CNN promociona, San José está «a punto de dar un paso más hacia la primera exigencia de posesión de armas del país». Al principio, pensé que el titular mal redactado debía estar equivocado, ya que hay ciudades, como Kennesaw, GA, que han exigido a sus residentes la posesión de armas. En el caso de San José, los «requisitos de posesión de armas» implican el pago de un impuesto anual y la obligación de adquirir un seguro para ejercer el derecho (¿privilegio?) de poseer un arma de fuego.
La CNN también publicó un artículo de opinión del alcalde de San José, Sam Liccardo, en el que defendía la legislación recientemente aprobada, afirmando que «los propietarios de armas deberían cubrir los costes de la violencia armada.» ¿Por qué hay que responsabilizar a los individuos que no desempeñaron ningún papel en los crímenes de otros? No sé la respuesta, pero parece que responsabilizar a los delincuentes de sus propias fechorías es cada vez más impopular en el gobierno de California.
Liccardo hace hincapié en los costes de la violencia armada para los contribuyentes, citando un informe del Instituto Nacional para la Reforma de la Justicia Penal. Lo que me llama la atención del informe es que parece que sólo las entidades que dependen del dinero de los contribuyentes publican sin reparos lo locamente ineficientes que son para argumentar la necesidad de más recursos. Las estimaciones del informe suelen estar en el extremo superior; por ejemplo, aunque la media de tiempo cumplido por asesinato en Estados Unidos fue de 13,4 años en 2016, el coste estimado por el Instituto Nacional para la Reforma de la Justicia Penal para encarcelar a un sospechoso de haber disparado en California se basa en veinticinco años de prisión, con un coste de 81.203 dólares al año. Otros gastos incluyen la respuesta de la policía a un homicidio—sin incluir la investigación, que supone otros 12.200 dólares—con un coste de 4.480 dólares y 2.500 dólares para limpiar la escena del crimen. Y, por alguna razón, la «cirugía de disparo» en una víctima muerta cuesta 45.200 dólares. Liccardo espera que todos los que jueguen con un rifle del calibre 22 ayuden a pagarlo.
En defensa de la obligación de que los propietarios de armas contraten un seguro, Liccardo afirma que «incentiva la tenencia segura de armas, ya que las primas ajustadas al riesgo podrían animar a los propietarios a realizar cursos de seguridad de armas, a utilizar cajas fuertes para armas o a instalar cerraduras de seguridad para niños». Lo compara con los seguros de automóviles: «En el contexto de la seguridad automovilística, las aseguradoras que premian la buena conducción o el uso de airbags han reducido las muertes por kilómetro en un 80% en cinco décadas, salvando 3,5 millones de vidas». Como suele ocurrir cuando se analizan las afirmaciones de los defensores del desarme civil, citan a organizaciones de defensa que hacen que el lector tenga que realizar un proceso complicado para determinar la fuente y la plausibilidad de esas afirmaciones. Liccardo, al afirmar que los incentivos de las compañías de seguros han reducido las muertes en los automóviles, enlaza con una página del Fondo Educativo para Detener la Violencia por Armas de Fuego, que enlaza con un artículo del medio progresista The Nation, que cita un informe del Centro para la Seguridad de los Automóviles de Ralph Nader.
Al adentrarse en esta madriguera, uno ve que Liccardo está inventando cosas. El autor del informe del Centro para la Seguridad de los Automóviles ni siquiera menciona a los seguros como una razón por la que las muertes de tráfico disminuyeron. La comparación de Liccardo se basa enteramente en el desvío y la ofuscación.
Al tratar de implementar tanto los impuestos anuales como los requisitos de seguro, Liccardo está lanzando cosas a la pared para ver qué se pega, ya que el memorando sobre la legislación propuesta anticipa plenamente los desafíos legales en múltiples frentes. Liccardo parece estar ejecutando una jugada del libro de jugadas del Obamacare (o, en realidad, una jugada basada en la sofisticada opinión del juez John Roberts que declaró que el mandato individual del Obamacare era un impuesto, lo que debería haberlo invalidado, ya que los proyectos de ley de impuestos deben originarse en la Cámara). El argumento del gobierno de Obama no era que la sanción por violar el mandato individual es un impuesto, sino que el gobierno federal puede obligar a los individuos a comprar un seguro basándose en la Cláusula de Comercio. En este caso, Liccardo está cubriendo ambas bases: la legislación tiene tanto una cuota anual para los propietarios de armas (un impuesto) como un mandato para comprar un seguro. Por lo tanto, si sólo se anula una de las cargas para los propietarios de armas, la otra permanece.
Otro desafío legal que los proponentes del proyecto de ley esperan enfrentar es «la constitucionalidad de la incautación permanente del arma de fuego como consecuencia del incumplimiento». Liccardo es sorprendentemente sincero al afirmar que el objetivo es el desarme:
Los escépticos dirán que los delincuentes no cumplirán. Tienen razón, pero esa es una característica importante de estas propuestas, no un defecto. Estas ordenanzas crean un mandato legal que proporciona a la policía un medio legal para confiscar armas a personas peligrosas que no respetan la ley.
La respuesta a cada llamada de un agente por violencia doméstica en mi ciudad, por ejemplo, incluye la pregunta «¿tiene algún arma en casa?». Si el propietario del arma carece de prueba de pago o de seguro, la policía puede confiscar el arma.
Por supuesto, la sanción por no presentar la prueba del seguro del coche no es la incautación (y mucho menos la incautación permanente). Volvemos a ver la deshonestidad intelectual al comparar la legislación con la regulación de los automóviles.
También es deshonesta la práctica habitual de citar determinados tiroteos masivos como impulso para imponer más restricciones a la tenencia de armas sin preguntar, y mucho menos responder, a la pregunta de cómo esas restricciones habrían hecho algo con respecto al tiroteo mencionado. En su artículo de opinión, Liccardo comienza mencionando el tiroteo del 26 de mayo de 2021 en San José, que causó nueve muertes, así como el suicidio del tirador. Aunque no afirma que la medida habría evitado este evento, es un incidente incómodo de mencionar si está haciendo un caso sobre el impacto fiscal de la violencia con armas de fuego, ya que la gran mayoría del costo estimado por tiroteo es el encarcelamiento, que no se aplica en este caso. Está claro que el efecto que se pretende con la mención de este tiroteo es la manipulación emocional, no proporcionar una ilustración útil.
El énfasis en la cantidad de dinero que el estado gasta en respuesta a los tiroteos es interesante a la luz de un caso relevante decidido por el Tribunal Supremo de Illinois en octubre de 2021. El tribunal decidió que los impuestos especiales del condado de Cook sobre las ventas al por menor de armas de fuego y municiones violaban la cláusula de uniformidad de la Constitución de Illinois porque «la relación entre la clasificación de los impuestos y el uso de los ingresos fiscales no está suficientemente vinculada al objetivo declarado de mejorar» los costes de la violencia con armas de fuego. El tribunal decidió que esa conexión es necesaria si el condado de Cook va a aplicar un impuesto especial a un derecho fundamental. Sin embargo, la Constitución de California no reconoce el derecho individual a portar armas, ni tiene una cláusula de uniformidad similar, por lo que es poco probable que el impuesto de San José se enfrente a un desafío legal similar, al menos a nivel estatal.
Independientemente de cualquier afirmación risible sobre la reducción de la carga de los contribuyentes, los proponentes saben que se enfrentarán a desafíos legales y que el contribuyente tendrá que pagar por ellos. Saben que la medida no hará nada contra la violencia de las armas, ya que ese no es el objetivo. El objetivo es poner cargas adicionales a los propietarios de armas y aumentar los poderes del Estado para desarmar al público.
