaboró la tercera edición del Índice de Burocracia en Iberoamérica 2023, que abarca diecisiete países. Se trata de un índice que calcula el número de horas que los trámites burocráticos exigen a las pequeñas empresas: las horas necesarias para poner en marcha un negocio hasta su lanzamiento operativo y las requeridas para mantener el negocio legal y formalmente operativo.
El Índice de Burocracia de Puesta en Marcha arroja una media de 2.666 horas, lo que significa que para poner en marcha una empresa se necesitaría el equivalente a 111 días continuos o 154 días laborables. Y el Índice de Burocracia para Operaciones arroja una media de 902 horas al año, equivalentes a 38 días continuos o 113 días laborables, lo que supone el 43% del tiempo de trabajo de un trabajador dedicado exclusivamente al cumplimiento burocrático. Ambos presentan una elevada dispersión, lo que significa que hay una diferencia considerable entre el más alto y el más bajo, por lo que merece la pena analizar cada país caso por caso.
Si tomamos el caso de Bolivia, podemos ver en el informe regional de Libera Bolivia que iniciar un negocio requiere un mínimo de 528 horas (22 días) distribuidas en 12 trámites y 10 entidades gubernamentales diferentes, y ese número sigue aumentando para trámites específicos. En el caso de las empresas dedicadas al cultivo agrícola, los trámites específicos ante la autoridad sanitaria requieren 2.880 horas (120 días) adicionales a los trámites generales de puesta en marcha. Así que, dependiendo del tipo de empresa, puede ir desde 528 horas hasta 3.072 horas. Y la duración total de los trámites operativos, tomando la media ponderada según la importancia de cada sector en la economía, en Bolivia es de 1.239 horas anuales.
Cuando semejante carga recae sobre las espaldas de los empresarios, no es de extrañar que surjan canales informales e ilegales y que prospere la corrupción. En 2022, el 83,7 por ciento de la población ocupada de Bolivia pertenecía al sector informal, y Bolivia ocupaba el puesto 126 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022. La verdad es que un entorno tan sobrecargado de trámites legales y burocráticos crea una situación en la que la única manera de poder hacer negocios y ganarse la vida es a través de canales clandestinos, un entorno plagado de peligros, corrupción, falta de protección de la propiedad y persecución gubernamental constante.
La simplificación y reducción de la burocracia es fundamental para el desarrollo de cualquier economía, no sólo para promover la eficiencia sino para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de cada nación a través de más oportunidades de empleo. ¿Cuánto podría hacer la gente con el tiempo y el dinero perdidos en la maquinaria burocrática? Uno sólo puede imaginar un mundo tan próspero.
Uno espera que el resto del mundo tome como ejemplo la política de motosierra de Javier Milei y corte las infinitas barreras del gobierno, permitiendo la prosperidad y la riqueza.
