[Este pasaje está extraído de la obra de Murray N. Rothbard Concebido en libertad, vol. 5, La nueva república: 1784–1791]
Uno de los aspectos más importantes de la propuesta de Constitución era su autorización para un ejército nacional permanente, que contrastaba con la simple reserva que constituía la milicia estatal. El ejército permanente era una objeción particular de los Antifederalistas, que, siguiendo la tradición liberal antimilitarista, creían que un ejército de este tipo era contrario a la libertad del pueblo americano. Por el contrario, los antiguos oficiales del Ejército Continental, en particular los más altos, anhelaban el poder, el dinero y el prestigio que les llegaría de nuevo, y esta vez de forma permanente, si se creaba un ejército permanente. Los ex oficiales del ejército más destacados y aristocráticos se organizaron de forma cohesionada en la ultrarreaccionaria y militarista Sociedad de los Cincinnati, que buscaba que se estableciera un ejército de tipo europeo, preferiblemente dirigido por una casta de oficiales hereditarios. Los ex oficiales del Ejército Continental, y en particular sus estratos superiores en la convención, acogieron con entusiasmo la propuesta de Constitución y lucharon por ella como su ansiado conducto hacia un estatus de casta en un ejército permanente. Elbridge Gerry, de hecho, temía el poder de los Cincinnati, y ésta fue una de las razones por las que Gerry (y George Mason) se opuso a la elección popular del presidente en la convención:
La ignorancia del pueblo pondría en manos de un conjunto de hombres dispersos por la Unión y que actuaran de manera concertada para engañarlos en cualquier cita.... tal sociedad de hombres existía en la Orden de los Cincinnati. Eran respetables, unidos e influyentes.1
El apoyo de los ex oficiales y Cincinnati a la Constitución desempeñó un papel definitivo en Pensilvania. Diez delegados de la convención estatal eran miembros de los Cincinnati, y todos eran Federalistas; además, de los ex oficiales del ejército entre los delegados por encima del rango de capitán, dieciséis de diecisiete eran Federalistas. Esto, por supuesto, se combinaba muy bien con el hecho de que la mayor parte de los ricos y educados estaban a favor de la Constitución.
El profesor Benton ha realizado un estudio sobre los hombres de los ex oficiales del Ejército Continental en Pensilvania. De los principales generales del estado, todos -Arthur St. Clair, Richard Butler, Josiah Harmar, Anthony Wayne, Lewis Nicola- eran Cincinnatianos, y Nicola y Wayne eran tan ultraFederalistas que querían que George Washington fuera rey. Lo que es más importante, Benton analizó una lista de muestra de cuarenta y cuatro ex oficiales del Ejército Continental por encima del rango de mayor (que comprendía el 41 por ciento del número total), y cincuenta y cinco oficiales de la milicia estatal de los mismos rangos (el 13 por ciento del número total). En conjunto, esto comprendía el 19 por ciento del número total de oficiales. De los cuarenta y cuatro oficiales continentales, todos eran Federalistas, y treinta y dos eran miembros de los Cincinnati; en cambio, de los cincuenta y cinco oficiales de la alta milicia, sólo veintitrés eran Federalistas, treinta y dos eran Antifederalistas, y sólo tres optaron por unirse a los Cincinnati. Aquí hay un claro contraste entre el archifederalismo de los oficiales continentales y la ausencia de esta tendencia entre los oficiales de la milicia estatal, mucho menos inclinados militarmente y que, además, tenían muchas menos probabilidades de adquirir papeles de liderazgo en un ejército federal permanente.2
A pesar de que el resultado de la convención se daba por descontado, los Antifederalistas, liderados por los eminentes radicales Robert Whitehill, William Findley y John Smilie, presentaron una valiente lucha. El largo debate se prolongó desde el 21 de noviembre hasta el 15 de diciembre, y los Federalistas fueron dirigidos, como era de esperar, por James Wilson. Los Antifederalistas denunciaron que la Constitución eliminaba ilegalmente la federación de estados soberanos en favor de un gobierno nacional consolidado, tiránico y aristocrático; este poder nacional absoluto se financiaba con una potestad tributaria sin restricciones, la creación de un ejército nacional permanente, la cláusula de supremacía, la cláusula de lo necesario y apropiado y la ausencia de una declaración de derechos. John Smilie declaró mordazmente que «en un gobierno libre nunca habrá necesidad de ejércitos permanentes, porque depende de la confianza del pueblo. Si no depende de ello, no es libre.... La Convención [Constitucional] sabía que éste no era un gobierno libre; de lo contrario, no habrían pedido los poderes de la bolsa y la espada [impuestos y ejércitos permanentes]». Smilie y Robert Whitehill refutaron eficazmente el paradójico sofisma de Wilson de que una declaración de derechos era innecesaria porque el pueblo conserva todas sus libertades de todos modos, y peligrosa porque la propia delimitación de los derechos podría restringir estos y otros derechos no contemplados. Dijo Smilie:
Los poderes que se enumeran en esta constitución están definidos de forma tan imprecisa, que será imposible... determinar los límites de la autoridad y declarar cuándo el gobierno ha degenerado en opresión. En ese caso, la contienda surgirá entre el pueblo y los gobernantes: «Han excedido los poderes de su cargo, nos han oprimido», será el lenguaje del ciudadano que sufre. La respuesta del gobierno será breve: «No nos hemos excedido en nuestro poder; no tienen ninguna prueba para demostrarlo»... Será impracticable detener el progreso de la tiranía.... En la actualidad no hay seguridad ni siquiera para los derechos de conciencia ... cada principio de una declaración de derechos, cada estipulación para los privilegios más sagrados e invaluables del hombre, se dejan a merced del gobierno.
Robert Whitehill añadió: «Estaré de acuerdo en que una declaración de derechos puede ser un instrumento peligroso, pero lo es para la visión y los proyectos del aspirante a gobernante, y no para las libertades del ciudadano». Whitehill también resumió de forma elocuente las opiniones liberales de los Antifederalistas sobre la naturaleza amenazante del poder político: «Señor, sabemos que la naturaleza del poder es buscar su propio aumento y, por tanto, la pérdida de libertad es la consecuencia necesaria de una delegación de autoridad laxa o extravagante. La libertad nacional ha sido y será el sacrificio de la ambición y el poder, y es nuestro deber emplear la presente oportunidad en estipular las restricciones que mejor se calculen para protegernos de la opresión y la esclavitud».
De los Federalistas, sólo el entusiasta Benjamin Rush fue lo suficientemente indecente como para develar la admisión de que la Constitución era un gobierno nacional que en última instancia eliminaba a los estados. Los demás Federalistas sabían que no era educado admitirlo en público, y su posición pública era negar sutilmente que la Constitución pretendiera o implicara un gobierno nacional. Wilson, sin embargo, fue más franco que los líderes Federalistas de los otros estados, y aunque no llegó a proclamar un gobierno nacional y la supresión de los estados, aclamó la Constitución como la eliminación de la soberanía de los estados. A continuación, Wilson enmascaró demagógicamente su causa bajo el manto de «El Pueblo»; sólo El Pueblo era soberano, opinaba, y así lo establecía la Constitución. A lo que esto conducía era claramente a la tiranía plebiscitaria, como declaró Wilson: «El Poder Supremo debe ser investido en alguna parte, pero donde tan naturalmente como en el Jefe Supremo elegido por el libre Sufragio del Pueblo mediata o inmediatamente». En resumen, El Pueblo se transmitió místicamente al presidente.
William Findley replicó astutamente que el argumento de Wilson —poniendo al pueblo en contra de los estados— era un hombre de paja: por supuesto que la soberanía de los estados dependía en última instancia del pueblo de los distintos estados. Y Smilie citó la Constitución de Pensilvania:«Que todo poder [es] originalmente inherente a, y consecuentemente derivado del pueblo».
Al final del debate, los Antifederalistas intentaron, como mínimo, imponer una lista de quince enmiendas —básicamente una carta de derechos— como precio de la ratificación de la Constitución, e inducir a la convención a levantar la sesión para dar tiempo al público a estudiar la Constitución y las enmiendas propuestas. Esta fue la primera sugerencia de los Antifederalistas de insistir en las enmiendas para controlar al gobierno central si la Constitución no podía ser derrotada en la convención. Los Federalistas, sin embargo, no tuvieron tiempo para esto. Dejaron de lado la propuesta y ratificaron la Constitución el 12 de diciembre por 46-23. Los Federalistas, con su característica hostilidad a mantener al público correctamente informado, actuaron desde el principio para ocultar al público las actas de los debates de la convención. La presión de los Federalistas impidió que Alexander J. Dallas, editor de The Pennsylvania Herald, publicara las actas completas en el periódico. Las actas completas también fueron conservadas por un tal Thomas Lloyd, un ardiente federalista; supuestamente, los delegados Federalistas de la convención sobornaron a Lloyd para que desechara su plan original de publicar los debates completos y le ordenaron que sólo publicara los discursos edificantes de los dos líderes Federalistas James Wilson y Thomas McKean.
Los intrépidos radicales se negaron a abandonar la lucha, y los delegados antifederales prepararon un extenso Discurso de la minoría para explicar su posición en Pensilvania y otros estados. Las autoridades postales Federalistas hicieron todo lo posible para prohibir el envío del discurso por correo. El discurso repetía y elaboraba la acusación de que la Constitución establecía un gobierno nacional consolidado de poder absoluto; en particular, elaboraba un incisivo análisis libertario de los peligros del militarismo nacional:
El mando absoluto e incondicional que el Congreso tiene sobre la milicia puede ser instrumental para la destrucción de todas las libertades, tanto públicas como privadas; ya sean de naturaleza personal, civil o religiosa.
En primer lugar, la libertad personal de todo hombre, probablemente de dieciséis a sesenta años de edad, puede ser destruida por el poder que tiene el Congreso para organizar y gobernar la milicia. Como milicia, pueden ser sometidos a multas de cualquier monto, impuestas de manera militar; pueden ser sometidos a castigos corporales del tipo más vergonzoso y humillante; y a la muerte misma, mediante la sentencia de una corte marcial....
En segundo lugar, los derechos de conciencia pueden ser violados, ya que no se exime a las personas que tienen escrúpulos de conciencia de portar armas. ... Esto es lo más notable, porque incluso cuando las angustias de la última guerra, y la evidente desafección de muchos ciudadanos de esa descripción ... los derechos de conciencia se mantuvieron sagrados....
En tercer lugar, el mando absoluto del Congreso sobre la milicia puede ser destructivo para la libertad pública.... La milicia de Pensilvania puede ser enviada a Nueva Inglaterra o a Virginia para sofocar una insurrección ocasionada por la opresión más cruel, y ayudada por el ejército permanente, sin duda tendrá éxito en someter su libertad e independencia.... De este modo, la milicia puede convertirse en el instrumento para aplastar los últimos esfuerzos de la libertad en extinción, para remachar las cadenas del despotismo sobre sus conciudadanos y entre ellos mismos. Este poder puede ejercerse no sólo sin violar la constitución, sino en estricta conformidad con ella; está calculado para este propósito expreso...
El discurso concluyó con un análisis mordaz de la nueva dispensación centralizada:
El ejército permanente debe ser numeroso, y como apoyo adicional, la política de este gobierno será la de multiplicar los funcionarios en todos los departamentos: jueces, recaudadores, recaudadores de impuestos, funcionarios de impuestos y toda la serie de funcionarios de ingresos, pulularán por la tierra, devorando los duros ingresos de los trabajadores. Como las langostas de antaño, empobreciendo y desolando todo antes de ellas.... su establecimiento aniquilará los gobiernos estatales, y producirá un gobierno consolidado que, con el tiempo y rápidamente, desembocará en la supremacía del despotismo.
Los Antifederalistas, además, amargados por la premura de la ratificación, intensificaron una campaña para que la legislatura repudiara las acciones de la convención. Mientras Samuel Bryan, Benjamin Workman y William Findley lanzaban el ataque en la prensa, los Antifederalistas del condado de Franklin también instaron a la legislatura a seguir este camino, y durante el mes de marzo de 1788, más de 5.000 personas firmaron peticiones a la legislatura para repudiar la Constitución. John Smilie fue acusado por los Federalistas de incitar a la gente a la rebelión armada contra la Constitución en el oeste del condado de Fayette y en Pittsburgh. A finales de diciembre de 1787, en el condado radical de Cumberland, los Federalistas del pueblo de Carlisle intentó realizar una celebración pública y una hoguera en honor a la ratificación, pero una turba radical intervino para dar la batalla. La turba arrojó al fuego un ejemplar de la odiada Constitución y gritó: «Malditos sean los 46 miembros, y que vivan los virtuosos 23». Al día siguiente, mientras los Federalistas celebraban, los radicales desfilaron y quemaron las efigies de James Wilson y del presidente del Tribunal Supremo McKean. A instancias del vengativo McKean, siete de los principales alborotadores fueron arrestados; finalmente, a finales de febrero de 1788, el gobierno aceptó liberar a los prisioneros y cerrar el proceso. Cerca de 1.500 hombres desfilaron hasta la cárcel para celebrar la liberación de sus camaradas radicales. La ardiente agitación antifederalista dio lugar al último esfuerzo de los radicales en Pensilvania: la convención de Harrisburg de septiembre de 1788. Aunque George Bryan había desarrollado la idea de una convención de este tipo en febrero, el movimiento para una convención comenzó en el condado de Cumberland, donde una reunión convocó una convención del condado para insistir en las enmiendas a la Constitución. La convención radical se reunió en Harrisburg el 3 de septiembre, con treinta y tres representantes de todos los condados del estado, excepto cinco, y dirigida por Bryan, Whitehill y Smilie. Pero en ese momento ya habían ratificado suficientes estados para que la Constitución entrara en vigor, y todo pensamiento de anular la ratificación había desaparecido. Los radicales se limitaron a solicitar enmiendas que restringieran los poderes del gobierno central. Al hacerlo, pasaron por encima de un joven agricultor del condado de Fayette, un brillante socio de Smiley, Albert Gallatin, futuro secretario del Tesoro del presidente Thomas Jefferson, que instó a Pensilvania a impulsar las enmiendas en una segunda convención constitucional. Fue la primera aparición del joven Gallatin en la escena política. Sin embargo, los radicales ni siquiera lograron inducir a la legislatura de Pensilvania a proponer seriamente enmiendas a la Constitución.3
- 1Charles A. Beard, An Economic Interpretation of the Constitution of the United States (Nueva York: Macmillan, 1961), pp. 38-40. 2. [Observaciones del editor] Para más información sobre la Sociedad de Cincinnati, véase Murray N. Rothbard, Concebido en Libertad, vol. 4 (New Rochelle, NY: Arlington House Publishers, 1979), pp. 1518-26, 404-12.
- 2William A. Benton, «Pennsylvania Revolutionary Officers and the Federal Constitution», Pennsylvania History (octubre de 1964): 419-35. La interpretación más amplia de Benton de estos hechos difiere considerablemente de la anterior; atribuye con bastante ingenuidad la perspectiva pro-constitución de los oficiales del ejército a su visión superior y a su amplitud de miras.
- 3Nota del editor] Jackson T. Main, The Antifederalists: Critics of the Constitution, 1781-1788 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004), pp. 147, 250; Robert L. Brunhouse, The Counter-Revolution in Pennsylvania, 1776-1790 (Harrisburg: Historical Society of Pennsylvania, 1942), pp. 208-15; Pennsylvania and the Federal Constitution, 1787-1788, ed. John McMaster y Frederick Stone (Lancaster: Historical Society of Pennsylvania, 1888), pp. 14 y 15. John McMaster y Frederick Stone (Lancaster: Historical Society of Pennsylvania, 1888), pp. 14-15, 250, 255-56, 161, 480, 557-58; R. Carter Pittman, «Jasper Yeates’s Notes on the Pennsylvania Ratifying Convention, 1787», William and Mary Quarterly (abril de 1965): 308.
