Recientemente, en Reino Unido, un solicitante de asilo llamado Abdul Ezedi arrojó una sustancia corrosiva sobre una mujer, dejándole lesiones que le cambiaron la vida. A Ezedi, que había llegado ilegalmente en la parte trasera de un camión en 2016, se le había denegado el asilo en dos ocasiones. En 2018, solo se le impuso una condena condicional tras ser declarado culpable de agresión sexual. Por último, en 2020 se le concedió asilo para protegerlo de enjuiciamientos tras afirmar que se había convertido al cristianismo.
¿Cómo pudo permanecer en el Reino Unido un hombre que había sido condenado por agresión sexual y al que se le había denegado el asilo en dos ocasiones?
Durante más de un año, Ezedi había recibido alimentos y alojamiento de la Action Foundation, una organización «benéfica» para refugiados y solicitantes de asilo a los que se ha denegado el asilo y se les ha negado el acceso a las ayudas del gobierno. Existen muchas organizaciones de este tipo, y a primera vista puede parecer impropio de un libertario reprender a una organización benéfica por perseguir un fin voluntario.
Sin embargo, una inspección más detallada pone de manifiesto que estas organizaciones, y la Action Foundation en particular, son en realidad un brazo del Estado. Por ejemplo, la Action Foundation ha recibido más de 800.000 libras esterlinas en subsidios públicos durante cuatro años y más de 550.000 libras esterlinas en contratos públicos durante cinco años. Se ha obligado directamente al pagador de impuestos a sostener el estilo de vida de un hombre condenado por agresión sexual.
Además, la Action Foundation forma parte de la iniciativa Justice Together, que ofrece representación legal para que las personas puedan obtener asilo. Esto dificulta que el Estado deporte a los solicitantes de asilo, incluso si han cometido delitos violentos, y sin duda ayuda a estos hombres a encontrar una manera de solicitar asilo. Un método habitual es solicitar asilo basándose en la conversión al cristianismo, como había hecho Abdul Ezedi para permanecer en el país.
El número de jóvenes que llegan al Reino Unido solicitando asilo a pesar de sus cuestionables razones sigue disparándose a costa del pagador de impuestos británico. Aunque a menudo se habla de los millones de libras diarios que el gobierno gasta en hoteles para alojarlos, un aspecto poco discutido es la financiación gubernamental de estas organizaciones activistas.
Además de promover otros movimientos radicales de izquierda, desde la política racial hasta la ideología transgénero, la actual crisis de los inmigrantes ilegales se ha visto exacerbada por organizaciones radicales de izquierda financiadas por el Estado. A estas organizaciones activistas se les ha permitido enmascararse como organizaciones benéficas, proporcionándoles exenciones fiscales y generosas subvenciones, a través de la Ley de Organizaciones Benéficas de 2011, que redefinió los «fines benéficos» para incluir «la promoción de los derechos humanos, la resolución de conflictos o la reconciliación o la promoción de la armonía religiosa o racial o la igualdad y la diversidad.»
Recientemente, 265 organizaciones benéficas, centradas en gran medida en los refugiados y los migrantes, han presionado la política del gobierno para controlar la inmigración ilegal a través del proyecto de ley de Ruanda. Estas organizaciones han recibido 209 millones de libras en subsidios y contratos del gobierno desde 2020. Una organización prominente con el nombre de Freedom from Torture ha recibido más de £ 600,000 en subsidios del gobierno desde 2020, incluidos cientos de miles del Ministerio de Justicia. El grupo trabaja como una organización activista, declarando que «SEGUIRÁ LUCHANDO» contra el proyecto de ley de Ruanda. El pagador de impuestos está financiando a estas organizaciones no elegidas y que no rinden cuentas para que trabajen en contra de sus intereses y podría decirse que tienen una mayor influencia en la política gubernamental que el propio pagador de impuestos.
La inmigración ilegal es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos británicos. Más de cien mil personas han llegado al Reino Unido a través de los pasos fronterizos desde 2020. No se trata de un movimiento orgánico de base en el que jóvenes luchan contra el Estado para asegurarse la libertad de inmigrar donde les plazca. El Estado ha desempeñado un papel crucial en el empoderamiento y la financiación de organizaciones activistas para alentar la migración masiva de hombres que viajan a través del canal, rompen sus pasaportes y solicitan asilo, independientemente de si realmente tienen un caso genuino.
Aunque la opinión pública está a favor de detener la inmigración ilegal, las clases dirigentes se resisten firmemente a sus demandas. A pesar de su fuerte retórica, el gobierno conservador se ve constantemente impotente cuando se trata de promulgar políticas para detener los cruces del canal. Como demuestra el hecho de que Abdul Ezedi pueda permanecer en el Reino Unido a pesar de que se le ha denegado el asilo en dos ocasiones y de haber sido condenado por delitos sexuales, el emperador no tiene ropa.
Por mucho que el Partido Conservador afirme querer «detener los barcos» e impedir la inmigración ilegal, la realidad es que el Estado británico dedica cada año millones de libras de los pagadores de impuestos a organizaciones cuya misión es alojar a estos inmigrantes y luchar contra sus deportaciones.
Si el gobierno británico se toma en serio la detención de los barcos, un paso en la dirección correcta sería dejar de financiar organizaciones que luchan activamente contra sus objetivos. Es importante reconocer que el gobierno ha desempeñado un papel importante en la potenciación de estos movimientos radicales de izquierda a través de estas organizaciones caballo de Troya.
