Durante cien años se ha aplicado la norma del interés público a la radio y la televisión, con el objetivo explícito de proteger la libertad de expresión. Sin embargo, el caso es precisamente el contrario, como han demostrado claramente John Samples y Paul Matzko.
Un presentador de radio de los años 20-30, Bob Shuler, había expuesto la estafa de la Julian Petroleum Corporation a los inversores, y posteriormente acusó al fiscal del distrito y al fiscal de la ciudad de negligencia. Shuler también expuso los vínculos del alcalde de Los Ángeles con el crimen organizado. El pago por los hechos de Shuler fue la pérdida de su puesto. Se convirtió en la primera víctima del «interés público».
La norma de interés público fue aplicada por la Comisión Federal de Radio (más tarde la Comisión Federal de Comunicaciones). La FRC/FCC utilizó la legislación y la intimidación para orientar los discursos públicos hacia los intereses de la administración actual.
La FCC de la época del New Deal utilizó su control de las limitadas licencias gubernamentales para eliminar los anuncios contra la Administración de Recuperación Nacional. La Red Yankee fue un ejemplo de ello. La FCC también se dirigió a su enemigo menos regulado (los periódicos) limitándolos a las frecuencias AM más débiles.
La auditoría subjetiva también se convirtió en una herramienta habitual:
Durante las elecciones de 1964, el Comité Nacional Demócrata utilizó las quejas de la Doctrina de la Equidad para intimidar a las emisoras de radio para que abandonaran a los locutores que apoyaban al candidato presidencial Republicano Barry Goldwater y para asegurar tiempo de emisión gratuito para la campaña de Lyndon Johnson, unas 1.700 emisiones gratuitas en las últimas semanas antes de las elecciones. (Muestras, Matzko)
Donde Kennedy había apuntado a las emisoras de radio independientes, Nixon hizo que la televisión fuera inepta e impuso límites a la propiedad de los periódicos.
La norma de interés público apelaba a la «seguridad» y al «conocimiento», algo parecido al control que vemos hoy en día en Internet.
El interés público tácito de hoy
El control moderno de la información parece provenir del «sector privado»; y de hecho, cuando los de derechas denuncian la censura, los de izquierda responden: «¡Son empresas privadas!» Ojalá.
La toma por parte de la izquierda de las redes sociales y de los motores de búsqueda condujo a un tratamiento preferente de las noticias de izquierda; a una moderación discriminatoria de los contenidos; a la selección de usuarios y a páginas de falsa psicología para adoctrinar políticamente; y a un control sin precedentes de la red durante las elecciones de 2020. Con reminiscencias de la vieja norma, la izquierda cita justificaciones de «odio» y «extremismo» que no aparecen en el análisis objetivo.
Esta nueva norma bajo la bandera del izquierdismo tiene también orígenes gubernamentales.
En un oscuro proceso, el Estado manipuló los mercados digitales (1) difamando a los competidores de las plataformas elegidas y creó un mercado de control de la información (2) prometiendo grandes sumas de dinero a los desarrolladores e «investigadores» dispuestos.
En pocas palabras, el Estado nos quita dinero, se lo da a actores útiles y calumnia a la competencia por no tener esos servicios financiados por el Estado. Su esfuerzo pasa desapercibido gracias a la financiación de grupos benéficos que están integrados en las funciones de búsqueda y otras características de las plataformas. No se trata de «organizaciones», sino de servicios; aunque sean servicios manipuladores.
Es poco probable que la censura/redirección (significativa) se hubiera producido sin intervención. Los usuarios de las plataformas elegidas siguen castigándolas. Por lo tanto, los elegidos obedecen el principio de reciprocidad más que el gobierno, pero menos que otros agentes económicos.
Aplicación de la normativa antimonopolio
La censura y la propaganda en línea no se pueden resumir simplemente en que «son negocios privados» porque nos obligaron a pagarlos con los impuestos; entonces, ¿por qué pedir más intervención—antimonopolio?
La forma adecuada de tratar el mal es identificar primero su propio principio; sólo entonces se puede abolir este mal. La intervención y la regulación, en lugar de desterrar el mal, sólo lo institucionalizan, y utilizan la coacción pública para promover y continuar este mal de forma oficial, en lugar de disiparlo. Si el gobierno monopoliza de alguna manera los esfuerzos para mantener a raya a otros monopolios, lo urgente no es utilizar este monopolio gubernamental, sino abolirlo (Rideau)
La defensa de la competencia rara vez aborda el problema, como fue el caso de Microsoft en 2000, donde no se abordó la actividad ilegal y se castigó el comportamiento legítimo y benigno.
La ineficacia del antimonopolio se debe a una definición arbitraria de facto de «monopolio» —que una empresa es un monopolio porque es grande y tiene pocos o ningún competidor. Es evidente que esto es arbitrario si consideramos las invenciones/innovaciones: según la definición de facto, los empresarios implicados constituirían un monopolio, ya que los nuevos productos significan necesariamente que aún no existen competidores.
No sólo el tamaño es arbitrario, sino también el sector. Debido a la especialización de las tareas, ninguna empresa es igual. Cualquier cosa es un monopolio de facto. Esto puede parecer una tontería, y esa es la cuestión —si la ley es arbitraria, puede utilizarse tiránicamente. El Estado podría elegir a quién dirigirse, de forma similar a como elegía los objetivos en la época del interés público... de forma similar a como ha elegido en el mercado digital de hoy.
La definición de facto también excluye el argumento de los competidores virtuales—potenciales. Por ejemplo, ¿qué impide que un monopolio de facto suba artificialmente los precios? Al fin y al cabo, eso es lo que predicen los modernos estudiosos de la defensa de la competencia, aunque rara vez ocurre. La empresa podría enfrentarse a las represalias de un nuevo rival que se aproveche de los clientes descontentos con la «subida de precios», por lo que la predicción de los expertos antimonopolio fracasa.
El monopolio de hecho no puede excluir a los competidores por la fuerza, que es lo que es un verdadero monopolio (de derecho) antes de que los estatistas corrompieran el término.
Los criterios basados en la ley y otras limitaciones legales definen los monopolios de derecho: hay un (cuasi)monopolio de derecho cuando las leyes (o cualquier tipo de normas aplicadas mediante el uso de la fuerza pública) establecen un monopolio al impedir que los clientes busquen proveedores no bendecidos por el poder político, o, de forma equivalente, al impedir que los competidores potenciales presten servicios que compitan con los del proveedor o proveedores protegidos. Para un libertario, este tipo de leyes que promueven un monopolio de iure son un ataque a las libertades de los consumidores y de los competidores, incluso cuando no dan lugar a un monopolio de hecho. (Rideau)
Los estudiosos de la defensa de la competencia han contribuido a la ignorancia pública de lo que constituye una economía justa y desleal, en una medida posiblemente mayor que la de cualquier otro estudioso.
La intervención gubernamental, las subvenciones, los privilegios, los reglamentos, los impuestos, el trato diferenciado, las discriminaciones legales y toda la legislación son, en efecto, una destrucción coercitiva de la riqueza que genera monopolios de iure. A menudo, esta intervención adopta la forma de leyes promulgadas en nombre del «bienestar público», que limitan la libertad de contratación: el gobierno obliga a que ciertas transacciones adopten determinadas formas, quedando los empresarios, los arrendadores, los comerciantes y otros obligados a condiciones que no nacen de los intereses mutuos de los intercambiadores: precios mínimos y máximos, limitaciones mínimas y máximas en el horario, la duración, la calidad y otras condiciones del trabajo, de la vivienda, del comercio minorista, etc. (Rideau)
Las plataformas elegidas tienen un estatus de monopolio de iure debido a la intervención del Estado. El tamaño es sólo un factor dentro de los cálculos del Estado sobre qué negocios serían más útiles para controlar a la población. Al fin y al cabo, no es casualidad que la propaganda de izquierda —puesta delante de nosotros por organizaciones pagadas por el Estado— resulte indistinguible de la propaganda estatal en el entorno moderno.
