Remington Arms, el fabricante de armas más antiguo de Estados Unidos, llegó a un acuerdo por $73 millones en una demanda por homicidio culposo presentada por las familias de varias víctimas del tiroteo de Sandy Hook. Bushmaster, la empresa que realmente fabricó el rifle utilizado en el tiroteo, es propiedad de Remington Outdoor Company.
El acuerdo se produce tras más de siete años de litigio, dos quiebras de Remington y una oferta previa de $33 millones del fabricante de armas, que los nueve demandantes rechazaron. Los antiarmas, la prensa corporativa y los políticos Demócratas consideran el resultado del caso como una victoria sobre el lobby de las armas. El presidente Joe Biden calificó el acuerdo de «histórico».
Sin embargo, los antiarmas se equivocan. El acuerdo no ha sido ni una victoria ni algo histórico, sino que ha revelado otra forma en que los actores políticos pueden socavar los derechos de armas —por eso están tan entusiasmados con él.
No es un caso típico
Los fabricantes de armas suelen estar protegidos de este tipo de demandas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005. La PLCAA impide que los fabricantes de armas sean demandados por el uso indebido o delictivo de sus productos por parte de un tercero. Sin esta protección, la industria de armas estaría sujeta a demandas de responsabilidad únicas y extremadamente amplias, lo que convierte a la PLCAA en una de las únicas piezas legislativas sensatas que el Congreso ha aprobado en los últimos 150 años... lo que explica por qué es tan vilipendiada por Hillary Clinton y sus aliados políticos.
Los defensores del control de armas afirman que la PLCAA proporciona una «inmunidad general» frente a las demandas. Eso no es cierto; en virtud de la PLCAA, los fabricantes de armas pueden ser demandados por múltiples motivos, incluida la responsabilidad tradicional del producto (es decir, un arma es defectuosa y causa lesiones), la negligencia (transfirieron el arma a alguien que tenían motivos razonables para creer que tenía prohibido poseer un arma de fuego) y la violación de las leyes que rodean la venta (por ejemplo, mentir en los libros contables).
El abogado del demandante, Joshua Koskoff, llenó la demanda inicial con una serie de alegaciones que fueron desestimadas por un tribunal inferior de Connecticut, ya que las alegaciones no eran válidas en virtud de la PLCAA. En 2019, sin embargo, el Tribunal Supremo de Connecticut dictaminó que la demanda por homicidio culposo podía seguir adelante sobre la base de una reclamación de «publicidad ilícita» que se incluyó en el conjunto original de alegaciones. Koskoff argumentó que Remington «comercializó y promocionó a sabiendas el rifle Bushmaster XM15-E2S para su uso en asaltos contra seres humanos.»
Los demandantes citaron eslóganes de marketing como: «Considere su tarjeta de hombre reeditada» y «Despeje la habitación, cubra la azotea, rescate al rehén». Ninguno de esos eslóganes es intrínsecamente violento, y desde luego no es un llamamiento a los jóvenes para que cometan asesinatos en masa. Por ejemplo, Ford afirma que sus camiones están construidos con «aluminio de grado militar», lo que significaría que las víctimas de la masacre de Waukesha deberían poder demandar a Ford. ¿Por qué un camión necesitaría algo de «grado militar» a menos que se suponga que va a ser embestido a través de ochenta personas?
Aunque se permitió que el caso siguiera adelante, el Tribunal Supremo de Connecticut reconoció que ganar el caso en los tribunales sería una «tarea hercúlea». Los demandantes tendrían que demostrar que la comercialización de Bushmaster contribuyó a la decisión del tirador de cometer la atrocidad. Dado que el tirador no compró el arma él mismo, sino que asesinó a su madre y se la robó, no es difícil ver cómo la afirmación que la publicidad era relevante en absoluto habría sido una exageración. Pero si el caso era prácticamente imposible de ganar, ¿por qué Remington llegó a un acuerdo?
Muerte por mil demandas
Técnicamente, Remington no llegó a un acuerdo —sino que lo hicieron las compañías de seguros que la representaban. Además, un acuerdo significa por definición que Remington no aceptó la responsabilidad. La idea de que esto es una «victoria» es absurda.
Sin embargo, la cuestión sigue siendo válida. La bancarrota de Remington y sus agentes llegaron a un acuerdo porque ganar el caso en un tribunal habría sido aún más costoso que llegar a un acuerdo debido a los honorarios legales adicionales requeridos. Hay que tener en cuenta que el litigio ya llevaba más de siete años.
Es astronómicamente menos costoso ser demandante, ya que generalmente se paga con el acuerdo, es decir, una vez finalizado el litigio. La defensa tiene que pagar por adelantado. Los activistas pueden seguir lanzando una demanda frívola tras otra contra los fabricantes de armas hasta que se consiga algo. No es un gran problema si el caso es rechazado. Simplemente toman notas y lo vuelven a intentar. Dado que el sistema legal del gobierno es lento y horrible, la montaña de honorarios de abogados necesarios para defenderse de estas demandas supone una enorme carga financiera para las empresas de armas.
A pesar de que se habla de lo «grandes» y «poderosas» que son las empresas de armas, en realidad son más bien pequeñas, ya que la venta de armas es un negocio de bajo margen. Ruger, la mayor empresa del sector, tiene una capitalización de mercado de unos $1.000 millones. Esto parece sustancial hasta que uno se da cuenta de que Google obtiene esa cantidad en beneficios cada semana. La cantidad de dinero necesaria para defenderse de demandas como ésta podría llevar fácilmente a la bancarrota a muchos fabricantes de armas, lo que significa que se ven obligados a llegar a un acuerdo y que su seguro de responsabilidad civil paga. Cuando se corre la voz de que la industria de armas es vulnerable a este tipo de ataques, los costes de los seguros se disparan.
Este era exactamente el plan en esta demanda. O bien matar a Remington con los honorarios legales o con unos costes de seguro insuperables. Uno de los demandantes admitió que querían enviar el mensaje de que «este es un mercado de alto riesgo, no es rentable, y se le exigirán responsabilidades».
No, esto no fue «histórico» —es un viejo truco sucio
Este tipo de demandas eran habituales antes de la aprobación de la PLCAA —una de ellas casi llevó a la quiebra a Smith and Wesson. Las demandas ridículas y de larga duración eran una de las tácticas favoritas de los activistas y políticos antiarmas en la década de 1990 y principios de 2000.
Handgun Control (ahora la Campaña Brady), inició en 1998 una coalición con varios alcaldes de grandes ciudades centrada en la elaboración de demandas para llevar a la quiebra a las empresas de armas. Ed Rendell, alcalde de Filadelfia en aquella época, explicó que las demandas estaban diseñadas intencionadamente para 1) evitar la consolidación, lo que significaba que el demandado tendría que contratar abogados para cada caso, 2) dirigirse específicamente a los fabricantes de armas de mano que eran más pequeños que las empresas de armas largas y municiones, y 3) presentar demandas diseñadas para ampliar la jurisprudencia existente y sentar precedentes que abrieran más vías de ataque.
Prácticamente ninguna de estas demandas llegó a juicio, pero ese no era el objetivo. El objetivo era imponer una carga financiera a las empresas de armas y expulsarlas del negocio. O, en el caso de Smith and Wesson, presionarlas para que capitularan y se sometieran a un «código de conducta del fabricante» que las obligara a añadir ciertas características para hacer las armas «más seguras» —un objetivo del grupo de presión del control de armas durante años.
El control de armas ha sido un elemento perdedor durante años, pero si este acuerdo se convierte en un precedente, eso podría cambiar. Si el control de armas pierde en las legislaturas o en los tribunales, los activistas pueden simplemente abusar de la estructura legal para imponer un control de facto de las armas expulsando a los fabricantes de armas del negocio. El resultado final es el mismo: acceso restringido a las armas (al menos para los que respetan la ley).
Esto no terminará con Remington. Se han abierto las compuertas. Incluso México está ahora demandando a la industria de armas por la violencia armada perpetrada por los cárteles. El acuerdo de Remington sirve como recordatorio de que la izquierda utilizará cualquier medio necesario para avanzar en su agenda, en este caso, tu desarme.
